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clave: "consejo_estado:providencia:63001233300020170002201-62062-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-10-24"
radicado: "63001233300020170002201"
numero: "62062"
ponente: "MARÍA ADRIANA MARÍN"
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# Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-10-24
- **Radicado:** 63001233300020170002201
- **Número interno:** 62062
- **Ponente:** MARÍA ADRIANA MARÍN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL INALCON S.A.S., CONSORCIO AGUAS DEL QUINDIO
- **Demandado:** DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:63001233300020170002201-62062-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/63001233300020170002201/AA348C1032137372AE306AFC5F1D89086A5BCAB09DB423B1C28DD56267C96E43/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=630012333000201700022011100103

## Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida por un tribunal administrativo, en un caso relacionado con la actividad del departamento del Quindío?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Constituye la liquidación del contrato estatal un mecanismo esencial para materializar principios y fines de la función administrativa, además de ser obligatoria en determinados tipos contractuales?
- ¿La liquidación de los contratos estatales constituye el ejercicio legítimo de prerrogativas del poder público y no genera responsabilidad contractual en caso de no ser ejercida por la administración?
- ¿La liquidación de un contrato estatal implica verificar el cumplimiento del objeto contractual y resolver todas las reclamaciones surgidas en su ejecución…

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152

## Extracto

El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA—, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta el departamento del Quindío. También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del del CPACA.

## Síntesis temática

La apelación contra la sentencia que dicta un tribunal administrativo en un litigio originado en la actividad de una entidad pública se tramita ante el Consejo de Estado cuando la cuantía lo habilita. La regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, en concordancia con el artículo 104, que atribuye a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, y con los artículos 152 y 157, que fijan la competencia por cuantía. En el caso, la competencia se fija por la naturaleza de la entidad departamental demandada y por la cuantía del litigio, que habilitan la apelación ante esta Corporación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la determinación de la competencia depende de dos elementos verificables, la naturaleza pública de la entidad demandada y la cuantía del proceso, de modo que, si ambos se cumplen, el recurso de apelación debe tramitarse ante esta Corporación.

## Descriptores temáticos

CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA FUNCIONAL, RECURSO DE APELACIÓN, SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, PRIMERA INSTANCIA, SEGUNDA INSTANCIA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ENTIDAD PÚBLICA, ACCIÓN CONTRACTUAL, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, TÉRMINO LEGAL, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, CONTRATO ESTATAL, RELACIÓN CONTRACTUAL, BUENA FE, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, RECURSOS PÚBLICOS, INTERÉS GENERAL, FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, NEGOCIO JURÍDICO, CONSENTIMIENTO, PODER PÚBLICO, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO, PROCESO JUDICIAL, PROCESO ARBITRAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DERECHOS DEL CONTRATISTA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, BUENA FE CONTRACTUAL, SITUACIÓN FINANCIERA, OBJETO DEL CONTRATO, RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES, OBLIGACIONES CONTRACTUALES SUBSISTENTES POSTERIORES A LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA, ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO, CONTRATO DE OBRA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, PRUEBA SOBREVINIENTE, DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CARGA DE LA PRUEBA, SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INTERVENTORÍA, REPRESENTANTE LEGAL, ORDENADOR DEL GASTO, DESCONCENTRACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, INCUMPLIMIENTO DEL DEBER FUNCIONAL, MANUAL DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, VIGILANCIA DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, FUNCIONARIO PÚBLICO, CONTRATISTA, ESTUDIOS PREVIOS AL CONTRATO ESTATAL, POTESTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, PRINCIPIO DE LA DIRECCIÓN DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, IMPROCEDENCIA DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, EXCEPCIÓN DE FONDO, FALTA DE COMPETENCIA, DEMANDA DE RECONVENCIÓN, INEFICACIA PROBATORIA, EFICACIA DE LA PRUEBA, TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA, JUICIO DE LEGALIDAD, CONTRATO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, TÍTULO EJECUTIVO, PROCESO DECLARATIVO, FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO, RÉGIMEN DISCIPLINARIO CONVENCIONAL, INFORME TÉCNICO, INTERVENTOR, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, FIRMA DEL DOCUMENTO, PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, PRUEBA DOCUMENTAL, VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATANTE, EVIDENCIA DIGITAL, DEBER DE DILIGENCIA, DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL, FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO, SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO JUDICIAL, COMPETENCIA TEMPORAL, ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, CUENTAS POR COBRAR, CONDENA, ADICIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA, ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, MINISTERIO PÚBLICO, ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA, INTERÉS MORATORIO, ERROR ARITMÉTICO, EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN, FACTURA, CAPITAL, PODER OFICIOSO DEL JUEZ, CORRECCIÓN POR ERROR DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL, COSTAS PROCESALES, EJECUCIÓN DE CONDENA, AGENCIAS EN DERECHO, LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES

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## Texto del documento

CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA FUNCIONAL / RECURSO DE APELACIÓN / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / PRIMERA INSTANCIA / SEGUNDA INSTANCIA / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida por un tribunal administrativo, en un caso relacionado con la actividad del departamento del Quindío?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA—, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta el departamento del Quindío. También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del del CPACA.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157
ACCIÓN CONTRACTUAL / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO LEGAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
El artículo 164, numeral 2, literal j, numeral 4, del CPACA, establece que el medio de control de controversias contractuales caducará, tratándose de contratos sometidos a liquidación, en el término de dos años, contados desde el vencimiento del plazo contractual o legal para liquidar el contrato. Conforme al acervo probatorio, esta instancia encuentra que el contrato de Consultoría SID 002 de 2014 terminó el día 22 de diciembre de 2015 por cumplimiento del plazo contractual. A partir del día 23 de diciembre de 2015 transcurrieron 4 meses como oportunidad para la liquidación bilateral, hasta el día 23 de abril de 2016 y, a partir del día siguiente hasta el día 24 de junio de 2016, transcurrió la oportunidad para la liquidación unilateral. Es así como el término de 2 años para acudir a esta jurisdicción vencía, en principio, el 25 de junio de 2018 y como el contratista presentó la demanda el día 26 de enero de 2017, se concluye que acudió a la jurisdicción dentro de la oportunidad legal.
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 164, numeral 2, literal j, numeral 4, del CPACA, establece que el medio de control de controversias contractuales caducará, tratándose de contratos sometidos a liquidación, en el término de dos años, contados desde el vencimiento del plazo contractual o legal para liquidar el contrato. Conforme al acervo probatorio, esta instancia encuentra que el contrato de Consultoría SID 002 de 2014 terminó el día 22 de diciembre de 2015 por cumplimiento del plazo contractual. A partir del día 23 de diciembre de 2015 transcurrieron 4 meses como oportunidad para la liquidación bilateral, hasta el día 23 de abril de 2016 y, a partir del día siguiente hasta el día 24 de junio de 2016, transcurrió la oportunidad para la liquidación unilateral. Es así como el término de 2 años para acudir a esta jurisdicción vencía, en principio, el 25 de junio de 2018 y como el contratista presentó la demanda el día 26 de enero de 2017, se concluye que acudió a la jurisdicción dentro de la oportunidad legal.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / RELACIÓN CONTRACTUAL / BUENA FE / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL / RECURSOS PÚBLICOS / INTERÉS GENERAL / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Constituye la liquidación del contrato estatal un mecanismo esencial para materializar principios y fines de la función administrativa, además de ser obligatoria en determinados tipos contractuales?
Respuesta al problema jurídico: Si
