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¿La tacha formulada contra el testimonio del señor […] hacía improcedente la valoración de esa declaración, como lo concluyó la sentencia de primera instancia? No
El contratista no puede desvirtuar la eficacia probatoria del contrato mediante un testimonio, ya que la prueba documental prevalece sobre el testimonio en la contratación pública, según los artículos 225 y 256 del Código General del Proceso. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en modificación unilateral del contrato al ajustar el valor del mismo conforme a las variaciones en las tarifas establecidas por el Gobierno Nacional, como acordado en el contrato. Además, el testimonio no puede establecer la existencia de vicios del consentimiento ni desequilibrios económicos en el contrato, ya que estas cuestiones requieren pruebas documentales específicas y la entidad de control no está facultada para resolver controversias contractuales. La Sala matiza la interpretación de la eficacia del testimonio en controversias contractuales, estableciendo que el testimonio no puede desvirtuar la prueba documental y que la valoración del testimonio debe considerar su imparcialidad, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas documentales para acreditar sus alegaciones en lugar de confiar únicamente en testimonios.síntesis automática
También resuelve:¿Con el testimonio del señor […] se acreditó el incumplimiento contractual, el desequilibrio económico de los contratos de prestación del servicio público de educación n.° 318 de 2017 y 1010 de 2018…
¿Se demostró el vicio de consentimiento alegado, consistente en la coerción al contratista para que firmara la cesión de los contratos? No
Cuando el contratista alega un vicio del consentimiento por coacción de la entidad para suscribir la cesión de un contrato estatal, la presión debe acreditarse con prueba objetiva, pues la sola radicación de comunicaciones con advertencias no la configura. La regla se apoya en tres razones. Primera, la radicación de solicitudes de cesión con diferencia de minutos no demuestra la presión de la entidad, y de la ejecución del contrato resulta más bien la manifestación libre y espontánea de las partes. Segunda, las declaraciones de parte rendidas por los representantes del contratista no aportan criterio objetivo y provienen de la misma parte actora, por lo que no acreditan la fuerza o el constreñimiento alegados. Tercera, sin prueba del vicio, no existe sustento para invalidar la voluntad de las partes. En consecuencia, la providencia revoca la nulidad del acta de aceptación de las cesiones. El documento reitera las características del vicio del consentimiento que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La unión temporal demandante carece de legitimación en la causa por activa, por haber cedido el contrato?¿La persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es quien se encuentra habilitada para actuar procesalmente?
¿La cesión del crédito es un negocio jurídico mediante el cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor? Sí
El acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor mediante un negocio jurídico de cesión de crédito que otorga al cesionario la posición de sujeto activo y la legitimación para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, la Sala examina los requisitos consagrados en el artículo 666, el artículo 1959 y el artículo 1960 del Código Civil sobre la entrega del título y la oponibilidad, concluyendo que el pago efectuado por la entidad al cedente no tuvo efectos liberatorios, toda vez que el conflicto derivado del acuerdo de cesión entre particulares no corresponde resolverlo a esta jurisdicción, confirmando así la sentencia impugnada.síntesis automática
También resuelve:¿En ausencia de conocimiento sobre la transferencia del derecho de crédito, el deudor se libera válidamente pagando al cedente?¿La demandante no está legitimada para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal en el que se originó el derecho de crédito que le fue cedido?¿Antes de que se hiciera el pago, la entidad demandada, no solo fue notificada de la cesión de los derechos sino que ella misma manifestó su aceptación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-06Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 05001233100020020356302ACCION CONTRACTUAL
¿El tribunal reconoció implícitamente a la sociedad recurrente como sucesora procesal de la aseguradora y por ello no había lugar a reconocer nuevamente dicha sucesión procesal? Sí
El juez reconoce implícitamente a una sociedad como sucesora procesal cuando en los fundamentos y la parte resolutiva de la providencia se le otorga tal calidad o se le tiene como coadyuvante de la parte. En el presente caso, la Sala confirma la negativa a adicionar la providencia de 12 de noviembre de 2020, toda vez que el tribunal ya había tenido a la sociedad recurrente como sucesora procesal de la compañía de seguros, careciendo de objeto un nuevo reconocimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El trámite del incidente de liquidación de condena debe ser promovido por el interesado, es decir, por la parte titular del derecho en litigio?¿La ausencia de legitimación en la causa por activa no es una causal contemplada en la norma procesal para el rechazo de plano de un trámite incidental?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar por la falla del servicio médico que ocasionó la muerte de un paciente luego de una intervención quirúrgica de bypass gástrico por obesidad mórbida, por no haber firmado el consentimiento informado ni habérsele comunicado todos los riesgos que implicaban realizarse el procedimiento médico, y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida de haber recibido un diagnóstico y tratamiento adecuados? Sí
