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Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-04-24
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000232600020100006601
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:
¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?
¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?
¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público.
Sentencia — Sentencia
2023-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 50001233100020120009201
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Las conductas punibles de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos solo pueden ser cometidas por quien reúne la calidad de servidor público? Sí
El contratista no puede cometer los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, ya que estos son delitos de sujeto activo calificado y solo pueden ser cometidos por servidores públicos, según el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, que equipara a los contratistas con la calidad de servidor público en el ámbito de la responsabilidad penal. La Fiscalía encontró indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos mediante el cobro de facturas de un contrato de suministro celebrado sin cumplir los requisitos legales, lo que configuraba las conductas punibles por las que fue vinculada. Sin embargo, la medida restrictiva de privación de la libertad no fue desproporcionada, ya que la demandante permaneció bajo privación de la libertad durante un año y tres meses, y fue absuelta por el Juzgado Penal del Circuito de Acacias, lo que implica que no existe responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:
¿La Fiscalía encontró que existían indicios suficientes que permitían inferir que la demandante se apropió de dineros públicos?
¿Es constitutiva de daño antijurídico la privación de la libertad de la que fue objeto la demandante consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario…
¿La interpretación que acogió la Fiscalía al momento de imponer la medida de aseguramiento encuadraba dentro de la tipificación endilgada?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100020080071201
ACCION DE REPETICION
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? No
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los aspectos sustanciales de la acción de repetición cuando la condena que la origina y los hechos son anteriores a su vigencia, y que el pago de la condena puede acreditarse por cualquier medio legalmente válido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, la ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogación, sin perjuicio de excepciones; los hechos anteriores siguen la normativa previa. Segunda, las decisiones que sustentaron la condena se dictaron en 1994 y 1995, es decir, antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Tercera, el ordenamiento civil no establece una tarifa legal para acreditar el pago, por lo que los documentos aportados, como comprobantes de egreso y certificados de disponibilidad, pueden acreditar el pago de la condena. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha de los hechos y de la condena determina la ley sustancial de la repetición, y la prueba del pago se aprecia por las reglas de la sana crítica.síntesis automática
También resuelve:
¿Los documentos allegados por la parte demandante al caso sub examine, acreditan el pago efectivo de la condena judicial en cumplimiento de la sentencia del 2 de junio de 2005 proferida por el…
¿Se configuró dolo o culpa grave por parte del demandado en el caso sub examine, en cuanto el mismo adoptó las decisiones que condujeron a la privación de la libertad por el delito de peculado por…
¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, aunque el demandado no haya intervenido en la segunda instancia?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El daño es imputable a la Rama Judicial porque la Corte Suprema de Justicia pertenece a esta entidad
Sentencia — Sentencia
2023-05-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020140144601
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve:
¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria?
¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS?
¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-03-25
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 05001233100019980297901
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En casos de privación injusta de la libertad el juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad es irrazonable y desproporcionada, por lo cual debe determinar si el perjuicio que sufre la victima debe repararse bajo el titulo de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño? Sí
El juez debe analizar si la restricción del derecho a la libertad en casos de privación injusta es irrazonable y desproporcionada, determinando si el perjuicio sufrido por la víctima debe repararse bajo el título de imputación del daño especial, considerando la gravedad y anormalidad del daño. Esto implica que si el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del procesado ni materializar la conducta investigada, procede la indemnización del daño antijurídico, atribuyéndose la responsabilidad a la Rama Judicial en las etapas del proceso penal en las que tuvo competencia. La regla reitera la importancia de la proporcionalidad y razonabilidad en la restricción del derecho a la libertad, y subraya que la culpa exclusiva de la víctima no se configura en este caso, lo que implica que la reparación integral del daño es obligatoria para el Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la indemnización de perjuicios por privación injusta de la libertad cuando el Estado no logra desvirtuar la presunción de inocencia del sindicado ni materializar la conducta investigada…
¿Procede la culpa exclusiva de la victima como causal eximente de responsabilidad del Estado cuando el demandante despliega conductas que permiten la causación del daño…
¿La prueba del parentesco dentro del primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge, su compañero o compañera permanente, constituye presunción del perjuicio moral, sin embargo…
Consejo de Estado
Providencia
No se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020090043101
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria?
¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado?
¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2024-07-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 18001233100020080008301
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión?
¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas?
¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-12-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 68001233300020180005101
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:
¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?
¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?
¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante?
Sentencia — Sentencia
2022-11-18
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000232600020090003701
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve:
¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en…
¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser…
¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300020190017801
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?
¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…
¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia.
Sentencia — Sentencia
2023-11-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 50001233100020110036101
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia? Sí
El contratista puede ejercer la acción de reparación directa cuando el daño proviene de hechos imputables a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, que opera como garantía del principio de seguridad jurídica. La caducidad se configura a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o la sentencia absolutoria, o desde que el procesado recupera su libertad, lo que ocurra último. En el caso analizado, la acción fue ejercida oportunamente, pues la demanda se presentó antes del vencimiento del plazo legal, contado a partir del momento en que quedó claro el carácter injusto de la privación de libertad. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el tema, consolidando la interpretación sobre el inicio del cómputo del término de caducidad en acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:
¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine?
¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia.
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300020160021301
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia? Sí
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para obtener la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta de un contrato estatal o de un acto administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el artículo 140 del CPACA delimita este medio de control frente a los demás, de modo que cuando el daño es imputable a la administración de justicia y no se origina en un contrato ni en un acto administrativo, la reparación directa es la vía procedente. Segundo, la responsabilidad patrimonial del Estado que se reclama tiene fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. La providencia modifica la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de la reparación directa; en la práctica, el demandante que reclame daños causados por la administración de justicia debe acudir a la reparación directa dentro del término de caducidad correspondiente.síntesis automática
También resuelve:
¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa por privación injusta?
¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales, excepto la persona que alega es la compañera permanente de la víctima de privación injusta de la libertad, por lo cual…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional.
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020170096201
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de reparación directa para reclamar la reparación de un daño causado por un hecho imputable a la administración de justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional o el Ejército Nacional, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal establecido, lo cual garantiza la seguridad jurídica y protege el interés general. La caducidad del medio de control implica que si el plazo para presentar la demanda vence sin que el interesado la haya elevado, se extingue el derecho de acción, consolidando las situaciones pendientes de solución. En casos de responsabilidad patrimonial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la inoperancia del medio de control por caducidad solo opera si se demuestra que la presentación de la demanda fue defectuosa o tardía, reiterando la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los plazos legales para ejercer el derecho de acción.síntesis automática
También resuelve:
¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia del medio de control de acción de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de…
¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa frente a la presunta afectación que sufrió su derecho…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad.
Sentencia Perspectiva de Género — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020120047501
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad? Sí
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, omisión, operación administrativa u otra actuación estatal distinta de un contrato o de un acto administrativo, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primera, la norma atribuye el medio a los daños causados por hechos distintos del contrato y del acto, y el daño reclamado proviene de hechos imputables a la administración de justicia y a una entidad de seguridad del Estado. Segunda, la caducidad constituye un presupuesto procesal que el juez debe verificar aun cuando no haya sido alegada, pues los plazos son perentorios y de orden público. La providencia reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de esta acción y el control oficioso de la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando el daño no se origina en un contrato ni en un acto, la vía procedente es la reparación directa, cuya oportunidad debe verificarse desde el inicio del proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿La caducidad de la acción representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad?
¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación a la administración pública.
Sentencia — Sentencia
2025-10-21
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000232600020100074301
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Sí
El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.síntesis automática
También resuelve:
¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004…
¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004…
¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El juez no declara cosa juzgada parcial respecto de la Fiscalía General de la Nación cuando carece de identidad de causa en los perjuicios reclamados.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 05001233300020180185601
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿No había lugar a declarar la cosa juzgada parcial respecto de la Fiscalía General de la Nación, por ausencia de identidad de causa? Sí
El juez examina los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado y los requisitos de la cosa juzgada, verificando la existencia de identidad de causa entre los procesos. En relación con la actuación de la Fiscalía General de la Nación dentro del medio de control de reparación directa, la prolongación de la privación de la libertad anterior a la medida domiciliaria no guarda relación fáctica ni jurídica con la causa del primer proceso penal por tráfico de estupefacientes. Por consiguiente, ante la ausencia de identidad de causa respecto a dichos periodos de afectación, no operaba la cosa juzgada parcial.síntesis automática
También resuelve:
¿La responsabilidad patrimonial del Estado se funda en la comprobación de un daño y en un juicio de imputación para imponer la eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado?
¿La antijuridicidad, más que una caracterización, atributo o componente del daño, es un presupuesto para la declaratoria responsabilidad patrimonial del Estado…
¿Las reglas de la carga de la prueba no surgen de la norma sustancial del Código Civil, sino del Estatuto Procesal Civil?