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VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

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Consejo de Estado Providencia

El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-09-20 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 54001233300020190028401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para la protección del derecho objeto del litigio? Sí
El juez debe establecer si la medida cautelar solicitada es imprescindible para proteger el derecho objeto del litigio, asegurando que se cumplan los requisitos legales como la acreditación del perjuicio material y la necesidad de la medida cautelar. La Sala revoca la medida cautelar de suspensión provisional dictada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al no encontrar acreditados los elementos que permitan apreciar la ilegalidad en el proceder de la entidad demandada ni la necesidad de la medida cautelar. La regla reitera la importancia de que la solicitud de medida cautelar esté debidamente sustentada y que el juez evalúe rigurosamente la legalidad del acto administrativo acusado, lo que implica que las partes deben presentar pruebas suficientes para demostrar la necesidad de la medida cautelar y la existencia de un perjuicio material.síntesis automática
También resuelve: ¿La actuación desplegada por la entidad demandada se revela arbitraria o abiertamente contraria al derecho de defensa de la accionante? ¿La solicitud de medida cautelar debe estar debidamente sustentada, expresando los motivos por los cuales se debe acceder a dicha medida? ¿La medida cautelar de suspensión provisional es una figura excepcional y restrictiva, derivada del principio de legalidad?
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-10-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020160019000 LEY 1437 REPETICION
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve: ¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis? ¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal? ¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

No se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-01-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090044701 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se probó el daño antijurídico alegado como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no puede obtener una indemnización sin probar el daño antijurídico causado por la administración de justicia, ya que este es un elemento primario y esencial para configurar la responsabilidad del Estado. En este caso, la Sala confirmó la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se acreditó el daño antijurídico alegado. La Sala estableció que la prueba del daño antijurídico es responsabilidad del demandante, quien debe demostrar la existencia de una lesión injustificada a los derechos fundamentales. Además, la vinculación a un proceso penal no implica automáticamente un daño antijurídico, especialmente cuando la conducta presuntamente desplegada por el demandante puede enmarcarse en una conducta típica que amerite investigación. En consecuencia, la Sala reitera que la falta de prueba del daño antijurídico impide la configuración de la responsabilidad del Estado y, por ende, la imposibilidad de obtener una indemnización.síntesis automática
También resuelve: ¿La prueba de la antijuricidad del daño no solo es necesaria sino que su prueba corresponde a quien lo alega y reclama? ¿A la persona que se vincula a un proceso penal se le ocasiona un daño antijurídico de forma automática? ¿El ente investigador tenía el deber constitucional de adelantar la investigación y el consecuente ejercicio de la acción penal?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.

Sentencia — Sentencia 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233300020120022304 LEY 1437 REPETICION
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
La desviación de poder constituye un vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada, no pudiendo predicarse un actuar gravemente culposo respecto de aquel agente estatal que adopta una decisión de insubsistencia con la supuesta finalidad de tomar represalias políticas, toda vez que la culpa grave se halla inmersa en una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves, concebida esencialmente como un error, imprudencia o negligencia imposible de justificar sino por la propia necedad o desidia del agente, sin que el hecho de sostener relaciones personales de amistad con adversarios o aliados pueda tomarse como prueba determinante de tal vicio.síntesis automática
También resuelve: ¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder? ¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali? ¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La Sala no tiene sustrato jurídico que pueda ser objeto de estudio en esta instancia, la confirmará

Sentencia — Sentencia 2022-06-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020150245501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas? ¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia? ¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
Consejo de Estado Providencia

Evidencia de la prueba: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-06-08 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 11001032600020180009200 LEY 1437 REPETICION
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública? ¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad? ¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?
Consejo de Estado Providencia