Aunque la caducidad no se haya discutido ni alegado, el ejercicio oportuno de la acción de reparación directa es un presupuesto procesal que debe examinarse de oficio, porque los plazos legales son razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público. Su vencimiento sin que el interesado presente la demanda extingue el derecho de accionar, por lo que el juez debe verificar la fecha de los hechos y de la presentación de la demanda para establecer si se ejerció en tiempo. Este examen es necesario aun cuando la sentencia de primera instancia no haya estimado que la caducidad se produjo. En el caso concreto, la demanda por la muerte del paciente tras una intervención quirúrgica y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida se presentó dentro del término legal, y la sala revocó la decisión de primera instancia. Como consecuencia práctica, en las demandas de responsabilidad médica por reparación directa el juez debe examinar de oficio la oportunidad de la demanda, aunque las partes no hayan debatido la caducidad.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación tanto fáctica como jurídica?¿La responsabilidad médica derivada de daños ocasionados como consecuencia de actividades médico-sanitarias, impone al demandante, bajo el régimen de la falla probada del servicio…¿Cuentan con valor probatorio las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal, cuando decretadas en el plenario y allegadas al proceso…
¿Vulnera el contrato la imposición de un descuento por parte de la interventoría sin contar con la autorización expresa del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual? Sí
El contratista no puede ser objeto de un descuento impuesto por la interventoría sin su autorización expresa, conforme a lo pactado en la cláusula contractual, ya que esto viola el principio de pacta sunt servanda y la buena fe objetiva en la relación contractual. La interventoría no puede alterar unilateralmente el contenido y alcance de las cláusulas del contrato, especialmente cuando se trata de deducciones que no cuentan con sustento normativo, jurídico ni contractual. La Sala modifica la interpretación anterior, reforzando la necesidad de que cualquier actuación que requiera autorización previa sea respetada para evitar violaciones al contrato y a los principios de buena fe y pacta sunt servanda, lo que implica que las entidades estatales deben cumplir rigurosamente con los términos acordados en los contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Vulnera el contrato y la buena fe objetiva la actuación de la interventoría que impone un descuento sin aceptación del contratista, cuando así lo exige una cláusula contractual?¿Constituye una obligación legal ejecutar los contratos conforme a lo pactado y de buena fe, incluyendo lo que emane de la naturaleza de la obligación?¿Vulnera el principio de congruencia una sentencia de primera instancia que omite pronunciarse sobre una pretensión expresamente solicitada en la demanda?
¿Se probó el vicio del consentimiento alegado sobre el acta de liquidación bilateral del contrato? No
El acta de liquidación bilateral de un contrato estatal solo puede anularse si se demuestra un vicio del consentimiento, como el dolo, y que la carga de probar ese vicio corresponde a quien lo alega, de modo que, mientras no se pruebe, el acta conserva su validez y el juez no debe analizar de fondo las demás pretensiones. Una razón es que los correos electrónicos señalaban de forma general que las facturas pendientes correspondían a servicios de 2013, sin certeza de que estuvieran incluidas en la relación de pagos del acta, y uno de ellos mencionaba servicios de 2012, fuera del plazo de ejecución. Otra razón es que no se acreditó un acuerdo entre la entidad y el apoderado con la intención de causar daño mediante la suscripción del acta, y el apoderado tenía capacidad para suscribirla. En el caso, la Sala confirmó la sentencia y, en aplicación del artículo 282 del Código General del Proceso, no analizó de fondo las pretensiones de pago. Su consecuencia práctica es que el acta de liquidación bilateral solo se controvierte con prueba concreta del vicio y no con correos generales sobre facturas.síntesis automática
También resuelve:¿Los correos contienen una aceptación o reconocimiento expreso de la Armada respecto de la deuda, su monto y la intención de reconocer dichas sumas de dinero a la demandante?¿La demanda fue presentada dentro del término establecido en la ley?¿Los negocios jurídicos suscritos por el apoderado en nombre de la demandante se entienden celebrados directamente por la sociedad?
