Titulación de la relatoría 14.890 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico, que debe ser cierto, real, determinado o determinable e indemnizable, y su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
"El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Así, para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado, deben concurrir dos (2) presupuestos: (i) un daño antijurídico y (ii) su imputación al Estado por la acción u omisión de autoridades públicas. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento, es decir, toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique. Dicho daño debe ser cierto, real, determinado o determinable e indemnizable, so pena de configurarse como eventual e hipotético."
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el daño como elemento que de la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar providencias de 1 de noviembre de 1999, Exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 27 de enero de 2000, Exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 26 de abril de 2017, Exp. 39321 C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 14 de septiembre de 2017, Exp. 44260, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 7 de septiembre de 2020, Exp. 50079, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERJUICIO MORAL / PERJUICIO PATRIMONIAL / DETRIMENTO DEL PATRIMONIO / DAÑO AL BUEN NOMBRE / DERECHO A LA HONRA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / FALTA DE PRUEBA
Problema jurídico:
¿Está probado que la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación del demandante al proceso penal adelantado por los delitos de peculado por apropiación y de falsedad ideológica en documento público, causa que culminó con sentencia absolutoria, ocasionaron a los actores detrimento patrimonial, daños morales y a la honra?
Respuesta al problema jurídico: No
"Frente al detrimento patrimonial y a los daños morales y a la honra, no puede pasarse por alto que la orfandad probatoria impide tenerlos por acreditados. El simple aserto incluido en la demanda no es suficiente, sino que requiere ser corroborado con las pruebas debidamente decretadas y aportadas en el curso del medio de control. Los únicos elementos que podrían servir de sustento para comprobar la existencia de los mentados daños son los testimonios rendidos en la etapa correspondiente y los contratos suscritos entre el señor (...) [demandante] y el Municipio de Carepa, sin embargo, aquellas, por sí solas, no son idóneas. Por un lado, si bien los testimonios narran que el señor (...) tuvo problemas personales, económicos y familiares con ocasión del proceso penal adelantado en su contra, dichas manifestaciones, además de que fueron planteadas de manera general, sin exponer los pormenores de la ciencia de su dicho, no encuentran respaldo en otro medio probatorio que obre en el expediente, falencia que impide que sus versiones puedan ser contrastadas para determinar su veracidad; y, por otro, los contratos dan cuenta de los honorarios percibidos por el señor (...) en los años dos mil ocho (2008) y dos mil nueve (2009), pero nada revelan sobre la época posterior a la vinculación al trámite judicial. Los negocios jurídicos celebrados no constatan que su actividad económica se vio afectada por las actuaciones de los organismos demandados (...)."
MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PECULADO POR APROPIACIÓN / FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO / SENTENCIA PENAL ABSOLUTORIA / PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS / ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN DE SALIR DEL PAÍS / VINCULACIÓN AL PROCESO PENAL / CARGAS PÚBLICAS / DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PÚBLICAS / DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LAS CARGAS PÚBLICAS / PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / DEBER DE COLABORACIÓN / COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEBER DE COLABORAR CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DEBERES DEL CIUDADANO / AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ANTIJURICIDAD DEL DAÑO / AUSENCIA DE ANTIJURICIDAD / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿Está probado que la imposición de medidas no privativas de la libertad y la vinculación del demandante al proceso penal adelantado por los delitos de peculado por apropiación y de falsedad ideológica en documento público, causa que culminó con sentencia absolutoria, ocasionaron a los actores un daño susceptible de reparación?
