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Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2024-07-08Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020240004900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se advierte que una de las partes del presente asunto sea un particular en ejercicio de funciones administrativas? No
El contratista no es considerado un particular en ejercicio de funciones administrativas cuando el objeto del contrato es la prestación de servicios profesionales a cambio de una contraprestación económica, y no se relaciona con funciones propias del Estado. La Sala determina que, al no acreditarse la calidad de entidad pública o de particular en ejercicio de funciones públicas, el Consejo de Estado no cuenta con jurisdicción para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, remitiendo el asunto a la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial del lugar donde funcionó el tribunal de arbitraje, conforme al artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 y los numerales 7º del artículo 104 y 149 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿Esta Corporación cuenta con jurisdicción para decidir el asunto objeto de estudio al tratarse de un conflicto entre particulares?¿Corresponde al Consejo de Estado conocer de los recursos contra laudos arbitrales que definan conflictos relativos a contratos celebrados por entidades públicas o por particulares en ejercicio de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-09-30Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170060102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de reposición contra el auto que declara la falta de jurisdicción? Sí
El juez contencioso administrativo aplica las normas procesales para garantizar la procedencia y oportunidad de los recursos interpuestos contra las decisiones que definen la competencia judicial. En este caso, la Sección Tercera del Consejo de Estado resuelve el recurso de reposición interpuesto contra el auto que declara la falta de jurisdicción, determinando que resulta procedente de conformidad con el artículo 242 del CPACA, tras haber sido presentado dentro del término oportuno, por lo que el despacho decide no reponer la providencia recurrida, confirmando la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables.síntesis automática
También resuelve:¿Existe una distinción jurídica entre jurisdicción como función estatal única y competencia como atribución concreta a un juez determinado?¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de las controversias contractuales en las que es parte una entidad pública…¿Se considera que el contrato de encargo fiduciario celebrado por Fiducoldex S.A. corresponde a su giro ordinario de los negocios?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2022-09-28Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020220011500CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿Procede declarar la falta de competencia de todas las autoridades involucradas en el presente conflicto, para adelantar un proceso disciplinario en contra de tres contratistas de prestación de servicios de la Alcaldía Municipal de Villagómez, toda vez que estos últimos no son sujetos disciplinables al ser particulares que no ejercen funciones públicas? Sí
Son sujetos disciplinables los particulares que ejerzan de manera permanente o transitoria funciones públicas, administren recursos públicos o cumplan labores de interventoría o supervisión. Por lo tanto, no todo contratista estatal tiene la calidad de sujeto disciplinable, pues, como ya se señaló, lo que lo hace sujeto de dicha acción es que, en virtud del contrato celebrado, el particular desarrolle dichas funciones.… Frente al caso concreto, se advierte que… los objetos de los contratos de apoyo a la gestión no se enmarcan dentro de los supuestos exigidos por la ley para que los contratistas sean considerados sujetos de la acción disciplinaria, pues, se insiste, solamente cuando el particular ejerza funciones públicas, administre recursos públicos o cumpla labores de interventoría o supervisión puede considerarse sujeto disciplinable en los términos del estatuto disciplinario vigente, lo cual no se advierte en el presente caso.