¿Se acreditó vicio del consentimiento de la sociedad demandante en la transacción y condonación parcial de la deuda firmada por esta? No
Un acuerdo de pago en el que el acreedor condona una parte de la deuda para recibir un pago pronto puede tener la naturaleza de transacción, y su nulidad por vicio del consentimiento exige prueba de error, fuerza o dolo. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que la demandante tuvo la opción de negociar un plazo con intereses para el pago total y la descartó por considerarla más riesgosa, lo que muestra una decisión libre y consciente de condonar parte de la deuda. La segunda es que no hay prueba que desvirtúe esa voluntad ni que el error, la fuerza o el dolo de la contraparte determinaran la aceptación. La tercera es que el desequilibrio económico invocado en la apelación no se alegó en la demanda, por lo que no puede analizarse de fondo. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que negó la nulidad. Como obiter dictum, la providencia precisa que el acuerdo tiene efectos de cosa juzgada respecto de la controversia que se pretendía precaver. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
¿Se cumplen, en este caso, los tres presupuestos necesarios para declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra pública, cuando también debe tenerse en cuenta que, se trata de un argumento nuevo pues no fue alegado como pretensión ni medio exceptivo? No
El contratista no puede obtener la nulidad absoluta del contrato de obra pública de oficio cuando el argumento no fue alegado como pretensión ni medio exceptivo, y no se cumplen los requisitos legales para su declaratoria oficiosa, que incluyen que el vicio sea palmario, que el contrato haya sido invocado en el litigio y que las partes hayan concurrido en el proceso. La Sala reitera que la facultad del juez de declarar la nulidad absoluta de oficio debe ejercerse bajo estrictos lineamientos legales para garantizar la seguridad jurídica, y que las causales de nulidad deben estar consagradas expresamente en la ley. En este caso, no se evidencian vicios palmarios ni se alegan violaciones a las normas imperativas que podrían configurar la nulidad absoluta, por lo que la declaratoria de nulidad es improcedente.síntesis automática
También resuelve:¿El a quo debió reconocer el valor del acta parcial de ejecución de obra 3 en la liquidación que efectuó del contrato?¿El a quo al descontar los valores de las estampillas del acta 1 en la liquidación del contrato incurrió en un error?¿El a quo debió incluir el valor de las multas y de la cláusula penal del contrato, al no existir una responsabilidad compartida por la suscripción del acta de suspensión?
¿Prosperan las pretensiones económicas del demandante, por cuanto declaró a paz y salvo a la entidad contratante en relación con las obligaciones derivadas del contrato? No
Cuando las partes liquidan bilateralmente el contrato mediante un acuerdo en el que se declaran a paz y salvo por todo concepto, sin salvedades ni reservas, ese negocio es obligatorio y pone fin al cruce de cuentas, de modo que las reclamaciones económicas fundadas en obligaciones del contrato no prosperan si la nulidad del acuerdo no fue pretendida en la demanda. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la liquidación bilateral constituye el cruce final de cuentas entre las partes y es vinculante para ellas mientras no sea anulada. Segundo, la declaración de paz y salvo sin reservas comprende los aspectos que se reclaman, como el inicio tardío de las obras, la ampliación del plazo, los trabajos adicionales y los descuentos tributarios, por lo que la demanda que no impugna ese acuerdo no puede prosperar en sus pretensiones económicas. La providencia confirma la sentencia apelada; en la práctica, quien suscribe una liquidación bilateral con paz y salvo sin salvedades debe impugnarla expresamente en la demanda si pretende reclamar sumas derivadas del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación bilateral suscrita por las partes es un acuerdo de voluntades con fuerza jurídica vinculante?¿La liquidación del contrato es la oportunidad para la creación de nuevas relaciones jurídicas o para novar las obligaciones contenidas en el contrato?¿Hay lugar a condenar en costas del proceso a la parte vencida?