Respuesta al problema jurídico: No
"En lo que respecta a las restricciones para salir del país o cambiar de domicilio, la Sala ha considerado que el daño antijurídico recae sobre la libertad de locomoción que tienen las personas y no se configura con la simple prescripción de la medida, sino que debe acreditarse la afectación efectiva frente a la víctima en particular. (...) Luego, en principio, en modo alguno podría afirmarse que los daños cuyo resarcimiento procuran los demandantes tienen carácter antijurídico, en tanto el ejercicio de la acción penal tiene sustento constitucional y legal, así como la imposición de distintas medidas no privativas de la libertad. (...) Esa injusticia, tratándose de un litigio que tiene como génesis la vinculación de una persona a un proceso penal y su posterior absolución, no puede determinarse linealmente a partir del resultado absolutorio o equivalente del juicio penal. (...) Aunque en este caso no está en discusión la responsabilidad del Estado por una medida de aseguramiento privativa de la libertad física, sino por la apertura de una investigación penal y la imposición de unas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad, la Subsección considera que es igualmente aplicable el precedente según el cual es necesario el examen de los criterios que rodearon el decreto de las limitaciones, es decir, la razonabilidad, la proporcionalidad y la legalidad. No puede ser otra la interpretación de la jurisprudencia, en la medida en que, si esta ha sido enfática al indicar que la sola existencia de una decisión absolutoria dentro del proceso penal no se traduce, de inmediato, en la obligación del Estado de responder por una detención preventiva, menos podría serlo por restricciones menos lesivas de derechos fundamentales. (...) De suerte que, por regla general, el hecho de ser vinculado a un proceso penal y posteriormente absuelto no comporta necesariamente un daño antijurídico, pues la esencia de un proceso penal es “establecer, más allá de toda duda razonable, si una persona es o no responsable de la comisión de un delito. (...) Revisado el expediente, los medios probatorios (...) resultan (...) insuficientes para juzgar la razonabilidad de las medidas; ni las sentencias dictadas en el curso del proceso penal, ni el disco de registro digital sin información, ni las copias del contrato sobre cuya ejecución gravitaba la investigación penal, permiten establecer si las medidas, que autorizaba el ordenamiento, estuvieron fundamentadas, en el caso concreto, en pruebas debida y razonablemente analizadas. Esta Judicatura echa de menos el aporte íntegro del expediente penal, insumo que hubiera permitido tener un panorama completo y adecuado sobre dicho trámite, pues no basta, para ese propósito, con la remisión a las consideraciones del proveído dictado en un proceso jurisdiccional, ya que las providencias prueban la decisión judicial y las circunstancias procesales, mas no sirven para acreditar los hechos en los que fue fundada. En este caso no puede inferir la Sala, de las copias traídas al proceso, la suficiencia o insuficiencia de la labor investigativa adelantada por la fiscalía, ni prestan mérito esas pruebas para tener por demostrado el aserto de la parte recurrente, según el cual, la absolución del procesado haya tenido por causa la prueba de la falta de antijuridicidad material de la conducta. (...) Así las cosas, de conformidad con el artículo 167 del Código General del Proceso, que dispone que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, como en esta contencioso la parte accionante no cumplió con el deber que le asistía de demostrar el daño antijurídico, la Subsección confirmará la decisión de primera instancia en la que el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las súplicas de la demanda."
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la investigación penal como una carga que los ciudadanos están en el deber de soportar, consultar providencias consultar providencias de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 26 de abril de 2017, Exp. 41326, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 11 de marzo de 2019, Exp. 55518, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 29 de abril de 2019, Exp. 47496, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 30 de septiembre de 2019, Exp. 43938, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; y de la Corte Constitucional, T-342 de 2022. Acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, consultar providencias de 1 de octubre de 2018, Exp. 46328, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 6 de agosto de 2020, Exp. 46947, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; de 1 de noviembre de 2023, Exp. 59616, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 13 de marzo de 2024, Exp. 59497, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 24 de abril de 2024, Exp. 62659, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 17 de junio de 2024, Exp. 58672, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de la Corte Constitucional, SU-072 de 2018, T-045 de 2021, SU-363 de 2021, T-342 de 2022 y T-171 de 2023.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 250, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 4, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 95, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 23, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 114, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 140 NUMERAL 5, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 287, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 307 NUMERAL 5 LITERAL B, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 336, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 372, LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULO 97
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LAS COSTAS PROCESALES / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Debe condenarse en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
"El artículo 361 del Código General del Proceso dispone que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su vez, los artículos 365.1 y 366 ibidem, aplicables por remisión expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, prescriben que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Su liquidación se realiza, de manera concentrada, por la secretaría del juzgador que haya conocido el proceso en primera instancia, sin embargo, en este escenario corresponde la fijación de las agencias en derecho, de acuerdo con las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura. Bajo tales supuestos, la Sala condenará en costas a la parte actora dado que sus pretensiones fueron despachadas en forma desfavorable. El Tribunal Administrativo de Antioquia deberá efectuar la correspondiente liquidación y tasación, debiendo considerar que en esta instancia se fijarán agencias en derecho por el 0.1% del valor total de las pretensiones negadas a favor de la parte demandada, de conformidad con las tarifas establecidas en el numeral 3.1.3. del artículo sexto del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura."
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366