Sentencia — Sentencia2022-05-04Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZRad. 11001032600020200009300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El laudo atacado viola el principio de congruencia por lo cual debe ser anulado? No
El contratista no puede anular el laudo arbitral por violar el principio de congruencia, ya que el tribunal arbitral resolvió todas las cuestiones sometidas a su decisión, incluyendo la ejecución de obras y el incumplimiento del contratista, y no abordó puntos que no formaban parte de la controversia inicial. Además, el recurso de anulación no puede ser utilizado para reabrir el debate probatorio del trámite arbitral. En consecuencia, la Sala reitera que el juez contencioso administrativo no puede actuar como una segunda instancia en la revisión de laudos arbitrales, limitándose a verificar la existencia de las causales específicas previstas por la ley. Por otro lado, la entidad estatal convocante es condenada en costas por la interposición infundada del recurso de anulación, conforme a lo dispuesto en la Ley 1563 de 2012 y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas cuando se declara infundado el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2022-04-04Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020220005900LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Debe admitirse el recurso extraordinario contra laudo arbitral? Sí
El Consejo de Estado es competente en única instancia para conocer de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública, conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. La admisión del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral depende del cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa, incluyendo la presentación dentro del término legal y la alegación de causales válidas. Además, la suspensión de los efectos del laudo arbitral es procedente cuando una entidad pública condenada solicita su suspensión dentro del término del traslado del recurso de anulación, según lo dispone el artículo 42 de la Ley 1563 de 2012. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y establece claramente los requisitos y procedimientos para la admisión y la suspensión de efectos del laudo arbitral en casos de contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la suspensión de los efectos del laudo arbitral demandado ante la solicitud de la entidad pública condenada en el mismo?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-06Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 85001233300020190012301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se encuentran satisfechos los requisitos para que proceda el decreto de la medida cautelar solicitada? No
El contratista no cumple con los requisitos para obtener una medida cautelar de suspensión provisional, ya que no acredita un perjuicio irremediable ni la existencia de un menoscabo material que justifique la cautela, según el concepto del Ministerio Público. La entidad estatal, por su parte, puede efectuar pagos al contratista con recursos propios y no afecta la normativa legal o constitucional, siempre y cuando no se utilicen fondos del Sistema General de Regalías. Además, los gastos de funcionamiento quedan fuera de la destinación que los departamentos pueden dar a los recursos de las regalías, según la sentencia C-579 de 2001 de la Corte Constitucional. Por último, el Ministerio Público cumple con la carga de argumentación para interponer la demanda y solicitar la medida cautelar, en virtud de su facultad para defender el orden jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado Instituto Financiero de Casanare, podría efectuar el pago al contratista sin perjudicar su patrimonio o ir en contra de alguna normatividad legal o constitucional?¿Los gastos de funcionamiento quedaron por fuera de la destinación que los departamentos podrían dar a los recursos de las regalías?¿La parte demandante cumplió con la carga de argumentación en relación con las razones de impetrar la demanda y requerir la cautela?
¿Hay lugar a invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado que de su texto propuso la firma demandante? No
El liquidador de una entidad estatal en liquidación ejerce una función pública cuyos efectos se extienden en el tiempo incluso después de que concluya la liquidación, y es responsable indirectamente por los perjuicios ocasionados por su actuación dolosa o gravemente culposa. La entidad en liquidación mantiene su capacidad jurídica para concluir operaciones pendientes y enajenar bienes de la masa en liquidación, siendo representada por el liquidador. La Sala confirma que no es posible invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado de su texto, reafirmando la importancia de la liquidez del negocio jurídico y la necesidad de una interpretación integral del contrato. Esta decisión reitera la responsabilidad del liquidador y la continuidad de la función pública que ejerce, con implicaciones significativas para el control jurisdiccional de los actos administrativos durante y después del proceso de liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidadora está llamada a responder por los perjuicios que indirectamente hubiera generado la nulidad en cuanto hubiera sido ocasionada por el actuar doloso o gravemente culposo en el desempeño…¿El liquidador ejerce una función pública atribuida a él directamente, cuyos efectos se extienden en el tiempo pese a que la liquidación concluya?¿La entidad demandada insiste en la excepción de falta de legitimación en la causa que le asiste?
¿La nulidad judicial del acto administrativo que retiró del servicio a la funcionaria por falta de motivación, es suficiente para presumir el dolo del demandado? No
La nulidad judicial del acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para presumir el dolo del exservidor que lo expidió, pues la entidad debe demostrar que el acto se expidió con la intención deliberada de un fin ajeno a las finalidades de la función pública. La regla se apoya en que la presunción de dolo exige acreditar su supuesto de hecho, y en que la sola invalidez de un acto por un vicio formal no permite deducir la conducta dolosa del agente. Por ello, el juez debe examinar la finalidad real que motivó la decisión del servidor. En el asunto, la entidad no demostró que el exservidor expidiera el acto con esa intención, pues la desvinculación obedeció a la necesidad de nombrar profesionales especializados en la oficina jurídica ante el volumen de casos, y la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que repite por un acto de insubsistencia anulado debe probar la intención dolosa y no solo la falta de motivación.síntesis automática
