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Consejo de Estado Providencia

El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente

Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas 2025-12-18 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020240056302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del CGP y 213 del CPACA (Ley 1564 de 2012)? Sí
El juez tiene el deber de decretar pruebas de oficio para esclarecer hechos relevantes cuando el acervo probatorio es insuficiente, de conformidad con los artículos 169 del Código General del Proceso y 213 del Código Procesal Administrativo y Contencioso (Ley 1564 de 2012), ya que esta facultad busca garantizar la efectividad de los derechos de las personas y la veracidad de los hechos enjuiciados. El decreto oficioso de pruebas no es una mera liberalidad del juez, sino un deber legal que implica adoptar medidas necesarias para fallar con suficiente conocimiento de causa y un material probatorio completo, en la búsqueda de la justicia, la seguridad jurídica y la equidad. Sin embargo, esta potestad no debe utilizarse para suplir la negligencia o el incumplimiento de las cargas probatorias de las partes, sino para aclarar oscuridades en la controversia y evitar que la falta de actividad judicial comprometa la justicia material. Esta regla reitera y matiza precedentes, estableciendo que el juez debe decretar pruebas de oficio solo cuando surja la necesidad de aclarar hechos relevantes y existan fundadas razones para considerar que su falta de actividad puede abandonar el sendero de la justicia material.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede ampliarse la medida cautelar solicitada cuando aún no está claro el alcance del Contrato de Concesión No. 002 de 2005…
DECRETA
Consejo de Estado Providencia

No puede considerarse válida una confesión judicial emitida por una persona que no ostenta representación legal ni poder dispositivo sobre los derechos de la entidad involucrada.

Sentencia — Sentencia 2025-03-26 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020160214302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede considerarse válida una confesión judicial emitida por una persona que no ostenta representación legal ni poder dispositivo sobre los derechos de la entidad involucrada? No
La confesión judicial solo es válida cuando el confesante tiene capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulta de lo confesado, según el artículo 191 del Código General del Proceso, de modo que quien comparece al proceso sin ser representante legal de la entidad no puede obligarla con su declaración. Además, el incumplimiento de un pliego de condiciones no puede deducirse de pruebas técnicas practicadas bajo condiciones distintas de las previstas en el pliego, porque esos resultados no son comparables entre sí. Una prueba realizada bajo parámetros diferentes no basta para probar un incumplimiento contractual, aun cuando la diferencia que se alega, como el voltaje de carga de una batería, corresponda a la realidad. En el caso concreto, la declaración de un integrante de un equipo profesional no configuró confesión, y la prueba de reemplazo se hizo en condiciones distintas de las del pliego, de modo que la providencia confirmó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, la parte que quiera demostrar un incumplimiento técnico debe practicar la prueba bajo los parámetros exigidos en el pliego de condiciones.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede afirmarse que se incurrió en un incumplimiento de los pliegos de condiciones cuando las pruebas técnicas practicadas no son equiparables por haberse realizado bajo condiciones diferentes? ¿Puede considerarse suficiente una prueba técnica realizada bajo parámetros distintos para probar un incumplimiento contractual? ¿Debe desestimarse un cargo de apelación cuando no se controvierte la prueba documental que acredita la idoneidad de una entidad participante en un proceso de selección?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En oportunidades anteriores se ha indicado que la causal 7, se configura cuando el laudo carece realmente de motivación probatoria.

Sentencia — Sentencia 2023-01-26 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 11001032600020220004400 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal? Sí
La Sala negará la procedencia del recurso. En oportunidades anteriores se ha indicado que la causal 7, sobre el laudo en conciencia o equidad, se configura cuando el laudo carece realmente de motivación probatoria. Ninguno de los argumentos planteados por el recurrente se enmarca en los supuestos que ha identificado la Sala para la procedencia de la causal. Por una parte, no argumenta que el laudo haya ignorado el acervo probatorio. Por la otra, tampoco señala que la decisión adoptada en el laudo no esté soportada en las pruebas del proceso arbitral.
También resuelve: ¿El argumento que tuvo en cuenta el tribunal para asignar la responsabilidad al contratista fue el alcance del principio de planeación? ¿Las conclusiones a las que arribó el tribunal se sustentan en las pruebas? ¿Cuando se declare infundado el recurso de anulación se condenará al recurrente al pago de las costas?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

