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JUEZ PENAL

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Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Se encuentra acreditado el presupuesto subjetivo para declarar la responsabilidad personal de la demandada

Sentencia — Sentencia 2026-02-13 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección B) CLARA CECILIA SUAREZ VARGAS Rad. 11001333603820200018301 ACCION DE REPETICION
¿Se encuentra acreditado el presupuesto subjetivo para declarar la responsabilidad personal de la demandada, señora Evangelista Yira Perea Henríquez, por el valor del pago que realizó la Nación – Rama Judicial a la señora (...), como consecuencia de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá el 17 de marzo de 2017? Sí
Para la prosperidad de la acción de repetición deben concurrir la reparación de un daño antijurídico o el restablecimiento de derechos por la entidad pública, el pago efectivo de esa condena y la conducta dolosa o gravemente culposa del agente, de conformidad con la Ley 678 de 2001. La regla se sostiene en tres razones: la acción de repetición se rige por la Ley 678 de 2001 cuando la demanda se presentó antes de las modificaciones introducidas por la Ley 2195 de 2022, de modo que esas modificaciones no se aplican al caso; la condena proferida en un proceso penal contra un tercero, cuyo pago asumió la Nación, no excluye la responsabilidad del agente, si se acreditan los presupuestos de la repetición; y el presupuesto subjetivo debe demostrarse en el proceso y no presumirse por el solo pago. Por ello, la responsabilidad personal del agente requiere la prueba de su dolo o culpa grave en la actuación que originó el pago.síntesis automática
También resuelve: ¿Se configuró la caducidad del medio de control? ¿La demandada es responsable del 100% de la condena?
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-04-24 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000232600020100006601 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve: ¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos? ¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos? ¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 18001233100020080008301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión? ¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas? ¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante?

Sentencia — Sentencia 2022-11-18 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020090003701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre aquellas pretensiones declarativas de la demanda, que no se desarrollan ni analizan en la sentencia de primera instancia, o que no son objeto de reparo por el demandante? No
El juez de segunda instancia no debe pronunciarse sobre pretensiones declarativas de la demanda que no fueron desarrolladas ni analizadas en la sentencia de primera instancia y que no fueron objeto de reparo por el demandante, lo que implica que la Sala no realizará ningún pronunciamiento al respecto y que la parte demandante debe presentar reparos específicos para que el juez de segunda instancia se pronuncie sobre dichas pretensiones. En otro caso, la Sala determina que la captura ilegal del demandante constituye una falla en el servicio, dado que no existían elementos de prueba suficientes que permitieran inferir su participación en los delitos investigados, lo que lleva a la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Asimismo, la Sala establece que la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado no se configura en este caso, ya que no se evidenció que el demandante realizara conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para sufrir la privación de la libertad. Finalmente, la Sala confirma la existencia de la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad, al evidenciar la falta de legalidad en la captura y la posterior detención del demandante, sin que se hayan cumplido los requisitos previstos en la ley.síntesis automática
También resuelve: ¿En el presente caso se configuró falla en el servicio, puesto que se presentó una captura ilegal, en cuanto no existe ningún medio de prueba que permita inferir la participación del demandante en… ¿La culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad del Estado, se configura siempre que se pruebe que el demandante realizó conductas dentro del proceso penal que pudieron ser… ¿Debe atribuirse responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación, ya que fue la entidad que adelantó la orden de allanamiento en la que el demandante fue capturado…
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial es patrimonialmente responsable

Sentencia — Sentencia 2024-04-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020190017801 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, es patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados por la privación de la libertad de la que fue objeto el actor por el delito de cohecho por dar u ofrecer? Sí
El contratista puede demandar a la Nación, representada por la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, por daños patrimoniales ocasionados por una privación injusta de la libertad, cuando la medida de aseguramiento impuesta no cumple con los requisitos legales establecidos en la Ley 906 de 2004, como la inferencia razonable de la participación en los delitos investigados. La responsabilidad patrimonial surge cuando la Fiscalía y la Rama Judicial incurren en una falla del servicio al no ajustarse a las normas procesales, causando un daño antijurídico al contratista. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, estableciendo que la entidad estatal es responsable cuando la medida cautelar no cumple con los requisitos legales, lo que implica que las entidades deben garantizar el debido proceso y evitar privaciones de libertad injustas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? ¿La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión… ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos

Salvamento voto Unificación — SALVAMENTO DE VOTO 2013-09-25 Sección Tercera (Subsección C) Rad. 05001233100020010079901 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Para conceder indemnizaciones más altas cuando la naturaleza del caso lo amerite, el criterio rector para determinar la flexibilización del tope indemnizatorio ha de estar en la intensidad e índole del daño antijurídico? Sí
En el caso sub exámine la Sala ha encontrado procedente el incremento del monto de la condena por perjuicios morales, frente a daños antijurídicos derivados [de] graves violaciones a los derechos humanos y ante el deber de la reparación integral. Se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos, y dado el límite de mil salarios, contemplado en el art. 97 del Código Penal vigente, para la reparación del daño dentro del proceso penal. En su motivación, la Sala ha sido enfática en señalar que la posibilidad de extender la aplicación de la norma en cita se limita estrictamente a aquellos casos en los que el perjuicio alegado se deriva del delito y que el tope indemnizatorio señalado no se puede entender, de ninguna manera, como una imposición de reconocer exactamente mil salarios mínimos en tales casos.
También resuelve: ¿La Constitución de 1991 claramente se alejó de la concepción punitiva o subjetiva de la responsabilidad estatal para establecer un régimen centrado en el daño antijurídico? ¿La acción penal y la acción de reparación directa, al perseguir objetivos distintos, tienen diversos baremos de certeza y exigencias de individualización? ¿El fallo parece desconocer que el daño antijurídico puede perfectamente provenir de actuaciones que no constituyen delito y que, no por ello, implican un perjuicio menor para el afectado?