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¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio?¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado?¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en los aspectos sustanciales de este asunto, considerando que, los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron el 8 de junio de 1998, cuando fue suscrito el oficio 056447 con el que se ordenó la entrega del vehículo automotor? No
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior.
También resuelve:¿La existencia de una condena judicial en firme, que impuso una sentencia condenatoria en contra del ente demandante, presta mérito como presupuesto de la responsabilidad del funcionario…¿El actuar gravemente culposo del inspector de tránsito demandado no se configuró, debido a que la Ley 678 de 2001 no estaba en vigor cuando sucedieron los hechos que dieron lugar a la condena del…¿Aunque los testimonios provienen de exfuncionarios de la entidad demandada en el proceso de reparación directa y resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez…
¿Se probó la culpa grave del demandado en la declaratoria de nulidad del acto administrativo mediante el que declaró la insubsistencia de un cargo? No
La acción fue ejercida por el departamento de Bolívar, entidad que resultó condenada al declararse la nulidad del acto por medio del cual se declaró insubsistente al señor… .… [El demandado], como agente estatal… fue quien, en su condición de gobernador de Bolívar, expidió el decreto anulado por la jurisdicción contenciosa administrativa.… En esa perspectiva, la sola declaración de nulidad de un acto y la condena al Estado no equivale automáticamente a la culpa grave del funcionario, pues el criterio del juez contencioso administrativo —en el fallo de nulidad y restablecimiento del derecho— no ata al juez de la repetición, el cual debe centrarse en un verdadero juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, según las pruebas legalmente acopiadas…
También resuelve:¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra agentes o exagentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…¿La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia, por lo que los hechos o actuaciones que ocurrieron con anterioridad a ella continuarán rigiéndose por la normativa…¿Las partes pueden acudir a cualquier medio legalmente válido para probar el pago de una obligación?
FUNCIONARIO PÚBLICO,EJERCICIO DE JURISDICCIÓN,AUTORIDAD ADMINISTRATIVA,AUTORIDAD POLÍTICA,AUTORIDAD MILITAR,AUTORIDAD CIVIL,CADUCIDAD DEL CONTRATO,INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Constitución Política de Colombia,Numeral 5 del artículo 179,Interpretación,Noción,Concepto,Clases,Facultad contractual,Función,Objeto del contrato,Cumplimiento,Imposición de sanciones,Carácter sancionatorio,Autoridad civi – Mes: febrero – Año: 2019…
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11001-03-25-000-2005-00071-00_2568-052013-03-07Sección Segunda
SERVIDOR PÚBLICO,FUNCIONARIO PÚBLICO,RESPONSABILIDAD OBJETIVA – Deberes,Estudio de viabilidad por el servidor público,Infracción de deberes,Conducta – Mes: marzo – Año: 2013…
También resuelve:Contrato de concesión: responsabilidad objetiva, deberes, infracción de deberes, conductaConsejo de estadoSala de lo contencioso administrativo
11001-03-25-000-2007-00030-00_0632-072013-06-25Sección Segunda
DESTITUCIÓN,FUNCIONARIO PÚBLICO,MONOPOLIOS RENTÍSTICO,INTERES PÚBLICO,FALTAS DISCIPLINARIAS,CONCURSO,CONCURSO DE FALTAS DISCIPLINARIAS – Estudios de mercado,No elaboración,Contrato de concesión,Monopolio rentístico,Regulación legal,Elaboración,Sanción,Graduación,Código único disciplinario,Sistema de absorción – Mes: junio – Año: 2013…
También resuelve:Destitucion: funcionario público, estudios de mercado, no elaboración, contrato de concesiónMonopolios rentistico: regulación legal, estudios de mercado, elaboraciónFaltas disciplinarias: clases, sanción, graduación
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa en cabeza del fiscal al imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva contra un concejal cuyo proceso penal terminó con sentencia absolutoria por conducta atípica? No
La imposición de una medida de aseguramiento fundada en un indicio grave de responsabilidad no configura por sí sola culpa grave del funcionario que la impone, porque el indicio es una inferencia lógica que parte de un hecho debidamente acreditado y de la experiencia. La regla se apoya en la definición de indicio que contenían los artículos 300 y siguientes del Código de Procedimiento Penal entonces vigente, y en que la valoración de la conducta del funcionario debe hacerse con las pruebas de la actuación que se le reprocha. Por ello, la posterior absolución del procesado por una conducta atípica no basta para demostrar que el fiscal actuó con culpa grave. En el asunto, el fiscal definió la situación jurídica con detención preventiva al considerar que la aprobación de un acuerdo municipal era un indicio grave de responsabilidad, y la Sala confirmó la decisión que negó la repetición por no acreditarse la culpa grave. En la práctica, la entidad que repite por una medida de aseguramiento debe demostrar que la inferencia del funcionario carecía de sustento razonable.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia debe recaer sobre la conducta del agente del Estado demandado…¿Las decisiones de los jueces contencioso administrativo y penal sobre la responsabilidad estatal, y la responsabilidad penal del procesado…¿Tratándose de una acción de repetición fundada en un error de una providencia judicial que posteriormente fue revocada, la entidad estatal tiene la carga de acreditar la conducta dolosa o gravemente…
