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¿Se debe hacer efectiva la cláusula penal del contrato? Sí
El contratista debe reintegrar al ente estatal los recursos no ejecutados conforme al convenio interadministrativo, y la cláusula penal se hace efectiva en proporción al incumplimiento, según la ejecución del 75% de las actividades y el 25% de los recursos no utilizados. La compañía aseguradora solo está obligada a pagar la cláusula penal, no el reintegro de los fondos, ya que este no se considera un perjuicio derivado del incumplimiento contractual. La entidad estatal debe acreditar la ejecución del 100% del primer desembolso para recibir el segundo, y al determinar las sumas a reintegrar, se debe considerar el porcentaje de ejecución del convenio. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios claros para la aplicación de cláusulas penales y la responsabilidad de las compañías aseguradoras en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La compañía aseguradora solo será condenada al pago de la cláusula penal?¿Para realizar el segundo desembolso debía acreditarse la ejecución del 100% del desembolso de la vigencia inmediatamente anterior?¿Al establecerse las sumas de dinero a ser reintegradas por la asociación indígena debió tenerse en cuenta el porcentaje de ejecución de las actividades del convenio interadministrativo?
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en atención a la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado contra una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, en virtud de la vocación de doble instancia del proceso, siempre que la pretensión de mayor valor exceda los 500 SMLMV, conforme al artículo 152 numeral 5 del Código Contencioso Administrativo. La controversia contractual surge de un convenio de apoyo financiero entre entidades territoriales y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y Fonade, por lo que el medio de control procedente es el de controversias contractuales, según el artículo 141 del mismo código. Además, el cómputo del término de caducidad para presentar la demanda debe efectuarse conforme al artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato aún no estaba sujeto al Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo al momento de iniciarse el plazo. Esto implica que el término de caducidad es de dos años, contados desde la suscripción del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto administrativo que aprueba la liquidación unilateral, o desde el vencimiento del plazo pactado para la liquidación. La sentencia reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y la aplicación del término de caducidad conforme al Código Contencioso Administrativo previo al CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo de la caducidad debe efectuarse con base en el artículo 136 del CCA, que estableció un término de caducidad de 2 años para las acciones contractuales?¿Los convenios interadministrativos son instrumentos de cooperación entre entidades públicas, con el propósito de cumplir conjuntamente funciones administrativas o garantizar la prestación de un…¿El acuerdo de voluntades se trató de un instrumento de cooperación interadministrativa mediante el cual la Nación destinó recursos para el mejoramiento del servicio de agua potable en dos municipios?
18001234000020180014501 de 20252025-03-10Rad. 18001234000020180014501
La Sala confirmará la Sentencia de primera instanci a porque los argumentos expuestos por la parte demandante no están llamados a prosperar. En primer lugar, el Ministerio alegó que como las pretensiones prosperaron parcialmente, el juez no podía condenar en costas. Al respecto…
También resuelve:Medio de control de controversias contractuales: contratación estatal, convenios interadministrativos, improcedencia de la condena en costas, facultades del juezControversias contra entidad territorialAgencias en derecho
No obstante, dado que el administrador gremial del fondo no es una entidad estatal sino un particular, su sujeción al régimen del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 encuentra fundamento directo en el numeral 2 del artículo 71 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), que somete a los particulares que ejercen funciones públicas a las inhabilidades e incompatibilidades de los artículos 8 de la Ley 80 de 1993 y 113 de la Ley 489 de 1998, este último referido a las prohibiciones e incompatibilidades de los servidores públicos en relación con la función conferida. Precisamente sobre este aspecto se pronunció la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en el Concepto 2556 del 10 de diciembre de 2025, al resolver una consulta formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural acerca de la contratación realizada con recursos de los fondos parafiscales agropecuarios.
También resuelve:Inhabilidades e incompatibilidades: finalidad ─ limitación capacidad contractualInhabilidades: taxatividad, principio de legalidad, interpretación restrictivaContribuciones parafiscales agropecuarias: naturaleza pública de los recursos, función pública
¿Se encuentra vigente y es de obligatorio cumplimiento los lineamientos y directrices impartidos en la Circular Externa Única del 17 de julio de 2018 en torno a la publicidad de la actividad contractual de las sociedades de economía mixta-SEM y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado-EIC?
