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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se configura la causal de nulidad absoluta del contrato

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Fecha
2024-03-13
Radicado
85001233300020140023201
Número interno
55596
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CASANARE - COMFACASANARE
Demandado
DEPARTAMENTO DEL CASANARE

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se configura la causal de nulidad absoluta del contrato

Regla de decisión

Se configura la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el artículo 1741 del Código Civil, aplicable conforme al inciso primero del artículo 44 del la Ley 80 de 1993.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Problema jurídico

¿El negocio jurídico celebrado es absolutamente nulo porque fue suscrito sin licitación pública previa?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1400 de 1970, arts. 194, 195 y 198
  • Decreto 1403 de 1992, art. 1
  • Decreto 410 de 1971, arts. 20 núm. 1, 968 y 98

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

El 27 de abril de 2012, la Gobernación del Departamento invitó a la Caja [de Compensación Familiar de Casanare] a formular una oferta… .… El 2 de mayo de 2012, a través de su representante legal, Comfacasanare, una Caja de Compensación Familiar con personería jurídica reconocida por la Supersubsidio presentó propuesta para celebrar el negocio jurídico referido en la invitación y los estudios previos… .… La Secretaría de Educación del Departamento certificó, mediante documento del 2 de mayo de 2012, que Comfacasanare cumplía con los requisitos jurídicos y la capacidad legal para celebrar el convenio.… Luego de suscribir previamente un acta de acuerdo, el 14 de mayo de 2012 el Departamento y la Caja celebraron el CONVENIO DE COOPERACIÓN núm. 001, con el objeto descrito en la invitación, según la cláusula primera.… El 31 de mayo de 2012, Comfacasanare celebró con la UTAC el CONTRATO DE SUMINISTRO N° 685… .… El 18 de julio de 2013…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

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Respuesta al problema jurídico: Si El 27 de abril de 2012, la Gobernación del Departamento invitó a la Caja [de Compensación Familiar de Casanare] a formular una oferta […]. […] El 2 de mayo de 2012, a través de su representante legal, Comfacasanare, una Caja de Compensación Familiar con personería jurídica reconocida por la Supersubsidio presentó propuesta para celebrar el negocio jurídico referido en la invitación y los estudios previos […]. […] La Secretaría de Educación del Departamento certificó, mediante documento del 2 de mayo de 2012, que Comfacasanare cumplía con los requisitos jurídicos y la capacidad legal para celebrar el convenio. […] Luego de suscribir previamente un acta de acuerdo, el 14 de mayo de 2012 el Departamento y la Caja celebraron el “CONVENIO DE COOPERACIÓN” núm. 001, con el objeto descrito en la invitación, según la cláusula primera. […] El 31 de mayo de 2012, Comfacasanare celebró con la UTAC el “CONTRATO DE SUMINISTRO N° 685” […]. […] El 18 de julio de 2013, las partes firmaron acta de terminación del convenio por vencimiento del plazo que, de acuerdo con este documento, acaeció el veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013). Además, en esta acta se consignó que el valor final del convenio fue de dieciocho mil doscientos noventa y cuatro millones ochocientos ochenta y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte. ($18.294.885.400,00). El 10 de abril de 2014, la Gobernación del Departamento entregó el proyecto de acta de liquidación bilateral del convenio núm. 001 de 2012 a Comfacasanare. En dicho documento se plasmó el mismo valor final consignado en el acta de terminación, pero difiere en la fecha de terminación: veintitrés (23) de marzo de dos mil trece (2013). […] En líneas generales, la sentencia de primera instancia […] declaró la nulidad absoluta del convenio núm. 001 de 2012, por objeto ilícito, asegurando que con este instrumento las partes no habían pactado un “convenio de cooperación”, pues vista la forma de su ejecución, la materialidad de lo convenido configuró un contrato de suministro de alimentos escolares. Bajo ese entendido, el Tribunal reprochó que (i) no hubo licitación pública, (ii) la Caja celebró un subcontrato con un tercero con objeto idéntico al del convenio, y (iii) en el contrato fueron incluidos costos del contratista que el Departamento no debía asumir. Bajo estas premisas, declaró la existencia de un contrato de suministro y lo liquidó judicialmente, sin reconocer los conceptos reclamados por la Caja. […] [E]ste acuerdo de voluntades no podía regirse por las reglas atinentes al convenio de asociación o al contrato de fomento, fundamentalmente porque, como a continuación se expone, tanto en el negocio jurídico como en su ejecución, se revela un intercambio conmutativo de prestaciones: por un lado, el servicio de alimentación escolar, prestado por Comfacasanare y por otro, a manera de contraprestación directa a cargo del Departamento, el pago de unas sumas de dinero; situación que, conforme a lo expuesto en precedencia, excluye la aplicación de este régimen especial, según el numeral 1 del artículo 2º del Decreto 777 de 1992. […] Vistas, así las normas aplicables a este asunto, y contrastadas con la realidad fáctica que recrean las pruebas traídas a este contencioso, la Sala