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Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2024-10-15Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 20001233100020110048702ACCION CONTRACTUAL
¿La inexistencia de apelación respecto del fallo proferido por el a quo supone que el Consejo de Estado carezca de competencia funcional para conocer del presente asunto, en tanto la sentencia del 17 de agosto de 2023 no fue recurrida y, en consecuencia, adquirió firmeza, de manera que la segunda instancia que hoy formalmente se tramita nunca debió activarse? Sí
Por fuera de la oportunidad procesal… , quien funge como apoderado de la demandante,… adujo ratificar “el poder que facultó al doctor… … para presentar el recurso y representar los intereses de la parte”, así como “los términos y contenido del recurso de apelación… ”. La afirmación contenida en el escrito antedicho no es de recibo para el Despacho, por cuanto: (i) no puede ratificarse un poder… que no existió a la luz de la realidad procesal; y (ii) el señor… no obra como parte sino como apoderado; no ostenta la titularidad de los intereses litigiosos sino que los representa, y por ello no se encuentra facultado para conferir poder para gestionarlos, sino -eventualmente- sustituir el mandato a él otorgado, con las precisas facultades que originalmente le fueron confiadas.… En el proceso de la referencia, el poder otorgado al señor… no fue revocado ni sustituido, de manera que mal podría ser reasumido, como lo pretende.
También resuelve:¿Al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Decreto 01 de 1984 (CCA)?¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la llamada a conocer del sub examine, en cuanto el proceso de la referencia tiene su origen en un contrato estatal?¿La acción de controversias contractuales requiere que quien la ejerza sea parte de un contrato estatal o un tercero con interés directo?
Auto interlocutorio — Auto que rechaza solicitud de nulidad2023-07-19Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600020081003002ACCION CONTRACTUAL
¿Dado que la demanda se presentó en vigencia del Decreto 01 de 1984, le resultan aplicables sus normas a la solicitud de nulidad procesal, así como las que, en virtud de la integración normativa, estuvieran vigentes en el momento en que se ejerció el derecho de acción? Sí
El alcance de la solicitud. El despacho observa que lo que se pretende con el memorial denominado “nulidad” es atacar la competencia del ponente para dictar el auto del 23 de mayo de 2023, por medio del cual no se avocó el conocimiento para unificar el presente asunto.… Lo primero que debe precisarse es que la solicitud arriba referida, aunque fue presentada el 2 de junio de 2023, está regulada por el CCA y el CPC, esta última como norma de remisión (art. 267 del CCA). Lo anterior porque de conformidad con el artículo 308 del CPACA, esta codificación sólo aplica para los asuntos iniciados con “posterioridad a la entrada en vigencia” de dicha norma, mientras que las “demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
También resuelve:¿Compete al magistrado ponente del Consejo de Estado decidir la solicitud de nulidad procesal?¿Se alegó dentro de la oportunidad legal para hacerlo, la solicitud de nulidad en el caso sub lite?¿Hay lugar a declarar la nulidad procesal por falta de competencia funcional del ponente para dictar el auto del 23 de mayo de 2023…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2025-10-06Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 44001234000020180006602LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer una controversia relacionada con un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, cuando dicho contrato corresponde al giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas que actúen como instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando dichos contratos correspondan al giro ordinario de sus negocios, pues conforme a la Ley 1437 de 2011, dichas controversias son competencia del juez civil del circuito. Además, la decisión de la Sección Tercera del Consejo de Estado de conocer previamente el proceso no es relevante para determinar la jurisdicción competente, ya que el artículo 16 del Código General del Proceso establece que la falta de jurisdicción por factores subjetivo o funcional es improrrogable y debe ser declarada de oficio, lo que implica que cualquier actuación previa es nula y el proceso debe ser remitido al juez competente.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse jurídicamente relevante y concluyente, para efectos de determinar la jurisdicción competente, el hecho de que la Sección Tercera del Consejo de Estado haya conocido previamente el…