Concretamente tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios

Sentencia — Sentencia 2024-10-03 Sección Primera GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Rad. 11001032400020200024800 LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
[D]eterminar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6.°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3.°, 6.° y 137 de la Ley 1437 de 2011, y los artículos 5.° y 7.° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]” Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos establecidos por la universidad en sus reglamentos internos, como la aprobación de exámenes preparatorios, ya que estos son vinculantes para toda la comunidad educativa y aseguran la calidad de la formación académica. La universidad debe demostrar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos para optar por el título, y en este caso, la entidad no presentó suficiente evidencia de que el estudiante hubiera aprobado los exámenes preparatorios requeridos, lo que implica que el acto administrativo que otorgó el título es nulo. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos por las universidades para la obtención de títulos profesionales.síntesis automática
ANULA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020170046801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato celebrado entre una sociedad y un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el contrato de prestación de servicios especializados para la modernización tecnológica de la gobernación se origina en la actividad contractual de una entidad territorial; el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA define la competencia de segunda instancia por la cuantía de la demanda a la fecha de su interposición. Por ello, la competencia de la jurisdicción y del Consejo de Estado se determina por la naturaleza del contrato y la cuantía. La providencia de primera instancia se revoca.síntesis automática
También resuelve: ¿Como el asunto sub judice se refiere al presunto incumplimiento del contrato, a la ruptura de la ecuación económica y a su liquidación judicial… ¿Las partes estipularon de manera expresa que una vez finalizado el plazo de ejecución, el contrato sería objeto de liquidación conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación? ¿La nulidad absoluta de los contratos estatales puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no sea susceptible de ser saneada mediante ratificación?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 17001233100020110006002 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La causa adecuada del daño, accidente de tránsito entre particulares, provino de una conducta ajena al Estado? Sí
El contratista no puede imputar al Estado la responsabilidad por lesiones físicas causadas en un accidente de tránsito entre particulares, ya que la causa adecuada del daño provino de una conducta ajena al Estado, específicamente del conductor de un vehículo que actuó imprudentemente al no respetar la prelación de paso y no tomar las precauciones debidas al cruzar una intersección, lo que resultó en un choque con una motocicleta. La entidad estatal no incurrió en ninguna omisión que contribuyera a la ocurrencia del accidente, y el hecho del tercero fue tanto imprevisible como irresistible para la Administración, por lo que no se configura la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la imputación de la responsabilidad patrimonial del Estado en casos de accidentes de tránsito, estableciendo que el daño debe ser consecuencia directa de una falla del servicio o de una omisión estatal para que se configure la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Se probó la falla del servicio imputada al municipio de Villamaría? ¿El accidente se produjo por el hecho del tercero consistente en el actuar del conductor de la camioneta? ¿Los reductores de velocidad son señales preventivas que deben instalarse en zonas en donde se requiera detener completamente el vehículo o disminuir la velocidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se probó la culpa grave del demandado en la declaratoria

Sentencia — Sentencia 2023-08-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 13001233300020140027801 LEY 1437 REPETICION
¿Se probó la culpa grave del demandado en la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el que declaró la insubsistencia de un cargo? No
El departamento u otra entidad pública que promueve el medio de control de repetición contra un exgobernador u otro agente estatal tras haber resultado condenada en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tiene la carga procesal inexcusable de demostrar la culpa grave o el dolo del funcionario en la expedición del acto administrativo anulado. La sola declaratoria de ilegalidad de un acto de insubsistencia y la consecuente condena patrimonial al Estado no generan una presunción automática de responsabilidad personal del agente, toda vez que el juez de la repeticion debe realizar un riguroso análisis de responsabilidad subjetiva. La acción caduca en el término de dos años contados a partir del día siguiente al pago efectivo de la condena, conforme al artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y las normas del CPACA.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa… ¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia, por lo que los hechos o actuaciones que ocurrieron con anterioridad a ella continuarán rigiéndose por la normativa… ¿Las partes pueden acudir a cualquier medio legalmente válido para probar el pago de una obligación?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿El demandado en repetición padecía un agravamiento del trastorno afectivo bipolar, que le había sido diagnosticado, que mermó su capacidad de autodeterminación cuando accionó el arma de dotación?

