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¿La parte demandada desvirtuó las presunciones de dolo y culpa grave ? Sí
En este proceso, el demandado desvirtuó la presunción de dolo y culpa grave (arts. 5.4 y 6.1 Ley 678 de 2001). Sólo se probó que un juzgado impuso medida de aseguramiento contra el demandado, pero no se acreditó que fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por el daño que sirvió de fundamento para la condena a la entidad demandante. No se acreditaron… las circunstancias de modo en que ocurrió el disparo, ni que el daño fue consecuencia de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. El Tribunal estimó que la conducta de la víctima incidió en la ocurrencia del accidente y no fue posible establecer cómo ocurrió el disparo, conforme a las pruebas técnicas de este proceso.
También resuelve:¿Se valora si la desatención del deber funcional del servidor público fue de tal magnitud que lo obliga a restituir al Estado la condena en su contra?¿El demandado tiene la posibilidad de desvirtuar la presunción legal?¿El término para formular la acción de repetición es de dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago efectuado por la entidad?
¿El demandando cuenta con legitimación en la causa por pasiva en el presente proceso de repetición, considerando que, pese a que no profirió el oficio que fue debatido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandante le atribuyó la causación del daño a su conducta dolosa o gravemente culposa? Sí
El demandado cuenta con legitimación en la causa por pasiva en un proceso de repetición cuando la entidad demandante le atribuye la causación del daño a su conducta dolosa o gravemente culposa, independientemente de que no haya sido el responsable directo del acto administrativo cuestionado. En este caso, a pesar de que el demandado no profirió el oficio en cuestión, la entidad demandante le atribuyó la responsabilidad por el pago de la diferencia salarial y prestacional debido a que le asignó las funciones que dieron lugar a ese pago. La Sala estableció que la legitimación en la causa por pasiva no requiere que el demandado haya sido el autor del acto administrativo, sino que su conducta haya causado el daño. Sin embargo, la Sala también determinó que el pago realizado por concepto de reajustes salariales, prestaciones sociales y aportes a seguridad social no constituye un daño en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, ya que estos pagos corresponden a la remuneración legítima por los servicios prestados, y por lo tanto, no hay lugar a condenar en repetición. Esto implica que la entidad estatal no puede recuperar el valor de estas sumas a través de la acción de repetición, ya que no se consideran un daño causado por la conducta del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar en repetición al agente del Estado demandado, por el pago realizado por la entidad demandante por concepto de reajustes de salarios…¿La indexación de las sumas pagadas por concepto de diferencias de salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social, constituye un daño que deba ser reintegrado en sede de repetición?
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria?¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado?¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
¿La acción de repetición fue presentada dentro del término de caducidad previsto en la norma? Sí
La acción de repetición caduca al vencimiento de dos años contados desde el día siguiente al pago total efectuado por la entidad, y que el término se cuenta desde la fecha efectiva del pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto para cumplir la condena, lo que ocurra primero. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el numeral 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo fija el término de dos años desde el pago total. Segunda, el término empieza a correr en la fecha que resulte primero entre el pago efectivo y el vencimiento del plazo de dieciocho meses del inciso cuarto del artículo 177 del mismo código. Tercera, en el caso el pago se efectuó antes del vencimiento del plazo para pagar, de modo que el término de caducidad se cuenta desde el pago y la demanda fue presentada dentro de ese término. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, cuando el pago de la condena precede al vencimiento del plazo legal, el término de dos años para repetir se cuenta desde el pago, y no desde la ejecutoria.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición en segunda instancia?¿Existe nexo de causalidad entre la condena derivada de la conciliación judicial pagada por la entidad por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento y la conducta del agente del estado…¿Procede la condena en costas en los procesos de repetición, entendiendo que por su naturaleza se debate un asunto de interés público?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-02-21Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020170089101LEY 1437 REPETICION
¿Los herederos de quien ostentó la condición de servidor público, que realizó las actuaciones que se califican de culposas o dolosas son los llamados a responder patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad demandante? Sí
Los herederos de un exservidor público responden patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad, siempre que se acredite su calidad de herederos y que se pruebe el elemento subjetivo de dolo o culpa grave de quien causó el daño. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la muerte no extingue las obligaciones patrimoniales, según el artículo 1625 del Código Civil, y la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial. La segunda es que la calidad de herederos se acredita con los documentos que lo demuestren, como la escritura pública de protocolización de la sucesión y los registros civiles de nacimiento. En el caso concreto, la entidad accionante aportó la escritura de la sucesión de la exfuncionaria, en la que se reconocen como herederos a sus dos hijos sobrevivientes, por lo que estos están legitimados por pasiva. La condena a los herederos depende de la prueba de la conducta culposa o dolosa, que se valorará con las pruebas del proceso. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Los herederos de la exdirectora del ICETEX se encuentran legitimados por pasiva, puesto que la parte demandante aportó el documento que los reconoce como herederos?¿El Estado se encuentra en la capacidad de repetir contra sus agentes y de esta forma reintegrar al erario público el dinero pagado por concepto de una condena?
