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Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de aclaración de providencias2025-06-03Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 76001233301020140079401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente la solicitud de aclaración de la sentencia de segunda instancia que, más allá de pretender la aclaración de un punto oscuro de la decisión, está dirigida a cuestionar la decisión adoptada sobre la obligación incondicional impuesta a la demandada de pagar unas sumas de dinero? No
El contratista no puede solicitar la aclaración de la sentencia de segunda instancia cuando su intención es cuestionar la decisión adoptada sobre la obligación incondicional impuesta a la entidad estatal de pagar sumas de dinero, ya que la aclaración debe limitarse a esclarecer puntos oscuros o dudosos en la decisión, no a modificarla. El artículo 285 del Código General del Proceso establece que la sentencia no es reformable por el juez que la dictó, salvo para aclarar frases o conceptos que generen dudas, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva o incidan en ella. En este caso, la entidad estatal pretende que la obligación de pago se someta a condición, lo cual es improcedente porque la sentencia ya impuso la obligación de pago de manera incondicional. La Sala reitera que la aclaración no puede ser utilizada para modificar la decisión, y que la sentencia es inmutable una vez dictada, lo que implica que las partes deben acatar la decisión tal como fue emitida.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud de adición o complementación de providencias2024-06-17Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020180027901LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se omitió pronunciamiento sobre las sumas que el Distrito Capital debe devolver a la aseguradora? No
La parte demandante interpone solicitud de adición de la sentencia en los términos del artículo 287 de la Ley 1564 de 2012 por una supuesta omisión de pronunciamiento sobre las sumas de dinero que la entidad demandada debe devolver como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, solicitud que debe ser negada cuando la providencia resolvió de manera expresa e inequívoca las súplicas de condena y explicó las razones de la ausencia de certeza sobre el valor total pagado debido a pagos parciales previos. La ausencia de mención de una suma de dinero específica en la parte resolutiva no impide el cobro de la obligación impuesta en el fallo de segunda instancia cuando esta es clara, expresa y determinable mediante una operación aritmética básica aplicando los parámetros y fechas fijados en la providencia.síntesis automática
También resuelve:¿La ausencia de mención de una suma de dinero específica impide el cobro de la obligación impuesta en el fallo de segunda instancia?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-05-30Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 11001032600020140012100LEY 1437 REPETICION
¿La vinculación al proceso de la demandada exdirectora de la CAR Cundinamarca resulta necesaria para garantizar efectivamente su derecho del debido proceso y de defensa? Sí
La administración estatal y el juez competente definen la legitimación en la causa como la relación sustancial existente de manera directa entre las partes y el interés sustancial radicado en la materia objeto del litigio, de manera que la persona contra quien se exige coactivamente la obligación o a quien la ley habilita expresamente para actuar procesalmente ostenta la titularidad activa o pasiva correspondiente, siendo necesaria la vinculación formal de los extremos procesales bajo las previsiones procesales del Decreto Legislativo 806 de 2020 y la Ley 2080 de 2021 para salvaguardar de manera efectiva y oportuna las garantías superiores del debido proceso y el derecho de defensa frente a las pretensiones formuladas en el proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa se define como la relación sustancial que debe existir entre las partes y el interés sustancial en la materia objeto del litigio?
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre honorarios de auxiliares de la justicia2024-08-08Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020140005201LEY 1437 REPETICION
¿Puede la parte demandante descontar de la suma fijada como honorarios del perito, el valor sufragado por esta y el demandado por los gastos periciales? No
El contratista no puede descontar de la suma fijada como honorarios del perito el valor sufragado por los gastos periciales, ya que estos son conceptos con finalidades distintas: los gastos periciales se destinan a cubrir los costos necesarios para la realización de la prueba, mientras que los honorarios son la remuneración por los servicios prestados. En consecuencia, la entidad demandante debe pagar la mitad de la suma fijada como honorarios del perito, sin descontar los gastos periciales, y puede consignar el valor adeudado directamente al perito o a la orden del juzgado, según lo dispuesto en el artículo 363 del Código General del Proceso. Además, la obligación del contratista de pagar los honorarios del perito no es exigible mientras se encuentre sujeta a un plazo, por lo que el perito no puede obtener un mandamiento de pago o medida de embargo hasta que se cumpla el término establecido para el pago.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta exigible la obligación que el perito pretende ejecutar cuando, mediante la presente providencia se resolvió sobre la solicitud de descuento y se concedió un nuevo plazo a la entidad deudora?
