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NEGOCIO JURÍDICO

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Consejo de Estado Providencia

El negocio jurídico se encuentra vigente a la presentación de la demanda cuando los aportes pactados no han sido satisfechos en su totalidad.

Sentencia — Sentencia 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233300020150145802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿A la fecha de la presentación de la demanda, el negocio jurídico se encontraba vigente? Sí
El negocio jurídico celebrado entre entidades públicas se considera jurídicamente vigente para efectos del cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes obligadas no ha transferido o ejecutado la totalidad de los aportes económicos pactados. En este proceso relativo a un convenio interadministrativo, la Sala verifica que el plazo comenzó a regir bajo la normatividad anterior y que la presentación oportuna de la demanda dentro del término legal permite desestimar los argumentos ministeriales de caducidad, imponiendo el pago de agencias en derecho a favor de la entidad demandante a cargo de las entidades recurrentes vencidas.síntesis automática
También resuelve: ¿Los convenios interadministrativos deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes? ¿El acuerdo de voluntades consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago del pasivo prestacional del sector salud? ¿Con la declaratoria de nulidad parcial del decreto, el fundamento normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba vigente al momento de la celebración de este último?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

DirecTV cumplió todas las obligaciones a su cargo objeto del acuerdo de pago

Sentencia — Sentencia 2025-09-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020160122302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve: ¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? ¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito… ¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020120028501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes del Convenio regido por el derecho privado, pactaron la facultad de que una de ellas pudiera declarar el incumplimiento de la otra e imponer la cláusula penal pecuniaria? No
El contratista no puede declarar unilateralmente el incumplimiento de la otra parte y aplicar la cláusula penal pecuniaria en un convenio regido por el derecho privado, ya que dicha facultad no fue pactada en el acuerdo de voluntades, lo que implica una extralimitación de funciones y actuación sin competencia. La Sala concluye que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural no tenía facultad para emitir actos administrativos en el marco del convenio especial de cooperación técnico-científico, y que cualquier intento de declarar el incumplimiento de la otra parte sería ilegal por violar la inmunidad de jurisdicción. Esto lleva a declarar el incumplimiento del convenio por parte del Ministerio al exceder las facultades conferidas en el mismo, lo que implica que las partes deben actuar conforme a las cláusulas pactadas y no pueden imponer sanciones fuera de ellas.síntesis automática
También resuelve: ¿El programa Agro Ingreso Seguro estuvo integrado por dos componentes, el de apoyos económicos directos y el de apoyos a la competitividad para preparar el sector agropecuario ante su proceso de… ¿El convenio especial tenía la naturaleza de un negocio jurídico conmutativo? ¿El convenio especial de cooperación se configuró en un negocio jurídico que el juez por la vía de interpretación podía readecuar para efectos de desentrañar la voluntad de las partes?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 85001233300020190006704 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La declaratoria de nulidad del contrato de concesión, impacta la validez del arreglo directo y de la transacción demandados en el presente proceso, en virtud de los cuales se acordó entre las partes la fórmula para financiar unas específicas obligaciones del contrato y se dispuso el pago de unas determinadas sumas de dinero? Sí
El contratista no puede mantener la validez del arreglo directo y del contrato de transacción después de que la entidad estatal anula el contrato de concesión, ya que estos acuerdos son accesorios o dependen del contrato principal para su validez. El arreglo directo carece de sustento autónomo sin el contrato de concesión, mientras que la transacción, aunque autónoma, se basa en un título nulo, lo que la hace nula en su totalidad según el artículo 2477 del Código Civil. La nulidad del contrato de concesión implica necesariamente la anulación de los acuerdos accesorios y autónomos que dependen de él, manteniendo la sentencia que declaró la nulidad y condenando a la parte vencida en costas en ambas instancias.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente condenar en costas en ambas instancias a la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Y ante la falta de demostración del cargo de incumplimiento endilgado a la accionada y la no consecución del objeto acordado