¿El medio de control de repetición está ideado para los eventos en que el Estado sea condenado a responder patrimonialmente por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes? Sí
La acción de repetición no puede emplearse para repetir el pago contra un sujeto solidariamente obligado ni para determinar de nuevo la responsabilidad de quien ya fue condenado solidariamente con efectos de cosa juzgada, porque ese medio de control está concebido para el caso en que el Estado sea condenado a responder por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. La regla se apoya en que, bajo el Decreto 01 de 1984, no resulta procedente adecuar la acción de repetición al cauce procesal correspondiente cuando se ha elegido otra vía. Por ello, la escogencia indebida de la acción conduce a la ineptitud sustantiva de la demanda. En el asunto, la Sala revocó la sentencia desestimatoria de primera instancia y declaró probada, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción. En la práctica, la entidad que pretende repetir contra un condenado solidario debe escoger la vía procesal que corresponda a su pretensión.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición puede ser empleada por las autoridades para replantear o reabrir el debate sobre la responsabilidad definida de manera solidaria en fallo judicial anterior?¿La acción de repetición deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa?¿La empresa Corelca S.A. ESP pretende que su contratista le pague una suma de dinero correspondiente al valor que la demandante tuvo que cancelar como producto de una condena solidaria?
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para la acción de repetición? Sí
El servidor público o profesional de la salud que realiza un procedimiento de sedación sin contar con la especialidad requerida mientras presta el servicio social obligatorio, suministra una dosis de medicamento mayor a la recomendada y omite verificar la existencia del antídoto para contrarrestar eventuales complicaciones, actúa con culpa grave al desatender el deber de cuidado y no prever los riesgos a los que expone al paciente, por lo cual debe responder patrimonialmente en la acción de repetición. Para acreditar dicha responsabilidad es procedente valorar la prueba trasladada del proceso penal y de actuaciones ético-médicas cuando la persona demandada participó y fue investigada en tales trámites, siempre que las piezas procesales hayan estado a disposición de las partes durante el proceso de repetición y no hayan sido tachadas de falsas. Finalmente, cuando el pago de la conciliación aprobada judicialmente se realiza en pagos parciales, el término de caducidad se cuenta desde el último pago efectuado.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la valoración de la prueba trasladada del proceso penal?¿El régimen aplicable a la acción de repetición se determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena y el tiempo en el que estos acaecieron?¿Se acreditó que la causa de la muerte del paciente fue tanto la actuación de la demandada como las fallas del hospital demandante, presentándose una concurrencia de causas del daño?