¿Las actas de avance del Convenio y el informe de supervisión demuestran que el Municipio incumplió sus obligaciones contractuales? Sí
El informe de supervisión y las actas de avance de un convenio constituyen pruebas idóneas del incumplimiento de las obligaciones de la entidad contratante cuando esta participó en las visitas en que se verificaron los incumplimientos y no controvierte las conclusiones de la supervisión ni aporta pruebas que las desvirtúen. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la participación de la entidad en las visitas de verificación le permitía conocer y cuestionar las conclusiones de la supervisión, de modo que su silencio durante el proceso refuerza la prueba del incumplimiento. Segundo, cuando la entidad no presenta medios de prueba que desvirtúen el incumplimiento certificado, no satisface la carga de demostrar el cumplimiento de sus obligaciones. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y precisa que la entidad deberá cumplir las obligaciones de hacer en el plazo de un año contado desde la ejecutoria de la decisión; en la práctica, cuando la sentencia no fija plazo para cumplir obligaciones de hacer, el juez puede precisarlo a partir de su ejecutoria.síntesis automática
También resuelve:¿Por tratarse de una demanda presentada por una entidad pública, era obligatorio agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial?¿Para que una obligación de hacer sea exigible se requiere que se determine el plazo para la ejecución de la misma?¿La Sala condenará en costas al Municipio como quiera que el recurso de apelación fue resuelto de manera desfavorable para él?
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito…¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
¿Se incumplió el contrato por cuanto el ente contratante no pagó la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral? Sí
El contratista puede obtener la condena al pago de la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral del contrato, siempre que demuestre la obligación prestacional exigible y la falta de cumplimiento por parte del ente contratante, como lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad contratante no puede descontar la pena pecuniaria de las sumas adeudadas al contratista en la liquidación unilateral del contrato si no se cumplen los requisitos para la tasación del monto de la pena, según el artículo 1596 del Código Civil. Además, no se condenará al pago de intereses sobre la suma entregada como anticipo al contratista si no se pactó explícitamente en el contrato que los rendimientos financieros del anticipo pertenecen al ente contratante, lo que implica que el contratista no está obligado a reintegrar dichos rendimientos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la liquidación unilateral del contrato y la obligación de pago, estableciendo criterios claros para la condena al pago y la imposición de penas pecuniarias en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El ente contratante tenía la facultad de descontar en la liquidación unilateral del contrato la pena pecuniaria de las sumas que le debía a la contratista por la ejecución de las obras objeto del…¿Se debe condenar al pago de intereses sobre la suma entregada al contratista como anticipo?¿Se excluyó explícitamente la posibilidad de solicitar el reajuste como consecuencia de los incrementos de precio previsibles al momento de proponer?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-12-06Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 85001233300020240005101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La medida cautelar de suspensión provisional estipulada en el numeral 2 del artículo 230 del CPACA puede ser aplicada frente a la exigibilidad de un débito contenido en un contrato estatal, como lo expone la recurrente? No
El contratista no puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional estipulada en el numeral 2 del artículo 230 del CPACA para evitar la exigibilidad de un débito contenido en un contrato estatal, ya que esta medida solo aplica a procedimientos o actuaciones administrativas y no a contratos en sí, cuyo objeto y finalidad es impedir transitoriamente el adelantamiento de la actuación administrativa hasta que el juez contencioso administrativo adopte una decisión. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre el alcance de la suspensión provisional, limitándola a situaciones que involucren procedimientos o actuaciones administrativas, no contratos, lo que implica que los contratistas no podrán usar esta medida para suspender efectos contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe condenarse en costas a la parte demandante cuyo recurso de apelación le fue desfavorable?