Sentencia — Sentencia 2023-05-23 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100020110032401 ACCION CONTRACTUAL
Dado que el régimen del convenio de asociación que se analiza corresponde al derecho privado, y en este escenario no se ejercen prerrogativas de poder público, ¿resulta indispensable su cuestionamiento en sede judicial para avanzar en el examen de incumplimiento, pues tal exigencia está referida exclusivamente a los actos administrativos? No
En un convenio de asociación regido por el derecho privado, en el que no se ejercen prerrogativas de poder público, el examen del incumplimiento no exige cuestionar judicialmente actos administrativos, pues esa exigencia se refiere exclusivamente a los actos de esa naturaleza. La regla se apoya en que el régimen privado del negocio determina las obligaciones y el análisis de su cumplimiento, sin que la impugnación de actos administrativos sea presupuesto para estudiarlo. Por ello, la discusión sobre el incumplimiento puede avanzar con el análisis de las obligaciones pactadas y de las pruebas aportadas al proceso. En el asunto, la Sala examinó primero las generalidades del negocio jurídico que originó el litigio y luego los supuestos específicos del incumplimiento alegado, y confirmó la decisión de la primera instancia. En la práctica, en los convenios de derecho privado el incumplimiento se examina con las cláusulas pactadas y no con la impugnación de actos administrativos.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233300020180069302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La constitución de la unión temporal adolecía de nulidad por objeto ilícito? Sí
No pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito, conforme al artículo 1525 del Código Civil, de modo que el contrato celebrado con fundamento en una asociación que no cumplió los requisitos constitucionales y legales es nulo de manera absoluta y puede declararse de oficio. Una razón es que la entidad territorial no dio cabal cumplimiento a lo dispuesto para ese tipo de asociaciones, por lo que la constitución de la unión temporal adolece de nulidad por objeto ilícito. Otra razón es que los contratos derivados de esa unión, el de obra y el de cesión celebrado después, no pueden subsistir como fuente de derechos, porque su origen es ilícito, con fundamento en los numerales 8 del artículo 2 y 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. En el caso, el tribunal había declarado probada la falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva, decisión que la Sala revocó para declarar de oficio la nulidad absoluta de la unión temporal y de los contratos derivados. Su consecuencia práctica es que la nulidad absoluta por objeto ilícito impide reconocer derechos contractuales aunque las partes carezcan de legitimación aparente.síntesis automática
También resuelve: ¿Pueden surgir derechos válidos de un negocio jurídico con objeto ilícito? ¿El objeto del contrato es ilícito por el hecho de haber sido el resultado de una contratación directa sin el cumplimiento de lo previsto en la ley? ¿Se cuenta con elementos de juicio ciertos y claros que permitan denotar un conocimiento contentivo de mala fe y conocimiento de la ilicitud?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No es procedente la declaración de nulidad

Sentencia — Sentencia 2024-12-10 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 05001233100020060345401 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente la declaración de nulidad que hizo el Tribunal de primera instancia bajo el presupuesto de que la decisión de la amigable componedora estaba viciada porque el Departamento no tenía capacidad para acudir a dicho mecanismo? No
El contratista no puede declarar nula la decisión del amigable componedor basándose en que la entidad estatal no tenía capacidad para acudir a este mecanismo, ya que la ley vigente en el momento de la celebración del contrato permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición, lo que implica que la entidad estaba habilitada para someterse a este mecanismo. La Sala revoca la nulidad declarada por el Tribunal, reiterando que la amigable composición es procedente cuando una de las partes es una entidad pública, siempre y cuando la ley lo permita explícitamente en el momento de la celebración del contrato. Esto implica que las entidades estatales pueden acudir a la amigable composición para resolver sus controversias contractuales, siempre que la normativa vigente lo autorice.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuando se suscribió el contrato, la ley vigente permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición? ¿La amigable composición resulta procedente cuando una de las partes sea una entidad pública? ¿Para acudir a la amigable composición, es necesario que las partes y el amigable componedor celebren un contrato de mandato a efectos de determinar las facultades de este último?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Sin prueba de su prestación no puede haber lugar a las restituciones.

