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Consejo de Estado Providencia

El recurso de súplica procede contra autos que niegan pruebas y se confirma el rechazo por extemporaneidad cuando la solicitud incumple plazos.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica 2025-11-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020210032501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente el recurso de súplica contra el auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba? Sí
El juez establece que el recurso ordinario de súplica procede contra el auto que niegue el decreto o la práctica de una prueba de conformidad con el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En el caso, al haberse interpuesto la impugnación de forma oportuna frente al auto notificado el 17 de junio de 2025 que negó por extemporánea la solicitud probatoria basada en un hecho sobreviniente del proceso penal, la Subsección analiza el asunto y confirma la decisión suplicada.síntesis automática
También resuelve: ¿Vulnera el principio de eventualidad o preclusión que el juez o las partes realicen o admitan actuaciones procesales por fuera de los términos legales o judiciales establecidos para cada etapa del… ¿Es procedente rechazar por extemporánea la solicitud de incorporación de una supuesta prueba sobreviniente presentada en segunda instancia…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente aplicar las disposiciones contenidas en el CPACA y al CGP

Auto interlocutorio — Auto que resuelve liquidación de condena o perjuicios 2025-04-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 08001233100020060184703 ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente aplicar las disposiciones contenidas en el CPACA y al CGP, para resolver el incidente de liquidación de condena que promovió el demandante, si la demanda de reparación directa fue presentada el 16 de octubre de 2003? No
El contratista no puede aplicar las disposiciones del Código Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso para resolver un incidente de liquidación de condena si la demanda de reparación directa fue presentada antes del 2 de julio de 2012, ya que estos códigos resultan de aplicación supletiva y la norma especial de transición del CPACA establece que los procesos iniciados antes de esa fecha deben seguir rigiéndose por el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil. Además, tanto el régimen jurídico anterior como el del CPACA y el CGP establecen un término de 60 días para presentar el incidente de liquidación de condena, contado a partir de la notificación del auto de obedecimiento al superior, y no desde la notificación de la sentencia de segunda instancia, por lo que la presentación del incidente fuera de este plazo resulta improcedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El CCA y el CPACA establecen un término de oportunidad para presentar el incidente de condena, el cual no puede ser desconocido por la parte actora so pretexto de una nulidad por indebida… ¿Resulta procedente acceder a la petición elevada por la parte actora relativa a la prevalencia del derecho sustancial, cuando el artículo 6 del CPC es enfático en señalar que las autoridades…
LIQUIDA
Consejo de Estado Providencia

La prueba testimonial solicitada carece de conducencia para esclarecer los puntos controvertidos

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-05-07 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020230042701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La prueba testimonial solicitada carece de conducencia para esclarecer los puntos controvertidos? Sí
La prueba testimonial carece de conducencia cuando no existe relación alguna entre la finalidad de la prueba solicitada y los supuestos de hecho de las excepciones o de los argumentos que descorren el traslado de estas, y por ello no procede su decreto. En la impugnación de una decisión probatoria no es oportuno reformular ni modificar la petición inicial, porque el recurso no constituye una nueva oportunidad probatoria. El recurso de apelación contra el auto que niega pruebas en la audiencia inicial es procedente conforme al artículo 243 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2021, y es oportuno cuando se interpone en la audiencia una vez surtida la notificación en estrados. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio conforme al artículo 328 del Código General del Proceso. En el caso concreto, el despacho no advirtió relación entre la prueba testimonial pedida y las excepciones propuestas, y confirmó la decisión impugnada. Como consecuencia práctica, la parte debe sustentar la pertinencia de la prueba desde su solicitud inicial y no con explicaciones posteriores en el recurso.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación contra el auto proferido en la audiencia inicial fue presentado oportunamente? ¿Si bien las partes se encuentran habilitadas para solicitar pruebas, también lo es que deben indicar con precisión qué elementos facticos pretenden probar? ¿La solicitud de decreto y práctica de pruebas se realizó al descorrer el traslado de las excepciones, dentro de una de las oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas en primera…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los elementos probatorios obrantes en el expediente no evidencian la fecha

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-05-05 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020170051801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los elementos probatorios obrantes en el expediente no evidencian la fecha en la que culminó el contrato? Sí
El contratista no puede acreditar la fecha en la que culminó el contrato ni la fecha en que el interventor recibió el objeto del contrato a su entera satisfacción, lo que impide determinar el inicio del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. Ante la insuficiencia probatoria, se aplican los principios pro actione y pro damato para garantizar el acceso a la administración de justicia, revocando la decisión que rechazó la demanda y ordenando la devolución del expediente para continuar el trámite del proceso, sin perjuicio de que en etapas posteriores se declare la caducidad si se encuentran elementos que la demuestren.síntesis automática
También resuelve: ¿Esta Corporación conoce en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos contra los autos proferidos por los tribunales administrativos? ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción? ¿No se cuenta con los elementos suficientes para tener por probada la fecha de terminación del negocio jurídico?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El ejercicio del medio de control de repetición permite buscar la integridad del patrimonio público en los casos en que el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en las conductas dolosas o gravemente culposas de sus agentes.

