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LAUDO 142957 CONCESION VIAS DEL NUS – VINUS S.A.S. VS. ANI de 20252026-07-10
Identificación del Laudo: CONCESIÓN VÍAS DEL NUS S.A.S. - VINUS S.A.S VS ANI (142957). 1 de julio de 2025. Posteriormente, mediante la Resolución No. 2018 del 3 de diciembre de 2015, la ANI adjudicó al originador el contrato de concesión bajo el esquema APP para la ejecución integral del proyecto Vías del Nus. 4. IDENTIFICACIÓN Responsable: Richard Andrés Montenegro Siefken 6. Por consiguiente, determinó que se configura la figura del hecho del príncipe, en tanto la afectación provino de decisiones generales adoptadas por el Estado en ejercicio de su poder público, las cuales impactaron negativamente las condiciones económicas del contrato. En consecuencia, el Tribunal de Arbitramento concluyó que, la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI está obligada a restablecer la ecuación económica del contrato, afectada por la imposibilidad de actualizar las tarifas de peaje a partir del 16 de enero de 2023 en los términos pactados.
También resuelve:106 1. de la responsabilidad contractual del estado................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 107 1.1. la existencia de un contrato válidamente celebrado ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 108 1.2. una actuación antijuridica: el incumplimiento contractual ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 108 1.3. el daño antijurídico................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 109 1.4. la imputación: el nexo causal entre el daño y el incumplimiento ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 111 2. el incumplimiento contractual y la ruptura del equilibrio económico financiero del contrato estatal: dos instituciones jurídicas diferentes111 3. el equilibrio económico del contrato estatal ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 116 4. las causales de la ruptura de la ecuación económica del contrato estatal ................................ ................................ ................................ ................................ ... 119 4.1. las actuaciones de la entidad contratante, como el ejercicio de los poderes o potestades excepcionales, que cambian las condiciones contractuales. el ius variandi ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 125 4.2. las actuaciones de la administración como estado y autoridad regulatoria. el hecho del príncipe o factum principis ................................ ............ 126 4.3. la teoría de la imprevisión ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 139 2.1. el “hecho del príncipe” fue la causa de la no entrega de la caseta de peaje niquía que luego conllevó a la ruptura del equilibrio económico: financiero del contrato de concesión ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 142 2.2. la no entrega de la estación de peaje impidió el recaudo integral de los ingresos por peajes, lo que generó la imposibilidad para el concesionario de alcanzar el vpip y ello se concretó en la ruptura del equilibrio económico del contrato ................................ ................................ ............................... 144 e. cómo debe restablecerse ahora la ecuación económico financiera del del contrato de concesión bajo el esquema app 001 de 2016 ........................................................................................................................................................................................ 150 1. el deber de restablecer el equilibrio económico del contrato de concesión roto por la decisión administrativa contenida en el decreto 050 de 2023 150 2. sobre la estructura tarifaria ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 152 3. sobre el dictamen aportado por la convocante para demostrar del desequilibrio económico y su contradicción ................................ .................. 156 4. el dictamen de contradicción aportado por la ani ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 161 5. sobre la prueba decretada de oficio ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 166 tribunal arbitral de concesión vías del nus s.a.s. vs. agencia nacional de infraestructura, ani, rad. 142957Copia auténtica del laudo arbitral