¿Se demostró que hubo errores durante la atención al paciente, atribuibles al médico tratante a título de dolo o culpa grave? No
No basta cualquier error médico para que el agente responda en repetición: debe demostrarse que su conducta fue dolosa o gravemente culposa, es decir, extremadamente negligente, descuidada o arbitraria. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 90 de la Constitución limita la responsabilidad del agente a esas conductas y no a cualquier actuación desviada del curso normal. Segunda, la historia clínica de ingreso era incompleta y poco clara, no registraba los antecedentes gineco-obstétricos de la paciente ni su cesárea previa, circunstancias que pudieron explicar el manejo inadecuado. Tercera, la entidad demandante, especializada en atención médica, no explicó por qué, con la información disponible, era absolutamente equivocado realizar el parto instrumentado. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. Además, la entidad demandante no explicó las circunstancias concretas en que actuó el demandado ni la información que tenía disponible al decidir el procedimiento, lo que impide calificar su conducta como gravemente culposa. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Los medios de prueba permiten calificar la conducta del demandado como gravemente culposa?¿La entidad demandante probó que el demandado obrara con culpa grave al causar el daño que dio lugar a la condena?¿La entidad demandante precisó cuál fue la conducta del demandado que configuró el grado de culpabilidad?
¿Se acreditó que los demandados obraron con culpa grave? No
El contratista no puede acreditar la culpa grave de los demandados para efectos de un medio de control de repetición, ya que la parte actora no demostró específicamente el grado de participación de cada uno de los demandados en los hechos que llevaron a la condena y posterior conciliación judicial, limitándose a imputar una culpa grave de manera general y abstracta. La participación de cada agente debe ser individualizada y no basta con que hayan participado en el mismo operativo para concluir que todos deben responder en los mismos términos. Además, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado se encuentra habilitada para emitir fallo de manera anticipada en procesos que entraron para fallo con anterioridad, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y se considere la naturaleza del asunto. Esto implica que los procesos relacionados con la repetición pueden ser priorizados para su resolución, facilitando así la administración de justicia en casos de este tipo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede confirmar la condena contra el demandado que no interpuso recurso de apelación?¿La Subsección se encuentra habilitada para emitir el fallo de repetición de manera anticipada?¿La prosperidad de la acción de repetición requiere que haya una condena, conciliación u otro acuerdo que implique la terminación de un conflicto…
¿Se probó el vicio del consentimiento alegado sobre el acta de liquidación bilateral del contrato? No
El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal solo puede anularse si se demuestra un vicio del consentimiento, como el dolo, y que la carga de probar ese vicio corresponde a quien lo alega, de modo que, mientras no se pruebe, el acta conserva su validez y el juez no debe analizar de fondo las demás pretensiones. Una razón es que los correos electrónicos señalaban de forma general que las facturas pendientes correspondían a servicios de 2013, sin certeza de que estuvieran incluidas en la relación de pagos del acta, y uno de ellos mencionaba servicios de 2012, fuera del plazo de ejecución. Otra razón es que no se acreditó un acuerdo entre la entidad y el apoderado con la intención de causar daño mediante la suscripción del acta, y el apoderado tenía capacidad para suscribirla. En el caso, la Sala confirmó la sentencia y, en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso, no analizó de fondo las pretensiones de pago. Su consecuencia práctica es que el acta de liquidación bilateral solo se controvierte con prueba concreta del vicio y no con correos generales sobre facturas.síntesis automática
También resuelve:¿Los correos contienen una aceptación o reconocimiento expreso de la Armada respecto de la deuda, su monto y la intención de reconocer dichas sumas de dinero a la demandante?¿La demanda fue presentada dentro del término establecido en la ley?¿Los negocios jurídicos suscritos por el apoderado en nombre de la demandante se entienden celebrados directamente por la sociedad?
