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INVESTIGACIÓN

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Consejo de Estado Providencia

Resulta procedente otorgar al estudiante de derecho memorialista

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud 2023-06-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020060207701 ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente otorgar al estudiante de derecho memorialista, ajeno al proceso, el acceso virtual al expediente, con el fin de adelantar una investigación académica relativa a la evolución de las acciones contractuales en el Consejo de Estado? Sí
Mediante memorial presentado el dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el estudiante derecho,… solicitó acceso virtual al expediente con el fin de poder adelantar investigación académica sobre la “evolución de las acciones contractuales en el Consejo de Estado”. En consecuencia, por Secretaría, INFÓRMESELE al memorialista el mecanismo dispuesto por la Corporación para poder acceder virtualmente el proceso de la referencia. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el [numeral] 6° del artículo 127 del CPC.
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

Y ante la falta de demostración del cargo de incumplimiento endilgado a la accionada y la no consecución del objeto acordado

Sentencia — Sentencia 2023-05-23 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020110032401 ACCION CONTRACTUAL
Dado que el régimen del convenio de asociación que se analiza corresponde al derecho privado, y en este escenario no se ejercen prerrogativas de poder público, ¿resulta indispensable su cuestionamiento en sede judicial para avanzar en el examen de incumplimiento, pues tal exigencia está referida exclusivamente a los actos administrativos? No
En un convenio de asociación regido por el derecho privado, en el que no se ejercen prerrogativas de poder público, el examen del incumplimiento no exige cuestionar judicialmente actos administrativos, pues esa exigencia se refiere exclusivamente a los actos de esa naturaleza. La regla se apoya en que el régimen privado del negocio determina las obligaciones y el análisis de su cumplimiento, sin que la impugnación de actos administrativos sea presupuesto para estudiarlo. Por ello, la discusión sobre el incumplimiento puede avanzar con el análisis de las obligaciones pactadas y de las pruebas aportadas al proceso. En el asunto, la Sala examinó primero las generalidades del negocio jurídico que originó el litigio y luego los supuestos específicos del incumplimiento alegado, y confirmó la decisión de la primera instancia. En la práctica, en los convenios de derecho privado el incumplimiento se examina con las cláusulas pactadas y no con la impugnación de actos administrativos.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090044701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve: ¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama? ¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática? ¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se ordena oficiar a la Procuraduría General de la Nación

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2024-09-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020190062901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se ordena oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que remita copia de los expedientes de los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando con ocasión de la licitación pública? Sí
La Sala, previo a resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, en ejercicio de sus facultades oficiosas en materia probatoria -artículo 213 de la Ley 1437 de 2011-, ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación, para que, de existir, remita copia de los expedientes de todos los procesos disciplinarios que haya o esté adelantando en contra de cualquier sujeto, con ocasión de la licitación pública… , que se surtió para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio de Chía.
También resuelve: ¿Se discute si el contrato de concesión que surgió de la licitación adjudicada fue celebrado con desviación o abuso de poder?
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

La carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque o modifique en algún aspecto puntual.

Sentencia — Sentencia 2025-09-26 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 76001233300020230085601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental? ¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante? ¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Clases de concepto: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas 2022-02-28 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 73001233300020190036601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Apelación de auto Sí
El contratista no puede presentar un concepto pericial que no incluya datos necesarios para su contradicción, como la identificación de los profesionales que lo elaboraron, su designación en procesos anteriores, y la especificación de los métodos y exámenes utilizados, ya que estos son requisitos esenciales para que el dictamen pericial cumpla con los estándares de forma y contenido establecidos en el Código General del Proceso. La entidad estatal, al verificar que el concepto no reúne estos requisitos, puede rechazar la prueba pericial solicitada, lo que implica que el juez debe confirmar la providencia que rechaza dicha prueba, asegurando así el principio de contradicción y la eficacia de los medios de prueba en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

Debe el juez en auto de mejor proveer solicitar información a la JEP para determinar si la concesión del beneficio de renuncia

Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer 2025-07-17 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233300020160016101 LEY 1437 REPETICION
¿Debe el juez en auto de mejor proveer solicitar información a la JEP para determinar si la concesión del beneficio de renuncia a la persecución penal impide fallar de fondo una acción de repetición? Sí
El juez en auto de mejor proveer debe solicitar información a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para determinar si la concesión del beneficio de renuncia a la persecución penal impide fallar de fondo una acción de repetición, en virtud del artículo 213 de la Ley 1437 de 2011. Esta diligencia es necesaria para establecer si los demandados se han sometido a la JEP y conocer el estado procesal de su trámite, así como si se les ha concedido o negado el beneficio de renuncia a la persecución penal, lo que podría afectar la competencia del juez para resolver el caso. La Sala reitera la importancia de recabar estos datos para esclarecer la situación jurídica de los demandados y garantizar el debido proceso.síntesis automática
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

No es posible aplicar por analogía normas de procedimiento

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 54001233300020140021202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El procedimiento adelantado por la autoridad minera se ajustó a las normas legales correspondientes para determinar las causas de un accidente minero ocurrido en 2011? Sí
El contratista no desvirtúa el incumplimiento de las obligaciones contractuales que dan lugar a la declaratoria de caducidad del contrato de explotación minera, ya que debe demostrar en sede administrativa o judicial que las obras requeridas fueron ejecutadas y cumplen con los estándares de seguridad y funcionamiento óptimos para el ejercicio de la actividad minera. En este caso, la contratista no acreditó que hubiera adelantado las obras comprometidas ni que las condiciones de seguridad estuvieran en regla, lo que llevó a la entidad estatal a declarar la caducidad del contrato. La entidad minera no incurrió en irregularidades al no aplicar por analogía normas de procedimiento no previstas para la investigación del accidente minero, y la participación del comité paritario en la investigación no era obligatoria en la fecha del accidente. La regla reitera la obligación del contratista de cumplir con las condiciones de seguridad y ejecutar las obras requeridas para mantener la validez del contrato, lo que implica que cualquier incumplimiento puede dar lugar a la declaratoria de caducidad del mismo.síntesis automática
También resuelve: ¿Los demandantes desvirtuaron el incumplimiento de las obligaciones contractuales que dieron lugar a la declaratoria de caducidad del contrato? ¿Cuándo el recurso de apelación no prospera, la parte que lo interpuso debe ser condenada en costas?
Colombia Compra Eficiente Concepto

La prestación contractual trasciende la lógica tradicional de la obra pública y se ubica en un escenario en el que el resultado puede depender de variables que no se encuentren previstas al momento de contratar.

C-201 de 2026 2026-03-07
¿Cuál es el marco de aplicación del amparo de calidad y estabilidad de una obra frente a los contratos de obra con componentes de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación?
El contratista debe constituir garantías para el cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluyendo la garantía de estabilidad y calidad de la obra, que cubre vicios, mala calidad y defectos que la entidad no detecta al momento de recibir la obra. Sin embargo, en contratos que incorporan componentes de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, la exigibilidad de esta garantía debe analizarse con rigor, considerando el contenido obligacional pactado y si las prestaciones asumidas se enmarcan en obligaciones de resultado o de medio, lo que implica que las entidades deben establecer con mayor precisión las garantías exigibles en estos proyectos, matizando la aplicación de precedentes anteriores y promoviendo una mayor flexibilidad en la interpretación de las normas para adaptarse a la naturaleza específica de estos contratos.síntesis automática
También resuelve: Garantías: contratación estatal, Constitución de garantías, finalidad, cumplimiento Garantía de cumplimiento: amparos, finalidad Garantía de estabilidad y calidad de la obra: suficiencia, alcance
Consejo de Estado Providencia