¿La muerte de la víctima es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero? Sí
La muerte de la víctima no es imputable a las entidades demandadas y es atribuible exclusivamente al hecho de un tercero, ya que el accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta que no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha, y no se probó la falla del servicio por omisión en la colocación de reductores de velocidad que hubiera sido la causa eficiente del daño. La entidad demandada no pudo prever ni evitar la conducta negligente del conductor del tractocamión, lo que la exime de responsabilidad patrimonial. Esta decisión confirma la sentencia apelada y niega las pretensiones de la demanda, estableciendo que la responsabilidad del Estado no se configura en ausencia de falla del servicio y cuando el daño es exclusivamente atribuible a un hecho del tercero.síntesis automática
También resuelve:¿El accidente se produjo por culpa exclusiva del conductor de la camioneta pues no respetó la prioridad legal del paso del tractocamión que circulaba por su derecha?¿La parte demandante acreditó la omisión por parte de la Administración en la colocación de reductores de velocidad y que ésta hubiera sido la causa eficiente y/o adecuada del daño?¿El hecho de que posteriormente se hubiesen instalado resaltos en la vía prueba que su ausencia el día de los hechos fue la causa eficiente del daño?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica2024-06-17Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 25000233600020130160902LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pruebas recaudadas en ejercicio de la facultad oficiosa son las que el juez decreta y practica porque en su criterio resultan conducentes, pertinentes y útiles? Sí
Las pruebas que el juez recauda en ejercicio de sus facultades oficiosas son aquellas que decreta y practica porque, a su criterio, resultan conducentes, pertinentes y útiles para constatar los hechos del caso, de acuerdo con el artículo 213 del C.P.A.C.A. La regla se sostiene en tres razones: la utilidad de la prueba exige decretar solo los elementos de juicio necesarios para decidir de fondo; deben desestimarse los elementos simplemente corroborantes o que no ofrezcan información relevante sobre el objeto del litigio; y las noticias que no informan directamente sobre los hechos del proceso carecen de utilidad. En el caso, los enlaces a noticias y publicaciones que aportó el demandante no permitían establecer el cumplimiento de la obligación de entregar el informe final pactado, por lo que la solicitud probatoria presentada en segunda instancia fue negada y esa decisión se confirmó en súplica. El documento cita una providencia previa sobre la prueba de oficio, pero no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la prueba que se pide debe aportar información directa sobre el objeto del litigio.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirma la decisión mediante el cual se negó la solicitud de pruebas en segunda instancia?¿Se puede afirmar razonablemente que los medios de prueba documentales mencionados por el demandante son pertinentes?¿Las pruebas en segunda instancia deben solicitarse en la oportunidad legal correspondiente y su admisibilidad está sometida a un doble escrutinio?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2023-06-29Sección Tercera (Subsección A)MARTA NUBIA VELASQUEZ RICORad. 25000233600020170147301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de las pruebas solicitadas por la parte demandante en segunda instancia, debe ser negado al encontrarse que estuvieron bajo su custodia en primera instancia y no fueron aportadas en la oportunidad procesal pertinente? Sí
La parte actora solicita el decreto de las actas de entrega final por frentes y balances de los frentes de obra, en los términos señalados en el numeral 2 del artículo 212 del CPACA, modificado por el artículo 53 de la Ley 2080 de 2021, dado que, a su juicio, si bien se allegaron como anexos de la demanda y se decretaron como prueba en primera instancia, no es menos cierto que no se practicaron, toda vez que no reposan dentro del expediente.… Lo pretendido por el demandante no versa sobre pruebas decretadas y que no se practicaron, sino que trata de documentos que, pese a encontrarse bajo su custodia, no fueron aportados en las oportunidades procesales pertinentes.