concluye, en síntesis, de acuerdo con lo pactado, las partes celebraron un típico contrato de suministro […]. […] Este negocio jurídico no podía guiarse por los derroteros fijados para los contratos de fomento ni para los convenios de asociación, así las partes hubieran utilizado esa denominación, porque es evidente que la prestación principal a la que se comprometió la Caja —el servicio periódico de alimentación escolar— era remunerada con una contraprestación directa equivalente a esa labor, consistente en el pago de una suma dineraria por parte de la entidad territorial. El convenio núm. 001 de 2012 no se adecua a ninguna de las especies de negocio jurídico previstas en el artículo 2° del Decreto 777 de 1992, debía, por tanto, encauzarse de acuerdo con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública vigente para la fecha de celebración del convenio (“EGCAP”, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007). La Sala coincide así, en este aspecto, con las conclusiones del Tribunal. Ahora bien, en este proceso se probó que la Gobernación del Departamento no adelantó una licitación pública; procedimiento administrativo que, sin embargo, debía seguir, según el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, ciñéndose en ello a las reglas del EGCAP, entre las cuales se destaca el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. En su lugar, formuló una invitación a la Caja, para celebrar un negocio jurídico denominado “CONVENIO DE COOPERACIÓN”117, con base en el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución y el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, argumentando que este negocio no conllevaba la realización de actividades mercantiles o con ánimo de lucro, lo cual fue descartado por la Sala anteriormente. En este asunto, el denominado convenio núm. 001 de 2012 fue celebrado sin agotar los procedimientos de selección objetiva que la ley impone. Por lo tanto, el convenio núm. 001 de 2012 es absolutamente nulo, pues —como lo ha precisado la jurisprudencia reciente— la pretermisión de la licitación pública en los casos en que esta se impone representa una omisión de los requisitos que la ley prescribe para el valor de los contratos estatales en consideración a su naturaleza. Por ende, se configura la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el artículo 1741 del Código Civil, aplicable conforme al inciso primero del artículo 44 del la Ley 80 de 1993. Por tanto, la Sala declarará oficiosamente la referida nulidad absoluta habida cuenta de que encuentra configurados los presupuestos de ley para el efecto […]. […] En definitiva, la declaración de nulidad absoluta no se altera porque el objeto del convenio se haya cumplido, ni mucho menos por la celebración consecutiva de negocios jurídicos con idéntico objeto y con desarrollo igualmente realizado mediante subcontratos con terceros no escogidos por las entidades territoriales. Las reglas contenidas en el EGCAP son de estricta observancia para las partes. Son preceptos de orden público que someten la actividad contractual de las entidades públicas que siguen estas reglas y de los particulares, y a estas no puede oponerse la voluntad de los contratantes ni su conducta reiterada. […] [S]i bien cabría afirmar que las partes pactaron en realidad un contrato de suministro, y podría pensarse desprevenidamente que tal declaración debiera involucrar una serie de prestaciones accesorias relacionadas con el aprovisionamiento de bienes o servicios, necesario es advertir que una declaración en tal sentido conllevaría una contradicción, ya que daría a entender que el contrato puede subsistir bajo las reglas legales del mencionado tipo contractual, pese a haber sido celebrado sin el cumplimiento de los procedimientos definidos en la ley. Entonces, habiendo constatado la Sala, como consta en la parte motiva de esta providencia, que el régimen jurídico correspondía a un contrato estatal, mal puede declarar en la parte resolutiva la existencia del contrato de suministro como si de esta declaración pudieran derivarse consecuencias jurídicas. Tal declaración será revocada. […] Dicho lo anterior, deberá establecer la Sala, si hay lugar a las restituciones para cada una de las partes. No se decretarán restituciones por las prestaciones ejecutadas en favor de Comfacasanare ya que, de acuerdo con lo expuesto, no es posible retrotraer las cosas al estado anterior a la ejecución del convenio 001 de 2012, puesto que las raciones de alimentos por aquella entregadas fueron consumidas por sus destinatarios, de acuerdo con las actas de ejecución y de la liquidación del contrato de suministro celebrado entre Comfacasanare y la UTAC, los informes de ejecución de Comfacasanare y las actas parciales de ejecución del contrato. Considera esta Colegiatura, por demás, que, como lo afirmó el Tribunal, los denominados “costos de legalización y financieros”, debían ser asumidos por el contratista, de acuerdo con el ordenamiento tributario. […] En consecuencia, no serán reconocidas prestaciones mutuas en favor de ninguno de las partes del convenio núm. 001 de 2012. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la valoración de los documentos aportados en copia simple, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. Sobre la identificación y regulación jurídica del negocio jurídico que no se hace en función del nombre y la denominación que le den las partes, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, rad. 14390, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre las prorrogativas del contrato que no son propias del derecho privado ni son de aquellas cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de julio de 2021, rad. 51603, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre el contrato de suministro, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de noviembre de 2019, rad. SC4902-2019, M. P. Luis Alonso Rico Puerta. Sobre la omisión de la licitación pública en los casos en que esta se impone, que deriva en la nulidad absoluta del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de febrero de 2019, rad. 61720, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de mayo de 2020, rad. 48961, C. P. Alberto Montaña Plata; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de febrero de 2021, rad. 45397, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre los presupuestos para que se configure la nulidad absoluta del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2012, rad. 26140, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Sobre la nulidad que aparece de manifiesto en el contrato y que debe ser declarada de oficio por el Juez, haya sido o no alegada por las partes, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de octubre de 2014, rad. 24809, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre la diferencia entre las restituciones mutuas y la liquidación del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de enero de 2016, rad. 34025, C. P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 194, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 195, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 198, DECRETO 1403 DE 1992 - ARTÍCULO 1, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 1, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 968, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 98, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 2, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 7, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 94, LEY 190 DE 1995 - ARTÍCULO 60, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96, LEY 791 DE 2002 - ARTÍCULO 6, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 30, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 9, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 INCISO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1497, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1498, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1501, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1741, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2532 IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO / MANIFESTACIÓN DEL IMPEDIMENTO / CONCEPTO / PROCURADOR DELEGADO / ACEPTACIÓN DEL IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO / CONFIGURACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL CONSEJERO DE ESTADO DE LA SECCIÓN TERCERA / IMPEDIMENTO POR HABER DADO CONCEPTO SOBRE EL PROCESO Problema jurídico: ¿Se declara fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales? Respuesta al problema jurídico: Si El magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido para conocer del presente asunto, conforme lo previsto en el inciso 1 del artículo 140 y el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso, por haber rendido concepto en este asunto, como Procurador Primero Delegado ante esta Corporación. Los magistrados Guillermo Sánchez Luque y Jaime Enrique Rodríguez Navas —sin la intervención del magistrado Nicolás Yepes Corrales, quien se apartó de la Sala cuando este punto fue debatido— resuelven declarar fundado el impedimento manifestado por el Magistrado Nicolás Yepes Corrales. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 140 INCISO 1, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 141 NUMERAL 1 RECURSO DE APELACIÓN / PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PODER OFICIOSO DEL JUEZ Problema jurídico: ¿La apelación tiene por objeto la revisión de la providencia impugnada, únicamente en aquello que haya sido censurado por el recurrente? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso (“CGP”), aplicable en esta instancia según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 y conforme a lo considerado y resuelto por esta Corporación en auto de unificación del 25 de junio de 2014, debido a que el recurso fue radicado el primero (1°) de octubre de dos mil catorce (2014), la apelación tiene por objeto la revisión de la providencia impugnada, únicamente en aquello que haya sido censurado por el recurrente, que —junto con el principio de non reformatio in pejus— delimita la competencia funcional del ad quem, sin perjuicio de las decisiones que, por disposición legal, deba adoptar de oficio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el límite de la competencia funcional de juez de segunda instancia para resolver el recurso de apelación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 320, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / ENTIDAD TERRITORIAL / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo proferido en un proceso contencioso-administrativo de controversias contractuales, con vocación de doble instancia, en el que una de las partes es una entidad territorial? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala es competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, “CPACA”), en razón del recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo del Casanare, proferido en un proceso contencioso-administrativo de controversias contractuales, con vocación de doble instancia, en el que una de las partes es una entidad territorial. […] La demanda, por lo tanto, fue presentada oportunamente el veintitrés (23) de octubre de dos mil catorce (2014); conclusión reforzada considerando la suspensión del término de caducidad que se produjo con el trámite conciliatorio extrajudicial adelantado […] Las partes están legitimadas en la causa, tanto por activa como por pasiva, al ser partes del Convenio núm. 001 de 2012 sobre el cual versa esta controversia […]. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 286, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 75 AUXILIOS PARLAMENTARIOS / PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DEL ERARIO PÚBLICO / RECURSOS PÚBLICOS / NEGOCIO JURÍDICO / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / FINALIDAD DEL ESTADO / CONTRATO DE FOMENTO / PARTES DEL CONTRATO / ENTIDAD ESTATAL / GOBIERNO / ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL / ENTIDAD TERRITORIAL / ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / INTERÉS PÚBLICO / PLAN DE DESARROLLO / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / SUPERVISIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTROL FISCAL / OBJETO DEL CONTRATO / INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿La finalidad de los contratos de fomentos es el impulso de programas y actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo? Respuesta al problema jurídico: Si Como lo ha precisado la jurisprudencia, el primer inciso del artículo 355 de la Constitución expresa una prohibición y el segundo una excepción a dicha prohibición. Esta restricción constitucional, con trasfondo histórico en la degradación del uso de los denominados “auxilios parlamentarios”, busca garantizar el uso adecuado del erario. Mientras, la posibilidad de celebrar negocios jurídicos con entidades sin ánimo de lucro, que prevé el inciso segundo de la norma, se explica por la voluntad del constituyente de mantener el apoyo a programas y actividades benéficas desarrolladas por particulares, de acuerdo con los fines del Estado, a través de esquemas “de apoyo a actividades benéficas”, con el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma superior y en sus desarrollos reglamentarios autónomos, que para la fecha de celebración del contrato objeto de estudio en este proceso lo era el Decreto 777 de 1992, con sus modificaciones (Decreto 1403 de 1992) y desarrollos reglamentarios (Decreto 2459 de 1993). La jurisprudencia ha denominado a estos negocios jurídicos como “contratos de fomento”, los cuales se caracterizan porque: 1. Son celebrados entre dos sujetos cualificados: Por un lado, las entidades estatales que conforman el Gobierno en sus niveles nacional y territorial; y por el otro, entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, bien sean privadas o públicas. […] 2. Su finalidad, definida por la norma constitucional, que se traduce en el impulso de programas y actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo. 3. Los recursos destinados al negocio jurídico, con la particularidad que solo pueden comprometerse sumas de dinero transferidas por la contratante, descartándose la utilización de cualquier otro tipo de bien. 4. Conforme a la preceptiva de los decretos autónomos pertinentes para el caso, en su celebración han de observarse diversas reglas relacionadas con la publicación de los contratos, la constitución de garantías de cumplimiento por parte de la entidad sin ánimo de lucro, la supervisión del contrato, la necesidad de contar con un certificado de disponibilidad presupuestal previo a la celebración del negocio, la disposición de no generar relación laboral con las personas empleadas para la ejecución del contrato, la sujeción al control fiscal, el deber de utilizar los fondos únicamente para el cumplimiento del objeto del contrato, y la aplicación de inhabilidades e incompatibilidades. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el uso adecuado del erario público y los auxilios parlamentarios, cita: Corte Constitucional, sentencia del 25 de agosto de 1994, C-374/94, M. P. Jorge Arango Mejía. Sobre el apoyo a actividades benéficas de acuerdo con los fines del Estado, cita: Corte Constitucional, sentencia del 13 de mayo de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez. Sobre las características de los contratos de fomento, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de julio de 2021, rad. 48957, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de abril de 2020, rad. 46963, C. P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la naturaleza jurídica de las entidades sin ánimo de lucro, cita: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 9 de agosto de 2012, rad. 18128, C. P. William Giraldo Giraldo. Sobre la finalidad de los contratos de fomento, cita: Corte Constitucional, sentencia del 23 de mayo de 2001, C-543/01, M. P. Álvaro Tafur Galvis. Sobre los recursos públicos que pueden comprometerse en los contratos autorizados por el artículo 355 de la Constitución, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 3 de septiembre de 2009, rad. 1957, C. P. Enrique José Arboleda Perdomo. FUENTE FORMAL: DECRETO 1403 DE 1992 - ARTÍCULO 1, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1 INCISO 2, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1 