¿Debe resolverse el caso desde la perspectiva del desequilibrio económico y financiero del contrato, en lugar de la óptica del incumplimiento contractual, según la causa petendi, los argumentos esbozados por el recurrente y el respectivo régimen contractual? No
El contratista no puede basar su reclamación en la figura del desequilibrio económico y financiero del contrato cuando el negocio jurídico se rige por el derecho privado, ya que esta figura está prevista en el estatuto general de contratación de la administración pública y no en el derecho civil o comercial. La Sala destaca que el contrato en cuestión fue suscrito por una entidad sin ánimo de lucro, sujeta a las normas del derecho privado, por lo que no aplica la revisión del contrato por desequilibrio económico. En su lugar, el caso debe resolverse desde la perspectiva del incumplimiento contractual, conforme a la normativa del derecho privado y el artículo 868 del Código de Comercio, lo que implica analizar si la entidad demandada incumplió sus obligaciones contractuales y si la extensión del plazo del contrato fue imputable a dicha entidad. Esta decisión reitera y matiza precedentes anteriores, enfatizando la importancia de distinguir entre los regímenes de contratación pública y privada en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Puede considerarse que la Fundación del Alto Magdalena incurrió en incumplimiento contractual por supuestas falencias en la etapa de planeación del contrato de obra No. 058 de 2013…¿Resulta procedente condenar en costas a la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que decide sobre desistimiento de un recurso2024-09-25Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 76001233100020090103001ACCION CONTRACTUAL
¿Las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los demás actos procesales que haya promovido, sin que sea necesario el cumplimiento de requisitos adicionales? Sí
Se pronuncia el despacho sobre el desistimiento del recurso de reposición presentado por el abogado y representante legal para asuntos judiciales y extrajudiciales del Banco [demandado] contra el auto del 23 de julio de 2024. El artículo 316 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del CPACA, prevé que las partes podrán desistir de los recursos interpuestos y de los demás actos procesales que haya promovido, sin que sea necesario el cumplimiento de requisitos adicionales. Se ACEPTA el desistimiento del recurso de reposición presentado por la parte demandada contra el auto que ordenó correr traslado para alegar de conclusión. Sin condena en costas.
¿Los perjuicios por inversiones realizadas y utilidad dejada de percibir fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral, por lo que no podían revivirse vía liquidación del contrato? Sí
Las sumas que la entidad incluye en la liquidación unilateral del contrato a cargo del contratista, correspondientes a una multa impuesta por una autoridad ambiental, no constituyen el ejercicio de una facultad de imposición de multas contractuales, y que los perjuicios por inversiones y utilidad dejada de percibir que fueron objeto de acuerdo en el acta de terminación bilateral no pueden revivirse mediante la liquidación del contrato. Una razón es que la multa había sido impuesta por la autoridad ambiental al contratista por incumplir normas ambientales en la construcción de un horno incinerador, y la entidad solo la incluyó en el cruce definitivo de cuentas. Otra razón es que las partes acordaron en el acta de terminación bilateral esos reclamos de desequilibrio, inversiones y utilidad, y además no se acreditaron en el proceso. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia y se abstuvo de condenar en costas. Su consecuencia práctica es que los conceptos transados en el acta de terminación no pueden reabrirse en la liquidación, y que la sanción de una autoridad ambiental no equivale a una multa contractual.síntesis automática
También resuelve:¿La multa a la que se refiere la liquidación unilateral fue impuesta a la Concesionaria por el incumplimiento de normas ambientales?¿Se probó que existieran vicios en el consentimiento en la suscripción del acta bilateral de terminación del Contrato?¿Las estipulaciones del contrato fueron pactadas por las partes frente a los efectos que tendría la terminación bilateral del contrato?
Sentencia — Sentencia2023-10-17Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020230012500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Las causales de anulación invocadas por el recurrente se configuraron? No
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral solo prospera si se configura alguna de las causales taxativas del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y que un laudo proferido en derecho no se transforma en fallo en conciencia ni es citra petita por no reconocer las pretensiones del convocante. Una razón es que el tribunal resolvió los problemas jurídicos del juicio en derecho, porque no guardó silencio sobre las pruebas necesarias para fallar ni prescindió del ordenamiento jurídico aplicable, y los yerros de esa naturaleza no aparecen de forma palmaria. Otra razón es que la no prosperidad del recurso no implica que la Sala comparta lo decidido, sino que las causales no se configuraron. En el caso, el recurso se declaró infundado y se confirmó la validez del laudo. Su consecuencia práctica es que la anulación por falta de congruencia exige demostrar una omisión del laudo sobre las pretensiones, y no basta con la inconformidad frente a su resultado.síntesis automática