Sentencia — Sentencia 2024-12-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000232600020100060702 ACCION CONTRACTUAL
¿Existe un vicio que tiñe de ilegalidad la celebración del contrato 093 de 2008, desde su concepción, y conduce a afirmar que las reglas estructuradas en los pliegos nunca fueron portadoras del atributo de legalidad, ni pueden erigirse en título para reclamar de ellas algún derecho? Sí
El contratista no puede reclamar la legalidad de las reglas estructuradas en los pliegos de condiciones cuando estos fueron diseñados con la intención de favorecer ilegalmente a determinados proponentes, ya que la concepción de dichas reglas viola principios fundamentales de la contratación estatal como la selección objetiva y la transparencia. La Sala establece que la manipulación de los pliegos para apropiarse ilegalmente de recursos públicos y desfavorecer la competencia justa conduce a declarar la nulidad absoluta del contrato desde su concepción, independientemente de cómo se aplicaron esas reglas en el proceso de selección. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior, reforzando la importancia de la legalidad desde la etapa precontractual y limitando las posibilidades de que actos administrativos ilegales puedan ser corregidos por su correcta aplicación posterior.síntesis automática
También resuelve: ¿La nulidad absoluta de un contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de su celebración y… ¿Una vez celebrado el negocio jurídico, la ilegalidad de los actos previos únicamente puede invocarse como fundamento de la nulidad del contrato? ¿La causal de nulidad por objeto ilícito tiene lugar cuando se transgrede una prohibición legal o constitucional, o por inobservancia de las previsiones de orden público en materia contractual?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Por el contrario, existen pruebas que indican que la entidad no pagaría los anteriores ítems

Sentencia — Sentencia 2023-03-10 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020080059502 ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró el incumplimiento de contrato por parte del contratista? Sí
Cicon S.A. no cumplió sus obligaciones contractuales de corregir los defectos de las obras, subsanar los pendientes que le había señalado la interventoría, entregar los productos y documentos para la liquidación del contrato dentro del plazo pactado; situación que le fue comunicada por el IDU en varias ocasiones a la mencionada sociedad contratista, entre octubre de 2008 y marzo de 2009, y que incluso dio lugar a trámites administrativos dirigidos a que se declarara ocurrido el siniestro de incumplimiento y que, en consecuencia, se hiciera efectivo el amparo de cumplimiento, así como a la imposición de la multa pactada.
También resuelve: ¿Tiene competencia en segunda instancia el Consejo de Estado por razón de la cuantía del proceso? ¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia desde el día siguiente al vencimiento del plazo para que se efectuara la liquidación unilateral del contrato? ¿La anulación de un acto administrativo que no ha sido demandado configura una violación del debido proceso de la demanda?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La sociedad demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía

Sentencia — Sentencia 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 23001233300020140010901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento? ¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión? ¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
REVOCA
Colombia Compra Eficiente Concepto

Una unidad de negocio puede definirse como una división o segmento dentro de una empresa que opera de manera relativamente independiente, estrategias y recursos.