¿Resulta procedente el decreto oficioso de nulidad procesal advertida por el Ministerio Público, relativa a la falta de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por existir cláusula compromisoria facultativa? No
El contratista no puede obtener la nulidad procesal de oficio por parte del Ministerio Público basada en la falta de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa cuando existe una cláusula compromisoria facultativa en el contrato, ya que esta permite a las partes optar entre los mecanismos de resolución de controversias establecidos, y la Sala considera que la jurisdicción contencioso administrativa es competente para resolver la controversia. Además, el juez de segunda instancia no puede estudiar cargos de apelación que no fueron expuestos en el escrito de demanda, ya que ello violaría el principio de congruencia de la sentencia. Finalmente, la Sala reitera que si un acuerdo concordatario se somete a una condición suspensiva que nunca se cumple, la novación no se produce, y por lo tanto, la entidad que se comprometió a asumir los pasivos no queda obligada a responder por las obligaciones contractuales del deudor original.síntesis automática
También resuelve:¿En el marco del principio de congruencia de la sentencia de segunda instancia, resulta procedente el estudio de los cargos de apelación que no fueron expuestos en el escrito de la demanda?¿Si bien es cierto que el trámite concordatario del Ingenio desembocó en un negocio jurídico mediante el cual el Departamento de Antioquia se comprometió a asumir los pasivos de la entidad en…
¿Debe el juez diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico e interpretar la demanda para establecer la institución aplicable cuando la parte no la precisó o la calificó de forma confusa o errada? Sí
El juez debe diferenciar el incumplimiento contractual del desequilibrio económico y, cuando la parte demandante no precisó cuál de las dos figuras invoca, o lo hizo de forma confusa o errada, debe interpretar la demanda para establecer la institución jurídica aplicable. La regla se sostiene en tres razones: la parte demandante es la principal llamada a precisar si pretende la declaratoria de incumplimiento o la del desequilibrio económico; el principio iura novit curia permite al juez calificar jurídicamente los hechos aunque la parte los haya encuadrado de forma errada; y el derecho de acceso a la administración de justicia exige que la pretensión sea examinada conforme a la figura que corresponde a los hechos narrados. Por ello, la interpretación de la demanda no puede limitarse a la calificación que haga la parte. Así, el juez determina si lo alegado debe estudiarse como incumplimiento o como desequilibrio, y resuelve sobre esa base. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Pueden analizarse y eventualmente acogerse pretensiones contractuales formuladas con posterioridad a la liquidación bilateral del contrato cuando la parte interesada dejó en el acta de liquidación…¿Puede atribuirse a la entidad contratante la obligación de aprobar directamente las actas de pago cuando el interventor no lo hace…¿Hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios cuando la entidad contratante efectuó los pagos dentro del plazo de sesenta días establecido contractualmente…
¿Procede reconocer un desequilibrio económico contractual cuando el contratista pactó de forma expresa e inequívoca la renuncia a reclamaciones económicas derivadas de las prórrogas y aceptó bilateralmente el valor de las modificaciones contractuales? No