INCISO 3 CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / RELACIÓN CONMUTATIVA / INEXISTENCIA DE RELACIÓN CONMUTATIVA / NEGOCIO JURÍDICO / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / CONTRATO DE FOMENTO / ENTIDAD PÚBLICA / PERSONA JURÍDICA / TRANSFERENCIA DEL PATRIMONIO Problema jurídico: ¿En los convenios de asociación existe un intercambio y una relación conmutativa en la que las partes asuman obligaciones equivalentes? Respuesta al problema jurídico: No De acuerdo con la jurisprudencia, estos convenios [de asociación] se caracterizan porque ambas partes cooperan mutuamente en el cumplimiento del objeto pactado. No existe, en consecuencia, un intercambio ni una relación conmutativa en la que las partes asuman obligaciones equivalentes (v.gr. la realización de un servicio a cambio de una suma de dinero). Si bien, el precepto citado remite al inciso segundo del artículo 355 constitucional, este es un negocio jurídico de creación legal, diseñado para el ejercicio de la función administrativa, que guarda algunas diferencias con el contrato de fomento: 1. En el aspecto subjetivo, las partes del convenio son, por un lado, una entidad pública titular de las funciones que han de desarrollarse mediante el objeto del convenio; y por el otro, una persona jurídica particular habilitada para ejecutar conjuntamente con la primera las actividades que son objeto del convenio, actividades que deben estar comprendidas expresamente en su objeto social. Pero, a diferencia del contrato de fomento, este particular no necesariamente debe ser una entidad sin ánimo de lucro. 2. En cuanto al objeto, las partes cooperan mutuamente para ejecutar mancomunadamente los propósitos del convenio que han de estar relacionados con las funciones normativamente asignadas a la entidad pública. En consecuencia, los participantes hacen aportes al fidedigno cumplimiento de lo pactado, bien sea en dinero o en especie, sin que con ello se produzca una transferencia patrimonial de un extremo a otro. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las características de los convenios de asociación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 2009, rad. 35476, C. P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, rad. 17860, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre las diferencias entre el contrato de fomento y el convenio de asociación, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 30 de mayo de 2017, rad. 2319, C. P. Édgar González López; Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 23 de febrero de 2006, rad. 1710, C. P. Luis Alberto Álvarez Jaramillo. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 1403 DE 1992 - ARTÍCULO 3, DECRETO 1403 DE 1992 - ARTÍCULO 4, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 2, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96 CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / INVALIDEZ DEL CONTRATO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DERECHO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA / EVALUACIÓN DE PROPUESTAS / CONTRATACIÓN ESTATAL / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CONTRATO / CONTRATO ADMINISTRATIVO / DERECHO PÚBLICO / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La planeación de la futura relación contractual, el procedimiento que ha de seguir la administración para seleccionar la mejor oferta y el colaborador suyo que estará a cargo de la prestación que requiere, y la forma de solemnizar esa relación, están sometidos al imperio de la ley general, por normas de derecho público? Respuesta al problema jurídico: Si La redacción que recibió el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, para complementar, con remisión al derecho común, las causales especiales de nulidad absoluta del contrato estatal, ha traído consigo una proliferación de decisiones invalidantes de contratos por causa de la ilicitud de su objeto en la jurisdicción contencioso administrativa, adoptadas con fundamento en la normativa del derecho común, pero por motivos que pueden resultar extraños a éste. No hay en esta circunstancia, sin embargo, más que una paradoja aparente, que puede ser explicada bajo la consideración de los diferentes ámbitos relacionales objeto del derecho común y del derecho administrativo, asunto que no por elemental debe pasarse por alto si hay interés en develar tal apariencia. […] En el derecho patrio vigente, la Ley 80 de 1993 se ha ocupado de la definición de estos ámbitos de actuación. Así, al tiempo que somete a su imperio las actuaciones de preparación de la relación consensuada (fase de planeación), el iter que la administración ha de recorrer para seleccionar, en un ámbito de libre concurrencia y competencia, las propuestas más favorables para el logro de sus propósitos y los oferentes más aptos para fungir como sus colaboradores para esos efectos (fase de contratación), y la forma como ha de solemnizarse la relación que con el favorecido con esa selección establezca (fase de perfeccionamiento del vínculo), al lado de estas fases, la ley ha dejado espacio a la autonomía de la voluntad para que la administración y quien al final de ese iter haya sido seleccionado como su colaborador fijen el cuadro de obligaciones y derechos que acuerden concederse recíprocamente, aunque el colaborador de la administración seleccionado tendrá menguada esa autonomía en función de la modalidad o del tipo de contrato que la administración ha preestablecido como idóneo