C-307 de 2024 2024-09-06
¿Qué es una Unidad de Negocio?
La unidad de negocio es un concepto propio del ámbito empresarial privado, que designa una división o segmento de una organización que opera de manera relativamente autónoma, con objetivos, estrategias y recursos propios, orientada a la generación de ingresos y la maximización de beneficios, y ninguna norma de contratación pública contiene de forma específica y literal ese concepto. El Decreto 1082 de 2015 incorpora, en cambio, el concepto de unidad funcional para referirse a las etapas de los proyectos de infraestructura que permiten su operación y retribución, utilizado en la estructuración de concesiones y Asociaciones Público Privadas, mientras que algunos documentos CONPES y la Ley 2069 de 2020 emplean el concepto de unidades productivas de explotación económica. Las entidades públicas, creadas para satisfacer necesidades colectivas y servir a la función pública, se rigen por principios que las diferencian del sector privado, como los de legalidad, igualdad, imparcialidad, moralidad, publicidad, eficiencia, transparencia, economía y responsabilidad, consagrados en la Constitución, la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que orientan su actuación y limitan su margen de maniobra para adoptar modelos de gestión propios del sector privado.síntesis automática
También resuelve: Unidad de negocio: concepto, organización, compañía Sector público y el privado: fines del estado, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, principios de legalidad, igualdad, imparcialidad, moralidad, publicidad y eficiencia
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato estatal: podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente

13001233300020180035402 de 2025 2025-05-30 Rad. 13001233300020180035402
El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA dispone “Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras este se encuentre vigente”, El numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 establece que el contratista tendrá “derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas”, marco legal en el cual la forma de pago pactada entre las partes en el contrato no es un hecho imprevisto que afecte la ecuación contractual, por lo tanto no es dable reconocer un desequilibrio con base en dicha estipulación.
También resuelve: Caducidad de la pretensión de nulidad de la cláusula de pago del contrato: demanda, término, cpaca Contrato estatal: contratista, solicitud previa, equilibrio de la ecuación económica del contrato, Ley 80 de 1993 Negocio jurídico: forma de pago, ineficaz, propuesta, proceso de selección
Consejo de Estado Providencia

Procede negar la indemnización de los perjuicios solicitados por Ecopetrol

Sentencia — Sentencia 2024-06-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233100019990238802 ACCION CONTRACTUAL
¿Procede negar la indemnización de los perjuicios solicitados por Ecopetrol, al acreditarse que los hechos alegados como incumplimiento del contratista se consolidaron antes de la firma del acta de liquidación y no fueron objeto de salvedad en el corte final de cuentas del contrato? Sí
El contratista no puede reclamar indemnización por perjuicios en un juicio posterior a la liquidación del contrato si los hechos alegados como incumplimiento se consolidaron antes de la firma del acta de liquidación y no fueron objeto de salvedad en el corte final de cuentas. En este caso, los eventos que dieron lugar a los perjuicios ya estaban consolidados antes de la fecha de liquidación y no fueron mencionados en el acta, por lo que no se consideraron desconocidos o posteriores a la firma del acta. La entidad estatal no está obligada a indemnizar por perjuicios que no fueron incluidos en el acta de liquidación bilateral, lo que implica que el contratista debe estarse al contenido de la acta y no puede reclamar indemnización por perjuicios no contemplados en ella.síntesis automática
También resuelve: ¿Los contratos celebrados por Ecopetrol para el cumplimiento de su objeto social, comercial e industrial, deben regirse por las normas de derecho privado? ¿Los contratos estatales regidos por el derecho privado son pasibles de liquidación conforme a lo que convengan las partes? ¿Las partes le dieron al acto de liquidación del contrato un alcance más amplio al incluir en el cruce de cuentas, el análisis de todas las demás obligaciones surgidas dentro del negocio jurídico?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200034201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ser probó la existencia de un vicio redhibitorio habilitante para reclamar perjuicios? Sí
El contratista puede reclamar perjuicios por la existencia de un vicio redhibitorio si demuestra que el defecto era oculto y no evidente a partir de la inspección del bien y su documentación, y que la entidad estatal, por su especialidad y experticia, debía conocerlo pero no lo hizo constar en el pliego de condiciones. La regla establece que el tradente debe manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio, lo que implica que la entidad estatal incumplió su deber de buena fe al no advertir el defecto presente en el bien al momento de la celebración del contrato. Esta decisión reitera y matiza la responsabilidad del tradente en la identificación y manifestación de vicios ocultos, lo que implica que las entidades estatales deben ser más diligentes en la verificación y documentación de las características del bien antes de la adjudicación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber de conducta del tradente manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio? ¿Los vicios redhibitorios son aquellos existentes pero ocultos para el adquirente, quien sin negligencia grave no tuvo como advertirlos? ¿La demandada discute su responsabilidad frente a los vicios encontrados posteriormente en el bien y su saneamiento, en tanto afirma que este se entregó en las mismas condiciones en que fue conocido…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020150067101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La voluntad de las partes fue distinta de que se plasmó en el contrato y de la que la propia parte actora consignó en su oferta? No
El contratista no puede alegar que la voluntad de las partes fue distinta a la plasmada en el contrato y a la consignada en la oferta, ya que la intención de los signatarios quedó claramente expresada en el texto contractual, sin elementos en el proceso que permitan establecer una voluntad distinta. La Sala confirma que la cláusula de comisión de éxito solo se cumpliría si se profería una sentencia que negara la anulación de los actos administrativos que permitían al Distrito cobrar la contribución por valorización, lo cual no ocurrió. Por lo tanto, no se cumplieron los presupuestos convencionales para reconocer la comisión de éxito, rechazando así las pretensiones del contratista y confirmando la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Los impugnantes pretenden que se concluya que la cláusula sexta del contrato sí se cumplió, motivo por el cual debió accederse al pago la comisión de éxito? ¿Se cumplieron los presupuestos fijados convencionalmente para que hubiese lugar a reconocer la comisión de éxito pretendida en este juicio? ¿El concepto de éxito se materializaría con la sentencia que le pusiera fin al proceso y que fuera desestimatoria de la pretensión de nulidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-05-11 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020020205501 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó el incumplimiento del contratista? ¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato? ¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
Consejo de Estado Providencia

