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88001233300020230001102 de 20262026-07-17Rad. 88001233300020230001102
El contratista debe demostrar la extinción de sus obligaciones por pago o cumplimiento, incluyendo la carga de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en el proceso, sin que la entidad estatal deba probar la negación. El pago como medio extintivo de obligaciones debe realizarse conforme al tenor de la obligación, y los desembolsos parciales no constituyen pago definitivo hasta que la prestación no se haya completado. La entidad estatal puede ejercer medidas de control y apartarse del contenido de las actas de avance de obra si existen elementos objetivos que permitan inferir el incumplimiento del contratista. La buena fe en la ejecución del contrato se entiende en sentido objetivo, y la obligación de restablecimiento del equilibrio económico del contrato nace si el evento imprevisto genera una situación deficitaria en el entramado financiero global del contrato. La Sala modifica la sentencia del Tribunal Administrativo, condenando al contratista y a Seguros del Estado en costas de segunda instancia a favor del Municipio, y fija las agencias en derecho en un salario mínimo legal mensual vigente.síntesis automática
También resuelve:Extinción de las obligaciones por pago o cumplimiento: carga probatoria, Código Civil artículo 1757, Código General del Proceso artículo 167Pago: medio natural de extinción de las obligaciones –Código Civil artículo 1626, efectos liberatorios –Conforme al tenor de la obligación Código Civil artículo 1627, pagos parciales, no implica aceptación de la totalidad de la prestación y cumplimiento plenoVigilancia y supervisión del contrato por parte de la entidad estatal: la entidad puede apartarse del contenido de las actas de avance de obra, inexistencia de limitación para ejercer medidas de control
¿Cuál es el marco bajo el cual, para efectos de los procedimientos sancionatorios, opera la compensación en los contratos estatales?
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, conforme a lo previsto en los artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, la compensación legal –en el ámbito del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011– requiere el cumplimiento de los requisitos que contemplan los artículos 1715, 1716, 1720 y 1721 del Código Civil, caso en el cual obra de pleno derecho, es decir, “… por el solo ministerio de la ley y aun sin conocimiento de los deudores… ”, salvo que se encuentre restringida. En este contexto, del Código Civil no se desprende la necesidad de algún procedimiento o declaración adicional para hacerla efectiva.
También resuelve:Sanciones contractuales: procedimiento administrativoContrato estatal: entidades sometidas al egcap, régimen mixto, derecho público y privadoExtinción de las obligaciones: compensación, definición
¿Cuáles son las atribuciones de las entidades públicas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia contractual?
La postura es que las entidades sometidas al EGCAP pueden imponer unilateralmente la multa y hacer efectiva la cláusula penal, pero solo cuando estas figuras se hayan pactado en el contrato, porque la exorbitancia se refiere a la imposición unilateral y no a su pacto. El concepto sostiene que, cumplido ese requisito, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 otorga a las entidades la prerrogativa de imposición unilateral por ministerio de la ley. Para ejercerla, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 exige un procedimiento con tres etapas: primero, la citación al contratista, que debe describir los hechos y acompañar el informe de interventoría o de supervisión, así como las normas o cláusulas presuntamente vulneradas; segundo, una audiencia en la que intervienen el jefe de la entidad o su delegado y el contratista, con su representante legal y el garante si es necesario, para presentar descargos y controvertir pruebas; y tercero, una decisión motivada que resuelva sobre la multa, la sanción o la declaratoria de incumplimiento. La consecuencia práctica es que la entidad no puede imponer multas ni declarar el incumplimiento sin cumplir ese procedimiento y sin que la cláusula esté pactada.síntesis automática
También resuelve:Cláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateralProcedimiento sancionatorio contractual: etapas, trámite, terminación, cesación de la situación de incumplimientoCláusulas penales y multas: imposición unilateral, proporcionalidad, régimen jurídico, derecho privado
¿Se probó un caso fortuito o fuerza mayor, en los términos del artículo 64 del Código Civil; esto es, de un imprevisto que no era posible resistir? No