También resuelve:¿El decreto de pruebas en segunda instancia procede en eventos excepcionales regulados por la ley?¿El informe técnico solicitado por el demandante no puede ser decretado como prueba, dado que con dicho documento se pretende acreditar la ejecución de obras con antelación a la presentación de la…
¿La variación de la cotización de la TRM durante la ejecución del contrato objeto de la controversia, causó un desequilibrio económico, con afectación grave a la economía del negocio, ajena a la responsabilidad del demandante? No
En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al celebrarse el contrato, de acuerdo con el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, y que el restablecimiento solo procede si la ruptura se produce por causas no imputables a quien la alega y genera una afectación grave del negocio. Una razón es que la variación de la tasa de cambio fue previsible, y la exposición del contrato a esa variable se originó en la conducta de la parte que la alega. Otra razón es que no se acreditó que la variación hubiera sacado las obligaciones del alea normal del negocio, ni que afectara la utilidad esperada o generara pérdidas. En el caso, la Sala confirmó la negación del desequilibrio económico. La providencia contiene un obiter dictum sobre la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe, sin indicar que reitera o cambia precedente; su consecuencia práctica es que el contratista que asume una variable previsible en su oferta no puede luego reclamar su variación como desequilibrio.síntesis automática
También resuelve:¿En los contratos estatales debe mantenerse la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, por lo que…¿La variación de la divisa fue la condición que afectó la economía del contrato y el incumplimiento del mismo?¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra el demandante por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2022-02-28Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 73001233300020190036601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Apelación de auto Sí
El contratista no puede presentar un concepto pericial que no incluya datos necesarios para su contradicción, como la identificación de los profesionales que lo elaboraron, su designación en procesos anteriores, y la especificación de los métodos y exámenes utilizados, ya que estos son requisitos esenciales para que el dictamen pericial cumpla con los estándares de forma y contenido establecidos en el Código General del Proceso. La entidad estatal, al verificar que el concepto no reúne estos requisitos, puede rechazar la prueba pericial solicitada, lo que implica que el juez debe confirmar la providencia que rechaza dicha prueba, asegurando así el principio de contradicción y la eficacia de los medios de prueba en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve:¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica…¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica?¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
Sentencia — Sentencia2026-10-05Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 11001032600020250004100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Debe declararse la carencia actual de objeto por situación sobreviniente derivada de una decisión judicial, dentro del trámite de los recursos extraordinarios de anulación interpuestos contra el laudo arbitral del 26 de septiembre de 2024, cuando dicho laudo fue sustituido por un nuevo laudo proferido el 3 de diciembre de 2025 en cumplimiento de una orden judicial, debidamente ejecutoriado y no controvertido mediante recurso de anulación, de manera que desapareció el objeto sobre el cual podía recaer el control extraordinario del juez de la anulación? Sí
El contratista no puede interponer un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando una decisión judicial sobreviniente ha hecho que dicho laudo sea sustituido por uno nuevo, ejecutoriado y no controvertido, ya que la carencia actual de objeto se produce cuando el objeto sobre el cual recaería el control del juez de la anulación ha desaparecido, lo que implica que cualquier pronunciamiento sobre el laudo original sería inútil. La Corte Constitucional sostiene que la carencia actual de objeto por situación sobreviniente ocurre cuando una circunstancia sobreviniente, cuyo origen no está en el accionar de la parte demandada, hace que la vulneración ya no tenga lugar, y que el juez carece de un objeto sobre el cual ejercer el control extraordinario. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la carencia actual de objeto, limitando la intervención judicial en casos donde el objeto del litigio ha desaparecido debido a hechos sobrevinientes, lo que implica que los recursos extraordinarios de anulación contra laudos sustituidos por decisiones judiciales no serán admitidos.síntesis automática
¿En el marco del medio de control de repetición, se materializó la imputación subjetiva contra el exsoldado a título de dolo o culpa grave ? No
Cuando una entidad estatal es condenada con fundamento en la falla del servicio, esa condena no basta para probar el dolo o la culpa grave del servidor en el proceso de repetición. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el juez de repetición debe valorar si la desatención de los deberes funcionales fue de tal magnitud que obligue al servidor a restituir la condena, sin que baste insistir en el incumplimiento del deber legal que motivó la condena. Segunda, las providencias de reparación directa que sustentaban la pretensión imputaban riesgo excepcional, no falla, y sus consideraciones no prueban por sí solas la imputación subjetiva. Tercera, el uso de un arma de dotación oficial, sin prueba de los demás elementos de tiempo, modo y lugar, no permite deducir dolo ni culpa grave, que es requisito de la repetición según el artículo 90 de la Constitución. Por ello se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia reitera esa jurisprudencia sobre la prueba de la culpa grave.síntesis automática
También resuelve:¿Ser condenada una entidad del Estado con fundamento en la falla del servicio, es suficiente para probar el dolo o culpa grave del funcionario en el proceso de repetición?¿En un proceso de repetición se reclama probar no solo la condena impuesta al Estado y su cumplimiento, sino también la culpa grave o el dolo del agente?¿La condena a una entidad estatal a través de un juicio previo conlleva la responsabilidad del agente o exagente del Estado que eventualmente hubiere dado lugar a la misma?