También resuelve:¿La sentencia condenatoria solo reprochó la falta de motivación o ausencia de razones de la declaración de insubsistencia?¿La ausencia de motivación que dio lugar a la condena en este caso específico, se subsume en el supuesto de hecho de la presunción de dolo alegada en la demanda?¿Mientras a la entidad demandante le incumbe demostrar los supuestos fácticos para que opere la presunción que alega, a la parte demandada le corresponde desvirtuar el hecho deducido con el propósito…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-11-26Sala Consulta y Servicio CivilMARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020250040500CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra de un profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Celia (Risaralda)? Sí
El régimen disciplinario aplicable a los particulares y profesionales del derecho se determina según la función pública desempeñada y la naturaleza de la infracción en ejercicio profesional. En este auto que dirime un conflicto de competencia administrativa disciplinaria, se establece que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial es la autoridad competente para conocer de la investigación adelantada contra un abogado vinculado mediante contrato de prestación de servicios. Con fundamento en las Leyes 1952 de 2019, 2094 de 2021 y 1123 de 2007, se precisa que la Procuraduría investiga a particulares que ejerzan funciones públicas de manera permanente o transitoria, en tanto que el Código Disciplinario del Abogado regula la actividad de asesoría y representación jurídica de entidades públicas.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-11-19Sala Consulta y Servicio CivilMARÍA DEL PILAR BAHAMON FALLARad. 11001030600020250025300CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria adelantada en contra de un profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia (Risaralda)? Sí
Dicha potestad disciplinaria a cargo de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales se ratifica en el artículo 257A de la Constitución Política y el artículo 110A de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, que modificó la Ley 270 de 1996. En consecuencia, la Sala declarará que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda es la autoridad competente para conocer la investigación disciplinaria radicado IUS-E: 2022-142655 IUC-D: 2022-2337557 adelantada en contra del señor E.R.M., profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios al municipio de La Virginia (Risaralda).
¿Es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid, con ocasión de que dentro de sus facultades como Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira SA impartió la orden de desvinculación laboral del señor Gabriel Alberto Viveros Naranjo del cargo de Subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa, determinación que posteriormente fue motivo de controversia suscitada ante la jurisdicción ordinaria en proceso laboral, en el cual se profirió sentencia condenatoria en contra de la empresa empleadora, razón por la cual la entidad ahora demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir por el trabajador afectado? No
La acción de repetición solo procede contra quien ejerce función pública como agente estatal, de modo que la persona que actúa como trabajador particular en una empresa de servicios públicos domiciliarios no es sujeto de esa acción y debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado y su gerente, al ordenar la desvinculación de un subgerente, no obró en ejercicio de función pública con relación a los hechos que se repiten. Otra razón es que la conducta reprochada fue desplegada en condición de trabajadora particular, lo que impide que la jurisdicción de lo contencioso califique esa conducta a título de culpa grave o presunción de la Ley 678 de 2001. En el caso, el tribunal había condenado a la gerente a reintegrar la condena laboral pagada, pero la Sala revocó esa decisión y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la acción de repetición no puede dirigirse contra directivos de empresas de servicios públicos que actúan con regímenes privados sin verificar primero la calidad de agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Los conceptos de “función pública” y “servicio público” no son equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en la medida en que corresponden a dos distintas…¿Es procedente condenar en costas de ambas instancias a la entidad demandante dado que se revocó la decisión apelada?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar2024-07-15Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 11001032600020210021800LEY 1437 REPETICION
¿En la solicitud de medidas cautelares y en el escrito de la demanda la parte demandante no realizó razonamiento alguno que justifique que su decreto resulta imprescindible? Sí
El contratista no obtiene el decreto de medidas cautelares cuando en la solicitud y en el escrito de la demanda no realiza razonamientos que justifiquen objetivamente la necesidad de la medida para asegurar la eficacia de la sentencia y evitar el riesgo de inejecución del fallo judicial. La parte demandante debe demostrar la existencia de amenaza o vulneración del derecho, la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida cautelar, y no puede limitarse a relacionar documentos sin un análisis detallado que evidencie la gravedad del perjuicio irremediable que podría causarse. La Sala reitera que la omisión en cumplir estos requisitos impide el estudio de ponderación y la aplicación del principio de proporcionalidad, negando así la solicitud de medidas cautelares.síntesis automática
También resuelve:¿Para acceder al decreto de medidas cautelares en los procesos promovidos en ejercicio del medio de control de repetición se requiere verificar los requisitos de procedencia?¿Se aportaron un conjunto de documentos que constituyen un principio de prueba de que la pretensión se encuentra fundada, al menos en apariencia?¿La parte actora deberá allegar prueba que haga al menos verosímil o presumible la responsabilidad del comportamiento del demandado?