Conforme a lo expuesto, la Circular Externa Única de 17 de julio de 2017 –actualizada el 16 de abril de 2019– se encuentra vigente. En atención a esto, entidades descentralizadas como empresas industriales y comerciales del Estado, al igual que las sociedades de economía mixta, deben cumplir con el deber de publicidad que les atañe en virtud de los artículos 3, literal c) de la Ley 1150 de 2007, 9, literal e) y 11, literal g) de la Le 1712 de 2014, en los términos precisados por la circular.
También resuelve:Principio de publicidad: democracia, estado social de derecho, fundamento axiológico, fundamento axiológico / SECOPSecop: entidades exceptuadas, información oficial, auto del 25 de febrero de 2021, efectosRecursos públicos: Ley 1150 de 2007, noción, publicidad, contratación con cargo a recursos públicos
¿El régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 se extiende a los particulares que administren recursos públicos?
Las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad para participar en procedimientos de selección y celebrar contratos con el Estado, cuyo fin es garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad, transparencia y moralidad de la función pública. Según el concepto, pueden derivarse de comportamientos reprochables o sanciones anteriormente impuestas, de vínculos personales de parentesco o estado civil, o de una actividad que se desempeñó en el pasado. Aunque la doctrina distingue entre unas y otras, de ambas se derivan las mismas consecuencias jurídicas, esto es, la limitación de la capacidad contractual. Esa capacidad es además un requisito de validez de los contratos estatales, y se complementa con exigencias como la inscripción en el Registro Único de Proponentes del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. Como estas figuras son establecidas por la Constitución o la ley, la entidad debe verificar que la causal invocada esté efectivamente prevista en esas normas antes de excluir a un proponente o descartar a un contratista.síntesis automática
También resuelve:Inhabilidades: definición, finalidad, limitación capacidad contractualContratación estatal: capacidad, validez contratos, régimen de contratación, inscripciónParticulares que administran recursos públicos: régimen de inhabilidades e incompatibilidades, extensión
¿Procede actualizar la suma por concepto de la cláusula penal que se reconoció en primera instancia por el incumplimiento del convenio y que no fue cuestionado por MADR? Sí
Cuando el contratista ejecuta solo una parte de las actividades pactadas, la cláusula penal se reduce de manera proporcional al cumplimiento parcial, aunque la entidad no haya cuestionado esa reducción en la apelación. Esta regla se apoya en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio, que permiten ajustar la pena a la obligación efectivamente incumplida. Por ello, el monto de la pena se calcula sobre el porcentaje no ejecutado del convenio y no sobre su valor total. En el caso concreto el tribunal estableció que se ejecutó el noventa por ciento de las actividades del plan operativo, y la penalidad proporcional fue fijada en una suma que luego se actualizó desde la fecha de terminación del convenio hasta la fecha de la sentencia. La sala modificó la condena en ese sentido. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la cláusula penal se liquida proporcionalmente al incumplimiento parcial y se actualiza desde la terminación del convenio.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente realizar el reintegro por parte de Asogras y a favor del Tesoro Nacional de los recursos que le fueron desembolsados y no ejecutó en el desarrollo del convenio?¿Procede el reconocimiento del interés moratorio causado sobre los dineros a ser reintegrados por Asogras?¿Es procedente practicar la liquidación judicial del convenio de asociación y adicionar la sentencia en este sentido?