¿Se produjo un fallo incongruente en primera instancia, por haber liquidado el contrato con un saldo a favor del ente demandado, pese a que no se haya pretendido la liquidación del contrato ni se haya formulado demanda de reconvención? Sí
El fallo extra petita se presenta cuando el juzgador se pronuncia sobre asuntos que no fueron pedidos en la demanda o cuando se profiera condena contra el demandado por causa diferente a la invocada en la demanda, pues estos procederes están proscrito en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, como un desarrollo del principio procesal de congruencia, de acuerdo con el cual la sentencia debe guardar consonancia con los hechos y pretensiones de la demanda y con su contestación, así como con las excepciones que aparezcan probadas de conformidad con la ley. Si bien esta regla admite ciertas excepciones, como lo es la declaración oficiosa de la nulidad absoluta del contrato y de las excepciones, entre otras, estas deben estar previstas en la ley.
También resuelve:¿La aseguradora garante del buen manejo y la correcta inversión del anticipo debe ser condenada a indemnizar al beneficiario de la póliza por causa de la falta de amortización de ese anticipo…¿Incurrió el a quo en una vía de hecho por defecto fáctico, al omitir la valoración del dictamen y el testimonio practicado, que darían cuenta los sobrecostos en la ejecución del contrato?¿El ente demandado debió ser condenado al pago de perjuicios morales, por haber sido vencido en este proceso?
Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas2023-06-30Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 15001233300020140033601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ante la inexistencia de hechos nuevos o hechos sobrevinientes, lo procedente es negar el decreto de las pruebas documentales solicitadas en segunda instancia? Sí
Solo procede decretar pruebas en segunda instancia cuando se busca acreditar hechos nuevos o sobrevinientes al proceso, conforme a la facultad del artículo 287 del Código General del Proceso, y no cuando los documentos solicitados prueban hechos preexistentes al litigio, aunque hayan sido expedidos después del vencimiento de la oportunidad probatoria. En el caso analizado, la entidad apelante pidió como pruebas decisiones de responsabilidad fiscal sobre el contrato ejecutado con los recursos del convenio interadministrativo cuyo incumplimiento se demandaba. La Sala concluyó que esas decisiones, aunque recientes, buscaban acreditar un incumplimiento anterior a la demanda, que fue precisamente la causa para presentarla, de modo que la causal invocada no se configuraba. Por ello negó la petición probatoria formulada en la apelación. La consecuencia práctica es que la fecha de expedición de un documento no basta para considerarlo un hecho sobreviniente. La providencia reitera el criterio de que la naturaleza del hecho, y no la fecha del documento, define la procedencia de la prueba.síntesis automática
¿Se probó que los daños en la vía tuvieron origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad demandada? No
Cuando los daños en una obra pública se originan en un hecho externo irresistible al contratista, la garantía de estabilidad de la obra no le es exigible, porque ese hecho constituye una causa extraña que lo exime de su obligación de garantía. La regla se sostiene en tres razones: el contratista debe obrar con diligencia en métodos y calidad de materiales, pero no responde por un deterioro cuyo origen no esté en sus deficiencias; el peritaje debe demostrar que la causa del daño fue la condición externa y no un defecto de construcción; y la interventoría y el propio contratista deben haber informado oportunamente la circulación de vehículos de carga que afectaba la estructura desde el inicio de la obra. En el caso, no se probó que los daños tuvieran origen en deficiencias de construcción conocidas por la entidad, sino en el tránsito pesado previo a la entrega, por lo que los actos que atribuían el daño al contratista incurrieron en falsa motivación y fueron declarados ilegales, confirmándose la sentencia. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el contratista debe documentar oportunamente las causas externas que afectan la obra.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó el nexo causal entre el hecho de haberse excedido la capacidad de la vía por el tránsito de vehículos de carga pesada con el deterioro de la obra amparada con la garantía de estabilidad?¿Obra prueba de gestión alguna del municipio demandado tendiente a evitar o controlar el tránsito de vehículos de carga pesada en el segmento vial?¿La premisa fáctica que tuvo por acreditada el a quo fue los criterios que señalaban el tránsito de vehículos de carga pesada y la falta de idoneidad de la estructura de placa huella para el segmento…
¿El demandado en repetición padecía un agravamiento del trastorno afectivo bipolar, que le había sido diagnosticado, que mermó su capacidad de autodeterminación cuando accionó el arma de dotación? Sí
El agravamiento de un trastorno mental preexistente, causado por factores externos que mermen la capacidad de comprensión y autodeterminación del agente en el momento del hecho, excluye la culpabilidad y hace improcedente la acción de repetición, pues no puede imputarse un juicio de reproche a quien actuó en situación de inimputabilidad. Una razón es que los medios documentales y técnicos mostraron que el trastorno afectivo bipolar diagnosticado en 2008 se agravó en la época del hecho por el traslado de lugar de trabajo, la falta de medicamentos y la ausencia de controles psiquiátricos, lo que generó descontrol, irritabilidad y depresión. Otra razón es que el dictamen técnico y la historia clínica permitieron inferir que, al accionar el arma de dotación, el agente tenía disminuida su capacidad de autodeterminación. En el caso, el daño fue causado por un disparo de un miembro de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones, y la Subsección confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la historia clínica y el dictamen técnico son determinantes para establecer la inimputabilidad en la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿El auxiliar de la justicia tenía los conocimientos necesarios para interpretar la historia clínica del ahora demandado?¿El trastorno afectivo bipolar que padecía el accionado al momento de ocurrencia del hecho dañoso afectó su comportamiento?¿El demandado incurrió en una conducta gravemente culposa, al hacer uso del arma de dotación sin sujeción a los principios de proporcionalidad y necesidad?
¿La liquidación del contrato es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
El contratista no necesita realizar la liquidación del contrato como requisito de procedibilidad para ejercer la acción de controversias contractuales, ya que los requisitos de procedibilidad deben interpretarse restrictivamente y no existe un requerimiento legal expreso que lo establezca. La liquidación unilateral por parte de la entidad estatal no impide el análisis del incumplimiento contractual, siempre y cuando el contratista incluya la nulidad del acto liquidatario en sus pretensiones, pero esto no es un requisito de procedibilidad sino un presupuesto lógico para la prosperidad de las pretensiones. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró la excepción de inepta demanda por falta de liquidación, permitiendo que el juez estudie el incumplimiento del contrato incluso durante su ejecución, siempre que se respete lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Procede el descuento del llamado impuesto de guerra por parte de la entidad al contratista entendiendo este un tributo aplicable a los contratos de obra pública?¿Incurrió en doble tributación la administración al realizar el descuento por el tributo de estampilla con inclusión del monto del IVA?