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? Sí
La Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta su derogación, y que, cuando los hechos son posteriores a esa vigencia, la ley rige el análisis del dolo o de la culpa grave del demandado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, los hechos anteriores a la vigencia de la ley continúan regidos por la normativa anterior, mientras que los posteriores quedan sometidos a ella. Segunda, el contrato de compraventa del caso fue suscrito con posterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, de modo que sus aspectos sustanciales se rigen por esa ley. Tercera, el régimen aplicable determina las presunciones de dolo y de culpa grave, que el juez debe valorar conforme a esa normativa. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha del hecho generador, y no la de la demanda, define la ley sustancial que rige la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La conducta del demandado en condición de director técnico de predios del IDU, puede ser calificada como gravemente culposa en aplicación del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, es decir…¿Procede la condena en costas procesales en segunda instancia por concepto de agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto se resolvió de forma desfavorable el recurso de apelación?
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
El contratista puede solicitar que se trasladen pruebas documentales del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y la entidad estatal debe valorarlas si las partes tuvieron la oportunidad de conocerlas y no presentaron reparos, lo que implica que estas pruebas son admisibles y pueden ser objeto de análisis. La Sala reitera que para la prosperidad de la acción de repetición es necesario demostrar la existencia de dolo o culpa grave en el actuar del funcionario público, y que la valoración de la culpa grave se realiza en comparación con el estándar de conducta previsto en la ley vigente en el momento de los hechos. Además, la Sala matiza que para determinar si un agente estatal actuó con dolo o culpa grave, es necesario considerar la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, la infracción manifiesta de preceptos constitucionales y el incumplimiento de las funciones que la ley le asigna, lo que implica un análisis detallado de la conducta del agente estatal en cada caso específico.síntesis automática
También resuelve:¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?
¿La acción de repetición fue incoada oportunamente, esto es, dentro del término ce caducidad de dos (2) años señalados en la norma? Sí
La acción de repetición tiene un término de caducidad de dos años que se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento de los dieciocho meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia. La regla se apoya en tres razones. Primera, cuando la nulidad del acto administrativo se declara bajo la vigencia de la Ley 678 de 2001, el plazo corre conforme a esa ley, según su artículo 11. Segunda, la norma del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo fija el plazo de dieciocho meses para cumplir la sentencia, contado desde su ejecutoria. Tercera, en el caso el pago se realizó el 20 de diciembre de 2007, antes del vencimiento de ese plazo, de modo que el término de dos años se extendía hasta el 21 de diciembre de 2009. Como la demanda se radicó el 17 de junio de 2008, fue incoada oportunamente. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la jurisprudencia sobre el cómputo de este término.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en el caso concreto, considerando que los hechos que sustentaron la condena en contra de la Universidad de la Amazonia ocurrieron con anterioridad a la vigencia de…¿Puede otorgarse valor probatorio a las copias simples que se alleguen al proceso, siempre que se garanticen los principios de contradicción y defensa de los sujetos procesales…¿Debe otorgarse valor probatorio a los documentos públicos que se allegaron al proceso, los cuales acreditan el cumplimiento del presupuesto de procedibilidad de la acción de repetición…
¿La entidad demandante realizó un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave de la demandada? No
La entidad demandante no realiza un ejercicio probatorio serio tendiente a demostrar la culpa grave del servidor público, toda vez que limita su demanda a pedir la declaratoria de responsabilidad con base en sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho, sin aportar pruebas del actuar irregular de los servidores públicos. La figura de la repetición no pretende imponer cargas desproporcionadas a quienes asumen el ejercicio del servicio público, por lo que su procedencia requiere acreditar con suficiencia que la intervención de los funcionarios en la ocurrencia de daños antijurídicos fue premeditada, negligente o manifiestamente imprudente. En este caso, la Auditoría General de la República no demostró la culpa grave del servidor público y se acreditó que la declaratoria de insubsistencia fue adoptada en uso de sus facultades y precedida de un comportamiento diligente, por lo que se negarán las pretensiones de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Las decisiones de la entidad pública demandada fueron debidamente razonadas y su propósito fue preservar los principios que rigen la función pública?¿La declaratoria de insubsistencia se produjo por la pérdida de confianza en la funcionaria, derivada de unos hechos que evidenciaban su falta de integridad?¿La declaratoria de insubsistencia de la servidora fue una decisión que se adoptó con la debida diligencia y cuidado?
