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PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL

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Consejo de Estado Providencia

La solicitud de vinculación de terceros con interés legítimo es improcedente si se formula cuando el proceso está ingresado para sentencia.

Sentencia — Sentencia 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020230057301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el proceso se encuentra acreditada la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El tercero procesal o subcontratista que pretenda intervenir en un medio de control de controversias contractuales debe formular su solicitud de vinculación dentro de la oportunidad legal comprendida desde la admisión de la demanda y hasta antes del auto que fija fecha para la audiencia inicial. En esta sentencia, la Sala confirma la decisión apelada que declaró probada la caducidad del medio de control de controversias contractuales y, asimismo, declara improcedente la solicitud de vinculación presentada por una sociedad en calidad de tercero con interés legítimo por haber actuado como subcontratista. Dicha petición se extinguió temporalmente conforme al artículo 224 del CPACA al ser formulada de manera tardía, cuando el expediente ya se encontraba en el despacho judicial para resolver de fondo el litigio.síntesis automática
También resuelve: ¿Las partes estipularon que el contrato sería objeto de liquidación bilateral o unilateral dentro de los seis meses siguientes a su vencimiento? ¿Al no sustituir el interventor a la entidad contratante, esta última es quien debe suscribir el acta de recibo de las obras y el acta de liquidación del contrato? ¿La Sala confirma la sentencia anticipada, teniendo en cuenta que se concluye que la demanda fue presentada de manera extemporánea?
DECLARA IMPROCEDENTE
Consejo de Estado Providencia

El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020190050102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato se ejecutaba con base en solicitudes de pedido cursados por el supervisor de ETB sin obligarse a solicitar un número determinado de tapas? Sí
Cuando un contrato de suministro se ejecuta mediante solicitudes de pedido que el supervisor de la entidad emite según sus necesidades, la entidad no está obligada a solicitar el valor total estimado ni un número determinado de bienes, y el pago se hace por cortes mensuales sobre las cantidades realmente solicitadas. La regla se sostiene en tres razones: los términos de referencia, la oferta y su aceptación establecieron que los bienes se suministrarían de acuerdo con las solicitudes de pedido y a la necesidad, sin cantidad mínima ni máxima; el supervisor no puede ordenar al contratista fabricar bienes para tener en stock, pues ello no está previsto en las condiciones contractuales; y el contratista no estaba obligado a tener disponibilidad inmediata de todo el suministro. En el caso, la demanda que reclamaba el valor total del contrato fue desestimada y la sentencia se confirmó. El documento no indica que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que en los contratos de suministro por demanda el incumplimiento se mide frente a las solicitudes efectivamente cursadas y no frente al valor estimado.síntesis automática
También resuelve: ¿Los bienes objeto del contrato serían suministrados de acuerdo con las solicitudes de pedido por parte de ETB de acuerdo a la necesidad? ¿La contratista tenía el derecho de que se le pidieran bienes y servicios por el valor total estimado del contrato? ¿La demanda se presentó dentro del plazo de dos años previstos en la ley?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-06-25 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020170001400 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El sustento de la competencia del Consejo de Estado para asumir en única instancia este proceso es el artículo 165 del CPACA que permite la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento, no ha operado la caducidad y el mismo juez sea competente para conocer de todas? Sí
El Consejo de Estado asume competencia en única instancia para procesos que involucran la acumulación de distintos medios de control judicial cuando sean conexos, las pretensiones no se excluyan entre sí, se tramiten por el mismo procedimiento y no haya operado la caducidad, conforme al artículo 165 del CPACA. Esta regla especial de competencia por conexidad no viola el principio de la doble instancia y se aplica a casos específicos, como la nulidad de actos administrativos expedidos por autoridades del orden nacional. En un caso particular, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol para determinar si el medio de control de nulidad simple es aplicable, dado que la entidad se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, incluyendo sus reglamentos internos, lo que implica que no son actos administrativos sujetos a control jurisdiccional.síntesis automática
También resuelve: ¿Por razón de la solicitud de saneamiento del proceso, surge la necesidad de definir la naturaleza jurídica de las decisiones de Ecopetrol que se cuestionan en este proceso? ¿Ecopetrol se comporta como un privado en todos los actos propios y necesarios para el desarrollo de su objeto, lo cual incluye el alcance y validez de sus reglamentos internos? ¿El cuestionamiento en contra del manual de contratación no conlleva un estricto juicio de legalidad que deba abordarse a través del medio de control de nulidad simple por no ser un acto…
REMITE POR COMPETENCIA
Consejo de Estado Providencia

¿Se acreditó que los demandados dejaron de cumplir algún compromiso pactado en los contratos, con incidencia en la causación del accidente que derivó en la sentencia que impuso la condena?

Sentencia — Sentencia 2025-02-07 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 50001233300020130044201 LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó que los demandados dejaron de cumplir algún compromiso pactado en los contratos, con incidencia en la causación del accidente que derivó en la sentencia que impuso la condena? No
El contratista no es responsable por el incumplimiento del contrato estatal y la consecuente responsabilidad del Estado frente a terceros, si no se acredita plenamente la existencia de los elementos que constituyen el incumplimiento contractual con medios de prueba conducentes, pertinentes y útiles. La Sala determina que la sentencia de acción de reparación directa no es suficiente para establecer la responsabilidad contractual del contratista o del interventor, ya que solo demuestra la responsabilidad del Estado y no la del contratista. Además, la jurisprudencia establece que el régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave aplicable a contratistas, interventores, consultores y asesores, se rige por la Ley 678 de 2001 si los hechos que originaron la responsabilidad ocurrieron después de su entrada en vigencia, mientras que si los hechos ocurrieron antes, el medio de control procedente es el de controversias contractuales. Esto implica que para acciones de repetición contra contratistas, es crucial determinar la fecha de los hechos que dan origen a la responsabilidad.síntesis automática
También resuelve: ¿El régimen de responsabilidad por dolo o culpa grave propio del medio de control de repetición es aplicable a contratistas, interventores, consultores y asesores… ¿Es procedente la adecuación del medio de control de repetición al de controversias contractuales, en tanto lo que se pretende es que se declare la responsabilidad del contratista y del interventor… ¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, al tratarse de una acción de regreso en la que se pretende que los demandados respondan por las indemnizaciones que la…
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Consejo de Estado Providencia

Se presenta falta al principio de congruencia en el fallo de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2022-05-11 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 68001233300020130040902 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se presenta falta al principio de congruencia en el fallo de primera instancia? Sí
Se configura falta al principio de congruencia cuando el juez resuelve pretensiones que no fueron formuladas en la demanda, lo que constituye una decisión extra petita. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la demanda solo pidió la efectividad del amparo de cumplimiento de la garantía única, de modo que el tribunal no podía ordenar también la efectividad de los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. La segunda es que la intención del demandante era obtener la efectividad de la garantía solamente en cuanto al amparo de cumplimiento. En consecuencia, la Sala revoca el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y suprime la condena contra la aseguradora por los aportes de seguridad social y parafiscales. Como obiter dictum, la providencia recuerda que, en el derecho privado, el beneficiario puede reclamar la efectividad del amparo a la aseguradora y, si la reclamación es objetada, acudir al juez del contrato. La nota de relatoría remite a una sentencia de 30 de julio de 2021 sobre el principio de congruencia, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve: ¿Al momento de presentar la reclamación formal, Ecopetrol adjuntó los documentos requeridos por las condiciones generales del contrato de seguro, tales como el contrato afianzado? ¿Se presentó inejecución de obligaciones contractuales que conllevaron a la paralización total de las actividades contratadas? ¿Es responsable la entidad demandante del incumplimiento del contrato?
Consejo de Estado Providencia

Pero, el restablecimiento del equilibrio económico del contrato tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato por el incumplimiento contractual.

Sentencia — Sentencia 2022-05-31 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 68001233100020010173001 ACCION CONTRACTUAL
¿Cómo se determina la normatividad aplicable para resolver la controversia contractual? Sí
El contratista debe determinar la normatividad aplicable para resolver controversias contractuales en base al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, es decir, principalmente la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, y no por comportamientos antijurídicos de las partes, sino por desequilibrios financieros causados por el ius variandi del ente contratante, hechos del príncipe o hechos imprevisibles e irresistibles. La entidad estatal está sometida a esta normatividad y la administración puede valorar documentos presentados en copia simple si estos no fueron tachados ni su validez fue cuestionada durante el proceso, garantizando así el principio de buena fe y el derecho sustancial. La competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver controversias contractuales por incumplimiento del contrato se determina por la cuantía de las pretensiones, y el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en contratos que requieren liquidación se contabiliza desde la firma del acta de liquidación bilateral. Este precedente reitera la jurisprudencia sobre la aplicación de la normatividad contractual y la valoración de documentos en copia simple, y establece claramente los criterios para la competencia y el cómputo del término de caducidad en controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos para que se puedan valorar los documentos allegados al proceso en copia simple? ¿Cuáles son los presupuestos que determinan la competencia en segunda instancia del Consejo de Estado para resolver controversias contractuales por incumplimiento del contrato? ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el contrato requiere liquidación?
Consejo de Estado Providencia

Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación

Sentencia — Sentencia 2022-12-16 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 68001233100020010132001 ACCION CONTRACTUAL
¿Se probó que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación? Sí
Como en efecto en el proceso quedó probado que hubo una mayor permanencia en obra atribuible a la Fiscalía General de la Nación, pues ordenó la disminución del ritmo de avance de la obra, porque no tenía los recursos para pagarle al contratista… y el contrato de obra se quedó sin interventoría, debido a que el contrato de la firma interventora terminó por vencimiento del término… , la Sala modificará la sentencia de primera instancia para declarar el incumplimiento del contrato.
También resuelve: ¿Es posible calcular los intereses moratorios debidos al contratista por el retardo en el pago? ¿Se probaron los daños que la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato le causó a la demandante? ¿Las cifras presentadas en la experticia se fundamentaron en documentos que no obran en el proceso?
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Consejo de Estado Providencia

El cargo de la apelación resulta infundado

Sentencia — Sentencia 2023-10-17 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 50001233100020070115101 ACCION CONTRACTUAL
¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia? ¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones? ¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?
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Consejo de Estado Providencia

Son auténticos contratos de comodato en los términos de los artículos 2200 y siguientes del Código Civil

Sentencia — Sentencia 2024-06-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233300020150245301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los contratos 70 del 30 de septiembre de 1991 y 54 del 20 de octubre de 1992, son auténticos contratos de comodato? Sí
El contratista no es parte de contratos administrativos cuando se trata de un contrato de comodato celebrado con una entidad estatal, ya que estos se rigen por el derecho privado y no por la legislación específica de contratos estatales, según el artículo 16 inciso segundo del Decreto Ley 222 de 1983. Esta regla se reitera al señalar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no abarca todos los contratos estatales, sino solo aquellos específicamente regulados por la ley, lo que implica que controversias derivadas de contratos de comodato celebrados con entidades públicas deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria, a menos que la ley posteriormente cambie esta competencia. Con la entrada en vigor de la Ley 80 de 1993, la jurisdicción de lo contencioso administrativo asumió la competencia sobre todos los contratos estatales, incluyendo los de derecho privado, salvo que la controversia se presente con las leyes procesales vigentes al momento del reclamo, en este caso la Ley 1437 de 2011 o el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esto implica que las partes deben conocer la vigencia de las leyes procesales al momento de presentar sus reclamos para determinar la competencia del juez.síntesis automática
También resuelve: ¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo se extiende a todos los contratos estatales, al margen de que se trate de contratos regidos por el derecho privado? ¿Se entienden integradas a los contratos las leyes vigentes al momento de su surgimiento, salvo las que reglamentan la ritualidad del acceso a la administración de justicia… ¿La prescripción de la responsabilidad contractual aplica para las acciones de carácter civil, penal y disciplinario impetradas contra los intervinientes en la actividad contractual del Estado…
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Consejo de Estado Providencia