Es exigible tanto al representante legal como a los miembros de la junta directiva.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas 2024-07-03 Sala Consulta y Servicio Civil MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA Rad. 11001030600020240017700 CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 Primera para la Contratación Estatal, es la autoridad competente para continuar conociendo de la actuación disciplinaria iniciada por la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, por las posibles irregularidades en que pudieron incurrir servidores públicos y contratistas de esa misma entidad en la ejecución de varios contratos de obra e interventoría? Sí
Así las cosas, se evidencia que el proceso disciplinario que generó el presente conflicto de competencia administrativa, según lo afirma la Oficina de Control Interno Disciplinario del SENA, involucra a determinados servidores públicos de dicha autoridad y a particulares disciplinables, «bajo su condición de contratistas y/o interventores».
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado Providencia

Debe determinarse si los demandados han sido aceptados formalmente como comparecientes en la JEP para evaluar la procedencia

Auto interlocutorio — Auto para mejor proveer 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 05001233300020130110201 LEY 1437 REPETICION
¿Debe determinarse si los demandados han sido aceptados formalmente como comparecientes en la JEP para evaluar la procedencia de la repetición? Sí
El contratista debe determinar si los demandados han sido aceptados formalmente como comparecientes en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para evaluar la procedencia del medio de control de repetición, en virtud de que la falta de esta información impide establecer si la JEP ha declarado su competencia prevalente y si los demandados han sido objeto de amnistía o han renunciado a la persecución penal, lo que afectaría la procedencia del medio de control de repetición. La Sala establece que es necesario allegar al proceso certificaciones de la JEP y pruebas que acrediten estas circunstancias para determinar la competencia y los presupuestos de procedencia del medio de control de repetición, lo que implica que los abogados deben solicitar y presentar estos documentos para avanzar en el proceso.síntesis automática
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

Las presunciones de la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad son inaplicables al caso concreto

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020170017101 LEY 1437 REPETICION
¿Las presunciones de la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad son inaplicables al caso concreto, sin embargo, en el ámbito procesal si debe emplearse la misma, ya que es la normativa vigente al momento de presentación de la demanda? Sí
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los hechos ocurridos antes de su vigencia, de modo que sus presunciones no rigen cuando el hecho dañoso es anterior, mientras que en lo procesal se aplica la ley vigente al presentarse la demanda. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, esa ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y solo excepcionalmente tiene efectos retroactivos. Segunda, cuando el hecho es anterior, rigen el artículo 90 de la Constitución Política, el artículo 63 del Código Civil y los artículos 77 y 78 del Decreto 01 de 1984. Tercera, en lo procesal, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 hace aplicables las disposiciones vigentes al presentarse la demanda. En el caso, el hecho dañoso ocurrió en el año 2000, por lo que no se aplican las presunciones de la Ley 678 de 2001. La providencia reitera la jurisprudencia citada en su nota de relatoría. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho determina el régimen sustancial y la fecha de la demanda el régimen procesal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se configuró la culpa grave del demandado en su condición de alcalde menor, por el fallecimiento violento de una persona a causa de varias heridas mortales que este último sufrió durante el proceso… ¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la condena en sede de repetición a los demandados, a título de culpa grave, por haber incurrido en una inobservancia plena de los deberes que le asistían como procuradores encargados del ejercicio del poder sancionador del Estado, en punto de la determinación del aspecto volitivo en la imposición de una sanción disciplinaria.