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la ley 678 de 2001 en aplicación del principio de irretroactividad? No
La Ley 678 de 2001 no se aplica a los aspectos sustanciales de la acción de repetición cuando la condena que la origina y los hechos son anteriores a su vigencia, y que el pago de la condena puede acreditarse por cualquier medio legalmente válido. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, en virtud del principio de irretroactividad, la ley se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogación, sin perjuicio de excepciones; los hechos anteriores siguen la normativa previa. Segunda, las decisiones que sustentaron la condena se dictaron en 1994 y 1995, es decir, antes de la vigencia de la Ley 678 de 2001. Tercera, el ordenamiento civil no establece una tarifa legal para acreditar el pago, por lo que los documentos aportados, como comprobantes de egreso y certificados de disponibilidad, pueden acreditar el pago de la condena. La providencia confirma la decisión y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. La consecuencia práctica es que la fecha de los hechos y de la condena determina la ley sustancial de la repetición, y la prueba del pago se aprecia por las reglas de la sana crítica.síntesis automática
También resuelve:¿Los documentos allegados por la parte demandante al caso sub examine, acreditan el pago efectivo de la condena judicial en cumplimiento de la sentencia del 2 de junio de 2005 proferida por el…¿Se configuró dolo o culpa grave por parte del demandado en el caso sub examine, en cuanto el mismo adoptó las decisiones que condujeron a la privación de la libertad por el delito de peculado por…¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine, aunque el demandado no haya intervenido en la segunda instancia?
¿Procede la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal logra acreditar que existe culpa grave o dolo por parte del ex funcionario público en su actuar, por lo cual debe declararse la responsabilidad patrimonial del mismo, de lo contrario como en el caso concreto, no puede accederse a las pretensiones de la interesada por falta de prueba? Sí
El contratista no puede acceder a la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal no logre acreditar la existencia de culpa grave o dolo por parte del ex funcionario público en su actuar, ya que la ley exige que se demuestre claramente la responsabilidad personal del agente estatal para que la entidad pueda ejercer la acción de repetición. La entidad debe probar la culpa grave mediante pruebas directas y no puede basarse únicamente en decisiones de otros procesos penales o disciplinarios. En el caso concreto, la Sala determinó que no había pruebas suficientes para acreditar la culpa grave del demandado, por lo que no procedió la acción de repetición. Esta decisión reitera la necesidad de una demostración clara y directa de la culpa grave o dolo para que la entidad estatal pueda ejercer la acción de repetición contra el ex funcionario, lo que implica que las entidades deben recopilar y presentar pruebas robustas en cada caso para poder acceder a esta acción.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante esta en la obligación de probar la conducta en la actuación desplegada por el demandado y por la cual requiere se declare la responsabilidad patrimonial del mismo…¿La entidad pública debe allegar medios de prueba que permitan establecer en forma individual y congruente el dolo o la culpa grave del exfuncionario del Estado?¿En procesos en los que se ventile un interés público, como lo es el de repetición, no procede la condena en costas procesales para la parte vencida?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-02-28Sección Tercera (Subsección C)GUILLERMO SANCHEZ LUQUERad. 05001233300020210178101LEY 1437 REPETICION
¿Como la constancia aportada no acredita el pago de la condena que se pretende repetir, se confirma la decisión de rechazar la demanda? Sí
Cuando la constancia aportada con la subsanación de la demanda de repetición no acredita el pago de la condena que se pretende repetir, la demanda debe rechazarse, pues el pago previo es requisito para el medio de control. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 5 del artículo 161 del CPACA exige que el pago se haya realizado antes de que el Estado pretenda recuperar lo pagado. Segunda, cuando la demanda no reúne los requisitos legales, el juez debe inadmitirla y conceder diez días para corregirla, y si no se corrige, debe rechazarla y ordenar la devolución de los anexos, según los artículos 169 y 170 del CPACA. Tercera, el comprobante aportado correspondía a una condena a favor de una demandante distinta y a otra resolución, por lo que no acreditaba el pago de la condena controvertida. En consecuencia, se confirmó el rechazo de la demanda. El auto que rechaza la demanda es apelable y se decide en Sala según el artículo 243 del CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El auto que rechace la demanda es susceptible del recurso de apelación y será decidido en Sala?
