Titulación de la relatoría 56.461 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / EJÉRCITO NACIONAL
Problema jurídico:
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional?
Respuesta al problema jurídico: Si
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia y al Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Ejército Nacional.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140
MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PLAZO / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTO PROCESAL / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. (…)
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROCESO PENAL / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FALTA DE PRUEBA / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / PRINCIPIO PRO ACTIONE / PRINCIPIO PRO DAMNATO / PRINCIPIO PRO HOMINE / GARANTÍAS DEL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD
Problema jurídico:
¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia del medio de control de acción de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[F]rente a la responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante. (…) [F]rente al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia consistente en la supuesta vinculación injusta del demandante al proceso penal e igualmente frente a la privación injusta de la libertad de la que, a juicio del actor, éste fue objeto, se advierte que no obra prueba que dé cuenta de la fecha en que la parte demandante tuvo conocimiento de dichos daños. Sin embargo, como lo ha reconocido esta Sala en anteriores oportunidades, en aplicación de los principios pro actione, pro damnato y pro homine, y para garantizar el acceso a la administración de justicia, se examinarán estos asuntos en el fondo del asunto, teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 26 de mayo de 2017 y que se cumplió con el requisito de procedibilidad dispuesto para el efecto en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, pues el libelista presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 10 de marzo de 2017, la cual se declaró fallida el 25 de mayo de 2017.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21 de septiembre de 2017, exp. 55999, C.P. Ramiro De Jesús Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 13, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DECLARACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DERECHO AL BUEN NOMBRE / DAÑO AL BUEN NOMBRE / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / FUERA DEL TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DERECHO A LA LIBERTAD / MEDIOS DE COMUNICACIÓN / PROCESO PENAL
Problema jurídico:
¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa frente a la presunta afectación que sufrió su derecho constitucional al buen nombre?
Respuesta al problema jurídico: No
A su turno, respecto de la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de una persona, la misma Corporación ha señalado que el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. (…) [E]n el caso sub examine se advierte que el derecho de accionar no se ejerció en tiempo frente a la presunta afectación al derecho constitucional al buen nombre de (…) con ocasión de las noticias divulgadas en medios de comunicación, teniendo en cuenta: i) que la última noticia que obra en el expediente del proceso penal adelantado contra (…) se publicó el 12 de abril de 2012; y ii) que la demanda se presentó el 26 de mayo de 2017, cuando ya habían transcurrido los dos (2) años que otorga la ley procesal para ejercer el derecho de accionar de forma oportuna. Y aunque el 10 de marzo de 2017 el demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, lo cierto es que para ese momento no había término de caducidad susceptible de ser suspendido porque, como se explicó anteriormente, ya había operado el fenómeno preclusivo de caducidad de la acción de reparación directa.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13622, C.P. María Elena Girado; sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 49898, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 48130, C.P. Carlos Alberto Zambrano; sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 49206, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 54716, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2021, exp. 49013, C.P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sección Tercera., sentencia del 10 de julio de 2020, exp. 52164, C.P. Nicolás Yepes Corrales; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de junio de 2018, exp. 42373, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia del 22 de junio de 2017, exp. 43944, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ERROR JURISDICCIONAL / ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRUEBA ILEGAL / FUERZA PÚBLICA / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / JUEZ / PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL
Problema jurídico:
¿Debe el juez administrativo analizar el caso concreto bajo el título de imputación de error jurisdiccional?
Respuesta al problema jurídico: No
Finalmente, si bien el demandante considera que se configuró un error jurisdiccional “que se predica, en razón al procesamiento injustificado por parte de la administración de justicia originado en la incorporación de pruebas ilegales por parte de la Fuerza Pública”, lo cierto es que no es posible estudiar el mismo, puesto que el demandante se limitó a indicar el título de imputación, pero no precisó qué providencia incurrió en dicho yerro, qué normas habían sido violadas con su expedición, ni el yerro de derecho manifiesto que puede conducir a la configuración de este título de imputación, lo que resulta insuficiente para analizar en qué consiste el mismo. En efecto, este proceso de razonamiento incumbe exclusivamente a quien invoca el título de imputación, lo que implica para él una carga argumentativa de hacerle ver al fallador una contradicción entre la realidad procesal y el defecto que alega, máxime, cuando se invoca en la jurisdicción contencioso administrativa que tiene como uno de sus pilares fundamentales el principio de justicia rogada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, sentencia del 10 de septiembre de 2020, exp. 55004, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de mayo de 2020, exp. 51674, C.P. María Adriana Marín; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 49666, C.P. María Adriana Marín; sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 52026, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 10 de septiembre de 2021, exp. 53636, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; De igual forma, ver, Corte Constitucional, sentencia C 1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda.
JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FACULTADES DEL JUEZ / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA
Problema jurídico:
¿Debe el juez administrativo en aplicación del principio iura novit curia analizar el caso concreto bajo los títulos de imputación de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e advierte que lo que el libelista realmente reprocha es un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia consistente en la supuesta vinculación injusta del demandante al proceso penal y la privación de la libertad de la que afirma fue objeto. Por ello, haciendo uso de las facultades del juez, en aplicación del principio iura novit curia, será frente a estos dos títulos de imputación que se realizará el correspondiente análisis más adelante.
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR / PROCESO PENAL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / PRUEBA ILEGAL / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN PREVENTIVA / NACIÓN / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN / PRESUPUESTO PROCESAL / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RAMA JUDICIAL / INVESTIGACIÓN PENAL / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / EJÉRCITO NACIONAL / ENTIDAD PÚBLICA / ACCIÓN PENAL / ETAPA DE INVESTIGACIÓN
Problema jurídico:
¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales, excepto el Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional, por lo cual, se configuró falta de legitimación en la causa por pasiva frente a estas entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis. (…) [la] (víctima) es la persona sobre quien recae el interés jurídico que se debate en este proceso y está legitimado en la causa por activa, ya que fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 2014-00109 y alega un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, puesto que fue vinculado al proceso referido con fundamento en pruebas ilegales; además de una privación injusta de la libertad, pues presuntamente fue detenido en el extranjero con ocasión del trámite adelantado en dicho proceso. De esta información da cuenta copia auténtica del proceso penal con el número de radicado 2014-00109. (…) La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección , puesto que en la demanda se alega que la primera entidad fue quien vinculó a la investigación penal a (…), en la que presuntamente fue privado de su libertad, y la segunda fue quien precluyó dicha investigación por in dubio pro reo, actuaciones frente a las cuales se endilga un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y una privación injusta de la libertad. La Nación no está debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Ejército Nacional, toda vez que dichas entidades no fueron quienes adelantaron las etapas de investigación y juzgamiento en el proceso penal del que fue objeto el actor, pues el ejercicio de la acción penal se encuentra exclusivamente en cabeza de la Fiscalía General de la Nación durante la etapa de investigación y en los jueces de la República en la fase de juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley 600 de 2000.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, exp. 24677, C.P. Enrique Gil Botero y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 20420, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 264
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo integralmente. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros . Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el asunto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000, exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia del 11 de noviembre de 1999, exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia del 27 de enero de 2000, exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez y, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de mayo de 2017, exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / SUPUESTOS DEL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / APLICACIÓN DEL CRITERIO SUBJETIVO DE IMPUTACIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DAÑO / CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO / IMPUTACIÓN FÁCTICA / CAUSA EXTRAÑA / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO
Problema jurídico:
¿El régimen de responsabilidad en casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es de carácter subjetivo, por lo cual, la parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, el daño y su cuantificación, así como su respectiva imputación fáctica y jurídica?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es un título de imputación de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter subjetivo en el que el daño antijurídico deriva de una situación anormal de tutela judicial efectiva, producto de que el servicio público de administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado, o ha funcionado en forma tardía. Este título de atribución de responsabilidad tiene las características siguientes: i) se predica de las actuaciones judiciales para adelantar el proceso o para la ejecución de providencias judiciales54; ii) proviene de los funcionarios judiciales, particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales, empleados, agentes o auxiliares de la justicia; iii) se presenta un funcionamiento anormal de la administración de justicia, frente a lo que debería considerarse como adecuado; iv) comprende la mora judicial, esto es, la injustificada falta de decisión judicial en un plazo razonable, cuando “no existen factores que ameriten sobrepasar los términos fijados en la ley, dentro de los cuales se pueden encontrar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora;” v) es de carácter residual, puesto que únicamente se configura cuando los hechos no se enmarquen en los títulos de error jurisdiccional o privación injusta de la libertad. De igual forma, atendiendo a que el régimen de responsabilidad en los casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es de carácter subjetivo, la parte demandante tiene la carga de demostrar el incumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado, el daño y su cuantificación, así como la imputación fáctica y jurídica para de esa forma poder obtener una sentencia favorable a sus pretensiones indemnizatorias. Por su parte, la demandada, para eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del defecto en el funcionamiento de la administración de justicia, una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los demás elementos que constituyen el juicio de responsabilidad.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección B, sentencia del 21 de septiembre de 2017, exp. 55999, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, exp. 13164, C.P. Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 21 de septiembre de 2017, exp. 55999, C.P. Ramiro de Jesús Pazos y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de septiembre de 2017, exp. 23769, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 69
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / DETENCIÓN PREVENTIVA / SINDICADO / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / FALLA DEL SERVICIO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS
Problema jurídico:
¿Puede el juez administrativo en aplicación del principio iura novit curia definir el régimen de responsabilidad patrimonial y el título de imputación aplicable en eventos de privación injusta de la libertad, realizando un análisis riguroso de los medios de prueba que reposen en el proceso y dependiendo de las particularidades del asunto bajo litigio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. Como corolario de lo anterior, los títulos de imputación aplicables por el juez deben guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, de manera que la solución que se ofrezca atienda realmente los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado, así como a los fines y deberes de éste. Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscaba proteger el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenido no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del daño mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado verificar si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico o si esta se produjo al margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera para el Estado de librarse de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompe la imputación de la responsabilidad y se desestima el deber de responder para la Administración. Es en ese aspecto que se ha encontrado necesario reconducir esta fuente de responsabilidad buscando mayor cercanía y armonía con la teleología del artículo 90 Constitucional y por ello el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad como condición sine qua non de la lesión indemnizable, que de suyo implica consultar el apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la conducta de quien padece el daño en carne propia, para luego acreditar, si ello llega a hacerse necesario, los demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que se pretende utilizar, sin que de antemano, en tal juicio, deba privilegiarse alguno de ellos en particular, que lo escogerá el juez en cada caso dependiendo de las particularidades del proceso en concreto. En otras palabras, en cuanto al necesario examen de la antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación injusta de la libertad, se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento. Así, cuando el operador jurídico o el ente acusador levanta la medida restrictiva de la libertad que pesaba sobre una persona, independientemente de la causa de dicha decisión, debe realizarse el análisis pertinente bajo la óptica del artículo 90 Superior, con el fin de identificar la antijuridicidad del daño que se discute. En el anterior sentido, el primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue a la demanda en la medida en que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que hallan amparo en el ordenamiento. Deberá establecerse si el detenido causalmente contribuyó y determinó con su actuar doloso o gravemente culposo la detención, para estimar si debe asumir las consecuencias de su actuación que pudo sentar las bases para que se adoptara la medida restrictiva de su libertad. Esta concepción de la fuente de responsabilidad en comento, si bien encuentra amplia aplicación y desarrollo en la falla del servicio, que exige el estudio de la adecuada actuación del Estado a la hora de dictar la orden de detención contra una persona y por tanto el apego de dicha medida al ordenamiento jurídico, no excluye la posibilidad de estudiar la responsabilidad derivada de la restricción a la libertad de las personas bajo alguno de los otros títulos de atribución como ocurre con el daño especial, en eventos en los cuales el sindicado sufre injustificada e inmerecidamente los rigores de la medida adoptada en debida forma por el órgano competente, pero, en tales casos, ello resulta de aplicación residual frente a la falla del servicio y puede presentarse en situaciones en las cuales el mismo reo no dio pie a la adopción de la medida dictada en su contra, donde la actuación del Estado se ajustó al ordenamiento jurídico, pero se causó un desequilibrio de las cargas públicas respecto del administrado, como cuando logra establecerse que el hecho que pretendía imputarse al detenido no existió o la conducta era objetivamente atípica, eventos en donde el daño antijurídico resulta acreditado sin mayor arrojo. Otra circunstancia sucede cuando en la sentencia penal se logra establecer que el sindicado no cometió la conducta o que fue absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo, por cuanto, en estos casos, el juez penal debe concluir su veredicto luego de un riguroso análisis probatorio que permita calificar la conducta y verificar la participación del individuo en el ilícito al cual se lo vincula de cara a las pruebas que se recauden y valoren en el proceso penal respectivo, de cuya valoración se desprende la suerte procesal penal del investigado, lo que implica el deber de auscultar tales circunstancias bajo la óptica del régimen subjetivo de falla del servicio.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, ver, Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes y sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 28, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68
VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA / DOCUMENTO PERIODÍSTICO / CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO / MEDIOS DE PRUEBA / VALIDEZ DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Debe otorgarse valor probatorio a las notas de prensa aportadas al proceso?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s menester poner de presente que las notas de prensa serán valoradas según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como indicador para la Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podrá llegar a constatar la certeza de los hechos.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 29 de mayo de 2012, exp. 11001031500020110137800, C.P. Susana Buitrago valencia (E)
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO / RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
Problema jurídico:
¿Para verificar si existe responsabilidad patrimonial del Estado, es necesario analizar de forma ordenada los elementos que la conforman, es decir, el daño antijurídico y su imputación frente al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende de la sumatoria de los componentes que lo conforman. Por lo anterior, se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño antijurídico y ii) su imputación frente al Estado. Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad patrimonial de la Administración.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre este aspecto, ver, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. sentencia del 13 de agosto de 2008, exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero; sentencia del 6 de junio de 2012, exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 5 de marzo de 2020, exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Así mismo, consultar, Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril de 1968, M.P. Antonio Moreno Velilla.
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REPARACIÓN DIRECTA POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA PROCESAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / REBELIÓN / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / DILIGENCIA DE INDAGATORIA / APODERADO JUDICIAL / ABOGADO DEFENSOR / PODER DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL / PODER DE REPRESENTACIÓN DEL ABOGADO / PODER DEL ABOGADO / DAÑO / INEXISTENCIA DE DAÑO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FARC / GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / DELITO COMETIDO POR GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / MIEMBROS DEL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / GUERRILLA
Problema jurídico:
¿La Fiscalía General de la Nación incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al vincular de manera formal al demandante en un proceso penal por el delito de rebelión, por lo cual, se configuró un daño susceptible de reparación?
Respuesta al problema jurídico: No
A]dvierte que en el expediente no obra prueba alguna que permita determinar con grado de certeza que el señor (…) fue vinculado formalmente a la investigación penal que adelantó la Fiscalía General de la Nación por el delito de rebelión bajo el radicado número N°110016000097200800036. En efecto, del material probatorio obrante en el plenario no se evidencia que (…) hubiese rendido diligencia de indagatoria o hubiera sido declarado persona ausente durante el trámite de dicha investigación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 600 de 2000. Y si bien, se evidencia que hubo un tránsito de legislación a la Ley 906 de 2004 en el trámite de la investigación penal, lo cierto es que tampoco se demostró que este hubiese sido capturado o se hubiera adelantado la diligencia de formulación de imputación en su contra, ni que hubiese sido declarado persona ausente dentro del curso del mismo, en atención a lo establecido en el artículo 126 de esa normativa. De hecho, si bien se probó que el 1º de agosto de 2008, la Fiscalía 14 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá dio apertura a una investigación penal en contra de (…) por el delito de rebelión y lo citó a rendir indagatoria (…) no consta en el expediente que la diligencia de indagatoria se haya realizado o que hubiera sido declarado persona ausente, ni existe otro medio de prueba que permita acreditar que el señor (…) hubiese sido vinculado formalmente a la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación. Es más, lo que sí se está probado es que antes de ser citado a rendir indagatoria, (…) [la víctima] confirió poder a su apoderada de confianza para que lo representara judicialmente en el trámite de dichas diligencias y este acudió solicitando el aplazamiento de la diligencia de indagatoria. (…) En ese sentido, se demostró que la defensa del señor (…) solicitó el aplazamiento de la diligencia de indagatoria en dos oportunidades (…) y que la Fiscalía 14 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado de Bogotá aplazó la diligencia en atención a ello (…) siendo la segunda de forma indefinida hasta tanto no se practicarán unas pruebas que había decretado (…) A partir de allí, se advierte que no hay prueba que dé cuenta que después de este último aplazamiento se haya fijado fecha para adelantar una nueva diligencia de indagatoria, ni prueba que permita establecer que aquella se llevó a cabo y que el demandante hubiese sido vinculado formalmente al proceso penal. Por demás, es menester poner de presente que si bien el 11 de marzo de 2015, el Juzgado 5º Penal del Circuito Especializado de Bogotá precluyó la investigación seguida en contra de (…), ello, de modo alguno, significaba que necesariamente este se encontraba vinculado a la investigación penal que se adelantaba por el delito de rebelión, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, la preclusión de la investigación se puede decretar en cualquier momento del proceso penal. De tal suerte, entonces, al no probarse el daño como núcleo del instituto de la responsabilidad, es infructuoso continuar con el análisis del juicio de responsabilidad. Debe recordarse que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala, el daño constituye el fundamento mismo de la responsabilidad, de suerte que si este no existe, no hay obligación de repararlo y sólo ante su acreditación, hay lugar a explorar la imputación de este al Estado. (...) Por lo expuesto, en la parte resolutiva se confirmará la sentencia del 9 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se probó la vinculación del actor a un proceso penal (...) de la que afirma fue objeto.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 23478, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 126, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 127, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 332
NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA PROCESAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL / DAÑO / INEXISTENCIA DE DAÑO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ORDEN DE CAPTURA / INEXISTENCIA DE LA ORDEN DE CAPTURA / RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL / ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO OTORGADO EN EL EXTERIOR / DOCUMENTO PÚBLICO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / FARC / GUERRILLA / GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / DELITO COMETIDO POR GRUPO AL MARGEN DE LA LEY / MIEMBROS DEL GRUPO AL MARGEN DE LA LEY
Problema jurídico:
¿Se configuró responsabilidad patrimonial por parte de las entidades demandadas con ocasión de la privación injusta de la libertad por el delito de rebelión de la que el demandante afirma fue objeto, derivada de la orden de captura y la circular azul que fueron libradas en su contra?
