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SITUACIÓN FINANCIERA

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Consejo de Estado Providencia

La prueba aportada en esta etapa no se refiere a hechos ocurridos luego del fenecimiento de las oportunidades previstas legalmente

Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas 2025-05-06 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 05001233300020200372701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La prueba aportada en esta etapa no se refiere a hechos ocurridos luego del fenecimiento de las oportunidades previstas legalmente para solicitar pruebas en primera instancia? Sí
El decreto de pruebas en segunda instancia es excepcional y solo procede cuando se configura alguno de los eventos del artículo 212 del CPACA, pues la oportunidad de pedirlas dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso no basta por sí sola. Una prueba que se refiere a hechos anteriores al vencimiento de las oportunidades probatorias de primera instancia no se ajusta a esos supuestos, porque no versa sobre hechos ocurridos después de ellas. Tampoco se configura la excepción cuando la parte no alega que la prueba no pudo aportarse por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte, ni cuando no fue solicitada de común acuerdo o no fue negada, decretada y dejada de practicar en primera instancia sin culpa de quien la pidió. En el caso concreto, la entidad demandada aportó con el recurso de apelación un documento sobre hechos de un periodo anterior a la contestación de la demanda, y el despacho negó su decreto. Como consecuencia práctica, la parte que apela no puede aportar en segunda instancia documentos que pudo presentar en la primera, salvo que acredite una de las causales del artículo 212.síntesis automática
También resuelve: ¿La solicitud probatoria no se trata de una prueba solicitada por las partes de común acuerdo, ni una cuyo decreto haya sido negado en primera instancia o que, decretada…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato?

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 05001233300020200372701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve: ¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica… ¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica? ¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2021-12-10 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 05001233100020010322501 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, siempre que la cuantía de la pretensión supera los 500 SMLMV, conforme al artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. Esta competencia se fundamenta en la naturaleza de la jurisdicción administrativa como guardiana del orden jurídico y en la necesidad de garantizar el debido proceso en controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas. La modificación de la regla implica que los litigantes deben considerar la cuantía de sus pretensiones para determinar la jurisdicción competente en segunda instancia, lo que puede afectar significativamente la estrategia procesal y los costos asociados a la litigación.síntesis automática
También resuelve: ¿Es la reparación directa el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por enriquecimiento sin justa causa? ¿La acción de reparación directa fue presentada dentro de los dos años siguientes al registro del trámite de liquidación obligatoria del Ingenio Vegachí? ¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

No está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001

Sentencia — Sentencia 2024-03-13 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 73001233300020190016501 LEY 1437 REPETICION
¿Se reúnen los requisitos para la procedencia del medio de control de repetición y si la conducta de los demandados fue gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, al no pagar al proveedor las facturas por el suministro de insumos médicos, lo que dio lugar al cobro del capital e intereses de mora mediante proceso ejecutivo? No
La culpa grave del agente no se presume por el solo hecho de que la entidad haya debido pagar una obligación, sino que debe demostrarse que el servidor omitió con negligencia la gestión de recursos disponibles o desconoció de manera manifiesta normas de derecho presupuestal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la entidad debe acreditar que el presupuesto estaba disponible para pagar la deuda y que, pese a ello, los agentes omitieron su pago. Segunda, no se probó negligencia en la gestión de las obligaciones ni una utilización deficiente de los recursos financieros, ni una falta de organización del sistema contable o de costos. Tercera, sin esos supuestos no se configura la presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La providencia confirma la negativa de la repetición. La consecuencia práctica es que el retraso en el pago de facturas que dio lugar a una ejecución judicial no basta para repetir contra los gerentes, si no se prueba la disponibilidad presupuestal y la conducta gravemente negligente.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control repetición interpuesto por condenas contra el Estado en virtud de actuaciones dolosas o gravemente culposas… ¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena? ¿La legitimación en la causa por activa en los procesos de repetición, recae sobre la entidad pública que asumió el pago de la condena judicial impuesta por el actuar doloso o gravemente culposo de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-09-17 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020010223901 ACCION CONTRACTUAL
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? ¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a… ¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida

Sentencia — Sentencia 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 63001233300020170002201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer en segunda instancia del recurso de apelación contra la sentencia emitida por un tribunal administrativo, en un caso relacionado con la actividad del departamento del Quindío? Sí
La apelación contra la sentencia que dicta un tribunal administrativo en un litigio originado en la actividad de una entidad pública se tramita ante el Consejo de Estado cuando la cuantía lo habilita. La regla se apoya en el artículo 150 del CPACA, en concordancia con el artículo 104, que atribuye a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, y con los artículos 152 y 157, que fijan la competencia por cuantía. En el caso, la competencia se fija por la naturaleza de la entidad departamental demandada y por la cuantía del litigio, que habilitan la apelación ante esta Corporación. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la determinación de la competencia depende de dos elementos verificables, la naturaleza pública de la entidad demandada y la cuantía del proceso, de modo que, si ambos se cumplen, el recurso de apelación debe tramitarse ante esta Corporación.síntesis automática
También resuelve: ¿Constituye la liquidación del contrato estatal un mecanismo esencial para materializar principios y fines de la función administrativa, además de ser obligatoria en determinados tipos contractuales? ¿La liquidación de los contratos estatales constituye el ejercicio legítimo de prerrogativas del poder público y no genera responsabilidad contractual en caso de no ser ejercida por la administración? ¿La liquidación de un contrato estatal implica verificar el cumplimiento del objeto contractual y resolver todas las reclamaciones surgidas en su ejecución…
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