Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (DAÑO CAUSADO POR OPERACIÓN ADMINISTRATIVA) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

PDF oficial ↗ Ver y descargar en SAMAI ↗
Fecha
2025-12-09
Radicado
25000233600020190078801
Número interno
67537
Ponente
NICOLÁS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
MONTENEGRO & LEROY COAL CO SAS
Demandado
ANM

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Lo que dijo la Sala

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con base en el artículo 104 del CPACA, pues las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, proferidas en el marco de la ejecución del contrato de concesión minera No. FI2- 161, fueron dictadas por la Agencia Nacional de Minería, en tanto agencia estatal de naturaleza especial.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de las controversias derivadas de las resoluciones que expide una agencia estatal de naturaleza especial en la ejecución de un contrato de concesión minera, conforme al artículo 104 del CPACA. La regla se sostiene en tres razones: las resoluciones impugnadas se dictaron en el marco de la ejecución del contrato de concesión, lo que las sujeta al derecho administrativo; el artículo 150 del CPACA atribuye al Consejo de Estado la resolución de la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas, asigna en primera instancia a los tribunales administrativos el conocimiento de los asuntos derivados de estos contratos, de modo que la segunda instancia corresponde a esta Corporación. Por ello, la vocación de doble instancia del proceso determina la competencia del superior. La providencia de primera instancia se confirma en lo relativo a la competencia.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido contra las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería en ejecución del contrato de concesión minera?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104 y 150
  • Ley 685 de 2001, art. 293

También resuelve

  • ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para cuestionar las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017…
  • ¿Debe imponerse condena en costas y fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte apelante, conforme a los artículos 365 y 366 del CGP y a las tarifas del Acuerdo PSAA16‑10554…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA TRIBUNAL ADMINISTRATIVO AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA ASUNTOS MINEROS CONTRATO DE CONCESIÓN CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA DOBLE INSTANCIA ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL RECURSO DE APELACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN AUTORIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENCIA FUNCIONAL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATO ESTATAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA COMPETENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA CONTROL JUDICIAL RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APELACIÓN DE LA SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA FALSA MOTIVACIÓN INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO VICIOS DE FORMA SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO ACTO ADMINISTRATIVO FICTO SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO PROTOCOLIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO REQUISITOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO SILENCIO ADMINISTRATIVO DERECHO MINERO CONCESIÓN CONCESIÓN DE MINA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO LEY 658 DE 2001 CONCEPTO TÉCNICO SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA AGENCIAS EN DERECHO FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCESO DECLARATIVO

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Suspensión del contrato Condena en costas y agencias en derecho

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Consejo de Estado 2024-07-12 Sección Tercera (Subsección A)
Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer impugnación judicial de actos administrativos de declaración de caducidad y liquidación unilateral de un contrato celebrado por un Distrito legalmente sometido al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
Consejo de Estado 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A)
Ante ausencia de cuestionamiento se encuentra demostrada la condena impuesta a la entidad
Consejo de Estado 2025-03-07 Sección Tercera (Subsección A)
Recurso de apelación: Sentencia
Consejo de Estado 2023-06-28 Sección Tercera (Subsección C)
El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta
Consejo de Estado 2025-03-10 Sección Tercera (Subsección C)
Es competente la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer recurso de apelación contra sentencia
Consejo de Estado 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C)
Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes
Titulación de la relatoría 26.460 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / ASUNTOS MINEROS / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / DOBLE INSTANCIA / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / RECURSO DE APELACIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / AUTORIDAD ADMINISTRATIVA / COMPETENCIA FUNCIONAL Problema jurídico: ¿Debe conocer la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso promovido contra las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería en ejecución del contrato de concesión minera? Respuesta al problema jurídico: Si La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con base en el artículo 104 del CPACA, pues las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, proferidas en el marco de la ejecución del contrato de concesión minera No. FI2- 161, fueron dictadas por la Agencia Nacional de Minería, en tanto agencia estatal de naturaleza especial. El Consejo de Estado también es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con los artículos 150 del CPACA y 293 de la Ley 685 de 2001 -Código de Minas-, dada la vocación de doble instancia del proceso, considerando que dicha normativa asignó el conocimiento de los asuntos derivados de contratos de concesión mineros en primera instancia a los tribunales administrativos, por lo que ahora corresponde a esta Corporación fungir como juez de segunda instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 293 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / REVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / LEGITIMACIÓN DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / COMPETENCIAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / CONTROL JUDICIAL Problema jurídico: ¿Procede el medio de control de controversias contractuales para cuestionar las Resoluciones 004409 de 2016 y 001318 de 2017, expedidas por la Agencia Nacional de Minería durante la ejecución del contrato de concesión minera, mediante las cuales se rechazó la solicitud de devolución de área presentada por la contratista? Respuesta al problema jurídico: Si En virtud de lo previsto en el artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, se ordene su revisión, se declare el incumplimiento, se anulen los actos administrativos contractuales, se condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas. El legislador también previó que el Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez. Comoquiera que la contienda formulada en el asunto sub judice se refiere a la responsabilidad de la Agencia Nacional de Minería por la expedición de las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, mediante las cuales se rechazó una solicitud de devolución de área dentro del contrato de concesión minera No. FI2-161, el medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se formularon pretensiones referidas a una decisión dictada con ocasión al iter contractual minero. FUENTE FORMAL: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA , RESOLUCIÓN 004409 DE 2016, AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, RESOLUCIÓN 001318 DE 2017, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / FALSA MOTIVACIÓN / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VICIOS DE FORMA / CONTROL JUDICIAL / SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / INOPERANCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / ACTO ADMINISTRATIVO FICTO / SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO / PROTOCOLIZACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO / REQUISITOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / SILENCIO ADMINISTRATIVO / DERECHO MINERO / CONCESIÓN / CONTRATO DE CONCESIÓN / CONCESIÓN DE MINA / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / LEY 658 DE 2001 / CONCEPTO TÉCNICO / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: "¿Las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, proferidas con ocasión del contrato de concesión minera No. FI2-161 incurrieron en una falsa motivación e irregularidades de forma por haber rechazado la solicitud de devolución de área presentada con base en la ausencia de un PTO, [plan de trabajos y obras], avalado, aunque a juicio de la parte apelante aquel se presentó y/o aprobó tácitamente como resultado del silencio de la Administración protocolizado mediante la escritura No. 00604 del 25 de marzo de 2010?" Respuesta al problema jurídico: No En virtud del principio de congruencia, el juez contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan más allá de lo anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le corresponde verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo ello considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia, rogado. Precisado lo anterior, la Sala encuentra que, en el recurso de apelación, Montenegro [Sociedad Montenegro & Leroy Coal Co LTDA] consideró que la sentencia de primera instancia debe revocarse para, en su lugar, accederse a las pretensiones de la demanda, con sustento en que las resoluciones enjuiciadas desconocieron la configuración de un silencio administrativo positivo en su favor, marco en el cual, de entrada, no se reiteraron los cuestionamientos de la demanda dirigidos a controvertir: i) que con el PTO supuestamente se delimitó el área definitiva y solo se tuvo en cuenta el área solicitada en devolución; ii) que el concepto técnico No. GTRB-401 del 16 de septiembre de 2009 no era un acto administrativo, y iii) que al omitirse la aprobación expresa del PTO no se resolvió su solicitud de renuncia al tiempo restante de la etapa de construcción y montaje, lo que en su criterio la obligó a pagar injustificadamente varios cánones superficiarios. Ciertamente, de la lectura integral de la apelación no se evidencia cuestionamiento alguno sobre los puntos anteriormente expuestos, circunstancia que releva a la Sala de analizarlos en segunda instancia, pues la labor del ad quem es, precisamente, resolver los reproches que contra la sentencia del juzgador de primera instancia se formulen, sin que le corresponda volver a estudiar la demanda, so pena de infringir el principio de congruencia y de pretermitir la carga que le asiste a las partes de defender sus intereses en el curso del proceso. A partir de lo expuesto, y de conformidad con los cuestionamientos formulados en el recurso de alzada, corresponde a la Sala determinar si las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, proferidas con ocasión