para la satisfacción de los intereses generales que le concierne servir, atendiendo a las finalidades de la contratación pública y de la buena administración, como lo prevé el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Es esta una materia en la que su autonomía se expresa en los contornos de la adhesión a la voluntad de la administración. Resumidamente, la planeación de esa futura relación, el procedimiento que ha de seguir la administración para seleccionar la mejor oferta y el colaborador suyo que estará a cargo de la prestación que requiere, y la forma de solemnizar esa relación, están sometidos al imperio de la ley general, por normas de derecho público. La escogencia del tipo contractual del que han de valerse los extremos de la futura relación será determinada con razonada autonomía por la administración, y a esa determinación adhiere el oferente seleccionado en un contexto de autonomía atenuada. Finalmente, el cuadro de obligaciones y derechos de las partes y la forma de su ejercicio se encuentran sujetos a una regulación autónoma, expresión del principio de la autonomía de la voluntad, limitada, tan sólo por las atribuciones que la ley reconoce a la administración, en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 para garantía del cumplimiento de los fines de la contratación, y por la competencia que le reconoce para liquidar unilateralmente la relación, cuando no haya logrado un corte bilateral de cuentas, con la adopción de decisiones vinculantes para las partes. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 DERECHO PRIVADO / ORDENAMIENTO JURÍDICO / CAPACIDAD / LIBERTAD / OBLIGACIONES / RAMA LEGISLATIVA / NORMA GENERAL / INTERÉS GENERAL / ORDEN PÚBLICO / COSTUMBRE / DERECHO A LA AUTONOMÍA PRIVADA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / CONTRATO Problema jurídico: ¿El derecho común tiene por objeto el encuadramiento jurídico de las relaciones tejidas entre sujetos que el ordenamiento normativo reconoce iguales entre sí, y capaces, en consecuencia, de fijar autónomamente las reglas que han de regir las relaciones intersubjetivas que entre ellos establezcan? Respuesta al problema jurídico: Si El derecho común tiene por objeto el encuadramiento jurídico de las relaciones tejidas entre sujetos que el ordenamiento normativo reconoce iguales entre sí, y capaces, en consecuencia, de fijar autónomamente las reglas que han de regir las relaciones intersubjetivas que entre ellos establezcan. El legislador estatal reconoce a esos sujetos capacidad para decidir, en un considerable marco de libertad, cuándo, cómo, qué y con quién traban relación, o abstenerse de hacerlo, la forma como han de concertarla, y por supuesto, el contenido obligacional que han de convenir para satisfacción de sus intereses, de ordinario circunscritos a la esfera patrimonial de cada uno de ellos. El poder legislativo del Estado solo adopta normas generales rectoras de esas relaciones, para suplir el silencio de los interesados, o para regularlas imperativa y en principio excepcionalmente, en aspectos que atañen de manera directa al interés general, al orden público o a las buenas costumbres, aspectos que tienen especial relevancia cuando del objeto y de la causa de esas relaciones se trata, porque el legislador, por excepción, los ha prohibido o porque ha ordenado o delimitado en forma imperativa su convención. Tales intervenciones del legislador son en esta esfera privada, se itera, excepcionales, pues éste es un ámbito de autonomía en el que los sujetos en relación fungen como sus propios legisladores. Este es el universo del contrato, máxima expresión de la autonomía privada. DERECHO PÚBLICO / PODER PÚBLICO / ESTADO DE DERECHO / PRINCIPIOS DEL ESTADO / LEY GENERAL / CUMPLIMIENTO DE LA LEY / NORMA GENERAL / NORMA IMPERATIVA / DECRETO / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / DERECHO AL PATRIMONIO / CONTRATO / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA Problema jurídico: ¿El derecho público es heterónomo, sus normas, por regla general, y como expresión de un principio fundamental en el Estado de derecho, son dadas por el legislador del Estado para satisfacción del interés general y en forma imperativa, de modo que todo titular de poder queda atado a ellas? Respuesta al problema jurídico: Si El derecho público, que se encuentra reservado, en principio, al ámbito de las relaciones que establecen los sujetos titulares de poder público, y que gobierna la forma como este poder se organiza y actúa, es heterónomo, sus normas, por regla general, y como expresión de un principio fundamental en el Estado de derecho, son dadas por el legislador del Estado para satisfacción del interés general y en forma imperativa, de modo que todo titular de poder queda atado a ellas. Estos, para servicio de otro principio fundamental al Estado de derecho, se agrupan en atención a segmentos o ramas que propenden por la separación de funciones en términos tales que eviten la concentración de las misiones de hacer la ley, ejecutarla en la cotidianidad, y asignar el derecho en los casos particulares que no hayan podido resolverse con un armónico entendimiento de lo convenido o con respeto de las normas imperativas. Todas estas funciones, y las relaciones intersubjetivas que con ocasión de su ejercicio establezcan los titulares de poder público suelen determinarse y definirse unilateralmente y en forma imperativa. La función de ejecutar y dar cumplimiento a la ley general, la