La liquidación consiste en un corte de cuentas de la relación contractual, que se justifica en la necesidad de determinar el estado de la situación jurídica de las partes. (…) La liquidación del contrato estatal no se reduce a un simple cierre de la relación entre las partes, sino que representa la materialización de principios esenciales de la función administrativa, entre ellos la buena fe, la seguridad jurídica y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Esta acto materializa fines sustantivos como garantizar el interés general, determinar el destino final de los recursos comprometidos, precisar los compromisos económicos de la entidad y disminuir la litigiosidad. Además, la liquidación judicial asegura la efectividad de esos derechos y fines cuando las vías administrativa o bilateral resultan insuficientes. Tales disposiciones establecen la obligación de liquidar: i) los contratos de tracto sucesivo; ii) los contratos cuya ejecución se prolongue en el tiempo; y iii) los que los requieran. Su finalidad es establecer un paz y salvo, para lo cual habilita la inclusión de los acuerdos, conciliaciones o reconocimientos a que haya lugar para lograr este fin.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la liquidación del contrato estatal como materialización de principios esenciales de la función administrativa, ver: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. sentencia del 26 de septiembre de 2025, rad. 150012333000202002306-01 (72.791). C.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 019 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / NEGOCIO JURÍDICO / CONSENTIMIENTO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PODER PÚBLICO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / PROCESO JUDICIAL / PROCESO ARBITRAL
Problema jurídico:
¿La liquidación de los contratos estatales constituye el ejercicio legítimo de prerrogativas del poder público y no genera responsabilidad contractual en caso de no ser ejercida por la administración?
Respuesta al problema jurídico: Si
(…) [L]a finalidad jurídica y económica de la liquidación es establecer un cierre integral y definitivo de la relación negocial y obligaciones derivadas de la ejecución contractual al que se puede llegar de manera convencional, en ejercicio de una prerrogativa de poder público, o por decisión judicial. En primer caso, surge un negocio jurídico orientado por la normatividad de los contratos, de modo que sus efectos, no pueden ser desconocidos por las partes, ni invalidados, salvo por su consentimiento o por causas legales. Por su parte, la liquidación unilateral constituye el ejercicio de una facultad distinta a la autonomía de la voluntad, en la medida que desarrolla una prerrogativa del poder público prevista en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Si bien el contratista puede esperar y someterse a lo que determine la entidad pública cuando liquide de esta forma, no puede reclamar ninguna responsabilidad contractual por el hecho de que la administración no lo haga. En efecto, su unilateralidad está vinculada a una potestad de origen legal y no al acuerdo de las partes, razón por la que no puede catalogarse su no ejercicio como una desatención de naturaleza contractual, ni generar responsabilidad de esta índole, y tampoco puede calificarse como incumplimiento del negocio por parte de la entidad pública. Por otra parte, la liquidación judicial del contrato estatal se fundamenta en el artículo 141 de la Ley 1437 de 201130 y “es aquella que realiza y adopta el juez del contrato, en desarrollo de un proceso judicial o arbitral, según corresponda, en ausencia de alguna de las modalidades de liquidación antes mencionada”, es decir, en subsidio de la liquidación bilateral –o de mutuo acuerdo– y de la unilateral.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la noción y alcance de la liquidación del contrato, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 20 de septiembre de 2007. Exp. 16370 C.P.: Ruth Stella Correa Palacio. Sobre el ejercicio de la facultad de la entidad pública consistente en la liquidación unilateral, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 1º de julio de 2025. Exp. 71.486. C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. En el mismo sentido, se han pronunciado las subsecciones B y C de la Sección Tercera. Cfr. Sentencia del 30 de noviembre de 2023, expediente No. 54.710 de la Subsección B y sentencia del 2 de marzo de 2022, expediente. No. 64.165 de la Subsección C. Sobre la noción de la liquidación judicial, ver: CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Rad: 76001-23-31-000-1994-00507-01(15239). Actor: Data Base System Ltda. Demandado: Municipio Santiago de Cali.