Sentencia — Sentencia 2023-05-23 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 68001233300020180091801 LEY 1437 REPETICION
¿El ejercicio del medio de control de repetición permite buscar la integridad del patrimonio público en los casos en que el Estado ha sido condenado a la reparación patrimonial de los daños antijurídicos originados en las conductas dolosas o gravemente culposas de sus agentes? Sí
El ejercicio del medio de control de repetición busca la integridad del patrimonio público cuando el Estado es condenado a reparar daños causados por la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes, pero la caducidad es un presupuesto procesal que el juez debe declarar de oficio. La regla se apoya en que la caducidad garantiza la seguridad jurídica de los sujetos procesales y en que la carga de promover el litigio dentro del plazo corresponde a los interesados. Por ello, si la acción no se promueve en ese término, precluye la posibilidad de accionar. En el asunto, la Sala declaró de oficio la excepción de caducidad del medio de control de repetición y revocó la sentencia del tribunal. En la práctica, la entidad que pretende recuperar el pago debe verificar el término de caducidad antes de ejercer la acción, aunque la finalidad de proteger el patrimonio público sea legítima.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la declaración oficiosa de la excepción de caducidad del medio de control de repetición? ¿Se configuró la caducidad de la acción? ¿Los 18 meses que tenía la entidad para pagar se vencieron el 20 de mayo de 2016; sin embargo, ello apenas ocurrió hasta el 23 de marzo de 2018?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 50001233100020110009801 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales, al haber transcurrido más de dos años desde la liquidación bilateral del contrato y la presentación de la demanda? Sí
En el presente asunto, la Sala observa que el acta de liquidación bilateral fue suscrita entre las partes contratantes el 17 de diciembre de 2008, por lo que el término de caducidad de la acción empezó a correr el día siguiente y, en principio, se extendería hasta el 18 de diciembre de 2010.
También resuelve: ¿En lo contratos que requieren liquidación, la caducidad de la acción contractual empieza a contar desde la suscripción del acta de liquidación, sea bilateral o unilateral? ¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo? ¿En el presente caso operó la renuncia tácita al pacto arbitral, toda vez que la jurisprudencia vigente al momento de iniciar el proceso disponía que el silencio de las partes al presentar la demanda…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La demanda se instauró de forma extemporánea

Sentencia — Sentencia 2023-12-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020070042501 ACCION CONTRACTUAL
¿La demanda se instauró de forma extemporánea? Sí
La controversia gira alrededor de la pretensión de declaratoria de rompimiento del equilibrio económico de un contrato de obra. El a quo declaró que operó la caducidad de la acción de controversias contractuales.
También resuelve: ¿El término de caducidad es perentorio y preclusivo, pues corre sin prórrogas y sin interrupciones, y sólo se suspende con la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial? ¿Las partes pueden liquidar el contrato de común acuerdo, o la administración hacerlo de manera unilateral, hasta el vencimiento del término de caducidad de la respectiva acción contractual? ¿La liquidación debe incluir no solo las generalidades del contrato, sino de manera especial, el balance técnico, económico, financiero, administrativo y jurídico del contrato, y los ajustes…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El artículo 164 numeral 2 literal j) del CPACA establece varios supuestos para la determinación del momento a partir del cual debe computarse el término de caducidad de dos años del medio de control de controversias contractuales.