de atender servicios a cargo del Estado que tengan por objeto la satisfacción en la cotidianidad de necesidades de general interés, ámbito en el que se puede resumir el núcleo de las tareas de la administración, también se rige por normas generales e imperativas dadas por el legislador estatal, y sus relaciones, en principio están signadas por la manifestación unilateral de la voluntad expresada en ejercicio de poder público. Se dice, en principio, porque la administración, que se expresa de ordinario y por antonomasia mediante decisiones unilaterales a la manera de decretos, resoluciones y órdenes, también debe recabar algunos de los servicios que requiere para la atención de las necesidades de general interés en el universo del mercado y en condiciones de respeto por los derechos patrimoniales de quienes allí se desenvuelven. En consecuencia, ha de concertar o acordar con ellos las relaciones de alteridad con fines de intercambio, y las obligaciones y derechos de los extremos de aquellas. Incursiona, entonces, también, en el ámbito de las relaciones de autonomía, cuya expresión natural reside en el contrato. Es este un terreno complejo en el que la característica unilateralidad del poder público y en particular de la función administrativa, debe ser conciliada con el principio de la autonomía privada. La medida y extensión de una y otra modalidad de actuación concierne adoptarla al legislador. NULIDAD ABSOLUTA / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DERECHO PRIVADO / DERECHO PÚBLICO / DERECHO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / ETAPA PRECONTRACTUAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL CONTRATO / FUENTES DE LAS OBLIGACIONES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Problema jurídico: ¿La fase de planeación del contrato, en lo que concierne a la administración que prepara sus relaciones consensuadas, la etapa precontractual, y la forma de solemnización de esa relación, se rigen por normas de derecho público? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a causal de nulidad absoluta que trae el derecho privado, referida a “todo lo que contraviene el derecho público de la Nación”, tiene una extensión diversa y mucho más amplia en el ámbito del derecho administrativo por comparación con el derecho común en el que el legislador estatal solo interviene por excepción. La fase de planeación del contrato, en lo que concierne a la administración que prepara sus relaciones consensuadas, la etapa precontractual, y la forma de solemnización de esa relación, se rigen por normas de derecho público, y su contravención es, a la luz del artículo 1519 del código civil, causal de nulidad absoluta del contrato, y en lo que atañe a la forma de solemnización de la relación, causal de inexistencia y fuente de meras obligaciones naturales. Es ese un ámbito en el que el principio de preservación de la voluntad preparada y/o convenida sin respeto por la ley, ha de quedar reservado al campo de los vicios que vienen irrelevantes, insustanciales y ajenos a la voluntad finalmente acordada en función de los fines de la contratación. Y esto, en aplicación de un principio decantado por la jurisprudencia conforme al cual los vicios de procedimiento solo enervan la validez de las actuaciones de la administración cuando tengan incidencia en la voluntad que al final de esa actuación exprese la administración. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la nulidad absoluta del contrato por la forma de solemnización de la relación contractual, que deriva en una causal de inexistencia, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de marzo de 2011, rad. 17072, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1527 NULIDAD ABSOLUTA / OBJETO ILÍCITO / OBJETO DEL CONTRATO / OBLIGACIÓN DE DAR / OBLIGACIÓN DE HACER / OBLIGACIÓN DE NO HACER / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / ORDEN PÚBLICO / TEORÍA DE LOS MOTIVOS DETERMINANTES DE LA ACCIÓN / NEGOCIO JURÍDICO / INFERENCIA / INDICIO / CAUSA DEL CONTRATO / DERECHO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿Hay nulidad absoluta en los contratos cuando el motivo que induce a su celebración se encuentra prohibido por la Ley o resulta contrario a las buenas costumbres o al orden público? Respuesta al problema jurídico: Si Ahora bien, si se toma como punto de referencia, para determinar el alcance de la nulidad absoluta por objeto ilícito, el significado estricto del objeto de un contrato, entendido como aquello que las partes se obligan a dar, hacer o no hacer, la divergencia existente entre el tipo negocial que dijeron convenir las partes y el tipo que puede establecerse en función de las prestaciones realmente acordadas, podría mover a inferir ilicitud del objeto en sentido estricto con fundamento en el artículo 1523 del Código Civil y sin consideración por la transgresión del procedimiento fijado por la ley para la selección del contratista. Tal inferencia, sin embargo, no se muestra fiable, pues, estrictamente, el tipo negocial realmente convenido, por falto de coherencia que se muestre, no se revela como prohibido en sí mismo. De hecho, podría celebrarse válidamente, a despecho de sus contradictorios elementos -asunto que resolvería una adecuada hermenéutica-, a condición de que para su celebración se haya observado el procedimiento dispuesto por la ley, son pena de incurrir en la prohibición de eludir los procedimientos de selección objetiva, establecida en el artículo 