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 11, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / DERECHOS DEL CONTRATISTA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / SITUACIÓN FINANCIERA / OBJETO DEL CONTRATO / RECLAMACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PAZ Y SALVO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES / OBLIGACIONES CONTRACTUALES SUBSISTENTES POSTERIORES A LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La liquidación de un contrato estatal implica verificar el cumplimiento del objeto contractual y resolver todas las reclamaciones surgidas en su ejecución, sin que necesariamente extinga todas las obligaciones derivadas del negocio?
Respuesta al problema jurídico: Si
Para liquidar el negocio es necesario verificar el cumplimiento integral del contrato, de los derechos y las obligaciones que surgieron del negocio e, incluso, de la ocurrencia de hechos o circunstancias ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del mismo conforme al principio de buena fe contractual. En este sentido, la liquidación busca finiquitar la relación contractual, razón por la cual se plasma y formaliza la situación financiera y jurídica al término del negocio y el grado de cumplimiento del objeto contratado. Igualmente, tiene como propósito decidir todas las reclamaciones asociadas a la ejecución del contrato, de modo que constituye la oportunidad para formular y decidir las reclamaciones que se consideren pertinentes. Aunque la finalidad de liquidación es establecer un corte de cuentas y declarar un paz y salvo entre las partes, no siempre produce la extinción de todas las obligaciones. En efecto, conforme al contrato o los términos de las garantías de estabilidad de la obra y calidad del servicio, pueden subsistir obligaciones post contractuales que el contratista y el interventor deben atender, con independencia del cierre negocial previsto en la liquidación.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603
ACTA DE RECIBIDO FINAL DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL / ELEMENTO ACCIDENTAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CONTRATO DE OBRA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRUEBA SOBREVINIENTE / DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERVENTORÍA
Problema jurídico:
¿El acta de recibo final de un contrato estatal constituye por sí sola constituya prueba plena de cumplimiento del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El acta de recibo final es un elemento accidental del contrato que se ha dejado a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, con excepción en el contrato de confección de obra material que regula el recibo en el artículo 2060 del Código Civil, en concordancia con el artículo 13 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En consecuencia, la definición de su alcance jurídico en los demás tipos contractuales está mediada por lo pactado entre las partes en el respectivo contrato, con fundamento en el artículo 1494 del Código Civil que establece la autonomía de la voluntad como fuente de obligaciones. Esta Corporación concibe el acta de recibo final como “medio de verificación de la ejecución del objeto contractual, para determinar si el mismo se efectuó cabalmente y de acuerdo con las especificaciones pactadas en el contrato (…). Sin embargo, también se ha establecido que esta acta no es una prueba irrefutable del cumpli

