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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho

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Fecha
2025-04-09
Radicado
76001233300920150042901
Número interno
71111
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
Actor
MARIA MARGARITA MEJIA ZULUAGA, BIBIANA MARIA SALDARRIAGA, CARLOS ARTURO ROBLEDO FIGUEROA
Demandado
NACION- RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho

Regla de decisión

El medio de control de reparación directa es procedente para reclamar perjuicios originados en hechos, omisiones u operaciones administrativas estatales distintas a contratos o actos.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El proponente acude a la jurisdicción contencioso administrativa formulando pretensiones indemnizatorias por daños derivados de actuaciones imputables a la administración de justicia. El juez de la causa analiza la idoneidad del medio de control elegido a la luz del ordenamiento procesal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del CPACA, la pretensión de reparación directa constituye el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el perjuicio invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo. Verificada la oportunidad en la presentación de la demanda y acreditados los presupuestos procesales, la Sala confirma la sentencia de primera instancia. Asimismo, al advertir que la parte vencedora no desplegó actuación alguna en segunda instancia, se abstiene de imponer condena por concepto de agencias en derecho a cargo de la parte demandante.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El medio de control de reparación directa es el procedente para reclamar por daños provenientes de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, art. 140

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Lo que dijo la Sala

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 del CPACA. En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de unos daños provenientes de hechos imputables a la administración de justicia.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de unos daños provenientes de hechos imputables a la administración de justicia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140 CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA Problema jurídico: ¿La caducidad, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción? Respuesta al problema jurídico: Si Si bien en el proceso no se discutió la caducidad del medio de control ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio. Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. […] El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. […] La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de examinar de oficio la caducidad del medio de control, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, rad. 21093, C. P. Hernán Andrade Rincón. Sobre el concepto de caducidad y sus características, cita: Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, sentencia C-574 de 1998; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 23 de febrero de 2006, rad. 6871-05, C. P. Tarsicio Cáceres Toro. CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Problema jurídico: ¿El medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad se interpuso dentro del término establecido en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 164 del CPACA, señala que la pretensión de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que los demandantes tuvieron conocimiento de la antijuridicidad del daño alegado cuando quedó ejecutoriada el proveído del 12 de noviembre de 2013, mediante el cual se declaró la extinción de la acción penal por prescripción a favor de los procesados, esto es, el 27 de noviembre siguiente; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 6 de noviembre de 2014, la cual se declaró fallida el 2 de febrero de 2015; y iii) que la demanda se presentó el 17 de abril de 2015, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad la contabilización del término de caducidad cuando el daño proviene de la privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2017, rad. 49898, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 23 de octubre de 2017, rad. 48130, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 10 de noviembre de 2017, rad. 49206, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 23 de noviembre de 2017, rad. 54716, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 PRESUPUESTO PROCESAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RAMA JUDICIAL Problema jurídico: ¿Las partes que integran la litis se encuentran legitimadas en la causa? Respuesta al problema jurídico: Si Comoquiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis. […] [Los demandantes] están legitimados en la causa por activa, ya que fueron sujetos pasivos del proceso penal […]. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que la primera fue la entidad que adelantó la investigación penal […] y les impuso medida de aseguramiento, y la segunda declaró la extinción de la acción penal por prescripción. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber de verificar la legitimación en la causa como presupuesto procesal, cita: Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, rad. 24677, C. P. Enrique Gil Botero. Respecto de la representación de la Nación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 25 de septiembre de 2013, rad. 20420, C. P. Enrique Gil Botero. ELEMENTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CLÁUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Los presupuestos para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado son la existencia de un daño antijurídico y la imputación de éste al Estado? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. […] [E]s toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida , violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. […] La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a los presupuestos de la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, rad. 11945, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 11 de noviembre de 1999, rad. 11499, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 27 de enero de 2000, rad. 10867, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; y sentencia de 18 de mayo de 2017, 36386, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO Problema jurídico: ¿El título de imputación aplicable en casos de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad debe definirse por el Juez previo análisis del caso concreto? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l Estado resulta patrimonialmente responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad. […] Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que en aplicación del principio iura novit curia dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. […] Bajo la óptica de la cláusula general de responsabilidad contenida en la Constitución, no existe fundamento para favorecer un régimen de tinte marcadamente objetivo como el previsto en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Rad.23354), con la cual fundamentalmente se buscaba proteger el derecho ambulatorio de las personas y restablecer el desvalor patrimonial sufrido por quien fue objeto de la medida de restricción de la libertad cuando el sindicado recobraba el pleno goce de su derecho al resultar sobreseído o absuelto por alguno de los supuestos desarrollados por la jurisprudencia, para los cuales se reservaba la asignación objetiva de responsabilidad al Estado cuando: i) el detenido no cometió el delito, ii) el hecho no existió, iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica o, iv) por aplicación del principio in dubio pro reo; eventos en cuya ocurrencia la antijuridicidad del daño se consideraba de antemano presente y por tanto el análisis de la responsabilidad se simplificaba y con ello el de los elementos estructurales de la responsabilidad, debiendo probarse únicamente la ocurrencia del daño mismo, es decir, de la privación material de la libertad, dejando de lado verificar si con la medida se contradecía el ordenamiento jurídico o si esta se produjo al margen del derecho, régimen bajo el cual la única manera para el Estado de librarse de una condena era lograr probar alguna causal de justificación y, en particular, la culpa o hecho de la propia víctima, con lo cual se rompe la imputación de la responsabilidad y se desestima el deber de responder para la Administración. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de los presupuestos de la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013, rad. 23354, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, M. P. José Fernando Reyes Cuartas; sentencia C-037 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 DOCUMENTO PERIODÍSTICO / ARTÍCULOS DE PRENSA / PUBLICACIÓN EN PRENSA / VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA / COMUNICADO DE PRENSA Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio las notas de prensa? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s menester poner de presente que las notas de prensa serán valoradas según los criterios expuestos por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 29 de mayo de 2012, esto es, servirán solo como indicador para la Sala, quien, a partir de ello, en concurrencia con otras pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, podrá llegar a constatar la certeza de los hechos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las notas de prensa, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 29 de mayo de 2012, rad. 11001031500020110137800, C. P. Susana Buitrago Valencia. MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA / PROCESO PENAL / DILACIÓN INJUSTIFICADA EN EL PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL / EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CARGA PROCESAL / EXISTENCIA DEL INDICIO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son patrimonialmente responsables por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que, según afirman los actores, incurrieron las entidades demandadas por la prolongación injustificada del proceso penal que se tramitó en su contra? Respuesta al problema jurídico: No No se estudiará el daño por la afectación al debido proceso […], derivado de la presunta prolongación injustificada del proceso penal que se adelantó en su contra, consistente en los 9 años transcurridos desde que se dispuso iniciar la investigación penal hasta que se decretó la extinción de la acción penal por haber operado el fenómeno de la prescripción, pues en primer lugar los demandantes debían soportar la carga de ser objeto de un proceso penal, carga que per se no implica la causación de un daño antijurídico. […] [F]rente a las cargas procesales el Consejo de Estado ha señalado que “la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual”. En