¿La finalidad de los plazos de caducidad es garantizar seguridad jurídica y estabilidad en las situaciones jurídicas controvertidas? Sí
El contratista debe presentar la demanda dentro del plazo legal para evitar la caducidad del medio de control, lo cual garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad en las situaciones controvertidas, al tiempo que protege el interés general y racionaliza el uso del aparato judicial. La caducidad es una limitación irrenunciable y de orden público que el juez debe declarar de oficio si el plazo legal ha vencido, lo que implica la pérdida del derecho de acción. Sin embargo, la entidad estatal no puede alegar caducidad si el afectado no conoce del hecho dañoso, como en el caso de una desaparición forzada, y la demanda se presenta mientras la víctima sigue desaparecida y sin pronunciamiento de la justicia penal. Esta regla reitera la importancia de la seguridad jurídica y la protección de los derechos adquiridos, matizando la aplicación de la caducidad en casos excepcionales donde el conocimiento del hecho dañoso es imposible.síntesis automática
También resuelve:¿Se configuró la caducidad del medio de control, en atención a la desaparición de la víctima y la fecha de presentación de la conciliación extrajudicial y de la demanda?¿La declaración de responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado conforme al artículo 90 de la Constitución Política?¿La desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad y una violación múltiple y continuada de derechos fundamentales y convencionales?
¿La decisión de exigir el cargue directo de carbón en las naves, adoptada por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, excedió el riesgo regulatorio asumido por el contratista? No
La exigencia de cargar carbón directamente en las naves, impuesta por la entidad reguladora ambiental y de vivienda, no excede el riesgo regulatorio que el contratista asume en un contrato de concesión minera, cuando la restricción es operativa, diferida en el tiempo y previsible. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la decisión no implicó un cambio sorpresivo, brusco o significativo de las pautas normativas, pues se trató de una restricción de tipo operativo que debía cumplirse en varios años. Segunda, el contratista no tuvo incertidumbre sobre la aplicación del cambio, porque desde el inicio era claro que sin acceso a un puerto de cargue directo no podría exportar su producción. Tercera, la falta de acceso a un puerto de carga no constituye una circunstancia extraordinaria, imprevista ni imprevisible, sino un riesgo previsible que el contratista debía prevenir adoptando las medidas necesarias. La providencia confirma la negación de las pretensiones, sin introducir cambio de criterio. La consecuencia práctica es que el contratista que depende de un puerto para exportar debe asegurar ese acceso dentro del plazo regulatorio y no puede trasladar el riesgo al Estado.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada falta de acceso a un puerto de carga directa lejos de consistir en una circunstancia extraordinaria fue una situación que el demandante pudo evitar pero omitió adoptar las medidas…¿Los principales y más importantes riesgos asumidos por el contratista bajo el contrato de gran minería eran previsibles?¿La parte actora intentó obtener el acceso al puerto en otro lugar ante la primera negativa del operador portuario?
¿Se desvirtuó la legalidad de las resoluciones acusadas y se estableció que las decisiones adoptadas en los actos administrativos enjuiciados son contrarias a derecho? No
Cuando el demandante no logra acreditar que las decisiones adoptadas en los actos administrativos son contrarias a derecho, la legalidad de esos actos se mantiene, porque la carga de demostrar el incumplimiento que se atribuye a la entidad recae sobre quien lo alega. La revisión de las pruebas aportadas y decretadas en el proceso debe permitir establecer que el incumplimiento estaba probado para que pueda anularse la decisión de la entidad. Además, la condena en costas tiene fundamento en el vencimiento de la parte, y no procede revocarla cuando el proceso no ventila un interés público, pues no se trata de una acción pública, de mera legalidad o de control objetivo. En el caso concreto, la entidad decidió sobre el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría, y el demandante no acreditó que tales supuestos estuvieran superados, de modo que la providencia de primera instancia que negó las súplicas fue confirmada, incluida la condena en costas. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento debe demostrar con las pruebas del expediente que las obligaciones se cumplieron, pues la mera afirmación en la demanda o en la apelación no basta.síntesis automática
También resuelve:¿La decisión de denegar las súplicas de la demanda en primera instancia fue acertada por corresponder con la realidad procesal y lo efectivamente probado?¿Los incumplimientos objeto de investigación no fueron subsanados en modo alguno por parte de la universidad contratista?¿El recurso de apelación trata de unos puntos que no fueron expuestos en las pretensiones, cargos de nulidad, ni en los fundamentos de hecho o de derecho?