Es procedente decretar la prueba que no es conducente ni pertinente.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-04-04 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 17001233300020200004402 LEY 1437 REPETICION
¿Es procedente decretar la prueba que no es conducente ni pertinente? Sí
El artículo 168 CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 CPACA, dispone que se deben rechazar, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. Las pruebas deben ser conducentes y eficaces para demostrar el hecho o el acto jurídico objeto del litigio, del que se deriva el derecho o la obligación reclamada, y deben estar orientadas a demostrar los supuestos de hecho de la demanda o contestación. El juez debe rechazar las pruebas que no sean conducentes, ni pertinentes y que no lleven a probar un hecho aducido en el proceso.
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado para conocer recurso de anulación de laudo arbitral sobre conflicto surgido en contrato

Sentencia — Sentencia 2023-07-19 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 11001032600020230005500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer recurso de anulación de laudo arbitral sobre conflicto surgido en contrato de obra celebrado por una entidad pública? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de los recursos de anulación, de conformidad con el artículo 104 numeral 7º de la Ley 1437 de 2011, porque el laudo arbitral fue proferido para dirimir un conflicto surgido ocasión del contrato de obra n.° 1550, en el cual una de las partes es una entidad pública.
También resuelve: ¿El recurso de anulación de laudo arbitral constituye una segunda instancia? ¿El fallo en conciencia se configura cuando se deja a un lado el marco jurídico que debe acatar para basarse en el sentido común o en convicciones personales? ¿En el fallo en equidad el juez inaplica la ley por inicua o falla por fuera del ámbito de la ley?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Los jueces tienen el deber de ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020190069301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los jueces tienen el deber de ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades? Sí
El juez tiene el deber de ejercer el control de legalidad del proceso y sanear los vicios que acarrean nulidades, de acuerdo con el artículo 287 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). En el caso concreto, el juez declaró la falta de jurisdicción de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer de un asunto que debía ser resuelto por la jurisdicción ordinaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Código General del Proceso. Esta decisión implica que los jueces deben analizar cuidadosamente la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en casos donde las controversias contractuales involucren a entidades financieras estatales como el FONADE, cuya naturaleza jurídica y funciones específicas pueden determinar que ciertos asuntos sean de competencia de la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve: ¿FONADE es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa… ¿El giro ordinario de los negocios de las instituciones financieras está compuesto por las actividades propias del objeto social de la entidad o de sus funciones… ¿Se configuran los elementos orgánico y material exigidos por el artículo 105 del CPACA para que opere la excepción de falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa?
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

No puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.

Sentencia — Sentencia 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 76001233300020120022304 LEY 1437 REPETICION
¿La desviación de poder consiste en el vicio de ilegalidad de los actos administrativos por cuya virtud la autoridad decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la prerrogativa de poder que le ha sido asignada? Sí
No sería correcto asumir que el ex Director Operativo de C.A.L.I, fue declarado insubsistente por sostener una simple amistad con los presuntos adversarios políticos del nominador, cuando es claro que tal funcionario no hacía parte de la estructura política de aquellos y si bien era amigo de uno de los concejales que votó en contra del proyecto promovido por el alcalde, lo cierto es que también sostenía relaciones amistosas en común con quien declaró su insubsistencia. A la luz de tal situación, el hecho de sostener una relación personal de amistad con los adversarios o aliados del actual gobernante, no puede ser tomado como prueba determinante para arribar a la hipótesis que se plantea en la demanda.
También resuelve: ¿Se confirma la decisión adoptada por el Tribunal a quo en tanto no está acreditado el vicio de desviación de poder? ¿Se puede colegir que la declaratoria de insubsistencia del funcionario se hubiere dado como consecuencia de la votación negativa que obtuvo el proyecto de reestructuración de Emcali? ¿En la culpa grave se halla inmersa una conducta en que su autor ha obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acertó el a-quo en su decisión de denegar las pretensiones

Sentencia — Sentencia 2023-12-01 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 41001233100020110016401 ACCION CONTRACTUAL
¿El demandante omitió probar cuándo adquirió los elementos utilizados en las obras y cuánto le costaron? Sí
El contratista que alega un desequilibrio económico por el alza de los insumos debe probar cuándo adquirió los elementos utilizados en la obra y cuánto le costaron, pues sin esos datos no puede acreditarse la afectación económica. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que el anticipo, que equivale a la mitad del valor del contrato, está destinado a brindar liquidez al contratista para adquirir precisamente esos insumos, de modo que su correcta inversión es un dato relevante para el reclamo. Otra razón es que los nuevos ítems creados durante la ejecución se fijaron a partir de los precios unitarios presentados por el contratista y con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión, según los testimonios, y la parte actora no logró desvirtuarlo. En el caso, las adiciones y prórrogas no se objetaron por falta de precios de mercado, y el demandante omitió probar los costos reales. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el reclamo por sobrecostos exige soportes de adquisición y precios, y no basta con afirmar el incremento de los insumos.síntesis automática
También resuelve: ¿Al momento de la creación de los nuevos ítems se hizo con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión? ¿El contratista había presentado solicitud en relación con el reconocimiento del ajuste de los precios del contrato en dos ocasiones? ¿Es suficiente con acreditar la mayor duración del contrato y las suspensiones o prórrogas para deducir la excesiva onerosidad supuestamente afrontada por el contratista?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida

Sentencia — Sentencia 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 63001233300020170002201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida por un tribunal administrativo, en un caso relacionado con la actividad del departamento del Quindío? Sí
La apelación contra la sentencia que dicta un tribunal administrativo en un litigio originado en la actividad de una entidad pública se tramita ante el Consejo de Estado cuando la cuantía lo habilita. La regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, en concordancia con el artículo 104, que atribuye a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, y con los artículos 152 y 157, que fijan la competencia por cuantía. En el caso, la competencia se fija por la naturaleza de la entidad departamental demandada y por la cuantía del litigio, que habilitan la apelación ante esta Corporación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la determinación de la competencia depende de dos elementos verificables, la naturaleza pública de la entidad demandada y la cuantía del proceso, de modo que, si ambos se cumplen, el recurso de apelación debe tramitarse ante esta Corporación.síntesis automática
También resuelve: ¿Constituye la liquidación del contrato estatal un mecanismo esencial para materializar principios y fines de la función administrativa, además de ser obligatoria en determinados tipos contractuales? ¿La liquidación de los contratos estatales constituye el ejercicio legítimo de prerrogativas del poder público y no genera responsabilidad contractual en caso de no ser ejercida por la administración? ¿La liquidación de un contrato estatal implica verificar el cumplimiento del objeto contractual y resolver todas las reclamaciones surgidas en su ejecución…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Imprescriptibilidad del bien público: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-02-27 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 25000233600020190058903 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los litigios relacionados con actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado están sujetos al término de prescripción? No
Los litigios sobre actos o contratos derivados de bienes imprescriptibles o inalienables del Estado no están sujetos al término de prescripción. La regla se sostiene en dos razones: la línea de pensamiento que la subsección reitera, según la cual los litigios sobre actos o contratos surgidos de un bien imprescriptible o inajenable del Estado no prescriben, como ocurre con los contratos de concesión minera; y la naturaleza de los bienes de dominio público, que no pueden adquirirse por prescripción ni enajenarse, lo que impide que su régimen de controversias se someta a esa figura. Por ello, el tribunal debe aplicar esa regla al resolver la excepción de prescripción propuesta en litigios de esa naturaleza, y no declarar extinguido el derecho por el transcurso del tiempo. Esa solución se mantiene cuando el acto o el contrato se vincula directamente con el bien de dominio público, y la providencia de primera instancia se modifica en los aspectos que aplicaban la prescripción al caso.síntesis automática
También resuelve: ¿La demanda interpuesta en relación con un contrato liquidable fue presentada dentro del término de caducidad? ¿Se configura la desviación de poder o la vulneración del principio de planeación como causales de nulidad del acto administrativo por causa u objeto ilícito? ¿El deber de planeación en la contratación estatal impone exclusivamente a la administración la carga de información sin exigir obligaciones correlativas a los particulares?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave.

Sentencia — Sentencia 2026-02-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020210049001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la excepción de contrato no cumplido cuando una de las partes de un contrato bilateral acredita un incumplimiento actual, relevante e imputable de la otra parte, que afecta directamente la exigibilidad de sus propias obligaciones, siempre que quien la alega no se encuentre en incumplimiento grave? Sí
El contratista o la parte interviniente en un contrato bilateral opone legítimamente la excepción de contrato no cumplido cuando acredita fehacientemente un incumplimiento actual, relevante e imputable de su contraparte que afecta de manera directa la exigibilidad de las obligaciones propias, siempre que quien la alega no se encuentre en una situación de incumplimiento grave. Este mecanismo de defensa, fundamentado en el artículo 1609 del Código Civil y en el principio de buena fe, busca restablecer la equivalencia de las prestaciones recíprocas sin constituir una suspensión indefinida o arbitraria del acuerdo de voluntades.síntesis automática
También resuelve: ¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido cuando se fundamenta en incumplimientos pretéritos que fueron superados mediante modificaciones contractuales posteriores aceptadas por las… ¿Puede prosperar la excepción de contrato no cumplido invocada por el contratista para justificar la no entrega de las obras… ¿La asignación de tramos no previstos inicialmente y la modificación sustancial del objeto contractual mediante acuerdos bilaterales configuran, por sí mismas…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de relación causal directa entre los incumplimientos de la entidad y los del contratista, junto con la falta de prueba de imposibilidad de cumplimiento.