segundo lugar […], si bien el Juzgado […] declaró la extinción penal en favor de los procesados por haber operado el fenómeno de la prescripción, lo cierto es que no se les causó un daño antijurídico, pues se advierte que el simple paso del tiempo que conduce a la prescripción de la acción penal es insuficiente para hallar establecida la responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, si en el transcurso del proceso penal se respetaron todas las instancias, términos procesales y el debido proceso. […] [P]ara la Sala no se ocasionó un daño antijurídico a los procesados, toda vez que fue la misma decisión del 12 de noviembre de 2013, proferida por el Juzgado 4º Penal del Circuito Especializado de Cali, la que resultó favoreciéndolos al declarar la extinción de la acción penal por haber operado el fenómeno de la prescripción, pues, se liberaron de la acusación que en su contra formuló la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y testaferrato […]. En efecto, frente a este aspecto, al no probarse el daño como núcleo del instituto de la responsabilidad, se hace infructuoso continuar con el análisis del juicio de responsabilidad, pues el daño como elemento sustancial para exigir la reparación de perjuicios debe ser probado. […] De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga probatoria que le correspondía frente a este daño […]. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la carga procesal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de septiembre de 1994, rad. 9391, C. P. Julio César Uribe Acosta; sentencia de 27 de marzo de 2014, rad. 31535, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 26 de agosto de 2015, rad. 38252, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 10 de febrero de 2016, rad. 39183, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 12 de mayo de 2016, rad. 2009-00049(41401), C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, rad. 46947, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 17 de marzo de 2021, rad. 41776, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 17 de agosto de 2017, rad. 37304, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico (e). Respecto de la prescripción de la acción penal, cita: Corte Constitucional, sentencias C-176/94 y C-401/10; Corte Suprema de Justicia, sentencia de 23 mayo de 2012, rad. 34180. CAPTURA / CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA / LEGALIDAD DE LA CAPTURA / PROCEDENCIA DE LA ORDEN DE CAPTURA / EVENTOS EN QUE PROCEDE LA CAPTURA / GARANTÍA PROCESAL / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO Problema jurídico: ¿La actuación de la Fiscalía General de la Nación en punto de la captura con fines de indagatoria de los sindicados cumplió con los presupuestos legales? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala advierte: i) que la captura […] satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 336, 340, 351 y 354 de la Ley 600 de 2000; y, ii) que no se probó el daño antijurídico derivado del vencimiento del término procesal previsto en el artículo 352 de la Ley 600 de 2000, toda vez que no existe prueba en el plenario que permita acreditar las condiciones bajo las cuales se adelantó dicha actuación. Así, se concluye que el procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad procesal vigente que regula dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de los procesados, sin evidenciar actuaciones arbitrarias, caprichosas o contrarias al ordenamiento jurídico por parte del ente acusador que pudieran ocasionar la configuración de un daño antijurídico digno de ser indemnizado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la forma como deben contabilizarse los términos en relación con la Ley 600 de 2000, cita: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de septiembre de 2018, rad. 47273, C. P. Jaime enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 336, 340, 351, 352 Y 354 MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿La medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía en contra de los demandantes, cumplió con los presupuestos legales que se exigían para su imposición? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala evidencia que el daño alegado y calificado como antijurídico por los demandantes encuentra amparo legal por haberse derivado de una actuación de la Administración ajustada a derecho y porque la medida de aseguramiento se dictó con fundamento en el material probatorio mínimo que exigía la ley para la adopción de tales medidas, frente a la cual los accionantes no pueden pretender indemnización de perjuicios. En efecto, la medida resultaba: i) necesaria, dado que existía el mérito probatorio suficiente para decretar la medida preventiva conforme al ordenamiento procesal penal vigente al momento de su imposición; ii) proporcional, por cuanto los delitos por los cuales se investigaban a los indiciados implicaban una pena privativa de la libertad de al menos ocho (8) años de prisión, y se probó que estos estuvieron privados de la libertad por un término de 29 meses y 5 días; y iii) razonable, en tanto satisfizo con creces el requisito previsto en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000, que permitía inferir que los procesados podían ser autores del delitos por los cuales se les investigaba, y, además, de cara a la gravedad de las conductas que se les reprochaban. De igual manera, debe tenerse en cuenta que en el caso concreto la