Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de repetición? Sí
La acción de repetición caduca al vencimiento de dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad, y que, cuando el pago se realiza antes del vencimiento del plazo para cumplir la condena, el término se cuenta desde ese pago. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término bienal desde el pago total. Segunda, el término empieza a correr desde la fecha efectiva del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en el artículo 177 del mismo código, lo que ocurra primero. Tercera, el término se suspende mientras transcurre la conciliación extrajudicial, y en el caso la demanda se presentó dentro del término así computado. La providencia revoca la decisión que había declarado la caducidad y, con ello, resuelve el examen de fondo sobre la culpa grave del agente. La consecuencia práctica es que la oportunidad de la demanda de repetición se verifica con la fecha exacta del pago y con las suspensiones que la ley reconoce, y no con la fecha de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación del agente que causó el daño por el cual se condenó al Estado fue cometida con culpa grave?¿Procede la condena contra el agente demandado por el total del capital pagado por la entidad en el proceso de reparación directa?
¿El demandado está obligado a reembolsar al Ejército Nacional el valor de la conciliación celebrada, por cuanto su actuación fue dolosa? Sí
La presunción de dolo del numeral 4 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 no se estructura cuando no obra en el proceso prueba de que el agente haya sido condenado a título de dolo, penal o disciplinariamente, de modo que la aprobación de una conciliación no suple esa condena ni valora la culpabilidad del agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presunción depende de una decisión previa que declare el dolo del servidor, y el auto que aprueba el acuerdo conciliatorio no se pronuncia sobre su comportamiento ni sobre su culpabilidad. Segundo, la ausencia de esa condena no excluye que el dolo se demuestre por otros medios, pues de las pruebas del proceso puede colegirse que el agente obró con móviles personales y con la intención de causar un daño. La providencia confirma la condena de repetición, al concluir que el dolo se acredita con los medios de prueba del proceso; en la práctica, la entidad puede demostrar el dolo con elementos propios del proceso aunque no pueda invocar la presunción.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena?¿La condena en costas es procedente en la acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas?
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario…¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
¿Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales en las que incurrieron los ex gobernadores del departamento demandado, en la celebración de dicho negocio jurídico? Sí
Las sentencias condenatorias sirven de plena prueba de lo que en ellas se decidió, esto es, que tanto la señora… como el señor… al celebrar el contrato… y sus adicionales no se guiaron por los fines que se procuran satisfacer a través de la contratación estatal, defraudando el patrimonio público.
También resuelve:¿Tiene valor probatorio el preacuerdo suscrito entre el ex gobernador del departamento y la Fiscalía General de la Nación?¿Los preacuerdos suscritos por los ex gobernadores del departamento demandado y la Fiscalía, contaron con respaldo probatorio y gozan de validez al haber sido aprobados por el juez…¿El reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas dentro de un contrato que posteriormente es declarado nulo por objeto o causa ilícita…
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria?¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado?¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
Auto interlocutorio — Auto que decide solicitudes de suspensión o interrupción del proceso2025-11-20Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020220020300LEY 1437 REPETICION
¿Puede otorgarse la suspensión del proceso de repetición conforme al artículo 161 del Código General del Proceso, cuando las decisiones del proceso penal no inciden en los elementos esenciales del proceso y la impugnación especial dentro de dicho proceso fue resuelta por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria? No
El contratista no puede solicitar la suspensión del proceso de repetición conforme al artículo 161 del Código General del Proceso cuando las decisiones del proceso penal no afectan los elementos esenciales del proceso de repetición, ya que estos son la existencia de una condena o obligación de pago contra el Estado, el pago de la indemnización por parte de la entidad y la condena originada por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente público o particular con funciones públicas. Además, la impugnación especial en el proceso penal no altera el carácter de cosa juzgada de la sentencia condenatoria, y la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirma que la impugnación especial no suspende el trámite del proceso de repetición. Esta decisión reitera la imposibilidad de suspender el proceso de repetición cuando el proceso penal no incide en sus elementos esenciales, lo que implica que las partes deben continuar con el proceso de repetición sin esperar la resolución del proceso penal.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer2025-07-17Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020190006300LEY 1437 REPETICION
¿Procede decretar pruebas de oficio para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda hasta antes de dictar sentencia, por ello en este caso, es necesario requerir a la secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que remita copia de la sentencia penal condenatoria, contra el aqui demandado, junto con su constancia de ejecutoria, proferida dentro del proceso penal de única instancia? Sí