Sentencia — Sentencia 2026-04-20 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 54001233100020070017601 ACCION CONTRACTUAL
¿El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de relación causal directa entre los incumplimientos de la entidad y los del contratista, junto con la falta de prueba de imposibilidad de cumplimiento? Sí
El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de una relación causal directa entre los supuestos incumplimientos de la entidad estatal y los del contratista, sumado a la falta de prueba fehaciente sobre la imposibilidad de cumplimiento. La corporación judicial examinó los presupuestos de la excepción de contrato no cumplido, las reglas del pliego de condiciones, la bilateralidad negocial y la responsabilidad contractual del Estado, determinando que no se acreditó la afectación alegada ni la temeridad o mala fe procesal que justifique una condena en costas.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando surge mayor onerosidad y el contratista cumple íntegramente sus obligaciones? ¿Procede el reconocimiento de indemnización por pérdida de oportunidad cuando no existe prueba de una posibilidad real de contratación ni de la cuantía del perjuicio? ¿Niega la Sala adición de la sentencia cuando no existe pretensión en la demanda ni prueba de pago sobre la suma reclamada?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Ha de aclararse que la competencia de los jueces contencioso administrativos y la de los árbitros son excluyentes

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) ADRIANA POLIDURA CASTILLO Rad. 05001233300020140100702 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Al verificar una cláusula que se dice compromisoria, de cuya estipulación no se desprende de forma clara e inequívoca la voluntad de las partes de someter sus controversias al arbitraje, se desprende la jurisdicción y competencia del Consejo de Estado para conocer el presente asunto? Sí
El contratista no puede someter a arbitraje las controversias derivadas de un convenio interadministrativo cuando la cláusula compromisoria no expresa claramente la voluntad de las partes de someter sus diferencias a este mecanismo, ya que la competencia de los árbitros surge del acuerdo de voluntades de las partes y la estipulación debe manifestar explícitamente la intención de someter las disputas al arbitraje. En este caso, la cláusula en cuestión no contiene una clara disposición sobre el arbitraje, sino que contempla diversos mecanismos alternativos de solución de controversias, incluyendo la conciliación y la amigable composición, y reafirma la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver las controversias derivadas del convenio. Por lo tanto, el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto en relación con la liquidación judicial del convenio interadministrativo, lo que implica que las partes deben acudir a la justicia ordinaria en lugar de al arbitraje para resolver sus diferencias.síntesis automática
También resuelve: ¿Ante la ausencia de un pacto expreso e inequívoco, en el sentido de pactar la facultad de liquidar de manera unilateral el Convenio Interadministrativo… ¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos del convenio interadministrativo que no fueron objeto de la demanda inicial, ni sustentados adecuadamente en la apelación… ¿Los convenios interadministrativos se rigen por sus propias estipulaciones y son exceptuados de la Ley 80 de 1993?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: el recurso extraordinario de anulación se limita al segundo de tales escenarios

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 11001032600020250010600 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En el marco del recurso extraordinario de anulación previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, el juez de la anulación debe limitarse estrictamente a verificar si el laudo incurrió en un “fallo en conciencia” —entendido como la emisión de la decisión con absoluta prescindencia del acervo probatorio y con un déficit probatorio ostensible— sin realizar un examen propio de instancia, evitando cualquier incursión en la valoración probatoria o en la confirmación sustancial del laudo arbitral? Sí
La Sala concluyó que no se configuró la causal 7 del art. 41 de la Ley 1563 de 2012 y declaró infundado el recurso extraordinario que fue promovido por la ANI. Compartiendo tal determinación, estimo necesario resaltar que el examen que concierne al juez de la anulación por reproches asociados a la configuración de un fallo en conciencia, es relevante no solo por su resultado y función en sí misma, sino porque su desarrollo impone seguir una metodología estrictamente in procedendo que no toque los límites ni se confunda –realmente o en apariencia– con un análisis de instancia, cuando éste se promueve por indebida valoración probatoria (primer segmento de las incorrecciones formuladas).