del contrato de concesión minera No. FI2-161 incurrieron en una falsa motivación e irregularidades de forma por haber rechazado la solicitud de devolución de área presentada con base en la ausencia de un PTO avalado, aunque a juicio de la parte apelante aquel se presentó y/o aprobó tácitamente como resultado del silencio de la Administración protocolizado mediante la escritura No. 00604 del 25 de marzo de 2010. (...) Al respecto, conviene comenzar por precisar que el silencio administrativo es una ficción jurídica mediante la cual se presupone que la falta de respuesta de la Administración frente a una solicitud y/o petición fue resuelta por esa ausencia de voluntad, de manera que se entiende configurado un acto administrativo ficto o presunto que, naturalmente, no obra por escrito, sino que se deduce de la abstención en dirimir lo pedido, para lo cual se requiere que: i) haya una solicitud respecto de una entidad pública que se encuentre debidamente radicada, ii) la ley permita la configuración de la figura, y iii) exista una abstención absoluta de respuesta del órgano respectivo dentro del plazo previsto en la ley para el efecto (...) En el ordenamiento jurídico colombiano el silencio administrativo es, por regla general, negativo lo que implica que cuando existe una ausencia de voluntad expresa de la Administración producto de una solicitud luego del interregno para su resolución, se entiende que fue resuelta desfavorablemente. Con ello se persigue no dejar en vilo indefinidamente lo pedido por los administrados frente al Estado y, así, activar en favor de aquellos la posibilidad de que, si a bien lo tienen, puedan cuestionar judicialmente el acto administrativo ficto o presunto negativo (...) Por su parte, el legislador también previó excepcional y taxativamente algunos eventos en los cuales el silencio administrativo puede ser positivo, es decir, ante la falta de respuesta de la Administración se configura un acto administrativo ficto o presunto favorable para el peticionario, el cual tiene por objeto que en situaciones de suma complejidad las entidades del Estado sean diligentes en su actuar, so pena de que su falta de aquiescencia se entienda como un visto bueno. A su turno, también se previó que el silencio administrativo positivo debe protocolizarse, lo cual es una constatación de simple vista por el notario mediante la cual da fe de que se constituyó, aspecto frente al cual vale aclarar que, en todo caso, por más que ello se instituya por escrito, no quiere decir que se trate de un elemento de la existencia del acto administrativo, pues dicho procedimiento es una simple verificación que no ata necesariamente al juez, quien puede analizar directamente si se cumplieron o no los elementos para su configuración. Precisado lo anterior, comoquiera que en el caso de estudio Montenegro consideró que su PTO se avaló mediante la figura del silencio administrativo positivo, aspecto que, a su juicio, debía llevar a la aprobación de la devolución de áreas pedidas, conviene destacar que, en efecto, la Ley 685 de 2001 estipuló en su artículo 84 que, como resultado de las labores exploratorias, el concesionario debe presentar para la aprobación de la entidad concedente el PTO, en el que deberá incluir, entre otros, la delimitación definitiva del área de explotación, aspecto que, leído en concordancia con el artículo 82 ejusdem, revela que, para pedirse la devolución de áreas se requiere contar con ese documento aprobado, pues es ahí donde se hace la delimitación de la zona frente a la cual se realizarán los trabajos y obras con fines extractivos. Ello es de gran importancia, pues la delimitación del área definitiva es clave para establecer la zona donde se pasarán a realizar los trabajos y obras y, posteriormente, las labores extractivas, de modo que se requiere la mayor claridad y definición de la zona comprometida para ese fin, a efectos de verificar aspectos como la ausencia de superposiciones y las zonas que se encuentran libres. (...) Sobre la base de las anteriores premisas la Sala advierte, de entrada, que no se vislumbra ninguna falsa motivación o irregularidad de forma respecto a las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, mediante las cuales se denegó la devolución de área solicitada por Montenegro, por cuanto, como se expondrá a continuación, para proceder favorablemente a ello se requería que el PTO estuviera aprobado y este no fue avalado expresamente, ni mediante la figura del silencio administrativo positivo. (...) Primero, frente al reproche de apelación según el cual, a juicio de Montenegro, el concepto técnico del 16 de septiembre de 2009 en el que se le pidió corregir su PTO fue emitido luego de los 30 y/o 90 días desde su presentación, por lo que no tuvo la vocación de interrumpir la configuración del silencio administrativo positivo, la Sala considera que no le asiste razón a la parte apelante, por cuanto, como se verá a continuación, dicho pronunciamiento sí se hizo dentro del plazo legal. (...) Bajo esa línea argumentativa, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación ha considerado que la suspensión del contrato es un fenómeno mediante el cual se paraliza el objeto negocial por mutuo acuerdo de las partes por aspectos como dificultades en su ejecución que se buscan superar mientras se hace la pausa en comento, período en el cual las obligaciones negociales quedan en latencia o estado potencial, sin que, naturalmente, puedan ser exigibles hasta tanto se reanude el interregno de su ejecución. (...) En tal virtud, es claro para la Sala que, comoquiera que la suspensión del contrato de concesión minera entre el 15 de enero de 2009 y el 15 de enero de 