También resuelve:¿Se declara infundado el recurso extraordinario de anulación?¿Habría lugar a concluir que los árbitros omitieron estudiar los hechos y fundamentos jurídicos esbozados por la convocante?¿Las razones fueron esbozadas con base en las pruebas del proceso y en la interpretación judicial del contrato?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversias derivadas de contrato celebrado por sociedades de economía mixta con participación estatal superior al 50%? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las controversias derivadas de los contratos celebrados por sociedades de economía mixta con participación pública superior al cincuenta por ciento, conforme al artículo 104 del CPACA. En el presente caso, la Sala confirmó la sentencia al verificar que el contrato fue suscrito por una sociedad de economía mixta departamental con un setenta y tres por ciento de capital público, y que el Consejo de Estado asumió la competencia en segunda instancia dado que la pretensión mayor superaba los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de entidades prestadoras de servicios de salud se rigen por el derecho privado si son sociedades de economía mixta con capital superior al 50%?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la firma de la liquidación bilateral del contrato de prestación de servicios?¿El acuerdo liquidatorio entre las partes del contrato de prestación de servicios No. 0037-2019, mediante el cual se declararon a paz y salvo por concepto de la relación negocial incurrió en un vicio…
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,ACTO ADMINISTRATIVO,NULIDAD DEL CONTRATO,DECLARATORIA DE BIEN MOSTRENCO,REVOCATORIA DIRECTA,NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO,VICIOS DEL CONSENTIMIENTO – Nulidad de la revocatoria directa del acto administrativo,Calidad de denunciante de bien mostrenco,Celebración de contrato de participación con el ICBF,Resolución que resolvió recurso de reposición,Unidad jurídica,Calidad de denunciante m – Mes: octubre – Año: 2018…
También resuelve:Controversias contractuales: nulidad de la revocatoria directa del acto administrativo, calidad de denunciante de bien mostrenco, celebración de contrato de participación con el icbfNulidad de acto administrativo: Resolución que resolvió recurso de reposición, unidad jurídicaActo administrativo: calidad de denunciante mostrenco, contrato de participación con el icbf
VICIOS DEL CONSENTIMIENTO,CONTRATO DE COMPRAVENTA,ACCIÓN REDIHIBITORIA – Concepto,Elementos esenciales,Saneamiento,Error voluntario o inducido,Nulidad,Vicios ocultos,Acción redhibitoria,Acción estimatoria,Requisitos,Diferencia,Vicio del consentimiento – Mes: febrero – Año: 2016…
También resuelve:Vicios del consentimiento: error voluntario o inducido, nulidadVicios: vicios del consentimiento, vicios ocultos, acción redhibitoria, acción estimatoriaContrato de compraventa: concepto, elementos esenciales, saneamiento
¿Los convenios interadministrativos parten del fundamento previsto en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, se caracterizan por la unión de esfuerzos de entidades públicas que se adelanta con el objetivo de satisfacer una finalidad común, no se rigen de forma automática por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista y la entidad estatal, al celebrar un convenio interadministrativo, no se rigen automáticamente por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, ya que estos acuerdos se caracterizan por la unión de esfuerzos entre entidades públicas con el objetivo de satisfacer una finalidad común, como la promoción de la integración social y comunitaria. La regla se fundamenta en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, que prevé la autorregulación de estos convenios por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes, sin que pueda prevalecer la aplicación de regímenes o normas incompatibles con dicha finalidad. Esta decisión reitera y confirma precedentes judiciales que establecen que los convenios interadministrativos no son contratos en el sentido estricto, sino acuerdos de colaboración que buscan el interés común sin contraposición de intereses entre las partes.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo de voluntades objeto de estudio corresponde a un convenio interadministrativo suscrito entre entidades estatales, Nación –Ministerio del Interior y el municipio de Gualmatán…¿El Ministerio contó con la facultad de liquidar unilateralmente el acuerdo de voluntades?¿La demanda de controversias contractuales se presentó de manera oportuna?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-08-13Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 85001233300020230008501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirmará la providencia por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó la demanda? Sí
El contratista no puede presentar una demanda extemporánea de controversias contractuales si la liquidación del convenio interadministrativo no se realizó dentro del plazo acordado, ya que el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que el término para demandar comienza una vez realizada la liquidación del negocio jurídico o vencido el plazo para ello. En este caso, el convenio debía liquidarse a más tardar el 16 de diciembre de 2019, y la demanda fue radicada el 17 de octubre de 2023, por lo que es extemporánea y el Tribunal Administrativo de Casanare rechazó correctamente la demanda. Además, la entidad estatal no puede liquidar unilateralmente el convenio interadministrativo sin un acuerdo expreso y claro entre las partes, ya que la finalidad asociativa de estos convenios impide una aplicación automática del régimen legal de los contratos estatales. Por último, el convenio interadministrativo no constituye un contrato debido a la ausencia de remuneración entre las partes, sino que tiene como objetivo aunar esfuerzos para satisfacer una finalidad común.síntesis automática
También resuelve:¿En los convenios interadministrativos resulta válido que una de las partes realice la liquidación unilateral, siempre y cuando ello esté expresamente acordado?¿Puede predicarse que existió una remuneración de una de las partes hacia la otra?¿El trámite de cada una de las demandas es independiente y debe analizarse de manera individual el cumplimiento de los presupuestos procesales?