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REPARACIÓN DEL DAÑO

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Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 18001233100020080008301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión? ¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas? ¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130057701 LEY 1437 REPETICION
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
La entidad pública interpone el medio de control de repetición contra agentes estatales buscando el reembolso de condenas judiciales derivadas de controversias contractuales, estando obligada la parte demandante a probar plenamente los presupuestos de la responsabilidad subjetiva y la existencia de una conducta realizada con culpa grave o dolo. Para la configuración de la responsabilidad del servidor público no bastan afirmaciones genéricas en la demanda ni la simple ilegalidad de un acto administrativo, requiriéndose la demostración probatoria de que la actuación del agente constituyó una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho o se apartó de las finalidades del Estado, sin que pueda imputarse responsabilidad a sociedades consultoras cuyos diseños no fueron los insumos aplicados en la ejecución de la obra por decisiones unilaterales de la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa? ¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel? ¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Deben desestimarse las pretensiones de la demanda, en relación con los señores.

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020160010600 ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó la calidad de agentes estatales de los demandados en repetición? No
Las presunciones de dolo o de culpa grave del agente estatal en la acción de repetición no operan por el solo hecho de que la firma del servidor aparezca en el acto que originó la condena, pues es necesario probar quién lo elaboró y atribuir a cada demandado una conducta personal revestida de culpa grave o dolo que haya sido determinante en la condena. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la mera rúbrica no acredita la autoría del acto cuando no hay prueba de quién lo estudió, preparó y elaboró. Segundo, la imputación general y concomitante de las presunciones a todos los demandados desconoce el derecho de defensa y el debido proceso, pues cada agente debe conocer la conducta que se le reprocha. Tercero, cuando no se demuestran los supuestos de hecho de las presunciones alegadas, no puede declararse la responsabilidad del agente, y la calidad de agente estatal debe acreditarse respecto de cada demandado. La providencia niega las pretensiones; en la práctica, la entidad que repite debe individualizar la conducta de cada servidor y probar su calidad de agente estatal antes de invocar las presunciones de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve: ¿Respecto de cada uno de los demandados, se estableció y determinó la conducta concreta que se les reprochaba de manera individual? ¿El hecho que en el proceso se acreditó que la ministra fue la persona que firmó la resolución, esto es suficiente para endilgarle responsabilidad? ¿La falta de prueba sobre la participación de dos de los demandados en la expedición de la resolución conlleva a que las pretensiones de la demanda sean negadas?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad

Sentencia — Sentencia 2026-10-19 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020250126101 Controversias contractuales
¿La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos? Sí
La naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos se caracteriza por la unidad de causa y finalidad de las entidades participantes, orientada a la cooperación y coordinación para el cumplimiento conjunto de funciones administrativas y fines de interés general, a diferencia de los contratos estatales, sustentados en intereses contrapuestos. En el caso de los convenios interadministrativos, su razón de ser se dirige a la promoción de objetivos mancomunados entre sus contrayentes, en el marco de las funciones que la ley asigna a cada una de ellas. Esta alianza genera una dinámica que potencializa el quehacer administrativo, siendo que todas ellas enlazan sus esfuerzos en una expresión única y objetiva del interés general.síntesis automática
También resuelve: ¿El Municipio de Chigorodó incumplió las obligaciones asumidas en el Convenio Interadministrativo No. 282 de 2016? ¿Puede el municipio exonerarse de responsabilidad alegando que el incumplimiento fue exclusivamente del contratista de la obra? ¿Debe el Municipio de Chigorodó reintegrar a Prosperidad Social los recursos desembolsados para la ejecución del proyecto y sus rendimientos financieros?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 54001233100020100001801 ACCION CONTRACTUAL
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve: ¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo? ¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación? ¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se configura la excepción de cosa juzgada en el medio de control de repetición cuando el demandado si bien fue llamado