Sentencia — Sentencia 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233300020160016301 LEY 1437 REPETICION
¿El demandado en repetición padecía un agravamiento del trastorno afectivo bipolar, que le había sido diagnosticado, que mermó su capacidad de autodeterminación cuando accionó el arma de dotación? Sí
El agravamiento de un trastorno mental preexistente, causado por factores externos que mermen la capacidad de comprensión y autodeterminación del agente en el momento del hecho, excluye la culpabilidad y hace improcedente la acción de repetición, pues no puede imputarse un juicio de reproche a quien actuó en situación de inimputabilidad. Una razón es que los medios documentales y técnicos mostraron que el trastorno afectivo bipolar diagnosticado en 2008 se agravó en la época del hecho por el traslado de lugar de trabajo, la falta de medicamentos y la ausencia de controles psiquiátricos, lo que generó descontrol, irritabilidad y depresión. Otra razón es que el dictamen técnico y la historia clínica permitieron inferir que, al accionar el arma de dotación, el agente tenía disminuida su capacidad de autodeterminación. En el caso, el daño fue causado por un disparo de un miembro de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones, y la Subsección confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la historia clínica y el dictamen técnico son determinantes para establecer la inimputabilidad en la repetición.síntesis automática
También resuelve: ¿El auxiliar de la justicia tenía los conocimientos necesarios para interpretar la historia clínica del ahora demandado? ¿El trastorno afectivo bipolar que padecía el accionado al momento de ocurrencia del hecho dañoso afectó su comportamiento? ¿El demandado incurrió en una conducta gravemente culposa, al hacer uso del arma de dotación sin sujeción a los principios de proporcionalidad y necesidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El cargo analizado resulta infundado y así también será declarado.

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 11001032600020240005600 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Existe un problema de congruencia entre lo pedido, los hechos en que se fundó el litigio, y lo resuelto en el laudo, en la medida que no se dejaron de resolver los temas objeto de la controversia? No
El contratista no puede impugnar el laudo arbitral por falta de congruencia entre lo pedido, los hechos del litigio y la decisión, ya que el tribunal resolvió todos los temas objeto de controversia, evitando convertir el recurso extraordinario en una segunda instancia no prevista en el proceso arbitral. La cláusula compromisoria del contrato estatal otorga competencia al árbitro para conocer de incumplimientos en pagos y reconocimiento de intereses moratorios, independientemente de la ausencia de salvedades en el acta de liquidación bilateral. Además, la causal séptima de anulación no se configura si el laudo se basa en el acervo probatorio recopilado, pues la decisión no proviene de la conciencia del árbitro sino de elementos externos al proceso. Estas reglas reafirman la taxatividad de las causales de nulidad del laudo y la obligatoriedad de la cláusula compromisoria en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿En la cláusula se precisó que el arbitraje se extendía al incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato? ¿La causal séptima de anulación se configura si el laudo arbitral se emite con prescindencia absoluta del acervo probatorio recaudado? ¿No se decidió más allá de lo pedido, y por el contrario se falló conforme a lo pretendido al haberse hallado incumplimiento en el plazo del segundo pago fundado en la obligación pactada en la…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233300020170020701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago? ¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el… ¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000232600020090043101 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad? No
El demandante no logra configurar el daño antijurídico como elemento primario de la responsabilidad del Estado, ya que no acredita la existencia de un perjuicio que satisfaga los requisitos legales, ni demuestra que la medida de aseguramiento impuesta haya carecido de proporcionalidad o razonabilidad, o que haya sido arbitraria. La Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos legales previstos en la ley penal vigente y no se probó que la Fiscalía hubiera causado un daño antijurídico al procesado, lo que hace infructuoso el análisis de la responsabilidad del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿Se allegó prueba alguna que permitiera vislumbrar que la medida de aseguramiento carecía de proporcionalidad, razonabilidad o que fuera arbitraria? ¿La medida privativa de la libertad no quebrantó lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y garantizó los derechos del procesado? ¿En manos del juez está la labor de definir el régimen de responsabilidad aplicable y la motivación que sustente la decisión que se habrá de adoptar?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100053401 ACCION CONTRACTUAL
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas? ¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad? ¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Concretamente tienen la potestad de exigir la aprobación de exámenes preparatorios