El magistrado ponente ejerce las facultades conferidas por el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para decretar pruebas de oficio para el esclarecimiento de los hechos materia de proceso hasta antes de proferir sentencia en el medio de control de repetición. Encontrándose el presente asunto para proferir sentencia, la Sala estima necesario requerir a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que remita en medio electrónico copia de la sentencia penal condenatoria dictada contra el demandado junto con su constancia de ejecutoria en el término establecido por la corporación judicial.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2025-07-01Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 27001233300020140021101LEY 1437 REPETICION
¿Procede ordenar al juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó, la remisión de la copia digital de la sentencia condenatoria del 7 de diciembre de 2007, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó, con su constancia de notificación y ejecutoria, que confirmó la condena de los de los acá demandados, por la muerte de unos civiles, hechos que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad del Estado? Sí
El juez decreta la práctica y remisión de pruebas necesarias en segunda instancia con fundamento en las facultades procesales previstas en la ley. Bajo la providencia del 10 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó en el proceso de reparación directa, se expuso que el 7 de diciembre de 2007 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Quibdó confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó. Por consiguiente, se ordena al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó la remisión de la copia digital de la sentencia condenatoria con su constancia de notificación y ejecutoria, con fundamento en lo previsto en el artículo 213 del CPACA.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer2025-03-26Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 05001233300020130110201LEY 1437 REPETICION
¿Debe determinarse si los demandados han sido aceptados formalmente como comparecientes en la JEP para evaluar la procedencia de la repetición? Sí
El contratista debe determinar si los demandados han sido aceptados formalmente como comparecientes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para evaluar la procedencia del medio de control de repetición, en virtud de que la falta de esta información impide establecer si la JEP ha declarado su competencia prevalente y si los demandados han sido objeto de amnistía o han renunciado a la persecución penal, lo que afectaría la procedencia del medio de control de repetición. La Sala establece que es necesario allegar al proceso certificaciones de la JEP y pruebas que acrediten estas circunstancias para determinar la competencia y los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, lo que implica que los abogados deben solicitar y presentar estos documentos para avanzar en el proceso.síntesis automática
¿Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere que exista certeza de que fueron ellos los que con su conducta causaron el daño? Sí
Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, es necesario establecer certeza de que fueron ellos quienes causaron el daño, lo cual requiere pruebas suficientes de su conducta dolosa o gravemente culposa. En el caso en cuestión, la Sala negó la responsabilidad del Estado y los agentes estatales debido a la ausencia de pruebas que acrediten su participación en la conducta que causó el daño. La falta de pruebas de la conducta culposa o dolosa, así como la incertidumbre sobre la hipótesis del combate y la pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley, impidió la imputación o endilgar la responsabilidad a los militares involucrados.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante acreditó con suficiencia las condiciones en las que ocurrieron los hechos por los que pretende repetir contra sus exagentes?¿Los elementos de prueba allegados sugieren dudas sobre la hipótesis del combate y la posible pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley?¿Resulta posible imputar o endilgar a los tres militares señalados el hecho dañoso que dio origen a la acción de repetición ante la falta de prueba de la conducta que se alega cometieron los agentes?
Sentencia — Sentencia2026-07-23SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)DAYAN ALBERTO BLANCO LEGUIZAMORad. 11001334306420180026001ACCION DE REPETICION
¿La entonces Jueza Tercera Penal del Circuito de Barrancabermeja actuó con culpa grave al proferir la sentencia condenatoria sin verificar la identidad de la persona procesada? No
La entonces Jueza Tercera Penal del Circuito de Barrancabermeja no actúa con culpa grave al proferir una sentencia condenatoria sin verificar la identidad del procesado, siempre que la irregularidad en la identificación del imputado tenga su origen en la fase investigativa y no sea conocida por el juez hasta después de emitir la sentencia. En este caso, la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de verificar la correcta identificación del imputado durante la etapa investigativa, conforme a lo establecido en la Ley 906 de 2004. La suplantación de identidad solo fue advertida después de que la sentencia condenatoria fue emitida, lo que implica que la Juez no tuvo conocimiento ni la posibilidad de prever la irregularidad en el momento de dictar la sentencia. Por lo tanto, no se acredita la existencia de culpa grave por parte del juez, y la decisión es confirmada.síntesis automática
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado…¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado…¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve:¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable?¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo?¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de los miembros de la fuerza aérea, al accionar negligente e imprudentemente sus armas de dotación oficial contra el vehículo que transportaba personal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca? Sí
