Titulación de la relatoría 23.935 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / AUSENCIA DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / NEGACIÓN DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n el sub examine no se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad, lo que hace infructuoso e innecesario el análisis de los demás elementos del instituto indemnizatorio, entre ellos el fundamento del deber de reparar y con ello el juicio de imputación, pues debe recordarse que la responsabilidad es una institución de carácter derivado que depende necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de reparar. [D]e conformidad con lo expuesto, en la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia […], proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ACTUACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / TÉRMINO DE LA FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN / REQUISITOS DE LA FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / ETAPAS DEL JUICIO / TÉRMINO PARA DAR INICIO A LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
Problema jurídico:
¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Fiscalía General de la Nación cumplió el término procesal fijado en el numeral 4º del artículo 317 de la Ley 906 del 2004, porque no transcurrieron más de sesenta (60) días hábiles de privación efectiva de libertad de la procesada desde la fecha de la formulación de imputación sin que se hubiere presentado el escrito de acusación […]. De otro lado, [la] Rama Judicial cumplió el término procesal fijado en el numeral 5º del artículo 317 de la Ley 906 del 2004, porque no transcurrieron más de noventa (90) días hábiles a partir de la fecha de la formulación de la acusación sin dar inicio a la audiencia de juicio […]. En suma, se concluye que la privación de la libertad de [la demandante] cumplió con los términos dispuestos en los numerales 4º y 5º del artículo 317 de la Ley 906 del 2004.
FUENTE FORMAL:
LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 317 NUMERALES 4 Y 5
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PRUEBA INCRIMINATORIA / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PARTÍCIPE DE LA CONDUCTA PUNIBLE / INFERENCIA LÓGICA / DECLARACIÓN JURAMENTADA / RESERVA DE IDENTIDAD DEL TESTIGO / PARTICIPACIÓN DELICTIVA / COPARTICIPACIÓN EN LA CONDUCTA PUNIBLE / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PELIGROSIDAD / GRAVEDAD DE LA CONDUCTA PUNIBLE / REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LOS MECANISMOS DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
Problema jurídico:
¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ara la fecha en que se impuso la medida de aseguramiento, las afirmaciones [del] testigo gozaban de plena validez probatoria, pues no habían sido desvirtuadas hasta ese momento procesal con ningún otro medio material probatorio […]. [S]e observa que la privación de la libertad de [la demandante] no fue injusta, puesto que la medida de aseguramiento cumplió con los presupuestos formales y sustanciales fijados en los artículos 308, 310 y 313 de la Ley 906 de 2004, toda vez que de los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban, puesto que la declaración juramentada de un testigo con reserva de identidad recogida al interior del proceso daba cuenta de la participación directa de la señora […] en el atentado [contra la víctima]. [L]a medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable […], debido a la posible obstrucción de la justicia, el peligro que representaba para la sociedad y la víctima, y a la gravedad de los delitos por los cuales estaba siendo investigada, que no solo permitían sino aconsejaban la medida restrictiva de la libertad.
FUENTE FORMAL:
LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 308, 310 Y 313
CLASES DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / LEGALIDAD DE LA CAPTURA / APLICACIÓN DE LA LEY 906 DE 2004 / GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / GARANTÍAS DEL PROCESADO / APLICACIÓN DE LA LEY PROCESAL PENAL / INTERPRETACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / AUSENCIA DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / JUSTIFICACIÓN DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / SOLICITUD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / FINALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
Problema jurídico:
¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la procesada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e observa que la captura de […] atendió a lo dispuesto en el artículo 303 de la Ley 906 de 2004, y se respetaron las garantías y derechos fundamentales de la procesada, pues en la audiencia de legalización de captura quedó evidenciado que a la procesada se le pusieron de presente sus derechos y garantías procesales, frente a lo cual la indiciada y su abogado defensor no presentaron ninguna objeción. [E]l procedimiento de captura [estuvo] ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad sustancial y procesal vigente que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la procesada, sin evidenciar actuaciones arbitrarias, caprichosas o contrarias al ordenamiento jurídico por parte de las entidades demandadas que pudieran ocasionar la configuración de un daño antijurídico digno de ser indemnizado […]. [L]a solicitud de imposición de medida de aseguramiento […], elevada por la Fiscalía [al] Juzgado 3º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bucaramanga, cumplió con los requisitos [de la normatividad penal], pues se fundamentó en los elementos de juicio con los que contaba la Fiscalía General de la Nación en dicho momento procesal, que eran suficientes para acompañar de manera justificada el requerimiento de la medida cautelar.
