⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-04-24
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000232600020100006601
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:
¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?
¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?
¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El resultado lesivo consistente en la muerte de la víctima fue consecuencia de un actuar doloso de parte del conscripto demandado
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2023-06-02
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 18001233300020140020901
LEY 1437 REPETICION
¿El resultado lesivo consistente en la muerte de la víctima fue consecuencia de un actuar doloso de parte del conscripto demandado en repetición? Sí
La presunción de dolo que la Ley 678 de 2001 asocia a la condena penal del agente se mantiene cuando el demandado no la desvirtúa, y el elemento subjetivo de la acción de repetición se acredita con esa presunción. La regla se sostiene en que el hecho que da base a la presunción debe estar debidamente acreditado y en que la condena penal por dolo, como coautor del delito que causó la muerte de la víctima, dio lugar a la presunción. Por ello, el agente debe demostrar lo contrario para desvirtuarla. En el asunto, el demandado fue condenado penalmente a título de dolo, participó en la comisión del delito y nunca negó su participación, por lo que la Sala concluyó que el resultado lesivo fue consecuencia de su actuar doloso y revocó la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones. En la práctica, la condena penal por dolo fija el elemento subjetivo en la repetición si el agente no lo desvirtúa.síntesis automática
También resuelve:
¿Para cuantificar la condena de repetición, se debe atender el grado de participación del agente en la producción del daño?
¿El servidor o exservidor público fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo, por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del…
¿Se ordenará que a cargo del demandado estará la obligación de atender el reembolso del treinta por ciento (30%) del valor total que debió pagar la entidad demandante?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300020190017801
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?
¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…
¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-12-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 68001233300020180005101
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve:
¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?
¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?
¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto
Sentencia — Sentencia
2025-04-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300120120072501
ACCION DE REPETICION
¿Corresponde a la Sala conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en un proceso de control de repetición cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a lo establecido en los artículos 142, 150 y 152 numeral 9 de la Ley 1437 de 2011. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo confirma que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer estos recursos, ya que el medio de control de repetición es una acción patrimonial que busca reembolsar al Estado por daños causados por actos dolosos o gravemente culposos de servidores públicos. La caducidad del medio de control de repetición se rige por el régimen jurídico vigente al inicio del proceso, según el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que el cómputo del plazo para el pago de la condena se ajusta a las disposiciones del Decreto 01 de 1984. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para conocer estos casos y establece las reglas sobre caducidad aplicables, lo que garantiza la seguridad jurídica en la interposición de recursos de apelación en procesos de control de repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente interponer el medio de control de repetición contra un servidor público o particular que, actuando con dolo o culpa grave…
¿Son aplicables al presente asunto las disposiciones procesales sobre caducidad previstas en el Código Contencioso Administrativo…
¿Es procedente la acción de repetición cuando se presenta la demanda dentro del plazo de los dos años contados a partir del pago realizado por la administración?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se configura la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el artículo 1741 del Código Civil, aplicable conforme al inciso primero del artículo 44 del la Ley 80 de 1993.
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 85001233300020140023201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El negocio jurídico celebrado es absolutamente nulo porque fue suscrito sin licitación pública previa? Sí
El 27 de abril de 2012, la Gobernación del Departamento invitó a la Caja [de Compensación Familiar de Casanare] a formular una oferta… .… El 2 de mayo de 2012, a través de su representante legal, Comfacasanare, una Caja de Compensación Familiar con personería jurídica reconocida por la Supersubsidio presentó propuesta para celebrar el negocio jurídico referido en la invitación y los estudios previos… .… La Secretaría de Educación del Departamento certificó, mediante documento del 2 de mayo de 2012, que Comfacasanare cumplía con los requisitos jurídicos y la capacidad legal para celebrar el convenio.… Luego de suscribir previamente un acta de acuerdo, el 14 de mayo de 2012 el Departamento y la Caja celebraron el CONVENIO DE COOPERACIÓN núm. 001, con el objeto descrito en la invitación, según la cláusula primera.… El 31 de mayo de 2012, Comfacasanare celebró con la UTAC el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 685… .… El 18 de julio de 2013…
También resuelve:
¿Se declara fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales?
¿La apelación tiene por objeto la revisión de la providencia impugnada, únicamente en aquello que haya sido censurado por el recurrente?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo proferido en un proceso contencioso-administrativo de controversias…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada
Sentencia Conflicto Armado — Sentencia
2025-03-10
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 73001233100020070008802
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la muerte de un civil ocasionada por el uso imprudente e irresponsable de armas de dotación oficial, en el contexto de la ejecución de la orden de operaciones “Nórdico” por tropas Ejército Nacional, en la vereda Maracaibo de Rioblanco – Tolima? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido en el proceso ni fuera alegada por las partes, el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio. Los plazos que el legislador establece para cada medio de control son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, de modo que su vencimiento sin que el interesado presente la solicitud judicial extingue el derecho de accionar y consolida las situaciones pendientes. La finalidad de estos plazos es otorgar seguridad jurídica y evitar que las situaciones queden indefinidas en el tiempo. En el caso concreto, la acción de reparación directa por la muerte de un civil fue presentada dentro del término legal, y la sentencia fue modificada. Como consecuencia práctica, la oportunidad de la acción de reparación directa debe verificarse de oficio en los procesos de daños con ocasión de operaciones militares, aun cuando la caducidad no haya sido discutida.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…
¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, atendiendo los principios de necesidad, proporcionalidad…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el interés general.
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 76001233100020100112702
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, considerando que el asunto sub lite versa sobre un caso de grave violación de los derechos humanos, por la muerte de un civil presentado como baja en combate, esto es, de un falso positivo? Sí
El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal ineludible con el propósito fundamental de otorgar seguridad jurídica y evitar la parálisis del tráfico jurídico que dejaría situaciones indefinidas en el tiempo mediante plazos legales orientados a la protección del interés general. Dentro de la acción de reparación directa por la muerte de un civil presentado como baja en combate por el Ejército Nacional, la Sala verifica la oportunidad de la demanda y analiza las solicitudes indemnizatorias por perjuicios inmateriales y daño psíquico o psicológico de los demandantes, confirmando la decisión del Tribunal a quo al no probarse la necesidad de tratamiento médico derivado del homicidio ocurrido el 5 de agosto de 2008.síntesis automática
También resuelve:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…
¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, y conforme con los principios de necesidad, proporcionalidad…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda.
Sentencia — Sentencia
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020040078002
ACCION CONTRACTUAL
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda, conforme al principio de congruencia y al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que limita la competencia del juez superior a los problemas jurídicos derivados de los motivos de inconformidad presentados. Además, el artículo 137.4 del Código Contencioso Administrativo establece que el demandante debe señalar las normas presuntamente violadas y su concepto de violación, determinando así los problemas jurídicos a resolver en la sentencia. La Sala reitera que el juez no puede declarar la nulidad de actos administrativos con base en normas no señaladas en la demanda, salvo en casos de vulneración de derechos fundamentales de aplicación inmediata, lo que implica que las partes deben presentar sus cargos de nulidad con precisión y exhaustividad para evitar decisiones judiciales que excedan los límites establecidos por la congruencia.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre un cargo de nulidad fundado en hechos o argumentos no planteados en la demanda ni en su reforma?
¿Puede la parte demandante solicitar la declaratoria de la cosa juzgada como excepción de fondo en un proceso de lo contencioso administrativo?
¿Puede un contrato estatal estar sometido simultáneamente a normas nacionales y extranjeras por acuerdo de las partes?
CONFIRMA