¿En el marco del medio de control de repetición, se materializó la imputación subjetiva contra el exsoldado a título de dolo o culpa grave ? No
Cuando una entidad estatal es condenada con fundamento en la falla del servicio, esa condena no basta para probar el dolo o la culpa grave del servidor en el proceso de repetición. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el juez de repetición debe valorar si la desatención de los deberes funcionales fue de tal magnitud que obligue al servidor a restituir la condena, sin que baste insistir en el incumplimiento del deber legal que motivó la condena. Segunda, las providencias de reparación directa que sustentaban la pretensión imputaban riesgo excepcional, no falla, y sus consideraciones no prueban por sí solas la imputación subjetiva. Tercera, el uso de un arma de dotación oficial, sin prueba de los demás elementos de tiempo, modo y lugar, no permite deducir dolo ni culpa grave, que es requisito de la repetición según el artículo 90 de la Constitución. Por ello se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia reitera esa jurisprudencia sobre la prueba de la culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Ser condenada una entidad del Estado con fundamento en la falla del servicio, es suficiente para probar el dolo o culpa grave del funcionario en el proceso de repetición?¿En un proceso de repetición se reclama probar no solo la condena impuesta al Estado y su cumplimiento, sino también la culpa grave o el dolo del agente?¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo conlleva la responsabilidad del agente o exagente del Estado que eventualmente hubiere dado lugar a la misma?
¿Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales se requiere que exista certeza de que fueron ellos los que con su conducta causaron el daño? Sí
Para estudiar la responsabilidad patrimonial de los agentes estatales, es necesario establecer certeza de que fueron ellos quienes causaron el daño, lo cual requiere pruebas suficientes de su conducta dolosa o gravemente culposa. En el caso en cuestión, la Sala negó la responsabilidad del Estado y los agentes estatales debido a la ausencia de pruebas que acrediten su participación en la conducta que causó el daño. La falta de pruebas de la conducta culposa o dolosa, así como la incertidumbre sobre la hipótesis del combate y la pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley, impidió la imputación o endilgar la responsabilidad a los militares involucrados.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante acreditó con suficiencia las condiciones en las que ocurrieron los hechos por los que pretende repetir contra sus exagentes?¿Los elementos de prueba allegados sugieren dudas sobre la hipótesis del combate y la posible pertenencia de los occisos a grupos al margen de la ley?¿Resulta posible imputar o endilgar a los tres militares señalados el hecho dañoso que dio origen a la acción de repetición ante la falta de prueba de la conducta que se alega cometieron los agentes?
¿Se acreditó que los demandados dejaron de cumplir algún compromiso pactado en los contratos, con incidencia en la causación del accidente que derivó en la sentencia que impuso la condena? No
El contratista no es responsable por el incumplimiento del contrato estatal y la consecuente responsabilidad del Estado frente a terceros, si no se acredita plenamente la existencia de los elementos que constituyen el incumplimiento contractual con medios de prueba conducentes, pertinentes y útiles. La Sala determina que la sentencia de acción de reparación directa no es suficiente para establecer la responsabilidad contractual del contratista o del interventor, ya que solo demuestra la responsabilidad del Estado y no la del contratista. Además, la jurisprudencia establece que el régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave aplicable a contratistas, interventores, consultores y asesores, se rige por la Ley 678 de 2001 si los hechos que originaron la responsabilidad ocurrieron después de su entrada en vigencia, mientras que si los hechos ocurrieron antes, el medio de control procedente es el de controversias contractuales. Esto implica que para acciones de repetición contra contratistas, es crucial determinar la fecha de los hechos que dan origen a la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve:¿El régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave propio del medio de control de repetición es aplicable a contratistas, interventores, consultores y asesores…¿Es procedente la adecuación del medio de control de repetición al de controversias contractuales, en tanto lo que se pretende es que se declare la responsabilidad del contratista y del interventor…¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, al tratarse de una acción de regreso en la que se pretende que los demandados respondan por las indemnizaciones que la…
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
¿El acto administrativo fue expedido contando con estudios técnicos que lo soportaran? Sí
Cuando el acto administrativo de reestructuración de la planta de personal se expide con estudios técnicos que lo soportan, no existe falta de diligencia del agente que configure culpa grave y la repetición no prospera. La regla se apoya en tres razones. Primera, el acto se expidió contando con los estudios técnicos, elaborados en virtud de un convenio interadministrativo suscrito para tal fin. Segunda, el proyecto final fue sometido a discusión de los comités designados y no sufrió modificaciones adicionales por parte del exalcalde demandado. Tercera, la finalidad de la reestructuración fue optimizar el recurso financiero y humano para cumplir las funciones que demandaba el municipio. Además, la presunción invocada no guarda coherencia con lo decidido en la sentencia de nulidad y restablecimiento, por lo que no puede tenerse por acreditada. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. Además, la parte actora circunscribió su imputación a otra causal y no a la falta de competencia por error inexcusable, por lo que esa vía no se analiza. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La presunción invocada guarda coherencia con lo expuesto en la sentencia que le puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Quien alegue a su favor una presunción deberá probar plenamente los hechos que le dan su origen?¿El agente estatal contra el cual se dirija la acción de repetición siempre podrá presentar pruebas que lo liberen de responsabilidad civil?