¿Se cumplieron los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente al fallo de primera instancia en la que se condenó a la entidad territorial por incumplimiento del contrato interadministrativo? Sí
El contratista cumple con los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente a una condena por incumplimiento de contrato interadministrativo, siempre que el proceso tenga vocación de doble instancia, la cuantía de la condena supere los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el fallo no haya sido apelado. En este caso, la demanda se presentó en 2011, por lo que se rige por el Código Contencioso Administrativo de 1984, y la Sala es competente para conocer del asunto debido a la procedencia del grado jurisdiccional de consulta. La entidad territorial fue condenada por incumplimiento del convenio interadministrativo, y dado que el fallo no fue apelado y cumplía con los requisitos de cuantía y doble instancia, la Sala confirmó la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, lo que implica que el proceso puede continuar en esta instancia sin necesidad de un recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional está legitimada en la causa por activa y el Municipio por pasiva…¿El convenio interadministrativo celebrado entre las partes tuvo por objeto la ejecución de obras viales con recursos aportados por Acción Social…¿Para el cómputo del término de caducidad de la acción contractual es necesario determinar en qué momento se realizó la liquidación unilateral del convenio interadministrativo y si previamente…
11001032600020220019000 de 20252025-05-22Sección PrimeraRad. 11001032600020220019000
Las circulares de servicio se clasifican, según sus efectos, en externas o internas , las primeras son las que desbordan el ámbito interno de la administración y, por consiguiente, afectan situaciones de los particulares o de los ciudadanos; contrario sensu , las segundas, contienen meras orientaciones o instrucciones para los servidores y agentes estatales vinculados con la correspondiente entidad pública Prima facie , la Sala no observa la limitación que alega la parte actora. El análisis de los cargos aducidos contra los numerales 1.3 y 11.2 del acto demandado impone tener como punto de partida las consideraciones atinentes a la interpretación del artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, habida cuenta de que el deber de publicidad que fue integrado al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 está referido únicamente a la contratación de las entidades que cuentan con un régimen especial o exceptuado del EGCAP que ejecuten recursos públicos.
También resuelve:Circulares de servicio: medio de control de nulidad simple, definición, manifestaciones de la voluntad de la administración, clasificaciónCirculares externas: control judicial, efectosDeber de publicidad: SECOP, entidades exceptuadas del egcap, Ley 1150 de 2007 artículo 13, Ley 2195 de 2022 artículo 53
FONDO NACIONAL DEL GANADO,CUOTA DE FOMENTO GANADERO Y LECHERO,FUNCIÓN PÚBLICA,ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS,ADMINISTRADORES,RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES,INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES,EVALUACIÓN DE OFERTAS – Naturaleza jurídica,Fondo especial,Cuenta especial,Contribución parafiscal,Origen,Fomento sector ganadero y lechero,Contribuciones parafiscales agropecuarias,Contribuciones parafiscales pesqueras,Administración,Cuota de fomento ganad – Mes: diciembre – Año: 2017…
También resuelve:Fondo nacional del ganado: naturaleza jurídica, fondo especial, cuenta especialCuota de fomento ganadero y lechero: naturaleza jurídica, contribución parafiscalContribuciones parafiscales: origen, fomento sector ganadero y lechero, contribuciones parafiscales agropecuarias, contribuciones parafiscales pesqueras
¿La pretensión de liquidación judicial se fundamentó en una causa que evidencia un conflicto entre las partes? No
Cuando la pretensión de liquidación judicial de un convenio interadministrativo no se funda en un conflicto concreto entre las partes sobre el alcance o el cumplimiento de sus obligaciones, el juez no puede liquidar el negocio y la pretensión no está llamada a prosperar. La regla se sostiene en tres razones: si el conflicto que motiva el proceso no existe, cualquier pronunciamiento del juez para liquidar el negocio suplantaría a las partes en la ejecución de deberes que solo a ellas les corresponde cumplir; la pretensión de liquidación debe estar soportada en una causa clara y específica, cualquiera que sea el régimen jurídico aplicable al negocio; y la mera omisión de liquidar, sin un conflicto sobre el balance de cuentas, no basta para acudir al juez. En el caso, la demandante sostuvo que, como las partes no liquidaron el convenio de forma bilateral ni unilateral, correspondía al juez completar esa etapa, por lo que se revocó la sentencia de primera instancia y se negó la pretensión. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la liquidación judicial exige demostrar un conflicto específico sobre las cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante se limitó a señalar que la liquidación debía realizarse para culminar el proceso de liquidación del convenio interadministrativo?¿Obran los elementos probatorios suficientes que permitan establecer con certeza el resultado final del convenio?¿El objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es de naturaleza eminentemente contradictoria, encaminada a juzgar las controversias y litigios originados en el marco de los negocios…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve nulidades procesales2025-06-19Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 25000233600020170060102LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las controversias relativas a contratos celebrados por entidades públicas que sean instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o intermediarios de valores vigilados por la Superintendencia Financiera, cuando correspondan al giro ordinario de los negocios, no son competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? Sí
El contratista no puede acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para resolver controversias contractuales relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas que sean instituciones financieras, aseguradoras, intermediarios de seguros o valores vigilados por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando dichos contratos correspondan al giro ordinario de los negocios de estas entidades, como es el caso de Fiducoldex, una sociedad de economía mixta que realiza operaciones fiduciarias. La Sala declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso debido a la falta de competencia funcional de la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer de estos asuntos, lo que implica que los efectos de la declaratoria de nulidad son improrrogables y que solo los actos previos a la sentencia de primera instancia conservan validez.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta evidente que el contrato celebrado se enmarcó en el giro ordinario de los negocios de Fiducoldex?
