Titulación de la relatoría 45.443 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD TERRITORIAL / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONSEJO DE ESTADO / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA / RECURSO DE APELACIÓN / DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia surgida en torno al contrato de obra y sus actos liquidatorios, suscritos entre entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, en atención al criterio orgánico dispuesto en el artículo 82 del Decreto 01 de 1984 -CCA-, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 200617, vigente a la fecha de presentación de la demanda -15 de marzo de 2012-, debido a que la controversia gira en torno al contrato de obra No. SOP-A-202-2006 y sus actos liquidatorios 218 del 6 de julio y 233 del 31 de agosto de 2011, suscrito y proferidos, respectivamente, por el departamento de Cundinamarca y EPC, en tanto entidades públicas, la primera, prevista como una entidad territorial y la segunda como una empresa de servicios públicos domiciliarios con capital 100% estatal. el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de los artículos 129 y 132 del CCA, dada la vocación de doble instancia del proceso, ya que la pretensión mayor para la fecha de presentación de la demanda, 26 de marzo de 2012, excedió 500 S.M.L.M.V.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / LEY APLICABLE AL CONTRATO / NORMA PROCESAL / NORMA SANCIONATORIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EFECTOS DEL CONTRATO / EFECTOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse a los contratos estatales la ley vigente al momento de su celebración, sin que puedan afectarlos disposiciones posteriores?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 38 de la Ley 153 de 1887 establece que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración, excepto la normativa referida al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del acuerdo de voluntades -de naturaleza procesal- y las que señalen penas para el caso de la infracción de lo estipulado, en cuyo caso se juzgaran con arreglo a la ley bajo la cual se cometió. El anterior mandato tiene como fin dotar al acuerdo de voluntades de estabilidad normativa, de ahí que, pese a la promulgación de nuevas leyes propia del tráfico jurídico del país, las condiciones en virtud de las cuales se suscribió el negocio jurídico no se ven alteradas intempestivamente por ello, otorgando seguridad jurídica y una expectativa legítima de que el objeto negocial será efectivo y se materializará según lo convenido. en tratándose de contratos estatales impugnados ante esta Jurisdicción, que se rigen por la normativa que se encuentre vigente al momento de su suscripción, por lo que, pese a que existan normas posteriores sobre la materia, aquellas no pueden entrar a regular la relación negocial anterior, pues el querer del legislador fue que, precisamente, se sometiera a la normativa del momento en que fue perfeccionado. los contratos deben gozar de estabilidad y seguridad, pues así se promueve la confianza y se facilitan las relaciones jurídicas , por lo que debe aplicárseles la ley vigente en el momento de su celebración y, por ello, las normas posteriores no pueden alterar las relaciones contractuales. Entonces, las obligaciones -así como su validez, existencia y efectos- quedan sometidas solo bajo el imperio de la ley que estuviese en vigor en el momento en que surgieron y, por ende, no puede aplicarse una nueva disposición jurídica a las nacidas antes de ella. Este mandato legal es la concreción de la regla de la irretroactividad de la ley, pues la nueva no puede regular o afectar las situaciones jurídicas consolidadas. (…) [N]o cabe duda de que, en virtud de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, los contratos se rigen por la ley vigente al momento de su expedición, incluso si posteriormente surgen nuevas normas sobre la materia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los principio de estabilidad normativa e irretroactividad de la ley aplicable a los contratos estatales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de septiembre de 2021. Radicado 25000-23-26-000-1996-11802-01 (25.231).
Respecto de la aplicación exclusiva de la normativa vigente al tiempo de celebración de los contratos y la prohibición de que disposiciones posteriores alteren las obligaciones consolidadas, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. Providencia de 9 de mayo de 1938, XLVI, 488]
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38
CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO PRINCIPAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / NORMA PROCESAL / VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
Problema jurídico:
¿Puede modificarse el régimen jurídico aplicable a un contrato estatal por el cambio en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo una normativa posterior?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]un cuando a partir del 25 de noviembre de 2008 el extremo contratante de la relación negocial pasó a ser EPC, cuya naturaleza es la de una empresa de servicios públicos domiciliarios, la sustitución de la entidad contratante no implicó que ipso facto el régimen del contrato variara, ya que, como se explicó, el legislador prescribió en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 citado en distintas oportunidades que los actos jurídicos se someten a la normativa vigente para el momento en que fueron suscritos, lo que, según la jurisprudencia de esta Corporación, también es aplicable al negocio jurídico pese a que haya sido objeto de ajustes y adiciones. Efectivamente, el Consejo de Estado ha sostenido que, aun si los contratos adicionales a los principales se suscriben cuando ha entrado en vigencia una norma sustancial posterior, lo cierto es que, en la medida en que se encuentran coligados al negocio jurídico original, el régimen que les aplica es el de ese primer negocio jurídico “con mayor razón si se tiene en cuenta que por regla general el contrato adicional se sigue por las estipulaciones del contrato principal en aquellas cláusulas en las cuales no se adicionó” . Igualmente, esta Subsección ha resaltado que, aunque una entidad pública modifique su naturaleza jurídica de un establecimiento público a una empresa industrial y comercial del Estado estructurada como una prestadora de servicios públicos domiciliarios, dicha novedad en sí misma no es configurativa de un cambio de régimen de los acuerdos de voluntades suscritos cuando la persona jurídica tenía la primera configuración, pues la aplicación de normativa posterior solo será posible en la medida en que se esté dentro de las excepciones del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 , a saber: “1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y 2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación al contrato adicional del régimen jurídico del contrato principal pese a la vigencia de normas posteriores, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de octubre de 2003. Radicado 85001-2331-000-1999-2909-01 (17213).