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente2025-06-10Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 44001234000020180006602LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción ordinaria es competente para conocer las controversias en los contratos celebrados por entidades públicas de carácter financiero cuando estos correspondan al giro ordinario de sus negocios? Sí
La jurisdicción ordinaria conoce las controversias relativas a los contratos celebrados por entidades públicas que tengan el carácter de instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de sus negocios, conforme al numeral 1 del artículo 105 del CPACA. La regla se apoya en que esa norma excluye de la jurisdicción contenciosa administrativa los contratos de esa naturaleza cuando se celebran en desarrollo del giro ordinario de la entidad, incluidos los procesos ejecutivos. Por ello, la ausencia de jurisdicción debe declararse aun cuando el contrato sea estatal en su origen. En el caso, la entidad pública financiera celebró el contrato en el giro ordinario de sus negocios, y el despacho declaró la falta de competencia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso administrativo declara la falta de competencia y remite el expediente al juez ordinario competente.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato que da origen a la controversia forma parte del giro ordinario de los negocios de Fonade por cuanto su objeto consiste en la revisión…¿Cuando se declare la falta de jurisdicción o la falta de competencia, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula y el proceso se enviará de inmediato al…
Auto interlocutorio con estado — Auto que deja sin efecto providencia2026-07-15SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)DAYAN ALBERTO BLANCO LEGUIZAMORad. 11001333603820250005001ACCION CONTRACTUAL
¿El juzgado podía tramitar el asunto en primer grado y, por esa vía, si esta Corporación está habilitada para actuar como su superior funcional? Sí
El contratista no puede interponer un recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado cuando el juez administrativo que conoce del asunto en primera instancia carece de competencia funcional, ya que la falta de competencia funcional es improrrogable y debe ser declarada de oficio por el tribunal. En este caso, el Juzgado 38 Administrativo del Circuito de Bogotá asumió el conocimiento de un proceso cuya cuantía excedía los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que le era ajeno por disposición legal. A pesar de que las partes no alegaron la falta de competencia funcional, el tribunal debió declararla de oficio, lo que impide que la Sala de lo Contencioso Administrativo resuelva la apelación. Como consecuencia, la Sala declaró la falta de competencia funcional del juzgado y remitió el expediente a la Sección Tercera del Consejo de Estado para que sea conocido como proceso de primera instancia.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve conflicto de competencias administrativas2023-10-17Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001333603320230019001LEY 1437 REPETICION
¿Compete al consejero de Estado ponente, conocer de los conflictos de competencia entre los jueces administrativos de diferente distrito judicial? Sí
De conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley 1437 de 2011, le corresponde a esta Corporación dirimir los conflictos negativos de competencia suscitados entre juzgados administrativos de distintos distritos judiciales. De acuerdo con lo previsto en el inciso 2 del artículo 158, el Consejo de Estado es competente para resolver los conflictos de competencia entre los tribunales y entre los jueces administrativos de diferente distrito judicial y, de conformidad con el numeral 3 del artículo 125 del CPACA, el magistrado ponente deberá dictar aquellas providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, que no se encuentran contempladas en el numeral 2 de dicha norma, y esta no lo está.