Sentencia — Sentencia 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020180015601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando el contrato requiere liquidación, debe computarse a partir del vencimiento del plazo para liquidarlo? Sí
El contratista debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato cuando este requiera liquidación, ya que la liquidación es la etapa en la que se realiza el balance final de la ejecución del contrato y se determina quién le debe a quién y cuánto, existiendo la posibilidad de que se transen o se reconozcan reclamaciones económicas que pudieren presentarse en sede judicial. La entidad estatal debe contar el término de caducidad de las pretensiones principales, como la nulidad del acto de terminación unilateral y el restablecimiento del derecho, de forma independiente al término aplicable a la pretensión subsidiaria de liquidación judicial del contrato, ya que la liquidación no es necesaria para resolver la nulidad del acto contractual. La administración debe proceder a la liquidación judicial del contrato solo una vez que haya vencido el plazo negocial y no haya sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral. Esta decisión modifica precedentes anteriores y establece que el cómputo del término de caducidad no debe adicionarse al plazo para la liquidación bilateral y unilateral.síntesis automática
También resuelve: ¿El término de caducidad de las pretensiones principales de nulidad del acto de terminación unilateral y de restablecimiento del derecho debe computarse de manera independiente al término aplicable a… ¿La liquidación judicial del contrato procede cuando este no ha sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral, y únicamente una vez fenecido el plazo negocial? ¿En el impuesto sobre las ventas (IVA), el sujeto pasivo económico puede ser distinto del sujeto pasivo jurídico o responsable…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es nulo, por falsa motivación, el acto administrativo de adjudicación de la licitación pública.

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020140044101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es nulo, por falsa motivación, el acto administrativo de adjudicación de la licitación pública? Sí
El acto de adjudicación de una licitación pública es nulo por falsa motivación cuando sus consideraciones fácticas divergen de la realidad, en particular cuando se adjudica a propuestas que no cumplen las exigencias técnicas del pliego de condiciones. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la falsa motivación implica una discrepancia entre los hechos y las consideraciones en que se funda el acto, y puede configurarse por un error de hecho. Segunda, el pliego exigía que los equipos operaran dentro de un rango determinado de humedad relativa, y las propuestas no acreditaron ese rango mínimo, de modo que la conclusión de cumplimiento era errada. Tercera, la interpretación integral del pliego, contrastada con lo ofertado, permite concluir que las propuestas debían ser rechazadas, y el actor cumplió así la carga de demostrar el vicio. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y declara la nulidad del acto. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar el cumplimiento técnico de cada propuesta frente al pliego antes de adjudicar, y que la omisión de ese control vicia la adjudicación.síntesis automática
También resuelve: ¿Está fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales, por haber rendido concepto en este asunto, como Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado? ¿La competencia funcional del juzgador de segundo grado se circunscribe a los cargos formulados por el recurrente en contra de la providencia impugnada? ¿El ejercicio oportuno que del medio de control de nulidad y restablecimiento es dentro de los cuatro meses posteriores al día siguiente a aquel en que se notificó el acto que se pretende anular?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020240019501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para conocer de una demanda en la que se alega la presunta responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, así como para resolver la apelación interpuesta contra el auto del Tribunal Administrativo que rechazó la demanda por caducidad del medio de control? Sí
El contratista puede interponer una demanda de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo cuando se alega la responsabilidad extracontractual de una entidad pública junto con sujetos de derecho privado, y la entidad competente es el Consejo de Estado para resolver la apelación contra un auto de Tribunal Administrativo que rechaza la demanda por caducidad del medio de control, conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y la jurisprudencia del Consejo de Estado. Además, la Sala reitera que el medio de control de reparación directa es procedente para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador cuando existe una omisión administrativa en reintegrar dichos costos, y que el recurso de apelación fue presentado y sustentado oportunamente, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a este medio para proteger sus intereses frente a enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente? ¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el reembolso de inversiones realizadas por un urbanizador… ¿Procede el medio de control de reparación directa para reclamar el resarcimiento de perjuicios derivados de un enriquecimiento sin causa por parte de entidades estatales?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Forzoso resulta concluir que los hoy demandados no sabían ni tenían cómo prever el atentado del 29 de enero de 1997

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 05001233300020150249001 LEY 1437 REPETICION
¿Los demandados incurrieron en una conducta dolosa o gravemente culposa que provocara el daño? No
Cuando la entidad pública repite contra sus servidores por una condena derivada de un atentado terrorista, la responsabilidad personal exige probar que el agente actuó con dolo o culpa grave, lo que no ocurre si el daño no era previsible y no se acredita que la conducta funcional lo causara. La regla se sostiene en tres razones: no se probó que los funcionarios conocieran denuncias sobre actividades ilegales en el sector, no se estableció si la asociación de vigilancia privada tenía sede en el lugar del ataque ni si estaba realizando actividades ilegales al momento de la explosión, y no existen pruebas directas que demuestren que los funcionarios conocían la situación y omitieron medidas para evitarla. En el caso, el alcalde y el secretario de gobierno demandados no fueron declarados responsables, y se confirmó la negativa de las pretensiones de la demanda. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la entidad que pretende la repetición debe aportar pruebas directas del conocimiento previo y de la omisión del funcionario.síntesis automática
También resuelve: ¿Se probó que los hoy demandados en sus calidades de alcalde y secretario de gobierno tuvieran conocimiento de denuncias de actividades ilegales y no hubieran tomado las medidas pertinentes para… ¿Se probó alguna conducta de los demandados a título de dolo o culpa grave que diera lugar al daño por el cual fue condenada la demandante? ¿Culpa grave es aquel comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario, en tanto que el dolo es asimilado a la conducta realizada con la intención de generar un daño a una persona o a su…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación

Sentencia — Sentencia 2021-12-07 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020210019100 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción y competencia para resolver el recurso extraordinario de anulación cuando se trata de recursos de anulación de laudos arbitrales originados en asuntos en los que intervenga una entidad pública? Sí
El contratista puede interponer un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral cuando intervenga una entidad pública en el contrato, conforme a la Ley 1563 de 2012, que otorga al Consejo de Estado competencia en única instancia para resolver estos recursos. La Sección Tercera del Consejo de Estado tiene jurisdicción para conocer de estos recursos siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedibilidad establecidos en la normativa arbitral, como la interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia y la presentación del recurso dentro del plazo legal. Este recurso tiene como finalidad controvertir el laudo por errores in procedendo, no por errores in iudicando, lo que limita la revisión del fondo del asunto. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado en estos casos y establece los límites de la revisión judicial del laudo arbitral.síntesis automática
También resuelve: ¿Es competente el Consejo de Estado en única instancia por tratarse de un recurso contra laudo arbitral proferido en virtud de una controversia contractual entre una entidad pública y una unión… ¿La interposición de recursos judiciales contra el auto que asume competencia es un requisito de procedibilidad del recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral frente a la causal 2 de… ¿A través del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral pueden cuestionarse errores in iudicando?
Consejo de Estado Providencia

No cabe duda de que los acuerdos de las partes se extendieron a los aspectos que fueron demandados

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 63001233100020060122302 ACCION CONTRACTUAL
¿En el presente contrato de prestación de servicios de telefonía indirecta, se le debe reconocer al demandante la cesantía comercial o las participaciones correspondientes al 50% de la totalidad de lo recaudado por cargo básico mensual y del 10% por participación de telefonía automática local y de larga distancia? No
Cuando un contrato estatal regido por el derecho privado no tiene pactada cláusula de liquidación, el acta de terminación de mutuo acuerdo no puede tratarse como acta de liquidación, sino como manifestación de la voluntad de las partes de terminar el negocio y conciliar los estados de cuenta. La regla se sostiene en tres razones: la autonomía de la voluntad permite a las partes transigir las obligaciones de un periodo determinado, la declaración de paz y salvo con efectos de transacción produce cosa juzgada respecto de las prestaciones de ese periodo, y el acta de conciliación posterior extingue las obligaciones del periodo siguiente. En el caso, las partes suscribieron un acta de terminación que cubrió el periodo inicial de ejecución y un acta de conciliación que cubrió el periodo posterior, por lo que la pretensión subsidiaria de reconocer la cesantía comercial y las participaciones sobre el recaudo fue negada. El documento no señala que reitere o unifique precedente sobre este punto; la consecuencia práctica es que el paz y salvo y la transacción firmados por las partes impiden reclamar de nuevo las prestaciones del periodo cubierto.síntesis automática
También resuelve: ¿Las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia del CPACA seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA? ¿La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas? ¿La caducidad se configura cuando ha vencido el plazo establecido en la ley para instaurar algún tipo de acción?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020190017801 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión… ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Viene bien anotar que la Ley 80 de 1993, tal y como lo ha reconocido la doctrina y la jurisprudencia es una ley eminentemente de principios que deben guiar la actuación de la Administración Pública en el marco del procedimiento de selección, pero también cuenta con reglas que prescriben parámetros de conducta tendientes a permitir, mandar o prohibir.

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 25000233600020190022401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para garantizar los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública, las entidades estatales solo pueden solicitar la subsanación de los requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación? Sí
El contratista puede solicitar la subsanación de los requisitos no esenciales para la comparación de propuestas hasta el término de traslado del informe de evaluación, en cumplimiento de los principios de transparencia, eficiencia y selección objetiva en la contratación pública. Esta regla se fundamenta en la necesidad de evitar la arbitrariedad en la evaluación de propuestas y en la obligación de las entidades estatales de concentrarse en los requisitos indispensables para determinar la oferta más favorable, en lugar de rechazar las propuestas por errores menores. La Sala reitera esta posición, matizando que la subsanación debe limitarse al término de traslado del informe de evaluación, lo que implica que las entidades estatales no pueden solicitar correcciones fuera de este plazo, garantizando así la transparencia y la objetividad del proceso de selección.síntesis automática
También resuelve: ¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, ante un error propio en la verificación de los requisitos del pliego de condiciones… ¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos desconoció el principio de igualdad, al permitir que algunos oferentes subsanaran, durante la audiencia de adjudicación… ¿El Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos, con fundamento en las reglas previstas en el pliego de condiciones y en las orientaciones de la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Los plazos fijados para el finiquito se prolongaron hasta el 30 de noviembre de 2009