¿Se cumplen los presupuestos procesales de competencia y procedencia del medio de control, dado que el Consejo de Estado es competente por razón de la cuantía para resolver el recurso de apelación, y el medio de control de controversias contractuales es el adecuado para controvertir la legalidad de los actos administrativos contractuales? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce control sobre la legalidad de los actos contractuales emitidos por las entidades públicas en el marco de sus negocios jurídicos de obra pública. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer del presente asunto, por cuanto la controversia sometida a juicio versa sobre la legalidad parcial de unos actos administrativos proferidos por una empresa industrial y comercial del Estado en el marco de un contrato celebrado con un consorcio. Por su parte, de conformidad con los artículos 150 y 152.5 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, tasando las costas y agencias en derecho según las tarifas aplicables.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de controversias contractuales fue oportuna y, por tanto, no se configuró la caducidad del medio de control, dado que el término de dos años debía contabilizarse a partir de la firmeza de…¿Se encuentra debidamente integrada la relación jurídico procesal, en la medida en que Seguros del Estado S.A. está legitimada por activa por haber expedido la póliza afectada con los actos…¿El contrato de obra pública, celebrado entre la EDU y el consorcio Fronpeco para la construcción del Parque Biblioteca, se encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la…
¿Las pruebas ofrecen certeza sobre la suma reconocida por el consorcio interventor al contratista sin la anuencia de la entidad contratante? No
El acta de recibo final de obra no basta, por sí sola, para demostrar las obras ejecutadas ni los saldos que se reclaman en una liquidación judicial, pues el acta es un documento que registra cantidades y valores, pero su fuerza depende de los soportes que la fundamentan. Una razón es que la integralidad del acta de recibo final es la que conduce al reconocimiento de los saldos, y un resumen de esa acta no alcanza para acreditar las actividades cobradas. Otra razón es que el demandante debía entregar los soportes que acreditaran el fundamento de las prestaciones adeudadas, y las afirmaciones genéricas del testimonio no suplen esa carga. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia porque las pruebas no ofrecían certeza sobre la suma reconocida por el interventor al contratista sin la anuencia de la entidad, y el recurso de apelación del demandante no prosperó. Su consecuencia práctica es que el contratista que reclama saldos debe aportar los soportes completos de cada ítem, no solo el acta final.síntesis automática
También resuelve:¿El acta de recibo final por sí sola no es suficiente para demostrar las obras ejecutadas?¿La entidad contratante no suscribió el acta de recibo final y tampoco obra en el expediente alguna prueba de la aceptación expresa del acreedor frente a la ejecución de las obras?¿Lo manifestado por la testigo es idóneo para demostrar que se trataba de una suma a favor del contratista?