También resuelve:¿En vigencia de la Ley 1437 de 2011 la competencia para resolver las demandas de repetición, está determinada por el factor funcional de carácter objetivo en razón a la cuantía…¿En el presente caso, la competencia para tramitar el medio de control de repetición, en razón al factor territorial, le corresponde al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de queja2025-11-04Sección Tercera (Subsección A)MARÍA ADRIANA MARÍNRad. 52001233300020160014304LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de queja interpuesto contra las decisiones emitidas por Tribunales Administrativos? Sí
El recurso de queja que se formula contra las decisiones de los tribunales administrativos es de competencia del Consejo de Estado, y el despacho ponente tiene competencia funcional para resolverlo. La regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, que atribuye a la Sala de lo Contencioso Administrativo el conocimiento de esta impugnación, y en el numeral 3 del artículo 125 del mismo código, que asigna la competencia funcional al despacho que tramita el asunto. Con ello se delimita el órgano que debe decidir si el recurso de apelación fue rechazado, declarado desierto o indebidamente sustentado, pues el recurso de queja tiene por finalidad que el superior revise esa negativa. En el caso, la queja se dirige contra la negativa de un recurso de apelación, y el despacho ponente la resuelve en ejercicio de su competencia funcional. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el Consejo de Estado decide sobre la queja y, en este caso, confirmó la decisión recurrida.síntesis automática
También resuelve:¿Constituye requisito de procedibilidad del recurso de queja su interposición en subsidio del recurso de reposición contra la providencia que niega la concesión del recurso de apelación?¿Es improcedente el recurso de apelación contra el auto que rechaza de plano una nulidad procesal conforme al artículo 284 del CPACA?¿Debe el juez rechazar de plano una solicitud de nulidad procesal cuando la parte interesada no invoca una de las causales expresamente previstas en el CGP?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2022-01-14Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020210025000LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente en única instancia para conocer del recurso de anulación contra laudo arbitral derivado de contratos en los que participen entidades estatales? Sí
El contratista puede interponer un recurso de anulación contra un laudo arbitral derivado de contratos con entidades estatales, el cual será conocido en única instancia por la Sección Tercera del Consejo de Estado, conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012. Este recurso es admisible cuando se cumplen los requisitos establecidos en la normativa, como la presentación dentro del término legal y la alegación de causales específicas. Además, la entidad pública condenada en el laudo puede solicitar la suspensión provisional de los efectos del laudo durante el trámite del recurso de anulación, siempre y cuando lo haga dentro del término legal y cumpla con los demás requisitos legales establecidos en la Ley 1563 de 2012. Esto implica que las entidades estatales y los contratistas deben estar atentos a los plazos y requisitos para interponer y tramitar este recurso, lo que garantiza un control efectivo de la legalidad en los procesos de contratación estatal sometidos a arbitraje.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la admisión del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral cuando se datisfacen los requisitos exigidos en la Ley 1563 de 2012?¿Es procedente la suspensión provisional de los efectos del laudo dentro del recurso extraordinario de anulación cuando en el mismo haya resultado condenada a una entidad pública?
¿Debe el juez de segunda instancia analizar los reparos del recurso de apelación que son genéricos y no controvierten concretamente las razones por las cuales el a quo desestimó los cargos de nulidad? No
El juez de segunda instancia limita su competencia funcional al examen de la providencia recurrida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante en el escrito de sustentación. En la sentencia proferida, el Consejo de Estado rechaza por genéricos los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión del tribunal que desestimó los cargos de nulidad de actos administrativos contractuales, destacando que el artículo 320 y el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 exigen señalamientos precisos sobre las razones de inconformidad, sin que proceda un análisis oficioso de inconformidades abstractas sobre la ruptura del equilibrio contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La alegada ruptura de la ecuación económica del contrato constituye una causa que exonere al contratista de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales?¿Pierde la entidad estatal contratante la competencia para declarar la caducidad del contrato cuando el contratista ha demandado previamente ante el juez del contrato el incumplimiento de la entidad…¿Puede el juez de lo contencioso administrativo estudiar el cargo de falta de competencia de la entidad que expidió el acto administrativo demandado…
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público e hizo efectiva la cláusula penal, por haberse vulnerado el debido proceso de la contratista, porque la entonces directora del DADEP omitió tramitar la recusación formulada en su contra antes de proferir la Resolución 245 de 8 de julio de 2019 por la cual se resuelven dos recusaciones promovidas contra la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica? No
