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PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO

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Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000232600020100006601 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve: ¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos? ¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos? ¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación a la administración pública.

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020100074301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Sí
El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.síntesis automática
También resuelve: ¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004… ¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004… ¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados?

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 05001233100020090045701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La medida de aseguramiento era procedente, por cuanto al ser adoptada se contaba con más de un indicio en la investigación penal en contra de los sindicados? Sí
El contratista no puede obtener indemnización por privación injusta de la libertad cuando la medida de aseguramiento fue procedente y ajustada a derecho, ya que se contaba con más de un indicio en la investigación penal y la medida cumplía con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. A pesar de que el proceso penal cesó en favor de los sindicados por aplicación del principio in dubio pro reo, esto no desvirtúa la legalidad de la medida de aseguramiento, la cual fue impuesta por el delito de abandono del puesto y se basó en la declaración de un testigo y la prueba de alcoholimetría que demostró el incumplimiento del deber funcional de los agentes de policía. La Sala revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la privación de la libertad no fue injusta.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento de detención preventiva que se impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable? ¿El fiscal cesó el procedimiento en contra de los sindicados, en aplicación del principio in dubio pro reo? ¿Los agentes de la policía se encontraban en un establecimiento de comercio en el horario en que debían estar prestando el servicio de vigilancia de los alumbrados navideños?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020190017801 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión… ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 18001233100020080008301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión? ¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas? ¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional.

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170096201 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Procede el medio de control de reparación directa cuando se reclame la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia, al Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de reparación directa para reclamar la reparación de un daño causado por un hecho imputable a la administración de justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional o el Ejército Nacional, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal establecido, lo cual garantiza la seguridad jurídica y protege el interés general. La caducidad del medio de control implica que si el plazo para presentar la demanda vence sin que el interesado la haya elevado, se extingue el derecho de acción, consolidando las situaciones pendientes de solución. En casos de responsabilidad patrimonial por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, considerando el conocimiento del daño por parte del demandante, lo que implica que la inoperancia del medio de control por caducidad solo opera si se demuestra que la presentación de la demanda fue defectuosa o tardía, reiterando la jurisprudencia sobre la importancia de cumplir con los plazos legales para ejercer el derecho de acción.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad del medio de control representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia del medio de control de acción de reparación directa por defectuoso funcionamiento de la administración de… ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de reparación directa frente a la presunta afectación que sufrió su derecho…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad.

Sentencia Perspectiva de Género — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020120047501 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputables a la administración de justicia y al Departamento Administrativo de Seguridad? Sí
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño proviene de un hecho, omisión, operación administrativa u otra actuación estatal distinta de un contrato o de un acto administrativo, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se sostiene en dos razones. Primera, la norma atribuye el medio a los daños causados por hechos distintos del contrato y del acto, y el daño reclamado proviene de hechos imputables a la administración de justicia y a una entidad de seguridad del Estado. Segunda, la caducidad constituye un presupuesto procesal que el juez debe verificar aun cuando no haya sido alegada, pues los plazos son perentorios y de orden público. La providencia reitera la jurisprudencia sobre la procedencia de esta acción y el control oficioso de la caducidad. La consecuencia práctica es que, cuando el daño no se origina en un contrato ni en un acto, la vía procedente es la reparación directa, cuya oportunidad debe verificarse desde el inicio del proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad de la acción representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general? ¿El demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad? ¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Procede la Sala Plena de la Sección Tercera

Sentencia Unificación — FALLO 2014-08-28 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 68001233100020020254801 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió? Sí
Procede la Sala Plena de la Sección Tercera, con el fin de unificar la jurisprudencia en relación con I) los parámetros que se deben tener en cuenta para la tasación de los perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad y II) los criterios para reconocer indemnización de perjuicios en la modalidad de lucro cesante a la persona que fue privada injustamente de su libertad… . El demandante [víctima] fue privado de su Derecho Fundamental a la Libertad desde el 1 de diciembre de 1998 hasta el 18 de agosto de 1999, sindicado como autor del delito de peculado por apropiación en provecho propio; sin embargo, en el transcurso del proceso penal se demostró la inocencia del demandante, razón por la cual se concluye que el hecho no existió.
También resuelve: ¿La Fiscalía impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 1 de diciembre de 1998? ¿La Sala se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada? ¿El término de caducidad debe contabilizarse a partir de la ejecutoria de la providencia por medio de la cual se precluyó o se absolvió al procesado?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta

Sentencia Unificación — FALLO 2013-10-17 Sección Tercera (Subsección A) Rad. 52001233100019960745901 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En casos de privación injusta de la libertad donde la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio del in dubio pro reo es aplicable el título de imputación del daño especial? Sí
El contratista puede obtener prosperidad en una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, incluso cuando la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio in dubio pro reo, ya que la responsabilidad del Estado se basa en el daño especial causado a la persona privada de libertad, independientemente de la regularidad del procedimiento penal. La Sala establece que la imputación del daño especial es aplicable en estos casos, reconociendo que la privación de libertad, aunque excepcional y en beneficio de la colectividad, afecta de manera perjudicial a la víctima individual. La corporación reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por privación injusta de la libertad, lo que implica que los jueces administrativos deben examinar las eximentes de responsabilidad en cada caso concreto.síntesis automática
También resuelve: ¿Se cumplen los requisitos para admitir la prueba trasladada del proceso penal contra el demandante? ¿Los documentos aportados en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo? ¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer en segunda instancia en casos de responsabilidad por daños causados por la administración de justicia?