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 70001233300020130000101 LEY 1437 REPETICION
¿Procede la condena en sede de repetición a los demandados, a título de culpa grave, por haber incurrido en una inobservancia plena de los deberes que le asistían como procuradores encargados del ejercicio del poder sancionador del Estado, en punto de la determinación del aspecto volitivo en la imposición de una sanción disciplinaria? Sí
La omisión plena en el cumplimiento del deber establecido en el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 en que incurrieron los demandados, en punto de la determinación de la vinculación subjetiva en virtud de la cual se atribuyó responsabilidad al [sancionado], comporta una palmaria y grave inobservancia de los requisitos esenciales establecidos por el ordenamiento jurídico para imponer la sanción disciplinaria y deriva en el incumplimiento grave de los deberes funcionales de quienes ejercen el poder punitivo del Estado, en tanto profirieron decisiones sin respetar los mínimos legales que la justifican y legitiman, con… la consecuente imposición de una condena contra la entidad demandante.
También resuelve: ¿Los demandados explicaron con detalle cómo es que el sujeto disciplinado tenía conocimiento y voluntad de realizar el ilícito por el que fue sancionado? ¿Para imponer una sanción se deben explicar razonadamente sus fundamentos, con inclusión de todos los elementos que la hacen procedente? ¿El fundamento de la sanción se refirió exclusivamente al hecho de haberse percibido la prima técnica sin efectuar un análisis explícito de la vinculación subjetiva, a título de dolo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Procede la declaratoria de inexistencia de conflicto de competencias administrativas cuando existen investigaciones disciplinarias independientes sobre conductas distintas.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas 2026-05-28 Sala Consulta y Servicio Civil ANA MARÍA CHARRY GAITÁN Rad. 11001030600020260012300 CONFLICTOS DE COMPETENCIA
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado debe abstenerse de resolver ante la inexistencia de un conflicto de competencias, pues existen dos actuaciones administrativas particulares y concretas, en las que no se materializó un reclamo o rechazo de competencia en forma simultánea o sucesiva respecto de la misma actuación administrativa? Sí
El juez administrativo resuelve declarar la inexistencia de conflicto de competencias administrativas cuando concurren actuaciones disciplinarias independientes y distintas sobre un mismo contrato. La entidad competente determina que, si bien las investigaciones se originan en la ejecución del contrato núm. 792 de 2021, cada una investiga una conducta disciplinaria autónoma y distinta, sin que exista un reclamo o rechazo simultáneo o sucesivo frente a una actuación única. En consecuencia, conforme a la Ley 1437 de 2011, la Ley 1952 de 2019 y la Ley 2080 de 2021, la autoridad administrativa archiva el falso conflicto al constatar la plena independencia de las actuaciones disciplinarias adelantadas.síntesis automática
RESUELVE CONFLICTO
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2025-08-15 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020210032501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la fecha de presentación de la solicitud de pruebas en segunda instancia, había fenecido el término para pedirlas? Sí
El contratista no puede solicitar pruebas en segunda instancia una vez vencido el término legal, que según el artículo 212 del CPACA, corre hasta la ejecutoria del auto que admite el recurso, lo que en este caso ocurrió del 5 al 7 de febrero de 2025, antes de la fecha de la solicitud probatoria. Aunque el solicitante argumenta que la prueba se refiere a un hecho sobreviniente, la preclusión establece que las actuaciones deben efectuarse en el tiempo dispuesto, evitando transgresiones al derecho de contradicción y defensa. Además, el documento que pretende acreditar el archivo de la investigación penal no es un elemento de juicio determinante para desvirtuar el fundamento de la terminación unilateral del contrato, ya que la cláusula en cuestión solo requiere el indicio del delito, no su comisión efectiva. Por último, el auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas es susceptible de ser controvertido mediante recurso de súplica, directamente o como subsidiario de la reposición, según lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 246 del CPACA.síntesis automática
También resuelve: ¿El documento que se pretende hacer valer no es un elemento de juicio determinante, ya que solo acredita el archivo de la investigación penal? ¿El auto que niegue el decreto o la práctica de pruebas es susceptible de ser controvertido mediante recurso de súplica?
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

Procede la imposición de multa cuando un funcionario judicial incumple las órdenes de su superior jerárquico.