El caso fortuito o la fuerza mayor, en los términos del artículo 64 del Código Civil, exige un imprevisto que no era posible resistir, de modo que la parte que lo invoca debe demostrar tanto su imprevisibilidad como su irresistibilidad. Una razón es que las solicitudes que la parte presentó a la entidad contenían las razones que, a su juicio, justificaban el cambio de predios, pero no se demostró el carácter imprevisible ni irresistible de esas razones. Otra razón es que aunque los documentos acompañados demostraron el compromiso e inversión de recursos y algunas actividades previstas, no se acreditó que esos recursos se invirtieran según el plan operativo anual ni que las actividades se ajustaran a las exigencias técnicas del convenio. En el caso, la Sala no encontró probada la fuerza mayor alegada para el incumplimiento del convenio, por lo que modificó la sentencia apelada en el monto a restituir y en el valor proporcional de la cláusula penal. Su consecuencia práctica es que el asociado que invoca la fuerza mayor para justificar el incumplimiento debe demostrar la imprevisibilidad e irresistibilidad del hecho y la correcta ejecución de los recursos.síntesis automática
También resuelve:¿Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o esta?¿Procede la condena en costas contra la parte a la que se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación?
25000233600020200019801 de 20252025-10-23Rad. 25000233600020200019801
El contratista no se libera del pago de la obligación al realizarlo al cedente en una cesión de crédito, si no ha notificado al deudor sobre la transferencia del derecho, según establece el artículo 1963 del Código Civil. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado reitera que la cesión de crédito requiere la entrega del título que acredite el derecho y su notificación al deudor para que surta efectos oponibles frente a éste y terceros. En ausencia de esta notificación, el deudor puede continuar pagando al cedente sin incurrir en responsabilidad, preservando así la seguridad jurídica y la estabilidad del deudor. Esta regla implica que el cesionario debe cumplir con los requisitos legales para que la cesión sea válida y efectiva frente a terceros, lo que resulta crucial en contratos estatales donde la certeza y la transparencia son fundamentales.síntesis automática
También resuelve:Cesión de crédito: alcance, régimen jurídico, obligación de parte del deudorEfectos y oponibilidad de la cesión de créditos: requiere entrega del título, solo vale ante el deudor si se notifica o aceptaDiferencia entre cesión de créditos y cesión de contratos: el crédito es transferible por el acreedor, vínculo solo entre partes– los terceros no resultan afectados, la cesión de crédito transfiere solo el cobro, la cesión de contrato transfiere derechos y obligaciones
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-11Sección Tercera (Subsección A)JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZRad. 25000233600020180102302LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación y la transacción son mecanismos jurídicos diferentes en cuanto a su naturaleza, procedimiento e intervención de terceros? Sí
El contratista y la entidad estatal deben distinguir entre la conciliación y la transacción, mecanismos que aunque buscan resolver conflictos de manera consensuada, difieren en su naturaleza y procedimiento. La conciliación requiere la intervención de un conciliador o un agente del Ministerio Público, y su objetivo es extinguir la obligación en conflicto mediante la mediación de un tercero. En contraste, la transacción es un contrato bilateral en el que las partes realizan concesiones recíprocas para poner fin a un litigio pendiente o potencial sin la intervención de un tercero. La Sala reitera que la conciliación prevalida debe contar con la intervención de un conciliador, y que la transacción celebrada por entidades públicas debe cumplir con los requisitos contractuales y contar con la autorización previa de la autoridad competente, lo que implica que un acuerdo suscrito sin dicha intervención o autorización no puede ser considerado como una conciliación válida y debe ser tratado como una transacción, cuya aceptación depende de la legalidad y procedencia de los requisitos y autorizaciones respectivas.síntesis automática
También resuelve:¿Puede calificarse como conciliación un acuerdo suscrito entre entidades y particulares sin la intervención de un agente del Ministerio Público o de un juez?¿Debe una transacción cumplir requisitos contractuales y contar con autorización previa de la autoridad competente cuando es celebrada por entidades públicas?
¿Cuáles son las atribuciones de las entidades públicas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia contractual?
Las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación pueden imponer multas y hacer efectiva la cláusula penal de manera unilateral, pero solo si esas sanciones se pactaron en el contrato. Según la postura expuesta, la exorbitancia de estas cláusulas se refiere a su imposición unilateral y no a su pacto, que es posible conforme a las normas civiles y comerciales. Cuando se pactaron, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 otorga a la entidad esa prerrogativa por ministerio de la ley. Para declarar el incumplimiento y cuantificar los perjuicios, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 exige citar al contratista, precisando los hechos y adjuntando el informe de interventoría o de supervisión; celebrar una audiencia en la que intervienen el jefe de la entidad o su delegado y el contratista, que presenta descargos y pruebas; y adoptar una decisión motivada, contra la cual procede únicamente el recurso de reposición, que se decide en la misma diligencia. La consecuencia práctica es que la entidad debe cumplir estas etapas y verificar que la sanción estaba pactada en el contrato antes de imponerla.síntesis automática
También resuelve:Cláusulas excepcionales: multas, cláusula penal, imposición unilateralProcedimiento sancionatorio contractual: etapas, trámite, terminación, cesación de la situación de incumplimientoCláusulas penales y multas: imposición unilateral, proporcionalidad, régimen jurídico, derecho privado
¿Cuál es la naturaleza jurídica de los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en el marco de la contratación estatal?
El contratista y la entidad estatal pueden pactar acuerdos de niveles de servicio (ANS) como estipulaciones accesorias, innominadas, onerosas y conmutativas que definen estándares de calidad y desempeño, sin que estas sean reguladas expresamente en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Estos acuerdos, en virtud del segundo inciso del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, permiten a las partes acordar estándares de cumplimiento siempre que no incurran en causales de nulidad. La naturaleza de los descuentos automáticos por incumplimiento de los ANS dependerá de cómo las partes los hayan pactado, siendo que si estos están vinculados directamente a la retribución económica y no implican la extinción de deudas recíprocas, no constituyen una compensación en el sentido estricto del Código Civil. En casos donde los ANS tienen carácter sancionatorio, su aplicación debe precederse por el debido proceso establecido en la Ley 1474 de 2011. Esto implica que la autonomía de la voluntad en la contratación estatal permite pactar cláusulas que regulen el cumplimiento efectivo del contrato, siempre y cuando se ajusten a los límites del orden público.síntesis automática
También resuelve:Acuerdos de niveles de servicio: concepto, fundamento, atipicidad, autonomía de la voluntadExtinción de las obligaciones: compensación, definiciónCompensación: clasificación
¿Es procedente la declaración de nulidad que hizo el Tribunal de primera instancia bajo el presupuesto de que la decisión de la amigable componedora estaba viciada porque el Departamento no tenía capacidad para acudir a dicho mecanismo? No
El contratista no puede declarar nula la decisión del amigable componedor basándose en que la entidad estatal no tenía capacidad para acudir a este mecanismo, ya que la ley vigente en el momento de la celebración del contrato permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición, lo que implica que la entidad estaba habilitada para someterse a este mecanismo. La Sala revoca la nulidad declarada por el Tribunal, reiterando que la amigable composición es procedente cuando una de las partes es una entidad pública, siempre y cuando la ley lo permita explícitamente en el momento de la celebración del contrato. Esto implica que las entidades estatales pueden acudir a la amigable composición para resolver sus controversias contractuales, siempre que la normativa vigente lo autorice.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se suscribió el contrato, la ley vigente permitía a las entidades estatales resolver sus diferencias mediante la amigable composición?¿La amigable composición resulta procedente cuando una de las partes sea una entidad pública?¿Para acudir a la amigable composición, es necesario que las partes y el amigable componedor celebren un contrato de mandato a efectos de determinar las facultades de este último?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-02-21Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020170089101LEY 1437 REPETICION
¿Los herederos de quien ostentó la condición de servidor público, que realizó las actuaciones que se califican de culposas o dolosas son los llamados a responder patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad demandante? Sí
Los herederos de un exservidor público responden patrimonialmente por la condena impuesta a la entidad, siempre que se acredite su calidad de herederos y que se pruebe el elemento subjetivo de dolo o culpa grave de quien causó el daño. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la muerte no extingue las obligaciones patrimoniales, según el artículo 1625 del Código Civil, y la acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial. La segunda es que la calidad de herederos se acredita con los documentos que lo demuestren, como la escritura pública de protocolización de la sucesión y los registros civiles de nacimiento. En el caso concreto, la entidad accionante aportó la escritura de la sucesión de la exfuncionaria, en la que se reconocen como herederos a sus dos hijos sobrevivientes, por lo que estos están legitimados por pasiva. La condena a los herederos depende de la prueba de la conducta culposa o dolosa, que se valorará con las pruebas del proceso. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Los herederos de la exdirectora del ICETEX se encuentran legitimados por pasiva, puesto que la parte demandante aportó el documento que los reconoce como herederos?¿El Estado se encuentra en la capacidad de repetir contra sus agentes y de esta forma reintegrar al erario público el dinero pagado por concepto de una condena?
¿Prosperan las pretensiones económicas del demandante, por cuanto declaró a paz y salvo a la entidad contratante en relación con las obligaciones derivadas del contrato? No
Cuando las partes liquidan bilateralmente el contrato mediante un acuerdo en el que se declaran a paz y salvo por todo concepto, sin salvedades ni reservas, ese negocio es obligatorio y pone fin al cruce de cuentas, de modo que las reclamaciones económicas fundadas en obligaciones del contrato no prosperan si la nulidad del acuerdo no fue pretendida en la demanda. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la liquidación bilateral constituye el cruce final de cuentas entre las partes y es vinculante para ellas mientras no sea anulada. Segundo, la declaración de paz y salvo sin reservas comprende los aspectos que se reclaman, como el inicio tardío de las obras, la ampliación del plazo, los trabajos adicionales y los descuentos tributarios, por lo que la demanda que no impugna ese acuerdo no puede prosperar en sus pretensiones económicas. La providencia confirma la sentencia apelada; en la práctica, quien suscribe una liquidación bilateral con paz y salvo sin salvedades debe impugnarla expresamente en la demanda si pretende reclamar sumas derivadas del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación bilateral suscrita por las partes es un acuerdo de voluntades con fuerza jurídica vinculante?¿La liquidación del contrato es la oportunidad para la creación de nuevas relaciones jurídicas o para novar las obligaciones contenidas en el contrato?¿Hay lugar a condenar en costas del proceso a la parte vencida?
¿Procede la liquidación del contrato estatal en sede judicial ante la no liquidación del mismo ni bilateral ni unilateralmente? Sí
La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para, de ésta forma, realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose quién le debe a quién y cuanto, es decir, que con dicha actuación se finiquita y se obtiene el paz y salvo de la relación negocial. La liquidación judicial es así el balance o corte de cuentas económico que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya realizado la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado.
También resuelve:¿Procede el reintegro de dineros correspondiente a un mayor valor devuelto y que no hacia parte del contrato interadministrativo?¿Procede la compensación entre las partes ante un saldo insoluto que no proviene de la obligación contractual?
¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal? Sí
El medio de control de controversias contractuales se entiende presentado dentro del término legal cuando la demanda se interpone oportunamente dentro del plazo de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA. La contabilización del término de caducidad se efectúa a partir del vencimiento del plazo para la liquidación bilateral del contrato, teniendo en cuenta que la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial suspende dicho término hasta la fecha en que se declare formalmente fallida la diligencia.síntesis automática
También resuelve:¿Es jurídicamente posible suspender o prorrogar un contrato ya finalizado?¿La Empresa Aguas de Facatativá actuó de mala fe al trasladar al contratista obligaciones propias de la planeación y ejecución previa del proyecto…¿Los demandados acreditaron que subsistían las causas de suspensión del contrato y que estas configuraban una excepción de contrato no cumplido o una causa extraña que exonerara a la contratista de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-26Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 44001233100020000054002ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
¿Cuándo se trata de contratos que se han liquidado en forma bilateral, el estudio de las pretensiones de la acción contractual está hilado, de forma ineludible, a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, sin las cuales no es posible desatender el contenido obligacional incorporado en el documento, en virtud de la fuerza obligatoria de los contratos, la aplicación del principio según el cual nadie puede alegar su propia culpa para fundar una pretensión, la teoría del acto propio y el principio de la buena fe, que deben inspirar el comportamiento de los contratantes? Sí
En los casos de liquidación bilateral de contratos estatales, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha establecido que el estudio de las pretensiones de la acción contractual está intrínsecamente ligado a la existencia de salvedades o vicios del consentimiento, excluyendo cualquier pretensión que no se base en estos elementos. Esta regla implica que, en la liquidación bilateral, solo pueden ser controvertidos aspectos que hayan sido objeto de salvedad expresa o que puedan probarse un vicio del consentimiento, como errores, fuerza mayor o dolo. La fuerza obligatoria de los contratos, el principio de que nadie puede alegar su propia culpa, la teoría del acto propio y el principio de buena fe, son fundamentales para respaldar esta posición, ya que garantizan la integridad del proceso y la confianza entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación del contrato, más que una convención es un pacto jurídico, por cuanto su propósito o finalidad está encaminado a extinguir¿Con los fundamentos invocados en la¿En vigencia del C.P.A.C.A., resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte vencida en el proceso, esto es, a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿El resultado lesivo consistente en la muerte de la víctima fue consecuencia de un actuar doloso de parte del conscripto demandado en repetición? Sí
La presunción de dolo que la Ley 678 de 2001 asocia a la condena penal del agente se mantiene cuando el demandado no la desvirtúa, y el elemento subjetivo de la acción de repetición se acredita con esa presunción. La regla se sostiene en que el hecho que da base a la presunción debe estar debidamente acreditado y en que la condena penal por dolo, como coautor del delito que causó la muerte de la víctima, dio lugar a la presunción. Por ello, el agente debe demostrar lo contrario para desvirtuarla. En el asunto, el demandado fue condenado penalmente a título de dolo, participó en la comisión del delito y nunca negó su participación, por lo que la Sala concluyó que el resultado lesivo fue consecuencia de su actuar doloso y revocó la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones. En la práctica, la condena penal por dolo fija el elemento subjetivo en la repetición si el agente no lo desvirtúa.síntesis automática
También resuelve:¿Para cuantificar la condena de repetición, se debe atender el grado de participación del agente en la producción del daño?¿El servidor o exservidor público fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo, por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del…¿Se ordenará que a cargo del demandado estará la obligación de atender el reembolso del treinta por ciento (30%) del valor total que debió pagar la entidad demandante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-04-24Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 25000233600020230026701LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La restitución del dinero que el Consorcio accionante recibió por el pago No. 1 de la fase de obras iniciales y gestiones preliminares, resulta improcedente, ya que lo recibió como remuneración de unas obligaciones ejecutadas y, bajo ese entendido, no habría lugar a un detrimento patrimonial para la entidad estatal? Sí
El Consorcio demandante solicitó el decreto de dos medidas cautelares: i) ordenar al IDU suspender cualquier proceso sancionatorio que se encuentre en curso en contra del consorcio contratista, con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021, y ii) ordenar al IDU abstenerse de iniciar un proceso sancionatorio en contra del Consorcio, en el marco del Contrato de Obra No. 1766 de 2021.
También resuelve:¿Procede la medida cautelar de suspensión de los procesos sancionatorios que estén en curso con ocasión del Contrato de Obra No. 1766 de 2021 o la orden de abstención dirigida al IDU para que no…¿La suspensión del contrato materia de controversia implicaría que la obra que se debía ejecutar quedaría detenida hasta que se profiera sentencia en el presente proceso…¿Al encontrarse acreditados los hechos que fundamentan la demanda, podría dar lugar a que prospere alguna de las pretensiones de esta?
¿Se probó la culpa grave del demandado en la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el que declaró la insubsistencia de un cargo? No
La acción fue ejercida por el departamento de Bolívar, entidad que resultó condenada al declararse la nulidad del acto por medio del cual se declaró insubsistente al señor… .… [El demandado], como agente estatal… fue quien, en su condición de gobernador de Bolívar, expidió el decreto anulado por la jurisdicción contenciosa administrativa.… En esa perspectiva, la sola declaración de nulidad de un acto y la condena al Estado no equivale automáticamente a la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo —en el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho— no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, según las pruebas legalmente acopiadas…
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia, por lo que los hechos o actuaciones que ocurrieron con anterioridad a ella continuarán rigiéndose por la normativa…¿Las partes pueden acudir a cualquier medio legalmente válido para probar el pago de una obligación?
¿Se configuró la caducidad de la acción contractual? Sí
El contratista no puede presentar una demanda de controversias contractuales fuera del término de caducidad, que comienza a correr desde el día siguiente en que tuvo conocimiento del incumplimiento del contrato de seguro, tal como ocurrió en este caso el 6 de mayo de 2008. La caducidad se suspende durante la conciliación prejudicial y reanuda su cómputo una vez finalizado el plazo de tres meses, venciendo el 9 de agosto de 2010, fecha en la cual la demanda presentada el 26 de agosto de 2010 resultó extemporánea. La Sala declara la caducidad de la acción contractual, reiterando que este es un presupuesto procesal y una norma de orden público que no puede ser desatendida, lo que implica revocar la sentencia de primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Es cierto que el hospital conoció que el vehículo no pasó por un banco de enderezamiento de chasis solamente hasta que el taller informó que el impacto fue leve y no fue necesario el banco chasis?¿El término de caducidad del contrato de seguro deberá contarse a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento?¿La prescripción de la acción derivada del contrato de seguro se refiere a la efectividad de la póliza y la cobertura del riesgo asegurado?
¿El dolo o la culpa grave que la parte actora deben quedar debidamente demostrados en el expediente del proceso adelantado bajo el medio de control de repetición? Sí
El dolo o la culpa grave del agente en la acción de repetición deben demostrarse dentro del propio proceso de repetición, con pruebas válidamente aportadas, y no pueden deducirse de la sentencia condenatoria contra el Estado ni del auto que aprobó la conciliación. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el análisis de responsabilidad del Estado no involucró la valoración de la conducta del agente que participó en los hechos, de modo que sus consideraciones no prueban su responsabilidad personal. Segunda, la copia de la condena y el auto aprobatorio de la conciliación solo acreditan la condena y el pago, pero no tienen vocación para demostrar el elemento subjetivo. Tercera, quien promueve la repetición no aportó los elementos que revelaran las actuaciones del demandado antes, durante y después de los hechos, ni las pruebas valoradas en el proceso ordinario. La providencia confirma la negativa de las pretensiones. La consecuencia práctica es que la entidad que repite debe aportar en el proceso prueba propia de la conducta dolosa o gravemente culposa del agente, con independencia de la condena previa.síntesis automática
También resuelve:¿Para que prospere las pretensión de repetición se debe constatar la obligación resarcitoria a cargo del Estado; la condición de servidor o ex servidor público de la persona contra la que se repite…¿La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿Dado que en este caso el hecho dañoso origen de la condena ocurrió en el año 2000, a los aspectos sustanciales le son aplicables las presunciones estatuidas en la Ley 678 de 2001?