FUENTE FORMAL:
LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 303
INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / SITUACIÓN DEL PROCESADO / AGRAVACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PROCESADO / CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE / SUJETO ACTIVO DE LA CONDUCTA PUNIBLE / SUJETOS DE LA CONDUCTA PUNIBLE / PARTICIPACIÓN DELICTIVA / COPARTICIPACIÓN EN LA CONDUCTA PUNIBLE / SOLICITUD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / FINALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO CARCELARIO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD
Problema jurídico:
¿La solicitud de medida de aseguramiento halló justificación de cara a la posible obstrucción de la justicia y a la gravedad de las conductas que se le atribuían a la procesada?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a señora […] estaba seriamente comprometida con las conductas punibles atestadas, pues se advirtió que tres personas habían realizado señalamientos directos sobre su participación en el atentado. [L]a solicitud de medida de aseguramiento de detención preventiva halló justificación de cara a la posible obstrucción de la justicia y a la gravedad de las conductas que se le atribuían a la procesada […]. [L]a solicitud de medida de aseguramiento cumplió con los requisitos previstos en el artículo 313 de la Ley 906 de 2004, puesto que los delitos por los que se procesó a la imputada se podían investigar de oficio y tenían prevista una pena de prisión que excedía los cuatro (4) años. [L]a Sala evidencia que el daño alegado no tiene el carácter de antijurídico por haberse derivado de una actuación de la Administración ajustada a derecho, frente a la cual los demandantes no pueden pretender indemnización de perjuicios. [S]e advierte que en el presente asunto la solicitud de medida de aseguramiento elevada por la Fiscalía General de la Nación estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, sin vislumbrarse la configuración de un daño antijurídico sujeto de reconocimiento indemnizatorio en dicha actuación.
FUENTE FORMAL:
LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 313
AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REGULACIÓN LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ / SUPUESTOS FÁCTICOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / ANTIJURICIDAD MATERIAL / REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE PROLONGACIÓN ILÍCITA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / AUSENCIA DE ANTIJURICIDAD / FALTA DE ANTIJURICIDAD MATERIAL / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO INDEMNIZABLE
Problema jurídico:
¿El modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad no privilegió ningún título de imputación, dejando en manos del juez la labor de definir el régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones tanto fácticas como jurídicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con relación al modelo de responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad, la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación en particular, por lo que [dejó] en manos del juez la labor de definir, [el] régimen aplicable y la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que se habrá de adoptar. [L]os títulos de imputación [deben] guardar sintonía con la realidad probatoria que se presenta en el caso en particular, [atendiendo] los principios constitucionales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado […]. [El] examen de la antijuridicidad del daño que se discute […], se exige constatar si la orden de detención y las condiciones bajo las cuales esta se llevó a cabo se apegaron a los cánones legales y constitucionales o no, e igualmente si el término de duración de la medida de restricción fue excesivo, así como si la medida era necesaria, razonable y proporcional, de donde, si la detención se realizó de conformidad con el ordenamiento jurídico, se entenderá que el daño carece de antijuridicidad y por lo tanto quien lo sufrió no tendrá derecho a que se le indemnicen los perjuicios por su padecimiento. [E]l primer examen debe hacerse sobre la medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la afectación, […] en la medida en que en el régimen colombiano de responsabilidad del Estado, este responde únicamente por los daños antijurídicos que cause en desarrollo del principio alterum non laedere, pero no de aquellos que hallan amparo en el ordenamiento.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, cita: Corte Constitucional, sentencia de unificación 072 del 5 de julio de 2018, M. P. José Fernando Reyes Cuartas; y sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se declaró la exequibilidad condicionada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FACULTAD DE LA PARTE DEMANDANTE / RESPONSABILIDAD DE PARTE DEMANDADA / DESIGNACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA / INTERÉS JURÍDICO DIRECTO / INTERÉS JURÍDICO PARA RECURRIR / VÍCTIMA DIRECTA / FAMILIA DE LA VÍCTIMA / REPRESENTACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿La víctima directa y los demás demandantes son las personas sobre quienes recae el interés jurídico y están legitimados en la causa por activa, ya que la primera fue el sujeto pasivo del proceso penal, y los demás conforman su núcleo familiar?