2010 surtió plenos efectos aunque no se hubiera inscrito en el Registro Minero Nacional, no es dable sostener que la Administración actuó tardíamente pronunciándose sobre el PTO cuando lo hizo incluso antes de que el plazo para tal fin comenzara a correr, pues el contrato se reactivó hasta el 16 de enero de 2010 y la respuesta de la autoridad minera se profirió el 16 de septiembre de 2009. (...) Segundo, no le asiste razón a Montenegro en afirmar que, por más que se hubiera emitido un concepto técnico frente a su PTO, este no tenía la vocación de interrumpir el término de 90 días para su aprobación mediante la figura del silencio administrativo positivo por no ser una declaración de voluntad definitiva, pues de la lectura del artículo 284 de la Ley 685 de 2001 no se deduce que la única intervención de la Administración para tal fin tuviera que ser la aprobación o improbación de dicho documento. En efecto, el artículo 284 del Código de Minas solamente exigió para la configuración del silencio administrativo positivo frente al PTO que “la autoridad concedente no se ha[ya] pronunciado al respecto, [tras lo cual] se presumirá aprobado dicho Programa” (aclaración añadida). Con ello, quiso denotar que se requiere una ausencia total de voluntad de la Administración para la configuración del acto ficto o presunto, de suerte que cualquier pronunciamiento en torno a dicha exigencia del iter minero impide que esa figura opere. (...) Si el Congreso de la República hubiera querido que el silencio administrativo frente al PTO se configurara por una falta de pronunciamiento definitivo, así lo hubiera prescrito en el artículo 281 de la Ley 685 de 2001, lo cual no sucedió, pues entre otros desconocería que el ordenamiento jurídico colombiano exige por lo general un silencio absoluto de la Administración para que se entienda configurado el acto ficto o presunto positivo en los escenarios que taxativamente el legislador lo concibió así. Por lo demás, y en línea con lo argumentado anteriormente, no se encuentra la existencia de una contradicción con la interpretación indicada del artículo 281 del Código de Minas y lo preceptuado en el artículo 284 ejusdem, pues, aunque la primera disposición se instituyó un plazo de 30 días para la solicitud de correcciones, ello no resulta incompatible con los 90 días para que se configure el acto ficto o presunto positivo, por cuanto, justamente, en el marco de ese término mayor se pueden pedir correcciones al PTO y, si el titular minero no las realiza, no puede excusarse luego en que no hubo un pronunciamiento frente a ese documento. Bajo la senda argumentativa precedente, es claro que el concepto técnico CTRB401 del 16 de septiembre de 2009 y los demás que la autoridad minera emitió solicitando al concesionario la corrección de su PTO constituyen auténticos pronunciamientos en torno a aquel, por lo que el primero tuvo la vocación de mermar la configuración de un silencio administrativo positivo, mientras que los demás se limitaron a resolver los comunicados posteriores del concesionario. (...) Tercero, Montenegro consideró en su apelación que los conceptos del 20 de marzo de 2014 y el 26 de febrero de 2015 se profirieron en forma posterior a los 30 y 90 días desde la presentación del PTO, e incluso después de la protocolización del silencio administrativo positivo, por lo que tampoco tuvieron la virtud de interrumpir el plazo para su configuración, reproche frente al cual es inane analizarlos, por cuanto, como la misma apelante lo advirtió, al ser dictados después del supuesto silencio administrativo positivo, no habrían tenido la vocación de incidir en aquel de ninguna forma, de ahí que sean irrelevantes para entender configurado o no el supuesto acto ficto o presunto. Por el contrario, se encuentra que con las respuestas otorgadas por la autoridad minera a los distintos memoriales del concesionario se cumplió el deber de la Administración de resolver las solicitudes que en el marco del procedimiento administrativo minero se emitieran, en garantía del debido proceso y el derecho de contradicción, como se expuso párrafos atrás, evitando que los interrogantes del concesionario quedaran en vilo y, a la postre, perjudicaran la prosecución de las siguientes fases de la concesión. (...) En cualquier caso, aunque la Sala percibe grandes períodos de tiempo entre los hechos posteriores a la protocolización del silencio administrativo positivo y las respuestas de la autoridad minera, la jurisprudencia de esta Subsección ha reconocido que aunque la Administración no resuelva en tiempo las solicitudes a su cargo, ello no la releva de decidir sobre la petición inicial, incluso tardíamente, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos contra el acto presunto que eventualmente se haya configurado, o habiendo acudido a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se haya notificado el auto admisorio de la demanda, aspecto que, justamente, permitía a la autoridad minera efectuar nuevos requerimientos a Montenegro para que corrigiera el PTO. En mérito de lo expuesto, es claro que no se configuró ningún silencio administrativo positivo en favor de Montenegro, pues, además de que el contrato de concesión permaneció suspendido para la época en la que se allegó el POT, la autoridad minera sí se pronunció frente a este, de manera que, ante la falta de subsanación de ese documento, la aquí demandada estaba obligada a rechazar la reducción del área pedida como lo hizo mediante los actos administrativos demandados (hechos probados Nos. 6.1.3.1. a 6.1.3.3.), pues para proceder en los términos deseados por el concesionario se debía contar con dicho documento técnico aprobado, que no se avaló