El cargo de la apelante resulta infundado

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 88001233300020210002801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó que la sentencia de primera instancia impuso a la aseguradora la asunción de riesgos de manera indiscriminada y a responder por la materialización de ellos indistintamente de su fuente? No
La aseguradora no asume de manera indiscriminada todos los riesgos que se materialicen en la ejecución de un contrato, sino que responde por los riesgos que la póliza cubre y por la cuantía de la pérdida que se acredite conforme al artículo 1077 del Código de Comercio. Cuando el contrato requiere liquidación y esta no se logra por mutuo acuerdo ni se practica unilateralmente, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales es de dos años, contados desde el vencimiento del plazo previsto para la liquidación bilateral y unilateral, según el artículo 164 del CPACA. En el caso concreto, la sentencia de primera instancia no impuso a la aseguradora la asunción indiscriminada de riesgos, porque la afectación de la póliza se determinó a partir de los recursos no invertidos y de la obligación de reintegro incumplida, y la demanda se presentó dentro del término de caducidad, por lo que la providencia confirmó la decisión. Como consecuencia práctica, la aseguradora solo responde por el riesgo amparado y la parte que reclame debe probar la cuantía de la pérdida, mientras que el término de caducidad se cuenta desde el vencimiento de los plazos de liquidación.síntesis automática
También resuelve: ¿En relación con la caducidad del medio de control de controversias contractuales, la demanda fue presentada oportunamente? ¿El régimen especial de prescripción de las acciones derivadas de los contratos de seguros consagrado en el Código de Comercio, es plenamente aplicable a la presente controversia? ¿El Código de comercio establece dos tipos de prescripciones en materia de seguros, la ordinaria que es de dos años y la extraordinaria que se configura con el paso de cinco años?
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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 68001233300020130110802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? No
El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de… ¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones? ¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?
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Consejo de Estado Providencia

La entidad pública demandada respetó el debido proceso

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020140022401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato? ¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad? ¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
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Consejo de Estado Providencia

Las partes podían liquidarlo bilateralmente entre el 1° de agosto y el 1° de diciembre de 2017 y de no hacerlo

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 63001233300020190024601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La presentación de la demanda resulta oportuna tal como acertadamente lo concluyó el Tribunal a quo? Sí
Está probado que el contrato interadministrativo… finalizó el 31 de julio de 2017. Las partes podían liquidarlo bilateralmente entre el 1° de agosto y el 1° de diciembre de 2017 y de no hacerlo, la entidad contratante tenía la facultad para liquidarlo unilateralmente desde el 2 de diciembre de 2017 hasta el 2 de febrero de 2018. El término para interponer la demanda, corrió [hasta el] 2 de febrero de 2020 y, como la demanda se presentó el 26 de noviembre de 2019, su presentación resulta oportuna, tal como acertadamente concluyó el Tribunal a quo. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión de declarar no probada la excepción de caducidad del medio de control de controversias contractuales adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío, quien conoció de este asunto en primera instancia.
También resuelve: ¿El municipio de Armenia tenía dos años para acudir en forma oportuna ante la jurisdicción, sin embargo, la entidad territorial presentó la demanda cuando ya había operado la prescripción de la… ¿La Sala comparte el argumento expuesto en la providencia recurrida que concibe el seguro de cumplimiento como un seguro de responsabilidad? ¿El contrato era de aquellos que requerían liquidación pero esta no se llevó a cabo por las partes de común acuerdo ni de forma unilateral por la administración?
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Consejo de Estado Providencia

No está demostrado el daño por sobre costos por mayor permanencia en obra

Sentencia — Sentencia 2024-03-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233300020130008202 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Está demostrado el daño por sobre costos por mayor permanencia en obra a pesar de que el demandante aceptó la modificación del plazo del contrato sin afectación al valor del contrato? No
La ausencia de salvedades en los pactos modificatorios no impide que prosperen las reclamaciones por mayor permanencia, pero esas reclamaciones solo son viables si se prueba que son imputables a la contraparte y si no quedaron renunciadas expresamente en los acuerdos. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las partes hicieron manifestaciones expresas sobre las reclamaciones en los pactos modificatorios, por lo que no existe silencio al que deba otorgarse efectos dispositivos, según la sentencia de unificación de la Sección Tercera. Segunda, las cláusulas de renuncia no fueron impugnadas en la demanda, de modo que el juez debe considerarlas en su validez. Tercera, aunque algunos hechos sean posteriores a los acuerdos, la existencia de una reclamación no conlleva la prosperidad sin análisis de imputabilidad a la contraparte. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones. La consecuencia práctica es que la renuncia expresa en pactos modificatorios sin impugnación vincula la reclamación posterior, y el contratista debe demostrar la imputabilidad de los sobrecostos.síntesis automática
También resuelve: ¿Se deben dejar salvedades en los pactos modificatorios celebrados por las partes durante la ejecución del contrato para que prosperen las pretensiones de la demanda previo un análisis de… ¿Es perfectamente válido que en el marco de las relaciones negociales las partes puedan regular lo atinente a la responsabilidad? ¿La renuncia expresa a reclamaciones derivadas de los efectos de los acuerdos entre las partes del contrato como los acuerdos de extensión del plazo de ejecución del contrato…
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Consejo de Estado Providencia

Se cumplió la exigencia prevista en las condiciones generales del contrato de seguro consistente

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 05001233300020120074803 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplió la exigencia prevista en las condiciones generales del contrato de seguro consistente en la liquidación previa del contrato como presupuesto para declarar la ocurrencia del siniestro, aun cuando previamente se hubiera producido la cesión de la posición contractual del contratista? Sí
El “contrato” del que emanaban las obligaciones cuyo incumplimiento constituía el riesgo asegurado por la compañía sí se liquidó antes de que el INVÍAS declarara la ocurrencia del siniestro. En el acta del 9 de noviembre de 2009, suscrita entre el INVÍAS y el Consorcio Cesionario, se liquidó el contrato de obra 1609 del 9 de septiembre de 2005. En este documento se dejó constancia de que la entidad estatal había entregado al Consorcio Constructor, a título de anticipo, la suma de $3.821.461.730,30, de la cual no fueron amortizados $2.761.333.656,30, monto por el que se hizo efectiva la garantía. Este instrumento fue suscrito con anterioridad a la expedición de los actos demandados, dictados el 20 de abril y el 29 de diciembre de 2010.
También resuelve: ¿La liquidación del contrato estatal, es una actuación que solo procede con posterioridad a la terminación del contrato y que tiene como finalidad definir integralmente el estado económico del… ¿La cesión de la posición contractual supone la continuidad del negocio jurídico con la sustitución de una de las partes, manteniéndose intactos los derechos y obligaciones en cabeza del cesionario? ¿Conservaba la entidad estatal la competencia para liquidar el contrato y declarar la ocurrencia del siniestro, pese a la cesión de la posición contractual y a la suscripción del acta de recibo…
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Consejo de Estado Providencia

El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020020068401 ACCION CONTRACTUAL
¿El régimen de contratación de EPM, se gobierna por el derecho común o privado y los actos expedidos con ocasión del negocio jurídico, son actos contractuales? Sí
El contratista no puede anular la resolución de EPM que liquida unilateralmente un contrato de obra, ya que este régimen de contratación se rige por el derecho privado y no por el derecho administrativo, por lo que los actos expedidos en el marco del contrato no son actos administrativos sino contractuales. La Sección Tercera del Consejo de Estado confirma que la liquidación unilateral es un acto contractual y no administrativo, por lo que no está sujeto a los mismos requisitos y efectos que un acto administrativo. Esta decisión reitera la jurisprudencia que establece que las empresas de servicios públicos domiciliarios como EPM se rigen por el derecho privado en sus contratos, lo que implica que las cláusulas de liquidación son pactos accesorios y no actos administrativos obligatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿Es pasible de anulación la Resolución 196502 de 2001, mediante la cual EPM liquidó unilateralmente el contrato de obra 1104308 de 1999, después de que, como aduce la parte recurrente… ¿Es procedente incluir cláusulas de exoneración de responsabilidad en los contratos, en cuanto esta estipulación no implique una condonación del dolo futuro… ¿Incumplió EPM su obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato 1104308 de 1999, al no reconocer, a favor de la contratista…
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Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida

Sentencia — Sentencia 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 63001233300020170002201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida por un tribunal administrativo, en un caso relacionado con la actividad del departamento del Quindío? Sí
La apelación contra la sentencia que dicta un tribunal administrativo en un litigio originado en la actividad de una entidad pública se tramita ante el Consejo de Estado cuando la cuantía lo habilita. La regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, en concordancia con el artículo 104, que atribuye a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, y con los artículos 152 y 157, que fijan la competencia por cuantía. En el caso, la competencia se fija por la naturaleza de la entidad departamental demandada y por la cuantía del litigio, que habilitan la apelación ante esta Corporación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la determinación de la competencia depende de dos elementos verificables, la naturaleza pública de la entidad demandada y la cuantía del proceso, de modo que, si ambos se cumplen, el recurso de apelación debe tramitarse ante esta Corporación.síntesis automática
También resuelve: ¿Constituye la liquidación del contrato estatal un mecanismo esencial para materializar principios y fines de la función administrativa, además de ser obligatoria en determinados tipos contractuales? ¿La liquidación de los contratos estatales constituye el ejercicio legítimo de prerrogativas del poder público y no genera responsabilidad contractual en caso de no ser ejercida por la administración? ¿La liquidación de un contrato estatal implica verificar el cumplimiento del objeto contractual y resolver todas las reclamaciones surgidas en su ejecución…
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Consejo de Estado Providencia

Las normas que imponen sanciones o establecen prohibiciones deben ser expresas y son de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, por consiguiente, no cabe su interpretación extensiva, ni su aplicación por vía de analogía y tampoco su derivación por la exigencia de ciertos requisitos previos.

Sentencia — Sentencia 2021-12-15 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 18001233100020020041301 ACCION CONTRACTUAL
¿Son nulos los actos administrativos que, con base en la competencia del inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, terminaron unilateralmente un contrato de distribución de licor, con fundamento en que se firmó contra expresa prohibición legal -numeral 2 art. 44 de la Ley 80 de 1993- porque no se tenía registro sanitario, se afectó el postulado de selección objetiva, el contratista no estaba inscrito en el registro de proponentes y contrató sin capacidad para obligarse? No
El contratista no puede ser objeto de terminación unilateral del contrato por nulidad absoluta basada en la falta de registro sanitario, la violación del principio de selección objetiva, la ausencia de inscripción en el registro de proponentes o la falta de capacidad para obligarse, ya que estas circunstancias no constituyen una prohibición expresa legal o constitucional que genere la nulidad del contrato. La falta de motivación detallada y la ausencia de una prohibición expresa en la norma aplicada implica la nulidad del acto administrativo que termina unilateralmente el contrato. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, matizando la interpretación restrictiva de las causales de nulidad en contratos estatales, lo que implica que las entidades estatales deben fundamentar con rigor legal y constitucional cualquier terminación unilateral basada en la nulidad absoluta del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Por regla general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes? ¿La legitimación en la causa es de hecho y material? ¿El liquidador debe elaborar un inventario de los procesos judiciales de la entidad en liquidación?
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Consejo de Estado Providencia

El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación

Sentencia — Sentencia 2023-11-20 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020130051101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve: ¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio? ¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal? ¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100009201 ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado tiene competencia para conocer del proceso en segunda instancia, por razón de su cuantía? Sí
Cuando se demanda en controversia contractual a una entidad pública y la suma de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del mismo código atribuye a la corporación la apelación de las sentencias de primera instancia de los tribunales; y el valor de la pretensión mayor se determina conforme al artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil, con el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo. En el caso, la pretensión mayor superó ese umbral y la corporación asumió la competencia para resolver la apelación, modificando la sentencia en lo relativo a las pretensiones que prosperaron parcialmente. El documento reitera la forma de determinar la competencia por cuantía; la consecuencia práctica es que la prosperidad parcial de las pretensiones no altera la competencia fijada por el valor de la demanda.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales procede para reclamar los daños originados en una relación contractual? ¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad de la acción de controversias contractuales? ¿En la acción de controversias contractuales se encuentran legitimados en la causa quienes hayan sido parte en el negocio jurídico del cual se originó el daño alegado?
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