¿La declaratoria de nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, habilita la variación de la causa petendi de la demanda? No
El contratista no puede variar la causa petendi de la demanda después de que se declara la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia, ya que la solicitud de nulidad no cumplió con los requisitos legales y no puede servir para alterar la base original del pleito. La entidad estatal, en este caso el Fondo Nacional del Ahorro, no expide actos administrativos cuando selecciona al mejor postor en licitaciones comerciales, ya que actúa en igualdad de condiciones con el sector privado, aunque esto no excluye la posibilidad de que se analice la responsabilidad precontractual del FNA si se acredita que la entidad no contrató con el mejor postor. Además, el contratista debe cumplir rigurosamente con los requisitos establecidos por la entidad para participar en la licitación, incluyendo la acreditación mediante acto administrativo del funcionamiento de sucursales o agencias en otras ciudades, lo que implica que la entidad no puede ser responsabilizada por exigir la demostración de una realidad específica para puntuar ciertos aspectos de la propuesta.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisión precontractual adoptada por el Fondo Nacional del Ahorro por medio de la cual escogió al oferente para suscribir el contrato, es un acto administrativo susceptible de ser demandado?¿La sociedad demandante cumplió con las reglas de participación establecidas por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de la acreditación, mediante acto administrativo…¿La exigencia de allegar con la propuesta los actos administrativos que autorizaban el funcionamiento de las sedes, era un requisito necesario para verificar la coincidencia con el registro mercantil…
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
¿El soldado profesional, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, desplegó una conducta gravemente culposa? No
El ente actor no logra demostrar la culpa grave del soldado profesional al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote a la víctima, ya que las pruebas practicadas no evidencian un actuar grosero, negligente o temerario del demandado. La Sala confirma que el uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro, siempre que los miembros de la fuerza pública se identifiquen y adviertan la intención de usarlas con tiempo suficiente, haciendo un uso moderado y proporcional a la amenaza. Además, la Sala establece que el ente actor incumple la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor público, lo que implica que no puede aplicarse la presunción de dolo prevista en la Ley 678 de 2001. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la necesidad de especificar claramente la presunción legal en la que se basa la atribución de responsabilidad al servidor público.síntesis automática
También resuelve:¿El uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro?¿La víctima salió corriendo de la vivienda y el soldado le dio la voz de alto, tras lo cual, al ver que el sujeto seguía corriendo, le disparó?¿El ente actor incumplió la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuyó responsabilidad al servidor o ex servidor público?
¿Se probó que la conducta de los servidores públicos fue realizada con culpa grave? No
La entidad pública interpone el medio de control de repetición contra agentes estatales buscando el reembolso de condenas judiciales derivadas de controversias contractuales, estando obligada la parte demandante a probar plenamente los presupuestos de la responsabilidad subjetiva y la existencia de una conducta realizada con culpa grave o dolo. Para la configuración de la responsabilidad del servidor público no bastan afirmaciones genéricas en la demanda ni la simple ilegalidad de un acto administrativo, requiriéndose la demostración probatoria de que la actuación del agente constituyó una violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho o se apartó de las finalidades del Estado, sin que pueda imputarse responsabilidad a sociedades consultoras cuyos diseños no fueron los insumos aplicados en la ejecución de la obra por decisiones unilaterales de la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandante probó que los demandados procedieron de manera dolosa o gravemente culposa?¿Está probado que los diseños elaborados por la firma consultora hayan determinado la inclusión de un túnel?¿La entidad aduce de los servidores demandados el conocimiento de la irregularidad en que incurrían y el comportamiento omisivo?
¿El resultado lesivo consistente en la muerte de la víctima fue consecuencia de un actuar doloso de parte del conscripto demandado en repetición? Sí
La presunción de dolo que la Ley 678 de 2001 asocia a la condena penal del agente se mantiene cuando el demandado no la desvirtúa, y el elemento subjetivo de la acción de repetición se acredita con esa presunción. La regla se sostiene en que el hecho que da base a la presunción debe estar debidamente acreditado y en que la condena penal por dolo, como coautor del delito que causó la muerte de la víctima, dio lugar a la presunción. Por ello, el agente debe demostrar lo contrario para desvirtuarla. En el asunto, el demandado fue condenado penalmente a título de dolo, participó en la comisión del delito y nunca negó su participación, por lo que la Sala concluyó que el resultado lesivo fue consecuencia de su actuar doloso y revocó la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones. En la práctica, la condena penal por dolo fija el elemento subjetivo en la repetición si el agente no lo desvirtúa.síntesis automática
También resuelve:¿Para cuantificar la condena de repetición, se debe atender el grado de participación del agente en la producción del daño?¿El servidor o exservidor público fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo, por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del…¿Se ordenará que a cargo del demandado estará la obligación de atender el reembolso del treinta por ciento (30%) del valor total que debió pagar la entidad demandante?