No procede reconocer un desequilibrio económico del contrato cuando el contratista pactó de forma expresa e inequívoca la renuncia a reclamaciones económicas derivadas de las prórrogas y aceptó bilateralmente el valor de las modificaciones contractuales. La regla se sostiene en tres razones: el silencio de las partes al pactar modificaciones no puede interpretarse como renuncia a reclamar, por lo que el juez debe examinar en cada caso el alcance de los acuerdos conforme a la buena fe; cuando la renuncia es explícita e inequívoca, el juez no debe desentrañar el sentido del acuerdo a partir de la conducta previa a la suscripción, sino respetar lo pactado; y el valor de las prórrogas fue objeto de pacto expreso, lo que impide tratar el caso como una situación de silencio. Así, la renuncia expresa a reclamar prevalece sobre la pretensión de restablecimiento. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera de 27 de julio de 2023, cuyo alcance se precisa en los acuerdos expresos. La providencia se modifica.síntesis automática
También resuelve:¿Debe reconocerse y pagarse intereses moratorios por el pago tardío de las actas parciales de obra No 4, 5, 6 y 7, pese a la ausencia de pacto contractual sobre dichos intereses y de plazo o…
Sentencia — Sentencia2023-02-17Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020220004300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal de incongruencia del laudo arbitral que invocó la recurrente? No
La causal de incongruencia del laudo arbitral no se configura cuando el tribunal decide dentro de las pretensiones y de los asuntos sometidos al litigio, pues el recurso de anulación examina asuntos in procedendo y no in judicando. La regla se apoya en dos razones. Primera, las consideraciones del tribunal no excedieron el marco de la controversia, y las resolutivas se adoptaron dentro de las pretensiones de la demanda. Segunda, el laudo solo puede anularse por las causales previstas en la ley, de modo que no es viable corregir la decisión de fondo por la vía de la anulación. En el caso, la causal primera de anulación se declaró infundada porque la convocada no cumplió el requisito de procedibilidad, al no sustentar en el recurso de reposición contra la decisión de competencia la inexistencia del pacto arbitral. El documento reitera la línea sobre decisiones arbitrales sujetas al arbitramento que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿El ICCU cumplió con el requisito de procedibilidad para atacar el laudo con la causal primera de anulación?¿Era evidente que se buscaba establecer desde cuándo se hacía exigible la obligación de mantenimiento?¿El ICCU presentó recurso de reposición dirigido a cuestionar el término de duración del proceso?
Sentencia — Sentencia2024-06-17Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220018100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Se configuró la causal séptima de anulación del laudo arbitral? No
Cuando el recurso extraordinario de anulación alega que el laudo es citra petita porque no decidió algunas excepciones, el cargo no prospera si el laudo se pronunció expresamente sobre ellas en la parte resolutiva y en las consideraciones. La regla se sostiene en tres razones: el recurso de anulación verifica los vicios de la decisión arbitral y no permite revisar el fondo de la controversia; el laudo que fundamenta el nexo causal y el incumplimiento con sustento probatorio y jurídico suficiente no incurre en la causal alegada; y el hecho de que la parte afirme que las excepciones no fueron motivadas implica que sí fueron decididas. En el caso, el laudo resolvió las excepciones de ausencia de nexo causal e inexistencia de incumplimiento, por lo que el recurso fue declarado infundado. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la alegación de falta de decisión debe demostrar que una pretensión o excepción quedó sin pronunciamiento, no que su motivación fue insuficiente.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal decidió sobre las excepciones planteadas como no resueltas en su recurso de anulación por el recurrente?¿El Tribunal estableció que hubo incumplimiento de UNE EPM a los requisitos de su procedimiento para asignación de líneas y lo hizo con base en dictámenes periciales obrantes en el expediente?¿Se había establecido el cumplimiento de unos límites para la celebración del contrato y su ejecución, en el trámite de pedidos de telefonía básica?