Sentencia — Sentencia 2026-08-10 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 41001233100020120015501 ACCION CONTRACTUAL
¿Vulneró el Departamento del Huila el debido proceso de la contratista al liquidar unilateralmente el contrato después de vencidos los términos previstos para la liquidación bilateral y unilateral, aun cuando conservaba competencia durante el término de caducidad de la acción contractual y se habían adelantado previamente gestiones para lograr, sin éxito, la liquidación de mutuo acuerdo? No
La entidad estatal conserva competencia para liquidar unilateralmente el contrato dentro del término de caducidad de la acción contractual, aun cuando hayan vencido los plazos de liquidación bilateral y unilateral, si no hubo acuerdo entre las partes y la liquidación evita la latencia de la relación contractual. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 fija la liquidación bilateral dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución, salvo el plazo pactado; el artículo 61 de la misma ley permite a la administración realizar el finiquito unilateral cuando los contratantes no logran pacto o el contratista no se presenta; y el numeral 10, literal d, del artículo 44 de la Ley 446 de 1998 concuerda con esa facultad para que la entidad liquide dentro del término de caducidad. Por ello, la liquidación unilateral adelantada tras gestiones previas de liquidación de mutuo acuerdo no vulnera el debido proceso del contratista. La providencia se revoca.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico de un contrato de concesión cuando las circunstancias alegadas como extraordinarias e imprevisibles corresponden a riesgos asignados al… ¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión por la disminución del consumo de aguardiente y la consecuente afectación de la cuota mínima anual de ventas… ¿Procede el reconocimiento de una compensación económica a favor del concesionario por el incumplimiento de la entidad contratante en la fijación de la cuota de promoción y degustación…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La responsabilidad extracontractual del Estado exige la existencia de un daño antijurídico y su imputación a la administración pública.

Sentencia — Sentencia 2025-10-21 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020100074301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Cumplieron las capturas y su legalización los requisitos previstos en los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al artículo 90 de la Constitución Política? Sí
El Estado asume responsabilidad patrimonial extracontractual cuando se acredita la existencia de un daño antijurídico y su debida imputación, entendido aquel como el perjuicio que la persona no tiene el deber jurídico de soportar conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En el presente litigio se examinan las capturas y su legalización conforme a los artículos 297 y 303 de la Ley 906 de 2004, determinando la ausencia de responsabilidad patrimonial por parte de la Fiscalía General de la Nación ante la legalidad de los procedimientos restrictivos de la libertad cuestionados en la demanda de reparación directa.síntesis automática
También resuelve: ¿Cumplieron las solicitudes y la imposición de medidas de aseguramiento los presupuestos establecidos en los artículos 295, 306, 308 y 310 de la Ley 906 de 2004… ¿La Rama Judicial incurre en responsabilidad patrimonial por el vencimiento del término previsto en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 de 2004… ¿Cumplió la Fiscalía General de la Nación el término previsto en la Ley 906 de 2004 para presentar escrito de acusación, sin causar un daño antijurídico que el Estado deba reparar conforme al…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: no se pueden incluir pretensiones en la fijación del litigio

Salvamento voto — Salvamento de voto 2022-10-19 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 68001233300020150008501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se pueden incluir pretensiones en la fijación del litigio? No
Considero que la Sala debió hacer un pronunciamiento expreso reprochando la actitud del Tribunal, quien permitió la inclusión de pretensiones en la audiencia inicial a propósito de la fijación del litigio. La fijación del litigio, tanto conceptual como normativamente, en los artículos 180-7 del CPACA y 372-7 del CGP, es una etapa en la cual el juez determina los hechos que las partes no discuten y aquellos sobre los cuales versa la controversia. Sin embargo, no constituye un momento en el cual puedan agregarse pretensiones. En esa audiencia se fija el objeto de la actividad probatoria, pues la controversia jurídica ha quedado determinada en una etapa anterior; por el contorno demarcado por la demanda y su contestación.
También resuelve: ¿Procedía la declaración de nulidad del contrato solicitada por el Ministerio Público? ¿Procedía la anulación del contrato interadministrativo por violación de los procedimientos de selección establecidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
SIN DECISION