Sentencia — Sentencia 2022-05-04 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233300020150001201 LEY 1437 REPETICION
¿No se configura la excepción de cosa juzgada en el medio de control de repetición cuando el demandado si bien fue llamado en garantía en el proceso de reparación directa por parte de la Policía Nacional y el llamamiento fue admitido, su vinculación nunca se materializó por cuanto no fue posible su notificación dentro del término fijado por la ley y por lo tanto no fue parte del mismo y no hubo decisión de fondo en su caso? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de cosa juzgada en un medio de control de repetición cuando fue llamado en garantía en un proceso de reparación directa pero no se materializó su vinculación debido a la imposibilidad de notificación dentro del término legal, por lo que no hubo decisión de fondo en su contra. La entidad estatal, en este caso, no está sujeta a la cosa juzgada ya que la responsabilidad del llamado en garantía no fue debatida ni resuelta en el proceso de reparación directa, tal como lo reiteraron las sentencias del Tribunal Administrativo de Boyacá y del Consejo de Estado. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que para que prospere la acción de repetición, deben cumplirse los requisitos de una condena al Estado por daño antijurídico, el pago efectivo a la víctima y la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente, además de la acreditación del pago mediante certificación del pagador, tesorero o servidor público competente.síntesis automática
También resuelve: ¿Para que prospere la acción de repetición deben cumplirse los siguientes presupuestos, la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular… ¿En el caso bajo estudio se probó la existencia de la condena judicial por reparación directa y su respectivo pago certificado por el pagador… ¿Deben negarse las pretensiones de la demanda de repetición cuando el servidor al que se le endilga una conducta gravemente culposa se le impusieron sanciones disciplinarias y penales y se condenó a…
Consejo de Estado Providencia

El recurso de apelación es procedente al haberse interpuesto oportunamente

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233300020230067201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de apelación es procedente al haberse interpuesto oportunamente, contra el auto que negó la intervención de terceros? Sí
Es procedente el recurso de apelación contra el auto que niega la intervención de terceros, siempre que se interponga dentro del término legal. La regla se apoya en el numeral 6 del artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, que expresamente hace apelable esa providencia, y en el término de interposición contado desde la notificación por estado. Por esa vía, la negativa de intervención puede ser revisada por el superior. En el caso, la aseguradora que pidió intervenir en el proceso apeló oportunamente el auto que negó su intervención. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. En el caso, el auto fue notificado y el recurso se interpuso dentro del término, de modo que el Consejo de Estado lo estudió y revocó la decisión. Como consecuencia práctica, el tercero al que se le niega la intervención cuenta con el recurso de apelación para controvertir esa negativa, siempre que actúe oportunamente.síntesis automática
También resuelve: ¿Una aseguradora puede llamar en garantía a un tercero responsable del siniestro, aun cuando no haya efectuado el pago de la indemnización? ¿Puede una aseguradora efectuar un llamamiento en garantía al tomador de la póliza, en un proceso contencioso administrativo?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100009201 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual? ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales? ¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La oferta de Chambacú no debió haber sido rechazada

Sentencia — Sentencia 2023-10-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 41001233100020080047201 ACCION CONTRACTUAL
¿La presentación de la garantía de seriedad de la oferta era un requisito subsanable y por ello la oferta del demandante debió haber sido evaluada? Sí
De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, en la versión anterior a la modificación de la Ley 1882 de 2018, los requisitos que no afectan la asignación de puntaje son subsanables hasta la adjudicación, de modo que la garantía de seriedad de la oferta puede subsanarse y la oferta no debe rechazarse por esa causa. La razón es que la norma aplicable al proceso de 2008 permitía solicitar esos requisitos hasta la adjudicación, salvo en los procesos con subasta, y la garantía fue presentada antes de la adjudicación. En el caso, la Sala revocó parcialmente la decisión del tribunal, porque la oferta del demandante no debió ser rechazada. Sin embargo, las pretensiones de restablecimiento del derecho se negaron, porque el demandante no demostró los perjuicios sufridos ni explicó la fuente de la utilidad reclamada. Su consecuencia práctica es que la subsanabilidad de la garantía de seriedad no basta para obtener indemnización si el proponente no prueba el perjuicio.síntesis automática
También resuelve: ¿La parte demandante demostró el daño y los perjuicios sufridos por el rechazo de su oferta en el proceso de selección y por ello deben reconocerse las pretensiones de restablecimiento del derecho?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090043101 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria? ¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado? ¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-12-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020180005101 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal? ¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban? ¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En cuanto se relaciona con estos dos incumplimientos