porque no fue subsanado en el área exacta definitiva, elemento frente al cual, cabe resaltar, no existió ningún cuestionamiento de la demandante. A su vez, la Sala destaca que, mediante auto PARB No. 1298 del 9 de diciembre de 2016, la Agencia Nacional de Minería declaró expresamente la improcedencia del silencio administrativo positivo frente al PTO (hecho probado 6.1.2.21), decisión que, si bien es un acto administrativo definitivo, por contener un efecto jurídico directo, consistente en descartar la existencia de un acto ficto o presunto, lo cierto es que la firmeza y/o falta de cuestionamiento de esa decisión en este proceso no resultaba suficiente para denegar las pretensiones de la apelación, habida cuenta que, precisamente, Montenegro alegó que antes de esa decisión se había configurado un acto ficto o presunto, lo que tornaba en obligatorio verificar su existencia previa o no y, como se descartó que no surgió a la vida jurídica, es claro que a la autoridad minera le asistió razón en arribar a la misma conclusión mediante la decisión administrativa en mención. Por último, dada la improsperidad de las pretensiones principales, es inane pronunciarse sobre las peticiones indemnizatorias, pues estaban atadas a que los cargos de la apelación se resolvieran favorablemente, lo que no sucedió. En conclusión, se encontró que las Resoluciones Nos. 004409 del 28 de diciembre de 2016 y 001318 del 6 de diciembre de 2017, en virtud de las cuales se rechazó una solicitud de devolución de área dentro del contrato de concesión minera No. FI2-161, no incurrieron en una falsa motivación ni en una irregularidad de forma, por cuanto se basaron debidamente en el hecho de que no se configuró ningún silencio administrativo en favor de Montenegro, dado que: i) el pronunciamiento frente al PTO por la autoridad minera no fue extemporáneo, ii) no se requería una respuesta definitiva para interrumpir el término de silencio administrativo ficto o presunto, y iii) los escritos posteriores no tenían la vocación de incidir en la configuración o no de un supuesto acto ficto previo. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia del 20 de mayo de 2021, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, debido a la improsperidad de los cuestionamientos de la apelación. NOTA DE RELATORÍA: Frente al principio de congruencia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024, Exp. 18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848), C.P. Nicolás Yepes Corrales. Concepto sobre el silencio administrativo, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 13 de diciembre de 2019, Exp. 11001-03-06-000-2019-00110-00 (2424), C.P. Óscar Darío Amaya Navas. Respecto al silencio administrativo negativo, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-875 del 22 de noviembre de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Respecto al silencio administrativo positivo, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-328 del 27 de julio de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sobre la protocolización y sus efectos véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 24 de abril de 2024, Exp. 15001-23-33-000-2022-00137-01 (70640), C.P. William Edgardo Barrera Muñoz. En cuanto al iter minero, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 2 de junio de 2023, Exp. 11001-03-26-000-2021- 00193-00 (67516), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la validez y eficacia de los actos administrativos emitidos de manera tardía, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2023, Exp. 11001-03-26-000-2021-00111-00 (67033) y ii) Subsección C. Sentencia del 18 de junio de 2025, Exp. 25000-23-36-000-2019-00697-01 (67948), C.P. Nicolás Yepes Corrales. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 281, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 284, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 82, LEY 685 DE 2001 - ARTÍCULO 84 APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCESO DECLARATIVO / CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA Problema jurídico: ¿Debe imponerse condena en costas y fijarse agencias en derecho en segunda instancia a cargo de la parte apelante, conforme a los artículos 365 y 366 del CGP y a las tarifas del Acuerdo PSAA16‑10554 de 2016, al haber resultado vencida en el recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si El numeral 1 del artículo 365 del CGP dispuso que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, siempre que se demuestre en el expediente su causación y en la medida de su comprobación. Atendiendo a lo allí ordenado, se condenará en costas en segunda instancia a la apelante, por resultar vencida en esta instancia. Las agencias en derecho se fijarán con observancia de las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 del CGP. Para esos efectos deberá atenderse la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales. En el sub lite se causaron agencias en derecho en segunda instancia, pues la Agencia Nacional de Minería actuó con apoderado en esa etapa y presentó alegatos de conclusión, motivo por el cual la Sala las determinará, según lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, según el cual, en los procesos declarativos en general, cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, las agencias en derecho en segunda instancia se establecerán entre 1 y 6 SMLMV. En ese orden, la Sala fijará las agencias en derecho en segunda instancia en 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de la Agencia Nacional de Minería, monto que será asumido por Montenegro & Leroy Coal Co S.A.S. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201900788011100103