Auto interlocutorio — Auto que impone sanción en ejercicio de poderes correccionales del juez 2022-05-27 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020040164201 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede la imposición de multa cuando un funcionario judicial incumple las órdenes de su superior jerárquico? Sí
Procede imponer multa al funcionario judicial que no atiende las órdenes de su superior jerárquico cuando guarda silencio frente a reiterados requerimientos de remisión de piezas procesales, en aplicación del numeral 3 del artículo 44 del Código General del Proceso. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que los reiterados requerimientos sin respuesta justifican la multa de diez salarios mínimos legales mensuales vigentes al titular del despacho. La segunda es que la conducta puede configurar una falta disciplinaria por desatender las órdenes del superior, por lo que procede compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En el caso concreto, las piezas procesales son necesarias para fallar, por lo que el auto ordena requerir nuevamente al juzgado para que las remita o informe dónde se encuentran. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es la multa, la compulsa de copias y un nuevo requerimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿Las piezas procesales solicitadas se requieren para emitir fallo en el proceso? ¿Se requirió al despacho judicial para que allegara las piezas procesales faltantes y sin embargo, a la fecha, este no se ha pronunciado al respecto?
Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente conceder un término adicional

Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas 2025-04-30 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020190062901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente conceder un término adicional para que el municipio de Chía revise los documentos aportados por la Procuraduría, cuando la Secretaría ya le había dado acceso para que consultara esa información en el expediente digital y el ente territorial no probó que la misma no reposaba en esa plataforma electrónica? No
Cuando el expediente se encuentra disponible para consulta en el aplicativo SAMAI, no es procedente conceder un término adicional para revisar documentos cuya disponibilidad no ha sido desvirtuada, pues la parte que alega que no pudo consultarlos debe probarlo. El traslado de piezas incorporadas al expediente electrónico se cumple cuando las partes tienen acceso efectivo a esa plataforma, con independencia de la afirmación genérica de que los documentos no estaban disponibles. En el caso concreto, la secretaría informó que el apoderado del ente territorial tuvo acceso al expediente electrónico y que los documentos remitidos por el órgano de control disciplinario estaban disponibles para consulta en el índice correspondiente, y el despacho lo verificó en su propia revisión. Además, el apoderado no aportó prueba que soportara su afirmación, de modo que la solicitud de un término adicional fue negada. Como consecuencia práctica, la parte que alegue la falta de acceso a una prueba debe acreditar esa circunstancia con soportes concretos, pues la afirmación genérica no conduce a la ampliación del traslado.síntesis automática
También resuelve: ¿La Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado incumplió con el ordenamiento jurídico, al permitir que un abogado inscrito que no tenía la calidad de apoderado de las partes revisara el… ¿Cuentan con valor probatorio los documentos aportados por el municipio de Chía, a pesar de que los mismos fueron allegados de manera extemporánea? ¿Resulta procedente correr traslado a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión, dado que la prueba decretada e incorporada al proceso fue puesta en conocimiento de los sujetos…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 18001233100020080008301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión? ¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas? ¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública.

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020090103001 ACCION CONTRACTUAL
¿Pueden los informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal ser valorados como prueba dentro de un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública? No
El contratista no puede presentar informes elaborados por la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación penal como prueba en un proceso judicial si no han sido sometidos a contradicción en audiencia pública, ya que estos informes no adquieren la condición de prueba hasta que se les ha dado la oportunidad de ser cuestionados en un juicio oral. Además, el juez no puede otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio sin acreditar la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe, ya que la falta de esta acreditación afecta negativamente la credibilidad del informe. Estas reglas implican que la prueba trasladada de un proceso penal debe cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente para ser valorada en un proceso judicial, lo que incluye la contradicción y la autenticidad de la cadena de custodia de la prueba.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede el juez otorgar valor probatorio a un informe técnico presentado por una parte como experticio, sin que se acredite la idoneidad del autor o la representación de la entidad que lo suscribe? ¿Se acreditó una ruptura en la cadena de custodia de los discos duros analizados por el laboratorio forense de la Fiscalía General de la Nación? ¿Puede otorgarse valor probatorio a la declaración de un testigo técnico que no tuvo acceso directo al sistema examinado, ni acreditó documentalmente su idoneidad ni conocimiento directo de los…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020190017801 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión… ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA