Titulación de la relatoría 36.341 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA FUNCIONAL / RECURSO DE APELACIÓN / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / PRIMERA INSTANCIA / SEGUNDA INSTANCIA / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida por un tribunal administrativo, en un caso relacionado con la actividad del departamento del Quindío?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA—, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta el departamento del Quindío. También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del del CPACA.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157
ACCIÓN CONTRACTUAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO LEGAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
El artículo 164, numeral 2, literal j, numeral 4, del CPACA, establece que el medio de control de controversias contractuales caducará, tratándose de contratos sometidos a liquidación, en el término de dos años, contados desde el vencimiento del plazo contractual o legal para liquidar el contrato. Conforme al acervo probatorio, esta instancia encuentra que el contrato de Consultoría SID 002 de 2014 terminó el día 22 de diciembre de 2015 por cumplimiento del plazo contractual. A partir del día 23 de diciembre de 2015 transcurrieron 4 meses como oportunidad para la liquidación bilateral, hasta el día 23 de abril de 2016 y, a partir del día siguiente hasta el día 24 de junio de 2016, transcurrió la oportunidad para la liquidación unilateral. Es así como el término de 2 años para acudir a esta jurisdicción vencía, en principio, el 25 de junio de 2018 y como el contratista presentó la demanda el día 26 de enero de 2017, se concluye que acudió a la jurisdicción dentro de la oportunidad legal.
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 164, numeral 2, literal j, numeral 4, del CPACA, establece que el medio de control de controversias contractuales caducará, tratándose de contratos sometidos a liquidación, en el término de dos años, contados desde el vencimiento del plazo contractual o legal para liquidar el contrato. Conforme al acervo probatorio, esta instancia encuentra que el contrato de Consultoría SID 002 de 2014 terminó el día 22 de diciembre de 2015 por cumplimiento del plazo contractual. A partir del día 23 de diciembre de 2015 transcurrieron 4 meses como oportunidad para la liquidación bilateral, hasta el día 23 de abril de 2016 y, a partir del día siguiente hasta el día 24 de junio de 2016, transcurrió la oportunidad para la liquidación unilateral. Es así como el término de 2 años para acudir a esta jurisdicción vencía, en principio, el 25 de junio de 2018 y como el contratista presentó la demanda el día 26 de enero de 2017, se concluye que acudió a la jurisdicción dentro de la oportunidad legal.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / RELACIÓN CONTRACTUAL / BUENA FE / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / RECURSOS PÚBLICOS / INTERÉS GENERAL / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Constituye la liquidación del contrato estatal un mecanismo esencial para materializar principios y fines de la función administrativa, además de ser obligatoria en determinados tipos contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación consiste en un corte de cuentas de la relación contractual, que se justifica en la necesidad de determinar el estado de la situación jurídica de las partes. (…) La liquidación del contrato estatal no se reduce a un simple cierre de la relación entre las partes, sino que representa la materialización de principios esenciales de la función administrativa, entre ellos la buena fe, la seguridad jurídica y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Esta acto materializa fines sustantivos como garantizar el interés general, determinar el destino final de los recursos comprometidos, precisar los compromisos económicos de la entidad y disminuir la litigiosidad. Además, la liquidación judicial asegura la efectividad de esos derechos y fines cuando las vías administrativa o bilateral resultan insuficientes. Tales disposiciones establecen la obligación de liquidar: i) los contratos de tracto sucesivo; ii) los contratos cuya ejecución se prolongue en el tiempo; y iii) los que los requieran. Su finalidad es establecer un paz y salvo, para lo cual habilita la inclusión de los acuerdos, conciliaciones o reconocimientos a que haya lugar para lograr este fin.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación del contrato estatal como materialización de principios esenciales de la función administrativa, ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. sentencia del 26 de septiembre de 2025, rad. 150012333000202002306-01 (72.791). C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 019 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / NEGOCIO JURÍDICO / CONSENTIMIENTO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PODER PÚBLICO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / PROCESO JUDICIAL / PROCESO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿La liquidación de los contratos estatales constituye el ejercicio legítimo de prerrogativas del poder público y no genera responsabilidad contractual en caso de no ser ejercida por la administración?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [L]a finalidad jurídica y económica de la liquidación es establecer un cierre integral y definitivo de la relación negocial y obligaciones derivadas de la ejecución contractual al que se puede llegar de manera convencional, en ejercicio de una prerrogativa de poder público, o por decisión judicial. En primer caso, surge un negocio jurídico orientado por la normatividad de los contratos, de modo que sus efectos, no pueden ser desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por su consentimiento o por causas legales. Por su parte, la liquidación unilateral constituye el ejercicio de una facultad distinta a la autonomía de la voluntad, en la medida que desarrolla una prerrogativa del poder público prevista en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si bien el contratista puede esperar y someterse a lo que determine la entidad pública cuando liquide de esta forma, no puede reclamar ninguna responsabilidad contractual por el hecho de que la administración no lo haga. En efecto, su unilateralidad está vinculada a una potestad de origen legal y no al acuerdo de las partes, razón por la que no puede catalogarse su no ejercicio como una desatención de naturaleza contractual, ni generar responsabilidad de esta índole, y tampoco puede calificarse como incumplimiento del negocio por parte de la entidad pública. Por otra parte, la liquidación judicial del contrato estatal se fundamenta en el artículo 141 de la Ley 1437 de 201130 y “es aquella que realiza y adopta el juez del contrato, en desarrollo de un proceso judicial o arbitral, según corresponda, en ausencia de alguna de las modalidades de liquidación antes mencionada”, es decir, en subsidio de la liquidación bilateral –o de mutuo acuerdo– y de la unilateral.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la noción y alcance de la liquidación del contrato, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 20 de septiembre de 2007. Exp. 16370 C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Sobre el ejercicio de la facultad de la entidad pública consistente en la liquidación unilateral, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 1º de julio de 2025. Exp. 71.486. C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. En el mismo sentido, se han pronunciado las subsecciones B y C de la Sección Tercera. Cfr. Sentencia del 30 de noviembre de 2023, expediente No. 54.710 de la Subsección B y sentencia del 2 de marzo de 2022, expediente. No. 64.165 de la Subsección C. Sobre la noción de la liquidación judicial, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Rad: 76001-23-31-000-1994-00507-01(15239). Actor: Data Base System Ltda. Demandado: Municipio Santiago de Cali.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 11, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DERECHOS DEL CONTRATISTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / SITUACIÓN FINANCIERA / OBJETO DEL CONTRATO / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / OBLIGACIONES CONTRACTUALES SUBSISTENTES POSTERIORES A LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La liquidación de un contrato estatal implica verificar el cumplimiento del objeto contractual y resolver todas las reclamaciones surgidas en su ejecución, sin que necesariamente extinga todas las obligaciones derivadas del negocio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para liquidar el negocio es necesario verificar el cumplimiento integral del contrato, de los derechos y las obligaciones que surgieron del negocio e, incluso, de la ocurrencia de hechos o circunstancias ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del mismo conforme al principio de buena fe contractual. En este sentido, la liquidación busca finiquitar la relación contractual, razón por la cual se plasma y formaliza la situación financiera y jurídica al término del negocio y el grado de cumplimiento del objeto contratado. Igualmente, tiene como propósito decidir todas las reclamaciones asociadas a la ejecución del contrato, de modo que constituye la oportunidad para formular y decidir las reclamaciones que se consideren pertinentes. Aunque la finalidad de liquidación es establecer un corte de cuentas y declarar un paz y salvo entre las partes, no siempre produce la extinción de todas las obligaciones. En efecto, conforme al contrato o los términos de las garantías de estabilidad de la obra y calidad del servicio, pueden subsistir obligaciones post contractuales que el contratista y el interventor deben atender, con independencia del cierre negocial previsto en la liquidación.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL / ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CONTRATO DE OBRA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRUEBA SOBREVINIENTE / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERVENTORÍA
Problema jurídico:
¿El acta de recibo final de un contrato estatal constituye por sí sola constituya prueba plena de cumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El acta de recibo final es un elemento accidental del contrato que se ha dejado a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, con excepción en el contrato de confección de obra material que regula el recibo en el artículo 2060 del Código Civil, en concordancia con el artículo 13 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En consecuencia, la definición de su alcance jurídico en los demás tipos contractuales está mediada por lo pactado entre las partes en el respectivo contrato, con fundamento en el artículo 1494 del Código Civil que establece la autonomía de la voluntad como fuente de obligaciones. Esta Corporación concibe el acta de recibo final como “medio de verificación de la ejecución del objeto contractual, para determinar si el mismo se efectuó cabalmente y de acuerdo con las especificaciones pactadas en el contrato (…). Sin embargo, también se ha establecido que esta acta no es una prueba irrefutable del cumplimiento. Por tanto, aunque representa una expresión relevante para provocar el pago del precio, puede ser desvirtuada si no se apoya en pruebas reales del cumplimiento, o si ante información sobreviniente se evidencia el incumplimiento. En este evento, la Administración, atendiendo los deberes jurídicos de gestión, dirección y control del contrato estatal, que exigen del contratista y del garante la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual (artículo 4, numeral 1, de la Ley 80 de 1993), deberá adoptar las medidas correspondientes como aplicar el procedimiento administrativo para declarar el incumplimiento, o acudir a instancias judiciales. Así, se ha previsto que el acta final o recibo a satisfacción no constituye una declaración definitiva de su cumplimiento y, en consecuencia, no limita la obligación de verificar en la etapa de liquidación la existencia de obligaciones pendientes y la forma en que estas deben ejecutarse o satisfacerse. (…) En consecuencia, la firma del acta de recibo final de un contrato estatal no implica una inversión de la carga de la prueba, pues quien alega el cumplimiento de las obligaciones contractuales debe acreditarlo plenamente con los medios probatorios pertinentes —artículo 167 del CGP—, sin que la suscripción del acta constituya por sí sola prueba del cumplimiento integral del contrato. Para el efecto, también es importante la coherencia con las demás pruebas, por ejemplo, con el seguimiento realizado por la supervisión y/o interventoría.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción del acta de recibo final, ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 28 de febrero de 2013. Exp. 25199. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Respecto de la posibilidad de desvirtuar el acta de recibo como prueba de cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 1 de junio de 2020. Exp. 48945.M.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas; Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 4 de julio de 2021. Exp. 48794. C.P.: María Adriana Marín. El acta de recibo final de la obra no implica per se una manifestación jurídica del cumplimiento de las obligaciones del contratista, pues esto solo será propio de la liquidación, ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 01 de julio de 2025. Rad. 25000-23-36-000-2021-00617-01 (72021). C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2060
REPRESENTANTE LEGAL / ORDENADOR DEL GASTO / DESCONCENTRACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERVENTORÍA / INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FUNCIONAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / MANUAL DE CONTRATACIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Pueden suscribir el recibo a satisfacción del contrato estatal tanto los representantes legales y ordenadores del gasto como los supervisores o interventores, en virtud de sus funciones y de la desconcentración administrativa?
Respuesta al problema jurídico: Si
En atención a las personas con competencia para la suscripción del recibo a satisfacción, prevalece lo estipulado por las partes y también se encuentra que los representantes legales, ordenadores de gasto o personas que cuentan con la facultad de comprometer a la entidad son las primeras personas con competencia para sus suscripción. Cabe agregar que con fundamento en la competencia del representante legal y la desconcentración de funciones del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 489 de 1998, y los deberes funcionales atribuidos a las demás autoridades, el dueño de la obra o parte contratante pueden emitir este certificado como los supervisores e interventores en atención a la desconcentración de la función de control y vigilancia de la ejecución contractual. En efecto, los interventores y supervisores en el ámbito de sus competencias pueden certificar el recibo a satisfacción como un deber funcional propio de su cargo, según se desprende del artículo 54 numeral 6 de la Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario–. En estos términos, las partes contractuales o personas autorizadas en el contrato o los manuales de contratación de la entidad como los interventores y supervisores, en el marco de sus competencias, son personas competentes para firmar la entrega a satisfacción y dejar las observaciones correspondientes.
FUENTE FORMAL:
LEY 1952 DE 2019 - ARTÍCULO 54 NUMERAL 6, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 12
INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / FUNCIONARIO PÚBLICO / CONTRATISTA / ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La supervisión y la interventoría en los contratos estatales constituyen mecanismos de control y vigilancia cuya misión es procurar la correcta ejecución del contrato sin sustituir a la entidad estatal en sus decisiones contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
La existencia de la interventoría y la supervisión en los contratos estatales obedece al deber que impuso el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 a las entidades estatales, que al celebrar un contrato, tienen la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de su ejecución para lograr el cumplimiento y fines de la contratación estatal. (…) Según la Ley 1474 de 2011 la supervisión la realiza directamente la entidad estatal a través de sus funcionarios cuando no se requieran conocimientos especializados mientras la interventoría la realiza un contratista de la entidad, cuando se requiera este tipo de conocimientos o cuando la complejidad o extensión del contrato lo justifiquen, lo que debe quedar definido en los estudios previos. No obstante, la nota esencial de la interventoría radica en el seguimiento técnico del cumplimiento del contrato cuando se requieren conocimientos especializados. (…) La misión de la interventoría y la supervisión es procurar la correcta ejecución del contrato, conforme a las competencias legales previstas y las establecidas en el contrato, así como ejecutar cualquier facultad que materialice estas prescripciones y desarrolle el seguimiento previsto en la ley, desde el punto de vista administrativo, jurídico, financiero y contable, dentro de las cuales se encuentra certificar el recibo a satisfacción. Sin embargo, el rol de estas figuras se limita al control y vigilancia del cumplimiento del negocio y no sustituye ni reemplaza a la entidad estatal, en la toma de decisiones que le corresponde como parte contractual, por ejemplo, en la suscripción del contrato, sus modificaciones o el ejercicio de la potestad sancionatoria.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 83, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / IMPROCEDENCIA DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EXCEPCIÓN DE FONDO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / FALTA DE COMPETENCIA / DEMANDA DE RECONVENCIÓN / INEFICACIA PROBATORIA / EFICACIA DE LA PRUEBA / TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / JUICIO DE LEGALIDAD
Problema jurídico:
¿Es procedente cuestionar la validez del recibo a satisfacción en sede judicial si no fue controvertido en las pretensiones de la demanda ni en la contestación mediante reconvención o prueba en contrario?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [E]sta Corporación debe realizar algunas precisiones sobre el argumento de que el a quo debía revisar la validez del recibo a satisfacción para acreditar la incongruencia y como presupuesto de la liquidación. Primero, el pronunciamiento del juez está limitado por las pretensiones en las cuales no se cuestiona esta prueba sino que se presenta como soporte de las reclamaciones; segundo, las excepciones de la controversia se limitan al incumplimiento contractual y falta de competencia de quien suscribe el acta de recibo, elementos que fueron abordados en el fallo de primera instancia; tercero, no se presentó demanda de reconvención por el departamento del Quindío que cuestionará la legalidad de dicha acta; cuarto, si bien el acta de recibo no es una prueba definitiva del cumplimiento, si es un elemento determinante para su acreditación, cuya eficacia probatoria solo puede desvirtuarse mediante prueba en contrario y quien cuestione su veracidad deberá acreditarlo; y quinto, los cuestionamientos al recibo a satisfacción se asocian al cargo de defectuosa valoración del acervo probatorio, el cual se analizará a continuación.
CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TÍTULO EJECUTIVO / PROCESO DECLARATIVO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / RÉGIMEN DISCIPLINARIO CONVENCIONAL / FUNCIONARIO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Constituye prueba suficiente del cumplimiento contractual el acta de recibo firmada por la interventoría y los supervisores, en los términos pactados en el contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e encuentra claramente acreditado que la cláusula quinta del contrato estableció los funcionarios que debían certificar el cumplimiento, cuando condicionó el pago final “previo recibo a entera satisfacción por parte de la interventoría y los respectivos supervisores. Por tanto, estos funcionarios podían firmar esa acta como certificación o constatación del cumplimiento del contrato en virtud del negocio jurídico, el cual es ley para las partes —art. 1602 del Código Civil— en concordancia con el deber funcional de velar por el cumplimiento del contrato y emitir las certificaciones correspondientes según el artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002, modificado por la Ley 1474 de 2011 -norma vigente al momento de firmar el recibo a satisfacción-. Si bien dentro del proceso se presentó la factura por el saldo final, con independencia de su potencialidad como título ejecutivo, en esta controversia se presentó como una prueba adicional en el marco de un proceso declarativo y, se destaca que el oficio con el cual la entidad pública devolvió la factura, no referenció una negativa de pago por incumplimiento o porque se exigiera la liquidación previamente, sino un cambio de fecha. En las actas de recibo de cada municipio existe una relación detallada de los productos entregables y la interventoría estableció expresamente el cumplimiento de las condiciones técnicas y que “han sido recibidos a entera satisfacción”, sin incluir salvedades, observaciones o anotaciones sobre elementos faltantes o sujetos a corrección. Además, en la etapa de ejecución contractual no existen requerimientos de incumplimiento, ni informes de la interventoría o supervisión con este objetivo antes de la terminación del contrato.
FUENTE FORMAL:
LEY 1474 DE 2011, LEY 734 DE 2002 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
INFORME TÉCNICO / INTERVENTOR / INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA / RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA / FIRMA DEL DOCUMENTO / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL
Problema jurídico:
¿Las inconsistencias formales en las firmas de los productos contractuales pueden, por sí solas, desvirtuar el cumplimiento contractual aceptado por la interventoría?
Respuesta al problema jurídico: No
Para oponerse a las pretensiones de la demanda y con el fin de demostrar el incumplimiento, el departamento allegó informe de revisión jurídica y técnica de la ejecución contractual. (…) [E]sta Sala encuentra que en la parte motiva del fallo de primera instancia si se valoraron estas pruebas pero se señaló que no tenían el mérito de desacreditar el recibo a satisfacción, especialmente porque las falencias fueron atendidas mediante mesa técnica realizada entre las partes y la interventoría. (…) [E]l informe de revisión jurídica del contrato de consultoría (…) incluyó la trazabilidad de la gestión precontractual, la ejecución, recibo a satisfacción y referencia del seguimiento de la interventoría y supervisión. Se destaca que en sus conclusiones señaló que en varios productos las firmas de los profesionales no coincidían en su tamaño y morfología con las firmas del personal presentado en el proceso de selección. Sin embargo, este informe reconoce que existió un recibo a satisfacción en diciembre del 2015 y en la primera instancia se señaló que este argumento no tenía suficiente entidad para afectar el cumplimiento contractual porque se encontraba acreditado que la interventoría y supervisión recibieron a satisfacción. En tal sentido, esta Corporación encuentra que la enunciación de esta falencia no indica expresamente que los productos se firmaron por otros profesionales, ni referencian actuaciones de la entidad pública frente a requerimientos, ni solicitud de aclaraciones ni denuncias penales en la materia. Asimismo, se encuentra que estos aparentes defectos podrían vislumbrar falencias en el seguimiento contractual con posibles implicaciones administrativas o disciplinarias pero no sustentan ni acreditan los argumentos de la apelación que señalan la entrega de productos defectuosos en la medida que no se pueden ejecutar y tampoco desvirtúa el recibo a satisfacción emitido en diciembre del 2015.
INTERVENTORÍA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / CONTRATANTE / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRUEBA DOCUMENTAL
Problema jurídico:
¿Puede una entidad estatal desconocer el cumplimiento de un contrato cuando ha suscrito acta de mesa técnica en la que acepta expresamente la superación de las observaciones y la entrega total de los productos contratados?
Respuesta al problema jurídico: No
(…) [L]a manifestación del interventor, apoyada por las partes firmantes del acta, de que no se efectuaba una “revisión” sino una constatación de la existencia de los productos entregados por el consultor, no atenúa el valor jurídico de las conclusiones de mesa técnica, a partir, del cual se encuentra la aceptación de que todos los motivos de inconformidad fueron resueltos de fondo y los productos verificados. (…) Esta Corporación con fundamento en las pruebas allegadas puede concluir que: i) el informe técnico allegado por el departamento del Quindío no demuestra que los productos son inejecutables técnica y físicamente; ii) el informe junto a las demás pruebas, que referencian las supuestas falencias de los productos entregables, no evidencian un incumplimiento porque lo referenciado son problemas de percepción sobre el alcance contractual y ubicación de los productos; iii) el propio departamento, al suscribir el acta de la mesa técnica, aceptó expresamente que los productos contratados fueron entregados en su totalidad y que las observaciones iniciales se habían superado, lo que equivale a un reconocimiento formal del cumplimiento integral del contrato.
INTERVENTORÍA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EVIDENCIA DIGITAL / DEBER DE DILIGENCIA / DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL
Problema jurídico:
¿Desvirtúa el cumplimiento contractual la omisión inicial de productos por errores en los soportes digitales, cuando estos fueron entregados posteriormente y consta acta de recibo a satisfacción suscrita por la interventoría y supervisión?
Respuesta al problema jurídico: No
Esta Corporación no puede pasar por alto que los productos se entregaban en forma física y digital, por tanto, resulta injustificado que la razón de la ausencia de varios elementos sea que la extensión de sus nombres restringió su copia a los discos duros que almacenaban el soporte digital del contrato, pues aunque se aclaró la situación y entregaron los productos según se deriva de las conclusiones de la mesa técnica, este incidente corresponde a un imprevisto frecuente que debía prevenirse y atenderse desde la suscripción del recibo a satisfacción. La razón es que tanto al contratista como la interventoría y supervisión les asistía la obligación de validar que en los soportes físicos y digitales se encontrará la totalidad de los productos contratados, lo cual es exigible en el marco del deber de diligencia atribuible a las partes y las funciones de seguimiento contractual. En todo caso, se encuentra que ante la existencia de actas de recibo a satisfacción suscritas por la interventoría y supervisión del contrato, eran estos funcionarios y contratistas los encargados de validar esa situación, por lo cual, lo que se avizora son posibles incumplimientos de sus deberes funcionales. (…) Por lo anterior, se puede concluir que el acta de recibo firmada por la interventoría y la supervisión prueban el cumplimiento ante la entidad pública y su contenido no fue desvirtuado, en cambio se reafirmó conforme a las conclusiones de la mesa técnica realizada en junio de 2017. Por estas razones, los argumentos de la apelación asociados a una indebida valoración probatoria del acta de recibo e incumplimiento contractual se despachan desfavorablemente.
RECURSO DE APELACIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO JUDICIAL / COMPETENCIA TEMPORAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Puede una entidad pública sustentar el incumplimiento contractual en la apertura de un procedimiento administrativo iniciado fuera del término para liquidar el contrato y sin decisión de fondo?
Respuesta al problema jurídico: No
El recurso de apelación cuestionó que el fallo de primera instancia se fundamentara en que lógicamente no resulta razonable argumentar un incumplimiento cuando no se hizo uso de las facultades para su declaración dentro del límite temporal de la competencia para liquidar el contrato. Al respecto, señaló que la entidad inició el procedimiento pero el a quo decretó su suspensión como medida cautelar. (…) Sobre el particular, esta Corporación evidencia que el argumento del Tribunal fue únicamente complementario, por tanto, se considera que el inicio del procedimiento administrativo cuando ya se había admitido la demanda en esta controversia solo acredita una pérdida de competencia temporal para declarar el incumplimiento, toda vez que en este proceso se elevaron pretensiones que establecen como epicentro del litigio su ejecución plena y oportuna. En esta misma medida, la apertura de tal actuación solo podría evidenciar inconformidades que debían debatirse dentro del procedimiento administrativo, pero no tienen la fuerza probatoria para acreditar el cumplimiento o incumplimiento, el cual solo se podría definir al finalizar la actuación con una decisión de fondo. Por lo anterior, se despacha desfavorablemente el cargo de la apelación y se deberá confirmar el fallo de primera instancia.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO / CUENTAS POR COBRAR / CONDENA / ADICIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MINISTERIO PÚBLICO / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Debe negarse la pretensión de liquidación judicial de un contrato estatal ante la falta del expediente contractual completo que permita realizar el corte económico, técnico y jurídico correspondiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien dentro de esta controversia se elevó la pretensión de liquidación judicial, se ha acreditado el cumplimiento del contrato desde el fallo de primera instancia, y se solicitó por el Ministerio Público la adición del fallo en este sentido, esta Corporación encuentra que deberá negarse esa pretensión toda vez que no se allegó el expediente contractual en su totalidad (…). [L]a liquidación judicial como corte de cuentas económico, técnico y jurídico exige la acreditación de todos los elementos que la soportan. Al no allegarse la totalidad de los elementos materiales que permitan efectuar la liquidación judicial del contrato, deberá negarse esta pretensión. Esta situación no impide un pronunciamiento sobre el pago final del contrato, atendiendo los soportes allegados a esta instancia judicial, razón por la cual se procederá a confirmar el fallo de primera instancia y actualizar la condena correspondiente.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / INTERÉS MORATORIO / ERROR ARITMÉTICO / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN / FACTURA / CAPITAL / SEGUNDA INSTANCIA / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / CORRECCIÓN POR ERROR DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia corregir de oficio un error aritmético en la condena de primera instancia respecto al cálculo de intereses moratorios, aunque no haya sido materia de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien este no fue un punto objeto de la apelación, corresponde realizar en esta instancia la actualización de la condena impuesta en el fallo de primer grado, sobre el capital y los intereses de mora. Además, con fundamento en el artículo 286 del Código General del Proceso se encuentra la necesidad de corregir un error aritmético en el cálculo de los mismos, específicamente en la fecha de inicio de su causación (…). [E]n la aplicación de la fórmula el Tribunal erró al tomar como fecha de inicio el día 10 de diciembre de 2015, cuando en el proceso se probó una fecha distinta para su exigibilidad, dado que el recibo a satisfacción se presentó el 21 de diciembre de 2015 y la radicación de la factura al día 30 de diciembre de 2015, de modo, que los intereses moratorios se causan desde el 31 de diciembre de 2015.
COSTAS PROCESALES / EJECUCIÓN DE CONDENA / RECURSO DE APELACIÓN / AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Debe imponerse condena en costas a la parte vencida en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, la Sala condenará en costas en esta instancia a la parte demandada, dado que su recurso se resolvió de manera desfavorable. A su vez, el artículo 361 ajusten prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016. Se fijan como agencias en derecho en favor de la parte demandante un (1) smlmv. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366