Sentencia — Sentencia 2024-10-03 Sección Primera GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES Rad. 11001032400020200024500 LEY 1437 NULIDAD CON SUSPENSION PROVISIONAL
Determinar si los actos administrativos demandados transgreden los artículos 6°, 21, 26, 27, 29, 67, 69, 83, 95 y 209 de la Constitución Política, los artículos 3°, 6° y 137 de la Ley 1437 de 2011, los artículos 5° y 7° del Acuerdo 002 de 2011, por cuanto la entidad demandante otorgó título profesional de abogado a un estudiante que incumplió los requisitos de grado “[…] esto es, sin haber presentado y/o aprobado todos los exámenes preparatorios o pruebas de suficiencia en idioma extranjero, contemplados en la ley y en los reglamentos internos de dicho ente universitario […]”. Sí
El contratista no puede obtener el título de abogado si incumple los requisitos de grado establecidos por la universidad, como la aprobación de exámenes preparatorios y pruebas de suficiencia en idioma extranjero, ya que estos son componentes obligatorios del currículo académico y la universidad tiene la facultad de exigirlos para garantizar la calidad de la formación de sus egresados. La entidad universitaria debe acreditar que el estudiante no cumplió con todos los requisitos, y el sistema de registro de notas SIMCA no es el único mecanismo para verificar la información académica, ya que existen archivos físicos y contables que sirven como soporte. La Sala anuló el acto administrativo que otorgó el título profesional, reiterando la jurisprudencia sobre la autonomía universitaria y la obligación de cumplir con los requisitos académicos establecidos.síntesis automática
ANULA
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se revocará la sentencia

Sentencia Conflicto Armado — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 18001233100020080008301 ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿No se configuró el daño antijurídico pues no transcurrieron más de doscientos cuarenta (240) días para calificar el mérito de la instrucción penal, desde que el sindicado fue privado de la libertad de forma efectiva? Sí
El contratista no puede obtener reparación por una privación injusta de la libertad si la Fiscalía cumple con los plazos legales y los requisitos para la medida de aseguramiento, como lo establece el artículo 365 numeral 4 y el artículo 15 transitorio de la Ley 600 de 2000, y si la medida de aseguramiento se fundamenta en dos indicios graves y pruebas directas, según lo dispuesto en el artículo 356 de la misma ley. En este caso, la entidad estatal no causó un daño antijurídico al cumplir con los plazos y requisitos legales, y la medida de aseguramiento se basó en dos indicios graves y dos declaraciones juramentadas que permitieron inferir preliminarmente la responsabilidad del sindicado en los delitos por los que era investigado. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y requisitos legales para la medida de aseguramiento y la necesidad de fundamentarla adecuadamente para evitar la responsabilidad patrimonial del Estado.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida de aseguramiento se fundamentó en dos indicios graves de responsabilidad frente al delito de receptación y en las versiones juramentadas frente al delito de rebelión? ¿Se decretó la detención preventiva de la libertad del sindicado con fundamento en dos indicios graves de responsabilidad y en dos pruebas directas? ¿Transcurrieron más de cinco días hábiles contados a partir de la indagatoria para que el funcionario judicial definiera su situación jurídica?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva de esta providencia se confirmará la sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-12-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233300020180005101 LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se configuró el daño antijurídico por privación injusta de la libertad? No
El contratista no obtiene indemnización por privación injusta de la libertad porque no se configura el daño antijurídico, elemento esencial para la responsabilidad del Estado, ya que la privación de libertad cumplió con los plazos legales y fue necesaria, proporcional y razonable, basada en pruebas materiales que indicaban la posible participación delictiva del procesado. La Sala confirmó que la medida de aseguramiento fue legal y ajustada a derecho, respetando las garantías y derechos fundamentales del procesado, y que la Fiscalía y la Rama Judicial cumplieron con los plazos establecidos en la Ley 906 de 2004, lo que implica que no existe responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad.síntesis automática
También resuelve: ¿Se concluye que la privación de la libertad de la demandante cumplió con los términos dispuestos en la ley procesal penal? ¿De los elementos materiales probatorios se podía inferir razonablemente que la imputada podía ser partícipe de las conductas delictivas que se investigaban? ¿El procedimiento de captura estuvo ajustado a derecho, pues se cumplió con la normatividad que regulaba dicho trámite y se respetaron las garantías procesales y los derechos fundamentales de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Sin prueba de su prestación no puede haber lugar a las restituciones.