¿Era una obligación a cargo del Invías poner a disposición de la contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse el puente sobre el arroyo? Sí
El contratista no es responsable de poner a disposición los bienes inmuebles sobre los cuales debe construirse la obra, siendo esta obligación del contratante, en este caso el Invías, conforme a la cláusula vigesimoquinta del contrato y el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala considera que la gestión predial es una obligación del contratante, quien debe poner a disposición del contratista los bienes inmuebles necesarios para la ejecución de la obra. Esta regla reitera la responsabilidad del contratante en la gestión predial y la puesta a disposición de los bienes inmuebles, lo que implica que el contratista puede reclamar prórrogas y mayor permanencia en obra en caso de retardo por parte del contratante en la entrega de los bienes necesarios.síntesis automática
También resuelve:¿Para las partes era pacífico que a la entidad estatal le correspondía poner a disposición de su contratista los bienes inmuebles sobre los cuales debía construirse la obra contratada?¿Se tiene por acreditada la causa que la accionante alegó ocasionó la mayor permanencia en obra por el retardo en la puesta a disposición suya, por parte del Invías…¿Las partes contratantes, en ejercicio de su autonomía privada, llegaron a un acuerdo respecto a las consecuencias patrimoniales que para el contratista podían derivarse de la mayor duración del…
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve:¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas?¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009?¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora?¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo?¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
¿El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas? Sí
El juez de segunda instancia pierde competencia para revocar una decisión cuando el apelante omite sustentar de manera específica y concreta los fundamentos de su inconformidad, limitándose a realizar afirmaciones genéricas, ya que la ley exige que se controviertan los fundamentos que sirvieron de sustento a la providencia en el punto desfavorable, permitiendo al superior jerárquico confrontar la decisión apelada con los argumentos del apelante. Además, la imposición de multas contractuales es improcedente cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación, salvo en casos donde la cláusula penal estipula un incumplimiento definitivo que resulta irreversible y frustra el interés del acreedor, en cuyo caso es procedente la condena al pago de la cláusula penal. Esta decisión modifica precedentes y establece límites claros para la competencia funcional del juez de segunda instancia y la exigibilidad de sanciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente imponer multas contractuales cuando ha vencido el plazo del contrato y ha desaparecido el interés jurídico de la entidad estatal en el cumplimiento de la obligación?¿Procede la reducción proporcional de la cláusula penal cuando no existe avance en la ejecución de la obra objeto del contrato?¿Es procedente la indexación de la cláusula penal cuando el deudor ha incurrido en mora de la obligación principal, con el fin de garantizar el efecto solutorio del pago en términos de valor real?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón de la cuantía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, incluidas las universidades públicas, y el Consejo de Estado conoce de la apelación cuando el asunto tiene vocación de doble instancia por razón de la cuantía. Esta regla se apoya en el régimen contractual de la universidad pública, que puede estar sujeto al derecho privado en ciertos aspectos, sin que ello excluya la competencia de la jurisdicción. Por ello el carácter público de la entidad determina la jurisdicción, y la cuantía de la pretensión determina la segunda instancia. En el caso concreto la corporación conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del tribunal, y la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la competencia del Consejo de Estado en apelación depende de la cuantía y del carácter público de la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos emitidos por la Universidad Militar Nueva Granada en las fases precontractual y contractual, no son actos administrativos?¿El medio de control de controversias contractuales es procedente cuando el negocio jurídico fue perfeccionado con independencia de si la causa dañosa deviene de una actuación adelantada en la etapa…¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?
¿La intervención del Juez en la liquidación de un contrato que no está sometido a la Ley 80 de 1993 solo es procedente si el negocio tiene una cláusula de liquidación y existe una controversia concreta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales? Sí
El juez puede intervenir en la liquidación de un contrato estatal no sometido a la Ley 80 de 1993 solo si el contrato incluye una cláusula de liquidación y existe una controversia concreta sobre el estado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, como lo establece la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencias recientes. Esta intervención judicial se justifica por la necesidad de resolver litigios relacionados con contratos estatales y por la ausencia de un marco normativo que delimite la liquidación en ausencia de una cláusula contractual. En el caso específico, la controversia entre ECOPETROL y AISLATERM sobre reclamaciones económicas y compensaciones adicionales, junto con la existencia de una cláusula de liquidación en el contrato, permiten la intervención del juez para esclarecer el estado de cumplimiento y determinar los efectos económicos del contrato, matizando la posición anterior sobre la obligación de liquidar contratos estatales no sometidos al EGCAP.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez intervenir en la liquidación de un contrato estatal cuando no se realizó de común acuerdo ni fue practicada oportunamente por la entidad contratante…¿Puede el juez reconocer la compensación legal en ausencia de certeza, liquidez y exigibilidad del crédito alegado por el demandado?¿Puede el juez declarar probada la excepción de compensación si no existe certeza sobre la obligación indemnizatoria alegada por el demandado?
¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve:¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia?¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones?¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?