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

encontrará la totalidad de los productos contratados, lo cual es exigible en el marco del deber de diligencia atribuible a las partes y las funciones de seguimiento contractual. En todo caso, se encuentra que ante la existencia de actas de recibo a satisfacción suscritas por la interventoría y supervisión del contrato, eran estos funcionarios y contratistas los encargados de validar esa situación, por lo cual, lo que se avizora son posibles incumplimientos de sus deberes funcionales. (…) Por lo anterior, se puede concluir que el acta de recibo firmada por la interventoría y la supervisión prueban el cumplimiento ante la entidad pública y su contenido no fue desvirtuado, en cambio se reafirmó conforme a las conclusiones de la mesa técnica realizada en junio de 2017. Por estas razones, los argumentos de la apelación asociados a una indebida valoración probatoria del acta de recibo e incumplimiento contractual se despachan desfavorablemente.
RECURSO DE APELACIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / FACULTAD SANCIONATORIA DEL ESTADO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO JUDICIAL / COMPETENCIA TEMPORAL / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿Puede una entidad pública sustentar el incumplimiento contractual en la apertura de un procedimiento administrativo iniciado fuera del término para liquidar el contrato y sin decisión de fondo?
Respuesta al problema jurídico: No
El recurso de apelación cuestionó que el fallo de primera instancia se fundamentara en que lógicamente no resulta razonable argumentar un incumplimiento cuando no se hizo uso de las facultades para su declaración dentro del límite temporal de la competencia para liquidar el contrato. Al respecto, señaló que la entidad inició el procedimiento pero el a quo decretó su suspensión como medida cautelar. (…) Sobre el particular, esta Corporación evidencia que el argumento del Tribunal fue únicamente complementario, por tanto, se considera que el inicio del procedimiento administrativo cuando ya se había admitido la demanda en esta controversia solo acredita una pérdida de competencia temporal para declarar el incumplimiento, toda vez que en este proceso se elevaron pretensiones que establecen como epicentro del litigio su ejecución plena y oportuna. En esta misma medida, la apertura de tal actuación solo podría evidenciar inconformidades que debían debatirse dentro del procedimiento administrativo, pero no tienen la fuerza probatoria para acreditar el cumplimiento o incumplimiento, el cual solo se podría definir al finalizar la actuación con una decisión de fondo. Por lo anterior, se despacha desfavorablemente el cargo de la apelación y se deberá confirmar el fallo de primera instancia.
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO / CUENTAS POR COBRAR / CONDENA / ADICIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA / ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / MINISTERIO PÚBLICO / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Debe negarse la pretensión de liquidación judicial de un contrato estatal ante la falta del expediente contractual completo que permita realizar el corte económico, técnico y jurídico correspondiente?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien dentro de esta controversia se elevó la pretensión de liquidación judicial, se ha acreditado el cumplimiento del contrato desde el fallo de primera instancia, y se solicitó por el Ministerio Público la adición del fallo en este sentido, esta Corporación encuentra que deberá negarse esa pretensión toda vez que no se allegó el expediente contractual en su totalidad (…). [L]a liquidación judicial como corte de cuentas económico, técnico y jurídico exige la acreditación de todos los elementos que la soportan. Al no allegarse la totalidad de los elementos materiales que permitan efectuar la liquidación judicial del contrato, deberá negarse esta pretensión. Esta situación no impide un pronunciamiento sobre el pago final del contrato, atendiendo los soportes allegados a esta instancia judicial, razón por la cual se procederá a confirmar el fallo de primera instancia y actualizar la condena correspondiente.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167
ACTUALIZACIÓN DE LA CONDENA / INTERÉS MORATORIO / ERROR ARITMÉTICO / EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN / FACTURA / CAPITAL / SEGUNDA INSTANCIA / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / CORRECCIÓN POR ERROR DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Puede el juez de segunda instancia corregir de oficio un error aritmético en la condena de primera instancia respecto al cálculo de intereses moratorios, aunque no haya sido materia de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien este no fue un punto objeto de la apelación, corresponde realizar en esta instancia la actualización de la condena impuesta en el fallo de primer grado, sobre el capital y los intereses de mora. Además, con fundamento en el artículo 286 del Código General del Proceso se encuentra la necesidad de corregir un error aritmético en el cálculo de los mismos, específicamente en la fecha de inicio de su causación (…). [E]n la aplicación de la fórmula el Tribunal erró al tomar como fecha de inicio el día 10 de diciembre de 2015, cuando en el proceso se probó una fecha distinta para su exigibilidad, dado que el recibo a satisfacción se presentó el 21 de diciembre de 2015 y la radicación de la factura al día 30 de diciembre de 2015, de modo, que los intereses moratorios se causan desde el 31 de diciembre de 2015.
COSTAS PROCESALES / EJECUCIÓN DE CONDENA / RECURSO DE APELACIÓN / AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Debe imponerse condena en costas a la parte vencida en segunda instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código de Procedimiento Civil. En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP, la Sala condenará en costas en esta instancia a la parte demandada, dado que su recurso se resolvió de manera desfavorable. A su vez, el artículo 361 ajusten prevé que las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, se fijan con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016. Se fijan como agencias en derecho en favor de la parte demandante un (1) smlmv. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-10-24. C.P. MARÍA ADRIANA MARÍN. Rad. 63001233300020170002201. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:63001233300020170002201-62062-sentencia).
