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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de corrección de providencias2024-10-10Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 08001233300120130037001LEY 1437 REPETICION
¿Se incurrió en un error, toda vez que, revisado el expediente y la decisión, en efecto la parte motiva hace referencia a la condena en costas en contra del demandado, mientras que en la parte resolutiva se consignó condenar en costas al “demandante”? Sí
Encuentra la Sala que, efectivamente, se incurrió en un error, toda vez que, revisado el expediente y la decisión, en efecto la parte motiva hace referencia a la condena en costas en contra del demandado, mientras que en la parte resolutiva se consignó condenar en costas al “demandante”. Procede la Sala a subsanar dicho error, conforme con las facultades dispuestas para tal fin en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, porque este corresponde a uno de los supuestos previstos en la norma, esto es, la omisión y alteración de palabras. Además, por tratarse de un asunto contenido en la parte resolutiva de la providencia.
También resuelve:¿Es posible, de manera excepcional, que el juez que profirió una sentencia la aclare, corrija o adicione?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2024-04-12Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 13001233300020170056701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La solicitud de adición de la sentencia persigue que la Sala resuelva omisiones sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento? No
Las sentencias no son revocables ni reformables por el juez que las profirió, en virtud del principio de seguridad jurídica, y el juez agota su competencia una vez decide el asunto, sin perjuicio del recurso de reposición cuando procede. El ordenamiento sí permite aclarar, corregir o adicionar las sentencias, conforme a los artículos 285 a 287 del Código General del Proceso, pero la adición solo procede cuando se pretende que se resuelvan omisiones sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento. En el caso analizado, la solicitud fue presentada oportunamente, pero no cuestiona una omisión, sino el examen crítico de las pruebas y los razonamientos de la providencia, con el fin de obtener su reforma. Por esa razón se niega. La decisión reitera la regla de que la adición no es un medio para reformar la sentencia. Igualmente, la renuncia que reúne el artículo 76 del CGP se acepta y el poder se da por terminado.síntesis automática
También resuelve:¿El ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que el juez aclare, corrija o adicione las sentencias?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-06-10Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 50001233100020060051203ACCION CONTRACTUAL
¿Si la parte que pidió la prueba no cumple con el deber de consignar oportunamente los gastos periciales, se entiende que ya no tiene interés en la práctica de la prueba y desiste de esta? Sí
El juez declara formalmente el desistimiento tácito de la prueba pericial cuando la parte interesada omite consignar oportunamente los gastos correspondientes dentro del término procesal establecido por la ley. En este caso judicial específico, el Consejo de Estado confirma el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Meta que declaró el desistimiento tácito de la prueba, al recordar que las normas procesales son de orden público y perentorio cumplimiento, operando dicha consecuencia de pleno derecho sin requerir advertencia previa en el auto que fija los gastos.síntesis automática
También resuelve:¿La parte actora realizó equivocadamente la consignación y además no hizo ningún seguimiento para verificar que el débito del dinero se haya realizado y que la transferencia bancaria haya sido…¿La segunda transacción no se puede tener en cuenta porque se efectuó extemporáneamente cuando el plazo otorgado ya había fenecido?
¿Se configuró la causal de anulación prevista en el numeral 9.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 de decisión infra petita? No
El contratista no puede configurar la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 por decisión infra petita, ya que el Tribunal de Arbitraje resolvió las pretensiones expresamente solicitadas en la demanda y no omitió pronunciarse sobre ellas. El laudo arbitral, basado en la valoración de las pruebas y la aplicación de las normas pertinentes, resolvió adecuadamente las pretensiones de la demanda, sin variar la causa petendi ni realizar una nueva valoración de las pretensiones. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que el Tribunal de Arbitraje debe pronunciarse sobre lo solicitado en la demanda para evitar la configuración de la causal de anulación por decisión infra petita.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció acerca de lo expresamente solicitado en las pretensiones?¿El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC violó el derecho al debido proceso de la empresa certificadora, comoquiera que no motivó su decisión?¿El Panel Arbitral desde un primer momento estimó que a título indemnizatorio, únicamente habría lugar a reconocer el lucro cesante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-06-17Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 25000233600020190085802LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido por un tribunal administrativo que negó una medida cautelar? Sí
Cuando un tribunal administrativo niega una medida cautelar en un proceso con vocación de doble instancia, el auto es apelable y el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso. La regla se apoya en el numeral 5 del artículo 243 del C.P.A.C.A., que hace apelable el auto que decide sobre medidas cautelares, y en el artículo 150 del mismo código, que atribuye a la corporación la apelación de esos autos. El artículo 125 establece además que la decisión sobre la apelación corresponde al magistrado ponente, al no estar prevista para las salas. Las razones que sostienen la regla son que el juez administrativo debe proteger el ordenamiento jurídico y el interés público, que las medidas cautelares requieren relación directa con las pretensiones, y que la apelación debe presentarse y sustentarse dentro del término legal. En el caso, el recurso fue oportuno y sustentado, y se confirmó la negativa de la medida de retención de dinero por no demostrarse un perjuicio irremediable. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la solicitud de la medida debe probar el perjuicio que pretende evitar.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso de apelación contra auto interlocutorio fue interpuesto dentro del término legal?¿Se reúnen las condiciones previstas en la ley para decretar la medida cautelar solicitada por la parte demandante?