¿El soldado profesional, al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote las extremidades inferiores de la fatal víctima, desplegó una conducta gravemente culposa? No
El ente actor no logra demostrar la culpa grave del soldado profesional al percutir su arma de dotación en dirección al suelo y herir por rebote a la víctima, ya que las pruebas practicadas no evidencian un actuar grosero, negligente o temerario del demandado. La Sala confirma que el uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro, siempre que los miembros de la fuerza pública se identifiquen y adviertan la intención de usarlas con tiempo suficiente, haciendo un uso moderado y proporcional a la amenaza. Además, la Sala establece que el ente actor incumple la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor público, lo que implica que no puede aplicarse la presunción de dolo prevista en la Ley 678 de 2001. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la necesidad de especificar claramente la presunción legal en la que se basa la atribución de responsabilidad al servidor público.síntesis automática
También resuelve:¿El uso excepcional de las armas se justifica cuando se presente una amenaza a la vida o sea necesario para detener a una persona que represente un peligro?¿La víctima salió corriendo de la vivienda y el soldado le dio la voz de alto, tras lo cual, al ver que el sujeto seguía corriendo, le disparó?¿El ente actor incumplió la carga de especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuyó responsabilidad al servidor o ex servidor público?
¿Procede la condena en sede de repetición a los demandados, a título de culpa grave, por haber incurrido en una inobservancia plena de los deberes que le asistían como procuradores encargados del ejercicio del poder sancionador del Estado, en punto de la determinación del aspecto volitivo en la imposición de una sanción disciplinaria? Sí
El servidor público que ejerce funciones disciplinarias incurre en culpa grave cuando omite de manera plena el cumplimiento del deber establecido en el artículo 14 de la Ley 200 de 1995, el cual proscribe expresamente toda forma de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria al consagrar que las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa, de modo que la imposición de decisiones sancionatorias sin efectuar un análisis explícito de la vinculación subjetiva del sujeto sancionado con su conducta constituye una palmaria y grave inobservancia de los requisitos esenciales y de los deberes funcionales que deriva en una condena contra el Estado y legitima la procedencia de la pretensión en sede de repetición contra los agentes estatales responsables de dicha actuación.síntesis automática
También resuelve:¿Los demandados explicaron con detalle cómo es que el sujeto disciplinado tenía conocimiento y voluntad de realizar el ilícito por el que fue sancionado?¿Para imponer una sanción se deben explicar razonadamente sus fundamentos, con inclusión de todos los elementos que la hacen procedente?¿El fundamento de la sanción se refirió exclusivamente al hecho de haberse percibido la prima técnica sin efectuar un análisis explícito de la vinculación subjetiva, a título de dolo…
¿Se presenta falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que el demandado no participó en el procedimiento quirúrgico, posquirúrgico ni mucho menos en los trámites administrativos que tal procedimiento involucraba y por lo que se predica el daño que dio origen al proceso de reparación directa del que se derivó la condena por la que ahora se reclama con el medio de control de repetición? Sí
El contratista no tiene legitimación en la causa por pasiva en un medio de control de repetición, ya que no participó en el procedimiento quirúrgico ni en los trámites administrativos que dieron origen al daño que dio lugar a la condena en el proceso de reparación directa, y por tanto no puede ser responsable por la falta de defensa técnica que habría causado la condena. La falta de conexión entre la actuación del abogado y el daño que se pretende revertir, junto con la ausencia de una acción u omisión dolosa o gravemente culposa que cause un daño antijurídico, determina que no exista un vínculo inescindible que justifique la pretensión reversiva. Además, el Ministerio Público no tiene interés jurídico para impugnar la decisión de primera instancia cuando esta va dirigida a proteger los intereses patrimoniales de la parte actora, lo que transgrede los principios constitucionales de igualdad y debido proceso. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la necesidad de un vínculo directo entre la actuación del agente y el daño para establecer la responsabilidad del Estado y la legitimación en la causa en el medio de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿Le asiste interés jurídico al Ministerio Público para impugnar la decisión de primera instancia, la cual va dirigida a proteger los intereses patrimoniales de la parte actora…¿La legitimación de hecho se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal…¿La repetición es una acción civil de carácter patrimonial, a través de la cual se promueve un juicio de responsabilidad frente a quien, por sus acciones u omisiones…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-10-10Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 13001233300020160072101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal mediante el cual declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de la acción sobre un contrato que requiere liquidación comienza a correr al día siguiente de la firma del acta de liquidación bilateral, y que la solicitud de conciliación extrajudicial suspende ese término hasta la constancia de no conciliación, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001. Una razón es que la causa del daño, consistente en la mayor permanencia en obra y los sobrecostos, se produjo como salvedad a la liquidación bilateral, de modo que el término se cuenta desde la firma de esa acta y no desde la ocurrencia del daño. Otra razón es que la conciliación extrajudicial que se presentó dentro del término suspendió su curso, y la constancia de no conciliación se expidió con posterioridad, de manera que la demanda presentada el día siguiente a esa constancia fue oportuna. En el caso, el Consejo de Estado confirmó el auto del tribunal que declaró no probada la excepción de caducidad. Su consecuencia práctica es que la salvedad incluida en el acta de liquidación bilateral no alarga el plazo, y que la conciliación prejudicial solo suspende la caducidad mientras se tramita.síntesis automática
También resuelve:¿Desde la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato fue que el demandante tuvo conocimiento del daño por el cual reclama en la demanda?¿Tratándose de contratos que se rigen por el derecho privado las partes no pueden atribuirse la facultad de efectuar la liquidación unilateral del negocio jurídico?¿Los contratantes pactaron cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato así como en los documentos del proceso de selección?
¿La parte actora cumplió con la carga de probar la conducta dolosa y/o gravemente culposa del demandado en repetición? No
En la acción de repetición, la parte actora debe probar el dolo o la culpa grave del demandado, porque la carga de demostrar el supuesto de hecho de la norma corresponde a quien pretende el efecto jurídico que ella consagra. La regla se apoya en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, que atribuye a las partes la prueba de los supuestos de hecho que invocan, de modo que el elemento subjetivo que se alega requiere prueba concreta. Por ello, la omisión de esa prueba impide establecer uno de los elementos estructurales de la acción de repetición, sin que el juez pueda suplirla con inferencias. En el asunto, la demandante no probó la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado, y la Sala confirmó la sentencia del tribunal que negó las pretensiones. En la práctica, la entidad que repite debe aportar la prueba del elemento subjetivo y no puede sustituirla con afirmaciones.síntesis automática
También resuelve:¿Existe prueba que indique que la actuación del demandado fue dolosa y/o gravemente culposa?¿La copia de la conciliación extrajudicial y el auto que la aprobó por sí solos acreditan que la conducta del entonces contralor fue dolosa o gravemente culposa?¿La entidad demandante debe probar que la conducta del agente o exagente del Estado fue dolosa o gravemente culposa?
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