Respuesta al problema jurídico: No
A su vez, se tiene que el otro daño alegado en la demanda consiste en la privación de la libertad de (…) [la víctima], derivada de la orden de captura y la circular azul que supuestamente fueron libradas en su contra. Sin embargo, se evidencia que en el caso de autos no existe ningún elemento de convicción que acredite que (…) estuvo privado de la libertad a cargo o por cuenta de la Fiscalía General de la Nación o de la Rama Judicial, en el transcurso del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de rebelión. En efecto, de las pruebas arrimadas al presente proceso no se evidencia que la Fiscalía General de la Nación hubiere librado una orden de captura en contra de (…) [la víctima], así como tampoco se acreditó, que, con fundamento en alguna orden de detención, el procesado hubiere sido privado de su libertad. Asimismo, se advierte que en el presente caso no se acreditó mediante ningún medio de convicción que en virtud de la circular azul que fue emitida por la INTERPOL en contra de (…), este hubiere estado privado de su libertad. Justamente, aunque el extremo activo aportó al plenario un documento en idioma árabe que da cuenta de su supuesta detención “durante cinco (5) días de la libertad en Beirut (Líbano) en 2014, motivado en la existencia de una circular azul derivada del proceso penal injusto”, lo cierto es que dicho documento no tiene valor probatorio, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código General del Proceso, por tratarse de un documento público emitido por un funcionario público en un país extranjero, se requiere que obre la traducción oficial del documento en el expediente, que se aporte apostillado o debidamente autenticado por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, requisitos que a la postre no cumple dicho documento careciendo de valor probatorio para lo que aquí interesa. (…) En todo caso, es menester poner de presente que la circular azul es utilizada por la INTERPOL únicamente con el fin de localizar, identificar u obtener información sobre una persona que es investigada penalmente. En efecto, se colige que para solicitar la detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición, la Interpol utiliza la circular roja. En este sentido, como no existen medios de convicción que permitan dar cuenta del daño consistente en la privación de la libertad del demandante, la Sala encuentra que en el presente caso el actor tampoco cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código de General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el daño antijurídico que alega requiere de prueba, cuya omisión por el demandante, a quien corresponde tal onus, impide establecer la existencia de uno de los elementos estructurales de la responsabilidad, sin el cual, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible su declaración. Por otra parte, en su aspecto sustancial, debemos considerar que la causación de un daño antijurídico genera la obligación correlativa de indemnizarlo a quien lo sufre y, como obligación de contenido crediticio de reparación integral del mismo, su prueba corresponde a quien lo alega y reclama, tal y como se desprende del artículo 1757 del Código Civil; de donde tratándose de la prueba del nacimiento y existencia de una obligación, es un deber insoslayable del acreedor que solo excepcionalmente puede suplirse por orden del juez o en virtud de la ley, pues ello rompería el equilibrio de la relación subyacente a la discusión de la obligación misma. Por lo expuesto, en la parte resolutiva se confirmará la sentencia del 9 de julio de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se probó (…) la privación de la libertad de la que afirma fue objeto.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 251, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / RAMA JUDICIAL / ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia incluidas las agencias en derecho, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación interpuesto por el demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con las normas (…), en la parte resolutiva se condenará en costas a la parte vencida, es decir, a la parte demandante, toda vez que el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En relación con las agencias en derecho en segunda instancia, se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora. A su turno, el Acuerdo 10554 de 2016 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determinó que en los procesos declarativos en general en segunda instancia, éstas podrán fijarse entre 1 a 5 SMLMV. En el caso de autos la Sala estima procedente su fijación en esta instancia, únicamente respecto del Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Rama Judicial, comoquiera que se encuentra acreditada su causación, pues presentaron alegatos de conclusión en la oportunidad procesal correspondiente, las cuales se fijan en derecho en 1 SMLMV.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2021, exp. 51034, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366