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clave: "consejo_estado:providencia:76001233300020190017801-69895-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2024-04-24"
radicado: "76001233300020190017801"
numero: "69895"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2024-04-24
- **Radicado:** 76001233300020190017801
- **Número interno:** 69895
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 REPARACION DIRECTA
- **Actor:** SARIT CANDELO BANDERAS MENOR DE EDAD, MANUELA ALEJANDRA MONTOYA SALAZAR, JAIRO CANDELO BANGUERO, SANDRA MILENA SALAZAR MEJIA
- **Demandado:** NACION- RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020190017801-69895-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233300020190017801/CCBE8BC8A60B2BA24FC0427D8D2A285AF70ADA59AC9376B9664B6312EB0648AC/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333000201900178011100103

## Problema jurídico

¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

REVOCA

## Puntos clave

- ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?
- ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…
- ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1564 de 2012, art. 328
- Ley 906 de 2004, arts. 169, 287 y 296

## Extracto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, la parte actora argumentó que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial eran patrimonialmente responsables del daño antijurídico, toda vez que no existían pruebas para sustentar la solicitud de captura en contra de Jairo Cándelo Banguero e imponerle posteriormente medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y alteración de resultados electorales.… Por ello, y teniendo en cuenta que se declarará de oficio la caducidad de la acción frente al daño alegado producto de la presunta privación injusta por el delito de alteración de resultados electorales, a continuación se analizará, exclusivamente, si la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial…

## Síntesis temática

El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, COHECHO POR DAR U OFRECER, DELITOS CONTRA MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, ALTERACIÓN DE RESULTADO ELECTORAL, ORDEN DE CAPTURA, PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL, DAÑO ANTIJURÍDICO, CAPTURA, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA, JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS, AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN DE CAPTURA, REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, INFERENCIA, CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CAUSACIÓN DEL DAÑO, NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, LIMITACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN, CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL, CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RAMA JUDICIAL, SOLICITUD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, CONDENA PENAL, ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO, MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, CAUSAS DEL DAÑO, DAÑO CAUSADO POR HECHO ADMINISTRATIVO, OMISIÓN ADMINISTRATIVA, DAÑO CAUSADO POR OPERACIÓN ADMINISTRATIVA, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA, CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, SENTENCIA ABSOLUTORIA, LIBERTAD DEL PROCESADO, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, INTERÉS GENERAL, PLAZO, MEDIO DE CONTROL, PLAZO RAZONABLE, PLAZO PERENTORIO, PLAZO PRECLUSIVO, IMPRORROGABILIDAD DEL TÉRMINO JUDICIAL, ORDEN PÚBLICO, EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN, DERECHO DE ACCIÓN, CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO, VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, CONCEPTO DE IMPUTACIÓN, IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN FÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, REPARACIÓN DEL DAÑO, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, FALLA DEL SERVICIO, RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS, TEORÍA DEL RIESGO EXCEPCIONAL, DAÑO ESPECIAL, INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, ERROR JURISDICCIONAL, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA, MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, DERECHO A LA LIBERTAD, RÉGIMEN OBJETIVO DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, INEXISTENCIA DEL HECHO PUNIBLE, ATIPICIDAD DE LA CONDUCTA, ANTIJURICIDAD DEL DAÑO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, EXISTENCIA DEL DAÑO, TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD, RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, MEDIDA CAUTELAR, CONDUCTA PUNIBLE, DOLO, CONDUCTA GRAVEMENTE CULPOSA, ORDEN DE DETENCIÓN, ORDENAMIENTO JURÍDICO, INEXISTENCIA DE LA CONDUCTA PUNIBLE, ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, SENTENCIA PENAL, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, PROCESO PENAL, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA, INFERENCIA LÓGICA, ELEMENTO MATERIAL PROBATORIO, HECHO, PROPOSICIÓN JURÍDICA, PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, ACCIÓN PENAL, INVESTIGACIÓN DEL DELITO, PROCESADO, SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INVESTIGACIÓN, ACUSACIÓN, DECISIÓN DEL PROCESO PENAL, PRINCIPIO DE IGUALDAD DE ARMAS, JUEZ PENAL, PRINCIPIO DE JUSTICIA MATERIAL, ETAPAS DEL PROCESO PENAL, UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL, VÍCTIMA DIRECTA, PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL, PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD, CÓNYUGE, COMPAÑERO PERMANENTE, PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, VÍCTIMA INDIRECTA, CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE, ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, TOPES DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, PERJUICIO MORAL, TÉRMINO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, PRISIÓN DOMICILIARIA, CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, TOPES MÁXIMOS DEL PERJUICIO MORAL, CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN, DAÑO FISIOLÓGICO, RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS, AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO, MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA, NÚCLEO FAMILIAR, MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO, MEDIDAS DE SATISFACCIÓN, REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO, LUCRO CESANTE, CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, DAÑO, RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE, EXISTENCIA DE PERJUICIOS, CONDENA EN COSTAS, PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, RECURSO DE APELACIÓN, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES, AGENCIAS EN DERECHO, SEGUNDA INSTANCIA, CUANTÍA DEL PROCESO, PROCESO DECLARATIVO, FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO, IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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- [Consejo de Estado — Procede el medio de control de reparación directa cuando el daño que se reclame provenga de un hecho imputable a la administración de justicia.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020160021301-68658-sentencia.md)

## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / COHECHO POR DAR U OFRECER / DELITOS CONTRA MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA / ALTERACIÓN DE RESULTADO ELECTORAL / ORDEN DE CAPTURA / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / CAPTURA / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA / JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS / AUDIENCIA DE LEGALIZACIÓN DE CAPTURA / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / INFERENCIA / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CAUSACIÓN DEL DAÑO / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / LIMITACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO
Problema jurídico:
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda, la parte actora argumentó que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial eran patrimonialmente responsables del daño antijurídico, toda vez que no existían pruebas para sustentar la solicitud de captura en contra de Jairo Cándelo Banguero e imponerle posteriormente medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y alteración de resultados electorales. […] Por ello, y teniendo en cuenta que se declarará de oficio la caducidad de la acción frente al daño alegado producto de la presunta privación injusta por el delito de alteración de resultados electorales, a continuación se analizará, exclusivamente, si la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto [el actor] por el delito de cohecho por dar u ofrecer. […] [L]a captura […] cumplió con los requisitos previstos en el artículo 297 de la Ley 906 de 2004, toda vez que la orden que impartió para ello el Juez de Control de Garantías señaló los delitos y las razones por las cuales era requerido judicialmente. Además, desde que el procesado fue aprehendido por agentes de la Policía Nacional hasta que el Juez de Control de Garantías adelantó la diligencia de legalización de captura, no transcurrieron más de treinta y seis (36) horas. […] [S]e observa que la medida de aseguramiento impuesta el 1° de julio de 2012 no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, toda vez que no existía una inferencia razonable para concluir, de forma preliminar, que [el actor] podía ser coautor de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y/o de alteración de resultados electorales. […] En virtud de lo anterior, se concluye que la medida cautelar no fue legalmente impuesta, pues no cumplió con las exigencias mínimas dispuestas en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004, lo que a la postre tornó la detención [del actor] en injusta y le causó un daño antijurídico […]. […] En este orden de ideas, en cuanto a la conducta de la Fiscalía General de la Nación, se advierte que el daño antijurídico causado a los demandantes con la imposición de la medida de aseguramiento en contra [del actor] le es imputable a dicha entidad, puesto que su actuación no se ajustó a las prerrogativas constitucionales y legales que rigen los actos de investigación que están a su cargo, dado que solicitó la imposición de medida de aseguramiento en contra del procesado, sin el lleno de los requisitos exigidos por los artículos 287 y 306 de la Ley 906 de 2004. […] A su vez, se advierte que la Rama Judicial también contribuyó fáctica y jurídicamente en la causación del daño antijurídico, pues impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra [del actor] a pesar de que no existían razones que justificaran la necesidad de limitar el derecho de locomoción del procesado, incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 […]. Esta actuación contraria a la ley procesal ocasionó el daño antijurídico padecido por [el actor], pues fue privado de la libertad de forma injusta. Según lo expuesto, se evidencia que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial incurrieron en una falla del servicio y son patrimonialmente responsables del daño antijurídico padecido por los demandantes […].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el daño como elemento esencial sin el cual no es posible declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, rad. 16516, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de junio de 2012, rad. 24633, C. P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2020, rad. 50264, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico(E).
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 169, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 287, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 296, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 297, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 303, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 306, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 308, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 309, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 310
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RAMA JUDICIAL / JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS / SOLICITUD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CONDENA PENAL / COHECHO POR DAR U OFRECER / ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 24 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. […] La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que la primera fue la institución que solicitó ante el Juez de Control de Garantías decretar medida de aseguramiento consistente en detención preventiva contra [el actor] y la segunda fue quien le impuso medida de aseguramiento, lo condenó por el delito de cohecho por dar u ofrecer y, posteriormente, lo absolvió por in dubio pro reo.
NOTA DE RELATORÍA:
La legitimación en la causa como un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 2012, rad. 24677, C. P. Enrique Gil Botero. Sobre la familia que en algunos casos se extiende a las personas que conforman una relación paternal y/o de hermandad, fuera de las relaciones de consanguinidad o las legales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de mayo de 2020, rad. 54148, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la representación judicial de la Nación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de septiembre de 2013, rad. 20420, C. P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CAUSAS DEL DAÑO / DAÑO CAUSADO POR HECHO ADMINISTRATIVO / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / DAÑO CAUSADO POR OPERACIÓN ADMINISTRATIVA / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / SENTENCIA ABSOLUTORIA / LIBERTAD DEL PROCESADO / LIMITACIÓN AL DERECHO A LA LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN
Problema jurídico:
¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente por un hecho imputable a la administración de justicia. […] El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la pretensión de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el momento desde el cual se contabiliza el término de caducidad del medio de control en casos en los que se alega privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2017, rad. 49898, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de octubre de 2017, rad. 48130, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de noviembre de 2017, rad. 49206, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de noviembre de 2017, rad. 54716, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / INTERÉS GENERAL / PLAZO / MEDIO DE CONTROL / PLAZO RAZONABLE / PLAZO PERENTORIO / PLAZO PRECLUSIVO / IMPRORROGABILIDAD DEL TÉRMINO JUDICIAL / ORDEN PÚBLICO / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / DERECHO DE ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisi

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

la víctima directa. En ese sentido, i) para los parientes en el primer grado de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o compañera permanente, debe reconocerse el cincuenta por ciento (50%) de lo que le corresponda a la víctima directa, y ii) a los demás demandantes que acrediten la causación de los perjuicios morales, el treinta por ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima directa […]. Sumado a ello, dicha sentencia señaló que por cada día adicional de privación injusta de la libertad al último mes transcurrido, la liquidación se realizaría tomando una fracción equivalente a 0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se obtiene de dividir cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes por 30 días. Igualmente, estableció que en casos de detención domiciliaria, la cuantía de los perjuicios morales sufridos por la víctima directa se disminuirá en un 50%. Adicionalmente, en esta sentencia se señaló que en relación con las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 2013 hasta el 29 de noviembre de 2021, en las cuales el juez advierta que se presentaron fundándose en la jurisprudencia existente y no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los parientes en segundo grado de consanguinidad, podrá el fallador hacer uso de las facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido proceso. Finalmente, indicó que en relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales y la forma de calcularlos, la sentencia tendría aplicación inmediata.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el reconocimiento de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, rad. 46681, C. P. Martín Bermúdez Muñoz.
DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN / DAÑO FISIOLÓGICO / RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / VÍCTIMA DIRECTA / NÚCLEO FAMILIAR / MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO / MEDIDAS DE SATISFACCIÓN / REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO / LUCRO CESANTE / CONCEPTO DE LUCRO CESANTE / DAÑO / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / EXISTENCIA DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Todo perjuicio, para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, debe ser cierto y existente?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e advierte que el “daño a la vida de relación o daño fisiológico” reclamado por los demandantes, en la nueva categoría de perjuicio reconocida por la jurisprudencia, se ajusta al concepto de afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, que establece la compensación, de oficio o a petición de parte, a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano, o mediante una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV única y exclusivamente para la víctima directa, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral del daño. […] En cuanto al lucro cesante, esta Corporación ha sostenido que se trata de la ganancia frustrada o del provecho económico que deja de reportarse como consecuencia de la ocurrencia del daño, de manera que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima o de los perjudicados. Asimismo, la Corporación ha considerado que todo perjuicio, para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, debe ser cierto y existente, es decir, debe probarse que la víctima era laboralmente activa, que devengaba ingresos mensuales, que con ellos otorgaba ayuda económica a su familia y que, como consecuencia del daño dejó de percibir el salario con el cual proveía para su propia subsistencia y la de su familia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el reconocimiento de perjuicios por la afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, rad. 26251, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, rad. 28804, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, rad. 32988, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre el reconocimiento de honorarios a los profesionales del derecho, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, rad. 44572, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre los presupuestos para que proceda el reconocimiento y la indemnización por concepto de lucro cesante, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1 de marzo de 2006, rad. 17256, C. P. María Elena Giraldo Gómez.
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / RECURSO DE APELACIÓN / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO / PROCESO DECLARATIVO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, toda vez que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora prosperó en su contra?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con las normas anteriormente transcritas, en la parte resolutiva se condenará en costas a la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, toda vez que el recurso de apelación interpuesto por la parte actora prosperó en su contra. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En relación con las agencias en derecho en segunda instancia, se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora. A su turno, el Acuerdo 10554 de 2016 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, determina que en los procesos declarativos en general en segunda instancia, podrán fijarse entre 1 a 6 SMLMV. No obstante, comoquiera que la parte vencedora no desplegó ninguna actuación en segunda instancia, no habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo de la parte demandada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la causación de las agencias en derecho en segunda instancia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de marzo de 2021, rad. 51034, C. P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2024-04-24. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 76001233300020190017801. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233300020190017801-69895-sentencia).