El apelante no explicó cuáles sobrecostos no se podían entender negociados en las actas de acuerdo

Sentencia — Sentencia 2024-06-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 50001233100020024022701 ACCION CONTRACTUAL
¿La fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados por el actor y el deber de no contravenir sus alcances, mas no el deber de condicionar su consentimiento mediante salvedades, es el motivo esencial por el cual en este caso el demandante no puede exigir el pago de los perjuicios reclamados, en tanto acordó libremente la incidencia y los efectos de los hechos que los sustentan, en las actas 1, 2 y 3 de 1998, 4 de 1999 y 5 de 2000, sin que hubiese afirmado la existencia de vicio alguno en su aquiescencia? Sí
Cuando el contratista celebra acuerdos adicionales, actas de suspensión, prórroga o liquidación sin formular salvedades y sin alegar vicio en su consentimiento, no puede luego reclamar perjuicios por el desequilibrio económico que esos mismos acuerdos asumieron. La regla se sostiene en tres razones: la fuerza obligatoria de los acuerdos celebrados libremente impide contravenir sus alcances; la buena fe objetiva exige al contratista expresar oportunamente sus reclamos; y las modificaciones, adiciones y otrosíes posteriores forman parte del negocio y deben ser tenidos en cuenta por el juez. En el caso, las diferencias patrimoniales que el contratista reclamó fueron negociadas y transadas en actos adicionales al contrato de obra, por lo que se confirmó la negativa de las pretensiones. La providencia aclara que su fundamento principal no es el deber de formular salvedades, sino la existencia de esos negocios jurídicos adicionales; la consecuencia práctica es que el contratista debe revisar cada acta y otrosí antes de firmarlos.síntesis automática
También resuelve: ¿Son los elementos esenciales pactados y no sus designaciones nominativas las que esculpen la naturaleza de un contrato? ¿La buena fe en materia contractual adquiere una connotación objetiva que se bifurca en distintos sentidos y que abre paso a diversas reglas de conducta cuya finalidad esencial es la ejecución por… ¿Todo negocio jurídico impone el compromiso básico, esencial e irrenunciable para las partes de cumplir lo que en ellos se han prometido realizar…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El primer reparo de los recurrentes contra el fallo de primera instancia, relacionado con la procedibilidad de la amigable composición en contratos celebrados con el Estado tiene vocación de prosperidad.