No existe una causal de nulidad autónoma denominada violación del debido proceso, pues las causales previstas en el artículo 137 del CPACA se refieren a formas de vulneración de alguno de los componentes de ese derecho, de modo que el reproche debe encuadrarse en un vicio concreto de forma o de expedición irregular del acto. Tampoco pueden estudiarse los cargos contra actos que no fueron demandados, pues estos se presumen legales mientras no se pida su nulidad. Por ello, la omisión de tramitar una recusación debe demostrarse como vicio específico del acto que se cuestiona y no puede invocarse de manera general. En el caso concreto, la contratista alegó que la omisión de tramitar una recusación antes de resolver otra vulneró su debido proceso, y la providencia confirmó la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento del contrato y ordenaron hacer efectiva la cláusula penal. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento por vicios procedimentales debe identificar la causal específica del artículo 137 y demandar también los actos que resuelven la recusación.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
¿Procede la nulidad de los actos administrativos atacados por la parte actora al invocar de manera inadecuada, una causal de nulidad que no aplica a los actos precontractuales? No
El contratista no puede obtener la nulidad de los actos administrativos atacados al invocar de manera inadecuada una causal de nulidad que no aplica a los actos precontractuales, ya que la motivación del Tribunal para declarar la nulidad de las resoluciones no giró en torno a la causal invocada sino a la vulneración de normas superiores, como la de selección objetiva. La Sala confirma la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, actualizando el monto de la condena. Además, la competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, excluyendo el debate sobre otros aspectos no abordados en el recurso. En el presente caso, el juez de primera instancia adecuó la acción a la de nulidad y restablecimiento del derecho, evitando fallos inhibitorios y garantizando el acceso a la administración de justicia.síntesis automática
También resuelve:¿La competencia funcional del juez de segunda instancia se circunscribe a los aspectos del fallo confrontados específicamente por el recurrente, que se entienden desfavorables a sus intereses?¿Se daban los presupuestos para que el juzgador de primera instancia, actuando como garante del acceso a la administración de justicia y con el propósito de evitar fallos inhibitorios…¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada de manera oportuna?
¿La resolución de adjudicación contractual proferida por el municipio de Bucaramanga se encuentra amparada con la presunción de legalidad? Sí
La resolución de adjudicación de un contrato de obra pública goza de presunción de legalidad, por lo que la pretensión de nulidad absoluta del contrato fundada en la invalidez de ese acto no prospera en el medio de control de controversias contractuales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, mientras el acto no sea anulado en el medio de control pertinente, conserva la presunción de legalidad que impide declarar prima facie la nulidad absoluta del contrato. Segunda, el medio de control de controversias contractuales no permite estudiar la validez de ese acto administrativo, de modo que la pretensión depende de una causal ajena a la invalidez del acto. Tercera, la nulidad absoluta del contrato hubiera podido examinarse si se hubiera fundado en una causal distinta a la del acto de adjudicación, lo que no ocurrió. La providencia confirma la sentencia de primera instancia. La consecuencia práctica es que, para impugnar la validez de un contrato a partir de la adjudicación, el demandante debe demandar el acto por la vía adecuada o fundar la nulidad en una causal propia del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En el sub judice resulta procesalmente procedente estudiar la validez de la resolución de adjudicación?¿La pretensión principal de la demanda radica en la nulidad absoluta del contrato de obra pública?¿Se ejerció oportunamente el medio de control de controversias contractuales?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-12-09Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 25000233600020210028701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de los autos proferidos por los Tribunales Administrativos que imprueben conciliaciones extrajudiciales celebrada entre dos entidades de naturaleza pública? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas al incumplimiento y liquidación de contratos interadministrativos celebrados entre entidades públicas. En este asunto, ante el acuerdo conciliatorio entre FONADE hoy ENTERRITORIO e IPSE, la aprobación judicial y el control de legalidad corresponden a esta jurisdicción. Asimismo, conforme al artículo 150 y el artículo 243 numeral 3 du CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación del auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que imprueba la conciliación extrajudicial celebrada entre las entidades públicas involucradas.síntesis automática
También resuelve:¿Son requisitos para aprobar una conciliación extrajudicial que no haya operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción…¿El negocio jurídico celebrado entre el FONADE y el IPSE fue nominado como un “Contrato Interadministrativo”, la realidad es que este corresponde a un Convenio Interadministrativo…¿Las pretensiones contenidas en la solicitud de conciliación extrajudicial, fueron presentadas dentro del plazo fijado en la ley para promover el respectivo proceso de controversias contractuales?