Respuesta al problema jurídico: Si
[La víctima directa y los demás demandantes] son las personas sobre quienes recae el interés jurídico que se debate en este proceso y están legitimados en la causa por activa, ya que la primera fue el sujeto pasivo del proceso penal que se [adelantó], según da cuenta copia auténtica de las providencias dictadas en dicha causa penal, y los demás conforman su núcleo familiar, tal como lo establecen [sus] correspondientes registros civiles de nacimiento. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que la primera fue la institución que capturó a [la demandante principal], la segunda solicitó ante el Juez de Control de Garantías la legalización de captura y la medida de aseguramiento [y] la tercera fue quien legalizó la aprehensión, le impuso medida de aseguramiento y, posteriormente, la absolvió por in dubio pro reo.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la legitimación en la causa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de septiembre de 2013, rad. 20420, C. P. Enrique Gil Botero.
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CONCEPTO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / CLASES DE SANCIÓN / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / FECHA DE COMISIÓN DEL HECHO / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / ABSOLUCIÓN EN EL PROCESO PENAL / LIBERTAD DEL PROCESADO / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿La pretensión de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo?
Respuesta al problema jurídico: Si
La caducidad […], es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, [pues] mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; [s]e entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción […], cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 164 del CPACA, señala que la pretensión de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo […]. [L]a Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado. [S]e estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la pretensión de reparación directa.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad en la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del del 23 de octubre de 2017, rad. 48130, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 19 de julio de 2017, rad. 49898; sentencia del 10 de noviembre de 2017, rad. 49206; y sentencia del 23 de noviembre de 2017, rad. 54716, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CLASES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / CLÁUSULAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / EXISTENCIA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO / DAÑO PATRIMONIAL / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / INDEMNIZACIÓN POR REPARACIÓN DEL DAÑO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR RIESGO EXCEPCIONAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL
Problema jurídico:
¿Dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado son la existencia de un daño antijurídico y la imputación de éste al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. [E]s toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal […], al lesionar una situación reconocida o protegida […], en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella […], como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño especial, entre otros.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad del Estado por daño antijurídico, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 1999, rad. 11499; y sentencia del 27 de enero de 2000, rad. 10867, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991
CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS A FAVOR DE ENTIDAD PÚBLICA / OBLIGACIONES DE LA PARTE DEMANDANTE / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / CUANTÍA DEL PROCESO / INTERVENCIÓN DEL APODERADO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Se condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de apelación interpuesto por esta no prosperó?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 365 del Código General del Proceso […], establece [las] reglas para proceder a la condena en costas. [E]n la parte resolutiva se condenará en costas a la parte actora, toda vez que el recurso de apelación interpuesto por esta no prosperó. La liquidación de las costas [se hará], en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las expensas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. [E]n relación con las agencias en derecho en segunda instancia, se entienden causadas en razón de la naturaleza, calidad, la cuantía del proceso y la actuación desplegada por la parte vencedora. [E]l Acuerdo 10554 de 2016 [del] Consejo Superior de la Judicatura, determina que en los procesos declarativos en general en segunda instancia, podrán fijarse [las agencias en derecho] entre 1 a 6 SMLMV. [C]omoquiera la parte demandada no desplegó ninguna actuación en segunda instancia, no habrá lugar al pago de las agencias en derecho a cargo del extremo activo.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 10554 DE 2016, DECRETO LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 Y 365 NUMERAL 8