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020060065001 ACCION CONTRACTUAL
¿Debe revocarse la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad de la decisión emitida por el amigable componedor, al acreditarse que este mecanismo es procedente en contratos celebrados con entidades públicas bajo la aplicación del artículo 130 de la Ley 446 de 1998? Sí
Es clara la procedencia de la amigable composición en los contratos en los cuales sea parte una entidad del Estado, incluso frente a aquellos celebrados durante la vigencia del artículo 130 de la Ley 446 de 1998, que es el caso del contrato que dio origen a este litigio. No obstante, el Tribunal, para declarar la nulidad de la amigable composición del 16 de septiembre de 2005, se basó en el concepto proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 13 de agosto de 2005. Sin necesidad de remitirse a las posturas jurisprudenciales anteriores a dicho concepto, es claro que, como quedó expuesto, existe consenso en cuanto a la viabilidad legal de pactar este mecanismo de resolución de conflictos cuando una de las partes es una entidad estatal y, por ello, no es posible concluir de ninguna manera que se trate de un acuerdo contra legem que adolezca de objeto ilícito.
También resuelve: ¿La cuantía es un factor para determinar la competencia en lo contencioso administrativo? ¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde que se notificó a las partes de la decisión emitida por el amigable componedor? ¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los integrantes del consorcio contratista y sobre la Universidad Militar Nueva Granada como amigable componedor?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 66001233300020170001001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente pues ambos extremos procesales están integrados por entidades públicas? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales para obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, incluyendo convenios interadministrativos, siempre que la demanda sea oportuna y se ajuste a los plazos establecidos. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de estos asuntos cuando ambos extremos procesales son entidades públicas, y el Consejo de Estado tiene vocación de segunda instancia en casos que superen la cuantía mínima legal. La caducidad del medio de control comienza a correr desde el día siguiente al vencimiento del término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades, y el recurso de apelación debe limitarse a los reparos concretos formulados por el impugnante, sin que el juez pueda reformar el fallo en perjuicio del apelante único, salvo que sea indispensable para resolver puntos íntimamente relacionados con la modificación.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del… ¿En la presente controversia el cómputo de los dos años de la caducidad empieza a correr desde el día siguiente al que se venció el término para la liquidación bilateral del acuerdo de voluntades? ¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020160073301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio son dos instituciones diferentes, pues la primera de ellas se deriva de desatender una obligación con fuente en el contrato, mientras que la segunda supone la existencia de una situación que altere la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar, dentro de lo que no resulta dable incluir las modificaciones y prórrogas contractuales, ya que no dan lugar a la configuración de la teoría de la imprevisión, del hecho del príncipe, ni constituyen ejercicio de ius variandi? Sí
El contratista no puede confundir el incumplimiento del contrato con la ruptura del equilibrio económico, ya que la primera se origina en el desatender una obligación contractual, mientras que la segunda implica una alteración de la equivalencia entre derechos y obligaciones existentes al momento de la contratación, excluyendo modificaciones y prórrogas contractuales que no generan la teoría de la imprevisión, hecho del príncipe o ejercicio de ius variandi. La entidad estatal no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato si se eligió la modalidad de pago llave en mano, debido al carácter solemne de los contratos estatales y el respeto a la autonomía de la voluntad. Además, si las partes acuerdan una suspensión o prórroga del contrato sin salvedades, están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones, lo que resultaría contrario al principio de buena fe y la doctrina de los actos propios. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, reafirmando la importancia de distinguir claramente entre estas instituciones y principios en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿La elección de la modalidad de pago del contrato lleva implícita una asunción de deberes de conducta que es relevante, pues el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del… ¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…