¿La causa de las cancelaciones de los eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense coordinado por el Consejo Superior de Policía, es imputable al contratista en el marco del manejo de los negocios privados con los artistas y, por tanto, deben ser asumidos bajo su propio riesgo financiero? Sí
El contratista asume el riesgo financiero de las cancelaciones de eventos musicales programados en el Aguinaldo Boyacense, ya que las gestiones para la presentación de los artistas no garantizaban el cumplimiento de los contratos, y el pago del Consejo Superior de Policía no estaba condicionado a la realización efectiva de los eventos. La Sala establece que el incumplimiento del pago por parte del Consejo no genera responsabilidad indemnizatoria para este, dado que el contratista no pudo garantizar la presentación de los artistas en las fechas acordadas. Además, la corporación determina que el Consejo Superior de Policía es una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio, lo que implica que el conocimiento del recurso de apelación corresponde a la jurisdicción ordinaria, en cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo Superior de Policía es una institución cívico social, sin ánimo de lucro con personería jurídica y patrimonio propio…¿En cumplimiento de la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura al resolver el conflicto negativo de jurisdicciones…¿Se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte de los contratos enjuiciados…
¿El municipio cumplió lo establecido en el numeral 17 de la cláusula segunda del convenio interadministrativo dado que suscribió las prórrogas y constituyó las pólizas acordadas? No
El municipio no cumple con la obligación de información establecida en un convenio interadministrativo, incluso si ejecuta otras prestaciones acordadas, ya que la ley exige que se realice específicamente la conducta a la que se comprometió. En este caso, el municipio se obligó a entregar la información necesaria para la liquidación del convenio, pero no cumplió con este deber específico, a pesar de suscribir las prórrogas y constituir las pólizas acordadas. La Sala modificó la decisión del a quo, estableciendo que la obligación de información es independiente de otras prestaciones y debe ser cumplida en su totalidad para considerar el convenio ejecutado conforme a la ley. Esto implica que la entidad estatal debe cumplir rigurosamente con todas las obligaciones específicas estipuladas en el convenio, independientemente de otras acciones realizadas, para evitar incumplimientos que puedan dar lugar a cláusulas penales.síntesis automática
También resuelve:¿el fallo incurrió en contradicción porque, a pesar de que se logró el objeto del convenio, ordenó hacer efectiva la cláusula penal?¿Era procedente hacer efectiva la cláusula penal aun cuando no se causaron daños al Ministerio?¿La liquidación judicial de un convenio interadministrativo incluye la actualización del monto de la cláusula penal declarada en primera instancia cuando el apelante omitió impugnar ese aspecto?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-04-04Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020250002800LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Es competente la Sección Tercera del Consejo de Estado para conocer del recurso de anulación interpuesto contra un laudo arbitral cuando en el proceso arbitral están involucrados fondos públicos administrados mediante patrimonios autónomos? Sí
El contratista puede recurrir a la Sección Tercera del Consejo de Estado para anular un laudo arbitral cuando en el proceso arbitral están involucrados fondos públicos administrados mediante patrimonios autónomos, ya que la competencia para conocer del recurso de anulación se determina atendiendo a la naturaleza jurídica del interviniente en la controversia arbitral, no de quien ejerce su representación. La Sala establece que la Sección Tercera es competente para conocer de recursos extraordinarios de anulación contra laudos proferidos en procesos arbitrales en los que intervengan entidades públicas o fondos públicos administrados por patrimonios autónomos, incluso cuando estos últimos sean administrados por entidades privadas. Además, el recurso de anulación debe presentarse dentro del plazo legal y sustentar adecuadamente la causal invocada, lo cual en este caso se cumplió al presentar el recurso dentro del término legal y sustentar la causal de anulación en conciencia o equidad, según el artículo 41 numeral 7 de la Ley 1563 de 2012. Esta decisión reitera y unifica la jurisprudencia sobre la competencia del Consejo de Estado en estos casos, permitiendo una mayor certeza jurídica en la administración de fondos públicos.síntesis automática
También resuelve:¿Cumplió la parte recurrente con los requisitos de oportunidad, identificación precisa y sustentación adecuada de la causal invocada para la admisión del recurso de anulación…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición2024-03-20Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 11001032600020230010200LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral, en el que interviene un órgano o dependencia del Estado que, aunque no tenga personería jurídica, sea el centro de imputaciones de derechos y obligaciones y que, con ocasión de ello, intervenga en el proceso arbitral? Sí
La competencia para conocer del recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en el que intervenga un órgano o dependencia del Estado que, aunque carezca de personería jurídica, sea centro de imputación de derechos y obligaciones y actúe con ocasión de ello en el proceso arbitral corresponde al Consejo de Estado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 debe interpretarse en sentido amplio, sin limitarse a entidades públicas o particulares con funciones administrativas. Segunda, el fondo que integró el tribunal arbitral forma parte del contrato marco de interventoría, aunque carezca de personería y haya sido representado por un consorcio. Tercera, se trata de una cuenta especial de un ministerio constituida con recursos públicos que no salieron de la esfera estatal por el contrato de fiducia. Con base en el numeral 4 del artículo 104 del CPACA, la jurisdicción contenciosa conoce de estos recursos en los conflictos relativos a contratos. La providencia confirma la competencia de la Sección Tercera. La consecuencia práctica es que los recursos de anulación contra laudos en los que participen órganos estatales sin personería se tramitan en única instancia ante esa sección.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los recursos de anulación contra laudos proferidos en procesos arbitrales en los que interviene una entidad pública?