parte demandante tampoco allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria, carga que le correspondía asumir con el propósito de acreditar la injusticia de la medida cuya omisión significa la imposibilidad de establecer la responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de [los demandantes] […], pues no logró establecerse la antijuridicidad del daño que se les pudo haber causado. En vista de lo expuesto se evidencia que la medida de aseguramiento impuesta […] satisfizo las prerrogativas previstas en los artículos 355, 356 y 357 de la Ley 600 de 2000. FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 355, 356 Y 357 PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / AUDIENCIA PÚBLICA / AUDIENCIA PÚBLICA EN PROCEDIMIENTO PENAL Problema jurídico: ¿El Estado cumplió el término procesal para calificar el mérito del sumario y celebrar audiencia pública? Respuesta al problema jurídico: Si [S]e evidencia que la Fiscalía General de la Nación cumplió con el requisito previsto en el numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 del 2000, pues no transcurrieron más de trescientos sesenta (360) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que los sindicados fueron privados de la libertad de forma efectiva. […] Ahora bien, frente al término dispuesto en el numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, se advierte que, aunque transcurrieron más de doce (12) meses desde la ejecutoria de la Resolución de Acusación sin que se celebrara audiencia pública, lo cierto es que no se ocasionó un daño antijurídico a los procesados, porque la defensa ejerció la prerrogativa del numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 para ser titular del derecho de excarcelación. […] De conformidad con lo anterior, se concluye que la privación de la libertad […] satisfizo las previsiones del numeral 4º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 y que no se acreditó la causación de un daño antijurídico por el vencimiento del término dispuesto en el numeral 5º del artículo 365 de la Ley 600 de 2000. FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 4, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5 LIBERTAD PROVISIONAL / NEGACIÓN DE LA LIBERTAD PROVISIONAL / IMPROCEDENCIA DE LA LIBERTAD PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA LIBERTAD PROVISIONAL / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL Problema jurídico: ¿La decisión de la Rama Judicial por medio de la cual negó el beneficio de libertad provisional, ocasionó un daño antijurídico a los demandantes? Respuesta al problema jurídico: Si [S]i bien la defensa de los procesados solicitó el beneficio de la libertad provisional, lo cierto es que lo hizo cuando aún no había fenecido el término de 12 meses contados a partir de la ejecutoria de la Resolución de Acusación, razón por la cual no había lugar a otorgar el derecho de excarcelación. Así, la Sala encuentra que no existe prueba en el plenario que permita evidenciar que la Rama Judicial ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, en tanto se evidencia que la decisión del 22 de mayo de 2007 se fundó en las pruebas válidamente allegadas al plenario, así como en la normatividad penal vigente, que permitían mantener vigente la medida restrictiva de la libertad. En ese estado de cosas, debe advertirse que en modo alguno el juez de lo contencioso está autorizado para revisar nuevamente el proceso penal como si se tratase de una “tercera instancia” y por ende las resoluciones que allí se dictaron, razón por la que está vedado en este asunto pronunciarse de los hechos delictivos en que se fundamentaron los acontecimientos que dieron origen al ya referido proceso penal. En suma, la Sala concluye que en el caso sub examine no se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad, lo que hace infructuoso el análisis de los demás elementos del instituto indemnizatorio e inclusive el estudio de una eventual causa extraña, pues debe recordarse que la responsabilidad es una institución de carácter derivado que depende necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de reparar. En consecuencia, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia del 16 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, según lo expuesto en precedencia. CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas contra la parte actora? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con [el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y artículo 365 del Código General del Proceso], en la parte resolutiva se condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 AGENCIAS EN DERECHO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede fijar las agencias en derecho en segunda instancia al advertirse que la parte vencedora no desplegó actuación alguna? Respuesta al problema jurídico: No [E]n relación con las agencias en derecho en segunda instancia, es menester poner de presente que se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora. En este sentido, se advierte que en segunda instancia la parte vencedora no desplegó actuación alguna, en consecuencia, no habrá lugar al pago de agencias en derecho a cargo del extremo activo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos de procedencia en relación con las agencias en derecho, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 51034, C. P. María Adriana Marín.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012333009201500429011100103