Sentencia — Sentencia 2024-12-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020100060702 ACCION CONTRACTUAL
¿Existe un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho? Sí
El contratista no puede reclamar la legalidad de las reglas estructuradas en los pliegos de condiciones cuando estos fueron diseñados con la intención de favorecer ilegalmente a determinados proponentes, ya que la concepción de dichas reglas viola principios fundamentales de la contratación estatal como la selección objetiva y la transparencia. La Sala establece que la manipulación de los pliegos para apropiarse ilegalmente de recursos públicos y desfavorecer la competencia justa conduce a declarar la nulidad absoluta del contrato desde su concepción, independientemente de cómo se aplicaron esas reglas en el proceso de selección. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la importancia de la legalidad desde la etapa precontractual y limitando las posibilidades de que actos administrativos ilegales puedan ser corregidos por su correcta aplicación posterior.síntesis automática
También resuelve: ¿La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y… ¿Una vez celebrado el negocio jurídico, la ilegalidad de los actos previos únicamente puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato? ¿La causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

A la presente instancia decisoria le corresponde pronunciarse sobre los reparos concretos presentados con el recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado, los cuales establecen la competencia del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban auscultar y definir de manera oficiosa.

Sentencia — Sentencia 2025-07-11 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 13001233300020150060201 LEY 1437 REPETICION
¿El juez de segunda instancia puede pronunciarse sobre una imputación de responsabilidad patrimonial formulada de manera simultánea por dolo y culpa grave, cuando dicha imputación no se presenta como pretensión principal y subsidiaria y los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación sustentan, de forma exclusiva, una conducta dolosa por desviación de poder? No
El juez de segunda instancia circunscribe su competencia decisoria a los reparos concretos y argumentos conceptuales expuestos en el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, de modo que los aspectos ajenos a dichos cuestionamientos escapan de su conocimiento salvo los asuntos de carácter oficioso. En este proceso de repetición bajo la Ley 678 de 2001, la Sala confirma la sentencia absolutoria al constatar que la imputación de responsabilidad patrimonial se formuló exclusivamente por conducta dolosa y desviación de poder en la demanda y en la apelación, impidiendo al ad quem pronunciarse simultáneamente sobre culpa grave al no haberse planteado pretensiones principales y subsidiarias debidas.síntesis automática
También resuelve: ¿El Estado puede ejercer la acción de repetición contra su agente o ex agente público cuando compruebe que la condena por reparación de un daño antijurídico se fundamenta en una conducta dolosa o… ¿Al presente asunto le resultan aplicables las Leyes 678 de 2001 y 1437 de 2011, por tratarse de las disposiciones sustanciales y procesales vigentes a la fecha del hecho que dio lugar a la condena… ¿Resulta procedente declarar la responsabilidad patrimonial de la funcionaria que expidió la Resolución No. 142 de 2008, por medio de cual se declaró la insubsistencia de una médico general de la…
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