⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado
Providencia
No están probados los perjuicios causados y, se impone negar las pretensiones de la demanda que persiguen la responsabilidad contractual del contratista demandado y su aseguradora, pero por las razones aquí expuestas.
Sentencia — Sentencia
2022-07-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020070153601
ACCION CONTRACTUAL
¿La parte actora demostró los perjuicios que le ocasionó el contratista derivados del incumplimiento del contrato y por ende procede la efectividad de la garantía de cumplimiento? No
El contratista no debe indemnizar los perjuicios reclamados por la entidad estatal derivados del incumplimiento del contrato de salud, ya que la entidad no probó adecuadamente la existencia y cuantía de dichos perjuicios, a pesar de su carga probatoria. Aunque el incumplimiento del contrato se demostró, la entidad no presentó pruebas suficientes para establecer la afectación específica y cuantificable de sus derechos. La Sala reitera la importancia de la carga probatoria en acciones de controversias contractuales y matiza la aplicación de la cláusula compromisoria en contratos de seguro de cumplimiento, considerando la postura vigente al momento de la presentación de la demanda, lo que implica que las partes deben estar atentas a las interpretaciones jurisprudenciales vigentes en el tiempo de la presentación de sus acciones.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales fue presentada en término?
Consejo de Estado
Providencia
Contrato estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-08-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020140017901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887 y al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, que la cesión realizada entre el Departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. alteró el régimen jurídico sustancial del contrato estatal SOP-A-194-2006? No
La cesión de la posición contractual de un departamento en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial no altera el régimen jurídico sustancial del contrato estatal celebrado antes de la cesión. La regla se apoya en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, según el cual en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, y en que el departamento, como entidad enlistada en la Ley 80 de 1993, somete el contrato al estatuto general de contratación pública. Ese régimen no muta por el solo hecho de la cesión, pues las prerrogativas del contrato se transfieren al cesionario. En el caso, el contrato fue suscrito inicialmente por el departamento y el consorcio contratista, y su régimen estatal se mantuvo tras la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido continúa rigiéndose por las normas vigentes al celebrarse, y el cambio de titular no modifica la naturaleza estatal de la relación.síntesis automática
También resuelve:
¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10, del Código Contencioso Administrativo para efectos de contabilizar el término de caducidad del medio de control judicial en relación con el contrato estatal…
¿Debe reconocerse al contratante una indemnización adicional por los conceptos no aceptados por el tribunal a quo, como la instalación de tuberías, reparaciones del acueducto, diagnóstico de la obra…
¿Puede la Sala abstenerse de imponer costas en segunda instancia conforme al artículo 365 numeral 5 del CGP, cuando el recurso de apelación prospera parcialmente…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El primero punto de la apelación no prospera
Sentencia — Sentencia
2026-05-28
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 52001233300020190030201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El municipio cumplió lo establecido en el numeral 17 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo dado que suscribió las prórrogas y constituyó las pólizas acordadas? No
El municipio no cumple con la obligación de información establecida en un convenio interadministrativo, incluso si ejecuta otras prestaciones acordadas, ya que la ley exige que se realice específicamente la conducta a la que se comprometió. En este caso, el municipio se obligó a entregar la información necesaria para la liquidación del convenio, pero no cumplió con este deber específico, a pesar de suscribir las prórrogas y constituir las pólizas acordadas. La Sala modificó la decisión del a quo, estableciendo que la obligación de información es independiente de otras prestaciones y debe ser cumplida en su totalidad para considerar el convenio ejecutado conforme a la ley. Esto implica que la entidad estatal debe cumplir rigurosamente con todas las obligaciones específicas estipuladas en el convenio, independientemente de otras acciones realizadas, para evitar incumplimientos que puedan dar lugar a cláusulas penales.síntesis automática
También resuelve:
¿el fallo incurrió en contradicción porque, a pesar de que se logró el objeto del convenio, ordenó hacer efectiva la cláusula penal?
¿Era procedente hacer efectiva la cláusula penal aun cuando no se causaron daños al Ministerio?
¿La liquidación judicial de un convenio interadministrativo incluye la actualización del monto de la cláusula penal declarada en primera instancia cuando el apelante omitió impugnar ese aspecto?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233300020170020701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:
¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?
¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…
¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Tampoco es suficiente dicho argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado
Sentencia — Sentencia
2024-02-05
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020090087102
ACCION CONTRACTUAL
¿El proceso de contratación directa para la construcción de las obras resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la entidad contratante? No
La existencia del perjuicio por la entrega deficiente del objeto de un contrato de consultoría no se desvirtúa con argumentos sobre el proceso de contratación directa posterior, sino con prueba de que el producto cumplía las exigencias contractuales de calidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la frustración del objeto pactado en la consultoría fue determinante, y el argumento sobre la contratación directa no acredita que los productos satisficieran la necesidad contratada. Segunda, la cuantificación del perjuicio se fundó en la efectividad del amparo de calidad por el valor asegurado, y esa cuantificación no fue desvirtuada por la parte actora. Tercera, conforme a la carga de la prueba, quien alega el cumplimiento de la calidad debía demostrarlo. La providencia revoca la decisión de primera instancia y mantiene la cuantificación del acto. La consecuencia práctica es que el contratista que pretende desvirtuar la indemnización por calidad deficiente debe probar la calidad del producto y no basta con la existencia de otro proceso de contratación.síntesis automática
También resuelve:
¿Los productos resultantes de la consultoría satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados?
¿El dictamen pericial carece de la fuerza probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto administrativo demandado?
¿La declaratoria del siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las partes que intervienen en él
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 73001233300020170047301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El soporte sobre el que se estructura el régimen contractual, incluida la contratación pública, es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados? Sí
Las partes quedan obligadas por lo que acordaron libremente, de modo que el contratista que solicita y firma una adición responde por sus implicaciones económicas, aun cuando la entidad haya incumplido su deber de planeación. La regla se apoya en tres razones. Primera, el régimen contractual, incluida la contratación pública, se sustenta en el mutuo consentimiento, que genera obligaciones recíprocas por la autonomía de la voluntad y el principio pacta sunt servanda. Segunda, la falencia de los diseños es imputable a la indebida planeación de la entidad, pero el contratista también tenía la carga de estructurar sus precios con diligencia, incluida la ubicación de las fuentes de materiales. Tercera, previa solicitud del contratista, las partes acordaron la adición con conocimiento de sus causas, y era al contratista a quien correspondía estimar las implicaciones económicas de las mayores distancias de acarreo que solicitó. En consecuencia, se confirma la sentencia que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿El contratista acreditó los sobrecostos en los que aduce haber incurrido por la inactividad de equipos, maquinaria y personal técnico, administrativo y operativo…
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima?
¿El medio de control de controversias contractuales es adecuado para dirimir el conflicto presentado por la parte actora en el que pretende que se declare el rompimiento del equilibrio económico del…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300020190017801
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo?
¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión…
¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: puede declararse de oficio la falta de competencia como vicio que afecta el acto administrativo cuando este fue uno de los cargos
Salvamento voto — Salvamento de voto
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 68001233100020100002501
ACCION CONTRACTUAL
¿Puede declararse de oficio la falta de competencia como vicio que afecta el acto administrativo cuando este fue uno de los cargos de la demanda? Sí
En reiteradas oportunidades el Consejo de Estado ha señalado que “la falta de competencia constituye el más grave de los vicios que puede afectar la validez de un acto y, por tal razón, puede ser declarado de oficio”. Aunque el estudio de la competencia para la expedición de cualquier acto administrativo es una consideración que resulta forzosa para quien decide sobre la legalidad del acto, y podría emprenderse de oficio, en el caso sometido a consideración de la Sala el estudio sobre la competencia no debía hacerse de manera oficiosa, pues, se insiste, fue un cargo de la demanda y un elemento central de las excepciones que presentó la entidad demandada, quien sostuvo que “tenía PLENA COMPETENCIA para expedir los actos administrativos” demandados (énfasis original).
También resuelve:
¿Debe existir una habilitación legal clara e inequívoca para que se puedan proferir actos administrativos?
¿Ecopetrol estaba facultado para, de manera unilateral, imponer multas y liquidar unilateralmente el contrato?