En la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública, el uso de armas de dotación oficial contra un vehículo sin agotar las medidas eficaces disponibles constituye culpa grave. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el empleo de las armas es la última alternativa, de modo que el agente debe agotar previamente los medios menos lesivos para detener el vehículo. Segunda, la existencia de medidas eficaces, como dar una orden de pare, esperar que el vehículo reduzca su marcha o enviar personal de apoyo, excluye que el disparo sea una reacción justificada. En el caso, los servidores accionaron sus armas de manera voluntaria y negligente al percibir la llegada del vehículo, pese a contar con otras opciones. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la responsabilidad en repetición por culpa grave. En la práctica, la culpa grave en el uso de armas se acredita por la omisión de las alternativas previas, y no solo por el resultado del disparo.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer las acciones de repetición contra funcionarios públicos?¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de reparación directa?¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los agentes del Estado que causaron el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
¿Procede la acción de repetición como medio judicial idóneo para el recobro contra agentes estatales cuando se acredita la existencia de una condena judicial, la calidad de servidor público y el pago de la indemnización, aun cuando los hechos ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001? Sí
El contratista no puede fundar una acción de repetición contra la entidad estatal para el recobro de una indemnización cuando los hechos que dieron origen a la condena judicial ocurrieron antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001, a menos que se acrediten la existencia de la condena, la calidad de servidor público del agente estatal y el pago de la indemnización. La Sala confirma que la acción de repetición es el medio judicial idóneo para el recobro, siempre y cuando se cumplan los presupuestos procesales y la demanda sea oportuna. Sin embargo, si el demandado no fue vinculado a las actuaciones penales, disciplinarias o de reparación directa, no se puede trasladar el juicio de valor realizado sobre su conducta para sustentar la responsabilidad patrimonial del Estado. Además, la culpa o imprudencia del agente estatal debe ser grave para que se declare su responsabilidad patrimonial, y no basta con acreditar una conducta culposa o imprudente. Si el demandado estuvo representado por un curador ad litem, la condena en costas es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede fundarse la responsabilidad del agente estatal en una acción de repetición en decisiones proferidas dentro de procesos penales…¿Es procedente declarar la responsabilidad patrimonial de un agente estatal en una acción de repetición cuando se acredita una conducta culposa o imprudente…¿La condena en costas es improcedente al acreditarse que el demandado estuvo representado por curador ad litem?
Sentencia — Sentencia2026-10-08Sección PrimeraCARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRORad. 85001233300020240006301LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020170236102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consejero de Estado ponente es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto que niega el decreto de pruebas? Sí
El magistrado ponente, y no la sala, es quien resuelve la apelación contra el auto que niega el decreto de pruebas en primera instancia, porque ese auto está enlistado en el numeral 7 del artículo 243 del CPACA y el numeral 2, literal g), del artículo 125 solo atribuye a la sala las decisiones de los numerales 1 a 3 y 6 del mismo artículo. Esta regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que establece que el Consejo de Estado conoce de las apelaciones de los autos proferidos por los tribunales susceptibles de ese recurso. La procedencia del recurso también se verifica con el numeral 7 del artículo 243, pues se trata de una decisión dictada en primera instancia que negó el decreto de pruebas. Por ello la competencia para decidir el recurso corresponde al despacho del ponente. En el caso concreto la negativa probatoria adoptada en la audiencia se mantuvo en la providencia que resolvió la apelación. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la impugnación de la negativa de pruebas se tramita ante el ponente, no ante la sala.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente el decreto de la prueba documental a oficiar requerida por el IDU, para que se allegue copia de unas actuaciones penales…
¿Los procesos de repetición podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente? Sí
El contratista puede interponer la acción de repetición ante el Consejo de Estado sin sujetarse al turno respectivo, siempre y cuando se respete el año de ingreso del expediente, según la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta regla se fundamenta en la necesidad de agilizar la resolución de estos procesos, sin menoscabo del debido proceso y la competencia por razón de la cuantía, conforme al artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Además, el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena, según el literal L del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esto implica que el ejercicio del derecho de acción es oportuno si se presenta dentro del plazo legal desde la fecha del pago. Asimismo, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional están legitimados en la causa por activa por ser las personas jurídicas de derecho público directamente perjudicadas con el pago de la condena impuesta en el proceso contencioso administrativo. Por último, la valoración de la prueba trasladada requiere cumplir con el principio de contradicción de la prueba, en virtud del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, garantizando así la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago de la condena cuyo reintegro se pretende?¿El ejercicio del derecho de acción al interponer la acción de repetición se hizo oportunamente?¿Recae sobre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional la legitimación en la causa por activa, por ser las personas jurídicas de derecho público directamente perjudicadas con el pago…