¿La demandante ejerció su derecho de acción en tiempo, por lo cual, existe inoperancia de la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde la fecha en que efectivamente se realiza el pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo que tiene la entidad para pagarla, según el literal l del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. Ese plazo es de diez meses conforme al artículo 192 del mismo código, salvo que la condena haya sido proferida en un proceso tramitado bajo el Código Contencioso Administrativo y se ordenó sufragarla en sus términos, caso en el que se aplica el plazo de dieciocho meses del artículo 177 de ese código. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la codificación aplicable al proceso de origen determina el plazo de pago de la condena. Segundo, la caducidad solo se configura si la demanda se presenta después de vencido el término. La providencia niega la excepción de caducidad y concluye que la demandante ejerció su derecho de acción en tiempo; en la práctica, la entidad que pretenda repetir debe identificar primero la codificación del proceso de origen para fijar el plazo de pago y el término de caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿Tienen legitimación en la causa por activa y por pasiva las partes procesales?¿Los demandados incurrieron en una conducta dolosa al haber proferido la resolución 901 del 8 de agosto de 2007, mediante la cual se declaró la insubsistencia de un subalterno con desviación de…¿La sentencia judicial que condena al Estado es prueba suficiente de la conducta del agente, es decir, que la misma acredita el dolo o la culpa grave con la que actúo el demandado en el medio de…
¿Debe aplicarse al caso sub examine, la Ley 678 de 2001 porque el hecho dañoso origen de la condena ocurrió el 12 de noviembre de 2009, por lo que, el demandante tiene que especificar la presunción concreta a partir de la cual le atribuye responsabilidad al servidor o ex servidor público demandado? Sí
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 rige el análisis del dolo o de la culpa grave solo respecto de los hechos ocurridos desde su vigencia y hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad. Si los hechos que originaron la condena son anteriores, continúa aplicándose la normativa previa, y si son posteriores, la ley rige la valoración del agente en lugar de las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad, que constituye la regla general. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera excepcional. La tercera es la exigencia de precisar la presunción concreta que fundamenta la responsabilidad del servidor o exservidor demandado, lo que impide un análisis genérico de la conducta. La providencia confirma la decisión de primera instancia y reitera la jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, cuando el hecho dañoso ocurre después de la vigencia de la ley, el demandante debe identificar la presunción que invoca desde la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Puede probarse el dolo o la culpa grave del funcionario público con la sola declaración de responsabilidad patrimonial del Estado…¿El demandado en condición de patrullero de la Policía Nacional incurrió en una conducta gravemente culposa por desconocimiento del manual de uso de las armas con sujeción a los principios de…¿Las sentencias judiciales pueden probar los hechos que le sirvieron de fundamento?
¿El permitir aportar un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social vulnera las reglas de la licitación? No
La certificación de estar al día con el sistema de seguridad social y parafiscales es un requisito de control para evitar la evasión, y no una inhabilidad para contratar con el Estado. Esta regla se apoya en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuya redacción no establece expresamente una inhabilidad, y en el carácter taxativo de las inhabilidades, que no admite interpretación extensiva o analógica. Por ello, la entidad puede habilitar al proponente que aporta un documento subsanable sobre los pagos oportunos al sistema de seguridad social, sin infringir las reglas de la licitación. En el caso concreto la resolución de adjudicación no adolece de nulidad, porque el proponente seleccionado fue habilitado en esos términos. La sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de un documento subsanable de seguridad social no conduce, por sí sola, a la inhabilidad del proponente.síntesis automática
También resuelve:¿Si el contratista se encuentra al día y no aportó el medio de prueba, podrá allegarlo, pero en caso de que se encuentre incumplido, deberá ser rechazado y no podrá ser adjudicatario?¿Está demostrado que las reglas del proceso impusieran como causal de rechazo la ausencia de prueba del pago de parafiscales?¿La selección objetiva del contratista es un principio y deber fundamental en la actividad contractual Estatal que orienta todos los procesos de selección?
¿En la acción de repetición, cuál es el inicio del conteo del término de caducidad? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición a partir del día siguiente al último pago efectuado por la entidad estatal, conforme a la jurisprudencia que reitera la necesidad de cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. Estos requisitos incluyen la existencia de una condena judicial o acuerdo conciliatorio que imponga una obligación dineraria a cargo de una entidad estatal, la realización efectiva del pago por parte de la entidad pública, la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado, y la calificación de su conducta a título de dolo o culpa grave. Esta regla implica que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse una vez se ha cumplido con todos estos requisitos, garantizando así el adecuado ejercicio de la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La normativa aplicable a la acción de repetición es la vigente al momento en que ocurren los hechos que dieron lugar a dicha acción?¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición?¿En el presente caso son aplicables las presunciones legales de la Ley 678 de 2001?