Sentencia — Sentencia 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 19001233300020190017302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La apelación presentada por el demandante cuestionó de forma concreta los argumentos esgrimidos por el a quo para negar las pretensiones relacionadas con los incumplimientos relativos a la obligación de lograr que el contratista actualizara las garantías según las múltiples modificaciones que tuvo y respecto del deber de entregar el expediente contractual al Fondo después de haberse liquidado el contrato? No
El contratista no puede cuestionar de forma efectiva los argumentos del tribunal que niegan sus pretensiones de incumplimiento contractual si no presenta una carga argumentativa específica y concreta contra dichos fundamentos. La Sala determina que el recurso de apelación no discute ni cuestiona los fundamentos del fallo de primera instancia, limitándose a reproducir hechos y argumentos de la demanda sin relacionarlos directamente con los razonamientos del tribunal. Esto implica que la apelación no cumple con los requisitos para ser admitida y, por lo tanto, la Sala modifica la decisión del tribunal al negar la prosperidad del recurso de apelación, reafirmando así la necesidad de una sustentación argumentativa precisa y directa en los recursos de apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse el incumplimiento del contrato de interventoría respecto de la obligación de ajustar el amparo del riesgo de calidad del servicio contratado… ¿Resulta indemnizable el perjuicio alegado por el Fondo de Adaptación, consistente en la agravación del riesgo asegurado por la no actualización del amparo de calidad del servicio contratado… ¿Resulta procedente la condena en costas cuando no se impugna la negativa del a quo sobre su imposición y en los eventos en que el recurso de apelación prospera de forma parcial?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No es procedente repetir lo pagado por indexación

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020170006800 LEY 1437 REPETICION
¿Es procedente repetir lo pagado por indexación? No
El contratista no puede repetir lo pagado por indexación ya que esta actualización monetaria representa el mismo valor que se pagó originalmente, y la pérdida de capacidad adquisitiva debe ser asumida por la entidad estatal como una forma de compensación por haber tenido el capital a su disposición durante un tiempo. En este caso, la Corporación Autónoma Regional de Defensa de la Meseta de Bucaramanga no sufrió una afectación patrimonial al pagar la indexación, lo que implica la ausencia de uno de los presupuestos esenciales para ejercer el medio de control de repetición. La Sala consideró que la repetición es una acción subsidiaria para proteger el patrimonio público, y dado que no hubo detrimento patrimonial, las pretensiones del medio de control de repetición son improcedentes. Esto implica que el contratista no puede exigir la restitución de sumas pagadas por indexación, ya que no se ha producido un detrimento patrimonial del Estado que pueda ser imputado a la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿El pago de la indexación por parte de la corporación autónoma demandante no le representó una afectación patrimonial? ¿El medio de control de repetición solo se activa cuando ocurre un detrimento patrimonial del Estado que puede ser imputable a la conducta dolosa o gravemente culposa de uno de sus agentes? ¿La restitución del dinero adeudado por el Estado a un ciudadano que no tenía la obligación legal de asumir patrimonialmente una contribución por valorización…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

No se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090044701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve: ¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama? ¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática? ¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico y la sentencia recurrida será confirmada.

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 54001233100020100032701 ACCION DE REPETICION
¿El soldado profesional, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, desplegó una conducta gravemente culposa? No
El ente actor no logra demostrar la culpa grave del soldado profesional al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote a la víctima, ya que las pruebas practicadas no evidencian un actuar grosero, negligente o temerario del demandado. La Sala confirma que el uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro, siempre que los miembros de la fuerza pública se identifiquen y adviertan la intención de usarlas con tiempo suficiente, haciendo un uso moderado y proporcional a la amenaza. Además, la Sala establece que el ente actor incumple la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor público, lo que implica que no puede aplicarse la presunción de dolo prevista en la Ley 678 de 2001. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la necesidad de especificar claramente la presunción legal en la que se basa la atribución de responsabilidad al servidor público.síntesis automática
También resuelve: ¿El uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro? ¿La víctima salió corriendo de la vivienda y el soldado le dio la voz de alto, tras lo cual, al ver que el sujeto seguía corriendo, le disparó? ¿El ente actor incumplió la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuyó responsabilidad al servidor o ex servidor público?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No constituye una pérdida patrimonial para la entidad pública la devolución de un tributo pagado con su respectivo ajuste monetario.