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria?¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado?¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-01-23Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 85001233300020230003701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente y necesario el decreto de la declaración de parte del representante legal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, solicitada por la sociedad demandada en el presente proceso? No
Los agentes del Estado no tienen poder dispositivo sobre el derecho que resulta confesable, porque la administración no puede comprometer su responsabilidad mediante confesión, en tanto no es dable renunciar a derechos de interés general. Por esa razón, el artículo 217 del CPACA, que tiene carácter de orden público, impide que el representante legal de una entidad pública sea interrogado para obtener su confesión. Cuando la parte solicita la declaración del representante legal de la entidad demandante con el propósito de que responda preguntas que tiendan a esa confesión, la prueba no es procedente. En el caso concreto, la sociedad demandada pidió el decreto de la declaración de parte del representante legal de la agencia demandante, y el auto que negó esa prueba fue confirmado. Como consecuencia práctica, la parte que pretenda obtener confesión de una entidad pública no puede hacerlo mediante el interrogatorio de su representante legal, y debe acudir a otros medios probatorios.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado conocerá -en segunda instancia- de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles…¿La prueba de la confesión de los representantes legales de entidades públicas no es válida, porque no es compatible con la naturaleza eminentemente pública de estas entidades…¿Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro del término establecido en la ley? No
Cuando la entidad paga la condena después del plazo de dieciocho meses que tenía para cumplirla, el término de dos años para instaurar la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al vencimiento de ese plazo de pago, y no desde la fecha efectiva del pago. La regla se apoya en el término de dieciocho meses que el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fija para cumplir la condena, contado desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia, y en que el pago tardío no prorroga la oportunidad para repetir. Así se evita que la entidad controle el inicio del término mediante el momento en que decide pagar. En el asunto, la sentencia cobró ejecutoria, el plazo de pago venció en agosto de 2015, la entidad pagó en febrero de 2016 y la demanda de repetición se presentó después del término de dos años contado desde el vencimiento del plazo, por lo que la Sala confirmó la decisión que la consideró extemporánea. En la práctica, la entidad que paga tarde debe presentar la repetición dentro de los dos años siguientes al vencimiento de su plazo de pago.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en el medio de control de repetición, a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de…
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
¿Existe un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho? Sí
El contratista no puede reclamar la legalidad de las reglas estructuradas en los pliegos de condiciones cuando estos fueron diseñados con la intención de favorecer ilegalmente a determinados proponentes, ya que la concepción de dichas reglas viola principios fundamentales de la contratación estatal como la selección objetiva y la transparencia. La Sala establece que la manipulación de los pliegos para apropiarse ilegalmente de recursos públicos y desfavorecer la competencia justa conduce a declarar la nulidad absoluta del contrato desde su concepción, independientemente de cómo se aplicaron esas reglas en el proceso de selección. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la importancia de la legalidad desde la etapa precontractual y limitando las posibilidades de que actos administrativos ilegales puedan ser corregidos por su correcta aplicación posterior.síntesis automática
También resuelve:¿La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y…¿Una vez celebrado el negocio jurídico, la ilegalidad de los actos previos únicamente puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato?¿La causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-09-20Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 54001233300020190028401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio? Sí
El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para proteger el derecho objeto del litigio, asegurando que se cumplan los requisitos legales como la acreditación del perjuicio material y la necesidad de la medida cautelar. La Sala revoca la medida cautelar de suspensión provisional dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al no encontrar acreditados los elementos que permitan apreciar la ilegalidad en el proceder de la entidad demandada ni la necesidad de la medida cautelar. La regla reitera la importancia de que la solicitud de medida cautelar esté debidamente sustentada y que el juez evalúe rigurosamente la legalidad del acto administrativo acusado, lo que implica que las partes deben presentar pruebas suficientes para demostrar la necesidad de la medida cautelar y la existencia de un perjuicio material.síntesis automática
También resuelve:¿La actuación desplegada por la entidad demandada se revela arbitraria o abiertamente contraria al derecho de defensa de la accionante?¿La solicitud de medida cautelar debe estar debidamente sustentada, expresando los motivos por los cuales se debe acceder a dicha medida?¿La medida cautelar de suspensión provisional es una figura excepcional y restrictiva, derivada del principio de legalidad?