¿Cuentan con calidad de agente estatal o de particular con función pública, los demandados Pontificia Universidad Javeriana y los médicos, por tener a su cargo la prestación del servicio público de salud? No
La prestación del servicio público de salud no equivale al ejercicio de una función pública, de modo que quienes la prestan no adquieren por ese solo hecho la calidad de agente estatal ni la de particular que cumple funciones públicas. La regla se apoya en la distinción entre la función pública, que implica el ejercicio de potestades inherentes al Estado conferidas por la ley, y el servicio público, que es una actividad económica dirigida a satisfacer necesidades de interés general, incluso cuando la presta un particular. Esa diferencia se sustenta en los artículos 122 y 123 de la Constitución, que separan la función pública de la prestación del servicio. Por ello, no resulta acertado concluir que toda prestación de un servicio público comporte el ejercicio de una función pública. En el asunto, la Sala revocó la decisión apelada en el punto relativo a la calidad de los médicos y de la institución universitaria demandados, por cuanto su vinculación con el servicio de salud no los convertía en agentes estatales. En la práctica, la sola prestación del servicio de salud no basta para someter a los prestadores al régimen de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó la conducta gravemente culposa de la médica demandada en el presente proceso de repetición, por la atención del procedimiento quirúrgico de cesárea que generó la muerte de una paciente?¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición en contra de la entidad demandante a la que se le resuelven desfavorablemente las pretensiones…
¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva el soldado conscripto a quien se le imputó el daño objeto de la constroversia, al considerar que desempeñó una función pública con características especiales? Sí
El soldado conscripto cuenta con legitimación en la causa por pasiva al ser considerado un agente del Estado que desempeña una función pública con características especiales, conforme a los artículos 6 y 90 de la Constitución Política y la Ley 678 de 2001, lo que le permite ser responsable en procesos de repetición siempre que se cumplan los requisitos legales y se acrediten los elementos necesarios. La demanda de repetición se presenta de forma oportuna al contar el término de caducidad desde la fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del plazo para tal fin, según la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, el Consejo de Estado en segunda instancia no tiene competencia para conocer de un argumento nuevo que no fue presentado en la demanda y que cambia la causa petendi de la misma, ya que la sentencia está abocada a resolver sobre la responsabilidad de la administración con base en los antecedentes fácticos descritos en la demanda original.síntesis automática
También resuelve:¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición al contar el término de caducidad desde la fecha efectiva del pago de la condena o del vencimiento del plazo para tal fin?¿Tiene competencia el Consejo de Estado, en segunda instancia, para conocer de una argumento nuevo, no presentado en la demanda donde no se cuestionó un caracter intencional, eso es, doloso…¿Tienen valor probatorio las copias simples de documento?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2025-04-02Sala Consulta y Servicio CivilJOHN JAIRO MORALES ALZATERad. 11001030600020240070800CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿Alguna de las autoridades involucradas en el presente conflicto de competencias administrativo, es competente para conocer el proceso disciplinario en contra de la señora [K.L.R,V.], en su calidad de trabajadora social del Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E), por las presuntas conductas en ejecución de un contrato de prestación de servicios? No
La Sala encuentra que ninguna de las autoridades involucradas es competente para conocer el proceso disciplinario en contra de la señora [K.L.R.V.], en su calidad de trabajadora social del Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E), por las presuntas conductas expuestas en la queja presentada el 26 de enero de 2024, por la señora [M.L.A.G.]. Esto, pues, según el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019 y la jurisprudencia vigente, la señora [K.L.R.V.] no es un sujeto disciplinable. Lo anterior encuentra fundamento en los siguientes argumentos: Según la información allegada por el Hospital San Juan de Dios de Honda (E.S.E.), la trabajadora social a la que se refiere la queja es la señora [K.L.R.V.], quien prestó sus servicios a dicho hospital en virtud del contrato de prestación de servicios N.° 000031 de 2024 celebrado el 1.° de enero de 2024.
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