¿Cuál es la jurisdicción y el juez competente para resolver el recurso de apelación contra las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo y, en segunda instancia, el Consejo de Estado son competentes para resolver la apelación contra las sentencias de los Tribunales Administrativos cuando la demanda pide la declaratoria de incumplimiento de un convenio interadministrativo. Esta competencia se determina con el artículo 104 del CPACA, que atribuye a esta jurisdicción las controversias contractuales, y con el artículo 150 del mismo código, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentar la demanda. A ello se suma que la estimación de las pretensiones de la demanda, conforme a los artículos 152 y 157 del CPACA, define el recurso procedente contra la sentencia de primera instancia. En este caso el convenio fue celebrado por tres entidades del Estado y la parte actora apeló la sentencia de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; en la práctica, la regla fija el juez de segunda instancia a partir de la demanda y de la estimación de sus pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del plazo legal?¿Las partes se encuentran legitimadas en la causa para comparecer?¿[E]l departamento del Amazonas incumplió el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente…
Auto interlocutorio con estado — Auto dirime conflicto negativo de competencia2026-02-19JUZGADO ADMINISTRATIVOHERNANDO AYALA PEÑARANDARad. 54001233300020250002700REPETICION
Corresponde a la Sala Plena determinar si, en el marco del medio de control de repetición promovido con ocasión del pago de una sentencia judicial, el conocimiento del proceso debe radicarse en el despacho que tramitó el proceso de reparación directa que dio origen a la condena, en aplicación del artículo 7 de la Ley 678 de 2001, o si, por el contrario, la competencia al interior del Tribunal debe definirse conforme a las reglas de reparto ordinario previstas en los artículos 149, 152 y 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Sí
La Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera del Patrimonio Autónomo Público PAP Fiduprevisora S.A., promovió medio de control de repetición contra Carlos Alberto Suárez Reyes, exservidor del extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, con el fin de obtener el reintegro al Estado de la suma de $1.318.677.302, pagada en cumplimiento de una sentencia proferida dentro de un proceso de reparación directa. El proceso fue asignado por reparto al Despacho 005, cuyo titular declaró falta de competencia con fundamento en el artículo 7 de la Ley 678 de 2001, al considerar que debía conocer el despacho que tramitó el proceso de responsabilidad patrimonial antecedente.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve incidente de adición de la sentencia2024-04-08Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 25000232600020090087102ACCION CONTRACTUAL
¿Habrá lugar a proferir una sentencia complementaria cuando el juez del recurso deja de decidir alguno de estos asuntos que en virtud del escrito de impugnación o de la ley le corresponde resolver? Sí
Dado que el Código Contencioso Administrativo no contempla la figura de la adición de la sentencia en los procesos de esta jurisdicción, en virtud de la remisión que hace su artículo 267 a las normas del Código de Procedimiento Civil, resulta aplicable el artículo 311 de este último.… Según la primera parte de la norma, cuando la sentencia omita la resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria. Esto es aplicable tanto para la sentencia de primera instancia, como para la proferida por el ad-quem.
También resuelve:¿Hay lugar a adicionar la parte resolutiva de la providencia frente a la alegada falta de competencia funcional de la entidad demandada para proferir el acto administrativo en el que se declaró un…¿Hay lugar a adicionar la parte resolutiva de la providencia por falta de pronunciamiento frente a los cargos de violación de los artículos 1602, 1603 y 1622 del Código Civil?¿El juez de segunda instancia omitió resolver el cargo referente a la violación de los artículos 31 y 58 de la Ley 80 de 1993 alusivos a la publicación de los actos sancionatorios?