24.8 de la Ley 80 de 1993. Por tanto, la causal se materializa, en caso contrario, no por la selección del tipo negocial, sino por la pretermisión de las normas de derecho público preestablecidas por el legislador para el adelantamiento de la fase de selección de su contratista. Por último, prescribe el derecho común, en el artículo 1524 del Código Civil, que hay también nulidad absoluta en los contratos cuando el motivo que induce a su celebración se encuentra prohibido por la Ley o resulta contrario a las buenas costumbres o al orden público, causal ésta que coincide con la teoría de los “motivos determinantes” consistente en que cada negocio jurídico, y cada contratante, tiene un móvil “indisolublemente ligado a la obligación”, por lo que el “acto volitivo obedece fatalmente a móviles que han inducido la voluntad y han sido conocidos por las partes”. Podría pensarse que esta causal por ilicitud de motivo se materializa cuando quiera que el juzgador encuentre divergencia entre, por un lado, el tipo contractual escogido por la administración -al que ha adherido su colaborador contratista-, y por otro lado, el tipo que realmente emerge en función del análisis de las prestaciones convenidas por los extremos en relación, siempre que esta divergencia revele el propósito de eludir el procedimiento más exigente, que para la selección del contratista en este último tipo real de relación negocial, había prescrito el legislador en forma imperativa. Empero, la prueba de la causa o motivo en tales casos suele contraerse a una suerte de inferencia indiciaria, no siempre fiable, circunstancia que, al margen de las dificultades que de suyo comporta la definición de la causa en los contratos, hace de ésta una vía riesgosa y por demás innecesaria en el derecho administrativa, ámbito en el que fluye transparente otra causal para remedio del vicio, que es la que emerge de la aplicación del artículo 1519 del Código Civil, en armonía con los artículos 28.4 y 44 de la Ley 80 de 1993. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28 NUMERAL 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1523, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1524 DECLARACIÓN DE NULIDAD ABSOLUTA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / INVALIDEZ DEL CONTRATO / NEGOCIO JURÍDICO / EFECTOS DEL CONTRATO / EFICACIA DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATO / NULIDAD DEL CONTRATO / RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PRESTACIONES MUTUAS Problema jurídico: ¿La decisión declarativa de nulidad absoluta de los contratos, incluyendo los estatales, tiene efectos ultractivos y retroactivos? Respuesta al problema jurídico: Si [R]esulta oportuno puntualizar que la decisión declarativa de nulidad absoluta de los contratos, incluyendo los estatales, tiene efectos ultractivos y retroactivos. Es decir, que a partir de la ejecutoriedad del fallo judicial en el cual se sanciona con invalidez al negocio jurídico, se extingue la eficacia que hacia el futuro hubieran podido tener el acto celebrado y las obligaciones pendientes que de él se derivasen. A su turno, de la decisión adoptada por el juez del contrato surge la obligación de las partes de restablecer las cosas al momento en que surgió el negocio viciado, al punto de considerar que el contrato nunca existió. Esta es la lógica que se impone respecto de las órdenes subsecuentes a la nulidad del contrato, particularmente la del reconocimiento de prestaciones ejecutadas, en favor de cualquiera de las partes, referido en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993; reconocimiento de prestaciones mutuas que, como lo ha precisado la jurisprudencia administrativa, no tienen lugar en “eventos en los que no es posible ordenarlas porque no se pueden retrotraer las cosas a su estado anterior”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los eventos en los que procede el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de marzo de 2007, rad. 28010, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Sobre los eventos en los que no es posible ordenar el reconocimiento de las prestaciones ejecutadas porque no se pueden retrotraer las cosas a su estado anterior, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de mayo de 2021, rad. 49483, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1625, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746 CONDENA EN COSTAS / NULIDAD DEL CONTRATO / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas al haber sido declarada de oficio la nulidad del convenio, teniendo en cuenta que las consecuencias de ello no favorecen a ninguna de las partes? Respuesta al problema jurídico: No Conforme a lo considerado y resuelto por esta Corporación en auto de unificación del 25 de junio de 2014, la Ley 1563 de 2012 (Código General del Proceso, “CGP”) rige para la jurisdicción de lo contencioso administrativo desde el 1º de enero de 2014, fecha anterior a la presentación del recurso, por lo que serán sus reglas las que rijan la condena en costas. […] Como la nulidad del convenio núm. 001 de 2012 fue declarada de oficio y las consecuencias de ello no favorecen a ninguna de las partes, no se condenará en costas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la aplicación del Código General del Proceso en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de unificación del 25 de junio de 2014, rad. 49299, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000201400232011100103