Sentencia — Sentencia 2023-06-14 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 11001032600020160003100 ACCION DE REPETICION
¿Constituye una pérdida patrimonial para la entidad pública la devolución de un tributo pagado con su respectivo ajuste monetario? No
La devolución de un tributo pagado, con su ajuste monetario, que se ordena como restablecimiento del derecho tras la nulidad del acto administrativo no constituye una pérdida patrimonial para la entidad. La regla se apoya en que ese restablecimiento no es una reparación de un daño antijurídico, sino una orden de devolver las cosas al estado anterior al acto anulado. Además, la indexación de las sumas solo representa el valor que el contribuyente pagó en su momento, compensando la pérdida de poder adquisitivo, de modo que no genera un perjuicio indemnizable. En el asunto, la acción de repetición se dirigió contra el director general y el secretario general por haber expedido el acto que distribuyó una contribución y que fue declarado nulo por falta de competencia, y la Sala negó las pretensiones. En la práctica, la actualización monetaria de un tributo devuelto no permite repetir contra los funcionarios que expidieron el acto anulado.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa… ¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un… ¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020190017801 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión… ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 27001233300020190006501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la excepción de inepta demanda por haberse ejercido el medio de control de controversias contractuales? Sí
Cuando el daño que se reclama en una demanda de controversias contractuales tiene origen en actos administrativos expedidos por el agente liquidador de una entidad en liquidación que rechazaron una reclamación, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de controversias contractuales. La regla se sostiene en tres razones: los actos del agente liquidador que deciden sobre acreencias son actos administrativos que exteriorizan la voluntad de la administración de manera particular y concreta; esos actos gozan de presunción de legalidad, que debe desvirtuarse a través del medio de control correspondiente; y el daño reclamado proviene de la decisión que rechazó la reclamación y no del incumplimiento del contrato. En el caso, la demanda no cuestionó esos actos, por lo que se configuró la ineptitud de la demanda y se confirmó la decisión que la declaró. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación contra el rechazo de una acreencia en un proceso liquidatorio debe demandarse mediante nulidad y restablecimiento dentro de su término.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de controversias que giran en torno a la actividad de una entidad pública? ¿Cuando lo que se persigue es la nulidad de un acto administrativo de carácter particular y concreto que se considera ilegal… ¿Procede la valoración de los documentos aportados en copia simple que no fueron tachados de falsedad por alguna de las partes en la oportunidad procesal pertinente?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 17001233100020110006002 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La causa adecuada del daño, accidente de tránsito entre particulares, provino de una conducta ajena al Estado? Sí
El contratista no puede imputar al Estado la responsabilidad por lesiones físicas causadas en un accidente de tránsito entre particulares, ya que la causa adecuada del daño provino de una conducta ajena al Estado, específicamente del conductor de un vehículo que actuó imprudentemente al no respetar la prelación de paso y no tomar las precauciones debidas al cruzar una intersección, lo que resultó en un choque con una motocicleta. La entidad estatal no incurrió en ninguna omisión que contribuyera a la ocurrencia del accidente, y el hecho del tercero fue tanto imprevisible como irresistible para la Administración, por lo que no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de accidentes de tránsito, estableciendo que el daño debe ser consecuencia directa de una falla del servicio o de una omisión estatal para que se configure la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Se probó la falla del servicio imputada al municipio de Villamaría? ¿El accidente se produjo por el hecho del tercero consistente en el actuar del conductor de la camioneta? ¿Los reductores de velocidad son señales preventivas que deben instalarse en zonas en donde se requiera detener completamente el vehículo o disminuir la velocidad?
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Consejo de Estado Providencia

No se probó la culpa grave del demandado en la declaratoria

Sentencia — Sentencia 2023-08-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 13001233300020140027801 LEY 1437 REPETICION
¿Se probó la culpa grave del demandado en la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el que declaró la insubsistencia de un cargo? No
El departamento u otra entidad pública que promueve el medio de control de repetición contra un exgobernador u otro agente estatal tras haber resultado condenada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tiene la carga procesal inexcusable de demostrar la culpa grave o el dolo del funcionario en la expedición del acto administrativo anulado. La sola declaratoria de ilegalidad de un acto de insubsistencia y la consecuente condena patrimonial al Estado no generan una presunción automática de responsabilidad personal del agente, toda vez que el juez de la repeticion debe realizar un riguroso análisis de responsabilidad subjetiva. La acción caduca en el término de dos años contados a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena, conforme al artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y las normas del CPACA.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa… ¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia, por lo que los hechos o actuaciones que ocurrieron con anterioridad a ella continuarán rigiéndose por la normativa… ¿Las partes pueden acudir a cualquier medio legalmente válido para probar el pago de una obligación?
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