¿La entidad demandante logró demostrar la conducta culposa del demandado, como uno de los presupuestos para que prospere el medio de control de repetición? No
La entidad estatal no logra prosperar el medio de control de repetición si no demuestra la conducta culposa del demandado, ya que la carga de la prueba recae sobre la parte actora para acreditar el supuesto de hecho que sustenta el efecto jurídico que persigue. En este caso, la entidad demandante no pudo probar la culpa grave atribuida al demandado, ni el análisis de legalidad permitió individualizar la conducta culposa. Además, la Sala confirmó que la entidad no cumplió con la carga de la prueba establecida en el artículo 167 de la Ley 1564 de 2012, lo que llevó a negar las pretensiones de la demanda. Este precedente reitera la importancia de acreditar debidamente la conducta culposa del demandado para que el medio de control de repetición sea procedente, lo que implica que las entidades estatales deben presentar pruebas sólidas para demostrar la culpa grave del demandado en casos similares.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se computa el término de caducidad del medio de control de repetición?¿Procede la condena en costas en el medio de control de repetición a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2025-06-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170060102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las controversias relativas a contratos celebrados por entidades públicas que sean instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios, no son competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para resolver controversias contractuales relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas que sean instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o valores vigilados por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando dichos contratos correspondan al giro ordinario de los negocios de estas entidades, como es el caso de Fiducoldex, una sociedad de economía mixta que realiza operaciones fiduciarias. La Sala declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso debido a la falta de competencia funcional de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de estos asuntos, lo que implica que los efectos de la declaratoria de nulidad son improrrogables y que solo los actos previos a la sentencia de primera instancia conservan validez.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta evidente que el contrato celebrado se enmarcó en el giro ordinario de los negocios de Fiducoldex?
¿El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas? Sí
El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas, ya que la ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable, permitiendo al superior jerárquico confrontar la decisión apelada con los argumentos del apelante. Además, la imposición de multas contractuales es improcedente cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación, salvo en casos donde la cláusula penal estipula un incumplimiento definitivo que resulta irreversible y frustra el interés del acreedor, en cuyo caso es procedente la condena al pago de la cláusula penal. Esta decisión modifica precedentes y establece límites claros para la competencia funcional del juez de segunda instancia y la exigibilidad de sanciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente imponer multas contractuales cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación?¿Procede la reducción proporcional de la cláusula penal cuando no existe avance en la ejecución de la obra objeto del contrato?¿Es procedente la indexación de la cláusula penal cuando el deudor ha incurrido en mora de la obligación principal, con el fin de garantizar el efecto solutorio del pago en términos de valor real?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer del medio de control de repetición en segunda instancia? Sí
Cuando se ejerce el medio de control de repetición y la cuantía de la pretensión supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para decidir la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: los artículos 149, 152 y 155 de la Ley 1437 de 2011 regularon de manera expresa la competencia funcional de la repetición y derogaron el criterio de conexidad del artículo 7 de la Ley 678 de 2001; el artículo 150 atribuye a la corporación las apelaciones de las sentencias de los tribunales; y el numeral 11 del artículo 152 asigna a los tribunales la primera instancia cuando la cuantía excede ese monto y la competencia no está en única instancia del Consejo. En el caso, la pretensión de repetición superó la cuantía, y la demanda se presentó dentro del término tras el pago de la condena, que debía realizarse en diez meses. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la repetición determina la instancia en la que se resuelve.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad para el medio de control de repetición?¿Las presunciones legales de culpa grave y dolo en la conducta del agente del Estado exigen que se demuestre el supuesto de hecho en que se apoya dicha presunción?¿Las sentencias dictadas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho constituyen por si solas prueba de la conducta con culpa grave de la demandada?