¿Se ejerció de forma oportuna el medio de control de acción de reparación directa dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, en observancia de la fecha del daño, la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial y la fecha de radicación de la demanda? Sí
El contratista debe presentar oportunamente la acción de reparación directa dentro del término de dos años previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contados desde la ocurrencia del daño o desde que el demandante tuvo o debió tener conocimiento de este, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la acción se ejerció dentro del plazo legal, ya que el daño se produjo el 15 de marzo de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 29 de julio de 2016 y la demanda se radicó el 15 de diciembre de 2016, cumpliendo así con el requisito temporal para ejercer el medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos legales para evitar la caducidad de la acción y asegurar la estabilidad y certeza del derecho.síntesis automática
También resuelve:¿Se encuentran, en forma debida, legitimadas en la causa por activa las personas que integran el núcleo familiar de la víctima del daño antijurídico, y por pasiva las entidades estatales demandadas…¿Puede declararse la responsabilidad extracontractual del Estado cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico que la víctima no tenía el deber jurídico de soportar y cuya causación es…¿Puede imputarse responsabilidad extracontractual al Estado por los daños causados por la acción de grupos armados insurgentes…
¿La causa adecuada del daño, accidente de tránsito entre particulares, provino de una conducta ajena al Estado? Sí
El contratista no puede imputar al Estado la responsabilidad por lesiones físicas causadas en un accidente de tránsito entre particulares, ya que la causa adecuada del daño provino de una conducta ajena al Estado, específicamente del conductor de un vehículo que actuó imprudentemente al no respetar la prelación de paso y no tomar las precauciones debidas al cruzar una intersección, lo que resultó en un choque con una motocicleta. La entidad estatal no incurrió en ninguna omisión que contribuyera a la ocurrencia del accidente, y el hecho del tercero fue tanto imprevisible como irresistible para la Administración, por lo que no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de accidentes de tránsito, estableciendo que el daño debe ser consecuencia directa de una falla del servicio o de una omisión estatal para que se configure la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó la falla del servicio imputada al municipio de Villamaría?¿El accidente se produjo por el hecho del tercero consistente en el actuar del conductor de la camioneta?¿Los reductores de velocidad son señales preventivas que deben instalarse en zonas en donde se requiera detener completamente el vehículo o disminuir la velocidad?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-07-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000233600020180014702LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Aparece manifiesta la falta de legitimación en la causa por pasiva de la aseguradora llamada en garantía? No
El contratista no evidencia la falta de legitimación en la causa por pasiva de la aseguradora llamada en garantía, ya que la póliza no limita su objeto a la responsabilidad extracontractual y no se cumplen los presupuestos necesarios para declarar dicha excepción en esta etapa procesal. Además, la relación jurídica entre el llamante y la aseguradora solo puede ser determinada en la sentencia, por lo que la aseguradora debe continuar vinculada al proceso. Asimismo, la entidad aseguradora no puede alegar la caducidad del medio de control, ya que la demanda se basa en el incumplimiento del contrato de seguro ocurrido después de la fecha sugerida por la aseguradora, y el examen probatorio necesario para determinar la caducidad debe realizarse en sentencia definitiva. Por último, la aseguradora llamada en garantía tiene legitimación de hecho, ya que fue llamada por la entidad aseguradora y aceptó el llamamiento, lo que implica que debe continuar participando en el proceso hasta que se determine su legitimación material en la causa.síntesis automática
También resuelve:¿El hecho sobre el cual se estructura la demanda versa sobre el incumplimiento del contrato de seguro?¿Es posible tener como afectada por el fenómeno de la caducidad la pretensión de la demanda de la Aerocivil?¿Está probado que la sociedad aseguradora llamada en garantía carezca de legitimación en la causa?