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? No
El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo?¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad?¿En qué consiste la teoría de los actos propios?
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis?¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal?¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
¿Se acreditó vicio del consentimiento de la sociedad demandante en la transacción y condonación parcial de la deuda firmada por esta? No
Un acuerdo de pago en el que el acreedor condona una parte de la deuda para recibir un pago pronto puede tener la naturaleza de transacción, y su nulidad por vicio del consentimiento exige prueba de error, fuerza o dolo. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la demandante tuvo la opción de negociar un plazo con intereses para el pago total y la descartó por considerarla más riesgosa, lo que muestra una decisión libre y consciente de condonar parte de la deuda. La segunda es que no hay prueba que desvirtúe esa voluntad ni que el error, la fuerza o el dolo de la contraparte determinaran la aceptación. La tercera es que el desequilibrio económico invocado en la apelación no se alegó en la demanda, por lo que no puede analizarse de fondo. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que negó la nulidad. Como obiter dictum, la providencia precisa que el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada respecto de la controversia que se pretendía precaver. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
¿Como consecuencia de la declaración de ineptitud sustantiva de la demanda el juzgador no tenía competencia para resolver el fondo de la controversia? Sí
En el proceso contencioso administrativo, cuando la demanda es declarada sustancialmente inepta, el juez no tiene competencia para resolver el fondo de la controversia, de modo que no puede pronunciarse sobre las pretensiones. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la ineptitud sustantiva de la demanda impide un pronunciamiento de fondo, de modo que no puede tenerse por resuelta la pretensión en sentido desfavorable. Segunda, la decisión de fondo que se adopte sin competencia para ello carece de efectos sobre el litigio. En el caso, la sentencia de primera instancia había dado por resueltas las pretensiones, pero la Sala revoca esa decisión porque el juzgador no tenía competencia para decidir el fondo, y en su lugar declara el incumplimiento de la obligación de excluir ciertas áreas del objeto del contrato de comodato. En la práctica, la ineptitud sustantiva debe examinarse antes de resolver las pretensiones, porque un pronunciamiento de fondo sin competencia será revocado en apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Por no existir certeza en el perjuicio que solicita la parte actora sea reparado, no hay lugar al reconocimiento de tales pedimentos?¿Es claro que existió un incumplimiento por parte del municipio de Valledupar en la obligación de exceptuar del convenio los locales del inmueble?¿El vínculo jurídico inicial se cimentó en el apoyo de la corporación demandante en la efectividad del cumplimiento del servicio público de educación…
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve:¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama?¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática?¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
No sería correcto asumir que el ex Director Operativo de C.A.L.I, fue declarado insubsistente por sostener una simple amistad con los presuntos adversarios políticos del nominador, cuando es claro que tal funcionario no hacía parte de la estructura política de aquellos y si bien era amigo de uno de los concejales que votó en contra del proyecto promovido por el alcalde, lo cierto es que también sostenía relaciones amistosas en común con quien declaró su insubsistencia. A la luz de tal situación, el hecho de sostener una relación personal de amistad con los adversarios o aliados del actual gobernante, no puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.
También resuelve:¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder?¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali?¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas?¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia?¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar2025-05-19Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 19001233300020240007901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente el recurso de apelación contra un auto que niega una medida cautelar dentro de un proceso con vocación de doble instancia? Sí
El contratista puede interponer recurso de apelación contra un auto que niega una medida cautelar en un proceso con vocación de doble instancia, conforme al artículo 243-5 del CPACA, y el Consejo de Estado es competente para conocerlo, en concordancia con los artículos 125 y 150 del mismo cuerpo normativo. Las medidas cautelares pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no solo en juicios de anulación, y deben estar relacionadas con las pretensiones de la demanda, según el artículo 229 del CPACA. El juez puede decretar medidas cautelares basándose en la apariencia del buen derecho, sin necesidad de verificar la certeza del derecho debatido en esa etapa procesal, de acuerdo con el artículo 231-1 del CPACA, lo que garantiza la protección del ordenamiento jurídico y del interés público.síntesis automática
También resuelve:¿Las medidas cautelares pueden ser solicitadas y decretadas en cualquier clase de proceso declarativo que se tramite en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?¿Puede el juez decretar una medida cautelar con base en la apariencia del buen derecho, sin necesidad de verificar en esa etapa procesal la certeza del derecho debatido?¿Se acreditó la titularidad del derecho reclamado?
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública?¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad?¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?