Sobre la inalterabilidad del régimen contractual tras cambio de naturaleza jurídica de la entidad contratante, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de septiembre de 2021. Número interno 25.231.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38
CONTRATO ESTATAL / CESIÓN DEL CONTRATO / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / NORMA PROCESAL / NORMA SANCIONATORIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿Conlleva la cesión de un contrato estatal a una entidad regida por un régimen jurídico distinto la modificación del régimen aplicable al contrato originalmente suscrito?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]unque el contrato No. SOP-A-202-2006 inicialmente suscrito con el departamento de Cundinamarca, fue cedido el 25 de noviembre de 2008 a la empresa de servicios públicos domiciliarios EPC, dicha situación en sí misma no llevaba a concluir que el EGCAP, aplicable al acuerdo de voluntades, dejó de regirlo para ser reemplazado por la Ley 142 de 1994, ya que esa situación no se enmarca en alguna de las excepciones previstas por el artículo 38 de la Ley 143 de 1887 a la regla de que los acuerdos de voluntades se rigen por las disposiciones jurídicas vigentes al momento en que fueron perfeccionados. Ciertamente, en el asunto de análisis no se está frente a leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato o aquellas que señalen penas para el caso de la infracción de lo estipulado. Así, en virtud de tal mandato es claro que, de forma paralela al cambio de la parte contratante, el contrato de obra No. SOP-A-202-2006 continuó estando regido por el EGCAP, que fue la normativa que fundó el acuerdo negocial desde su suscripción.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994, LEY 154 DE 1887 - ARTÍCULO 38
CESIÓN DEL CONTRATO / CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / NEGOCIO JURÍDICO
Problema jurídico:
¿Conlleva la cesión de un contrato estatal un cambio en el régimen jurídico conforme al artículo 887 del Código de Comercio?
Respuesta al problema jurídico: No
[T]ampoco se vislumbra que la cesión del contrato en sí misma configure un cambio de régimen, en especial porque el artículo 887 del Código de Comercio avaló la posibilidad de que una de las partes se hiciera sustituir por un tercero, pero no prescribió que dicha situación representaba un cambio del régimen normativo en virtud del cual se sometió el negocio jurídico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 887
CESIÓN DEL CONTRATO / DERECHOS CONTRACTUALES / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / ACUERDO DE VOLUNTADES / ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES
Problema jurídico:
¿Implica la cesión de un contrato estatal la continuidad del régimen jurídico aplicable desde la suscripción inicial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Así las cosas, es claro que la cesión del contrato implica que el cesionario adquiere los derechos y obligaciones del contrato cedido, en concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual “asume la calidad de parte que correspondía al cedente [por lo que] la cesión de un contrato implica la de las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato” , en concordancia con el artículo 895 del Código de Comercio , de ahí que tal figura implica la continuidad de la normativa aplicable al negocio jurídico y todas las obligaciones derivadas de aquella, pues se trata del régimen normativo que cimentó el acuerdo de voluntades desde un comienzo.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la continuidad del régimen normativo y transmisión de derechos y obligaciones al cesionario en la cesión de contratos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de septiembre de 2021. Radicado130012333000201200162 01 (50130).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 895
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Debe someterse EPC al régimen de la Ley 80 de 1993 por ejercer funciones administrativas como gestor del plan departamental para el manejo de servicios públicos en Cundinamarca?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental No. 0180 de 2008, EPC fue designada como gestor del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento en el departamento de Cundinamarca, labor que, en virtud de los artículos 7º del Decreto 3200 de 200840 y 1º del Decreto 4548 de 2009, implica, por un lado, el ejercicio de función administrativa y, por el otro, el sometimiento de su gestión contractual a las previsiones contenidas el EGCAP -para la implementación del plan-, lo cual permite reafirmar que, con mayor razón, el presente asunto está regido por la Ley 80 de 1993 y sus reformas, pues en efecto la cesión del contrato de obra No. SOP-A-202-2006, cuyo objeto consistió en la ejecución de las obras relacionadas con los productos de construcción de acueductos y alcantarillados de varios municipios de Cundinamarca, se dio con ocasión de las actividades encomendadas a EPC en el marco de la implementación de dicho plan.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica de los actos de liquidación unilateral del contrato por parte de empresas de servicios públicos domiciliarios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 9 de mayo de 2024. Radicado 76001233100020060332003 (53.962).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 3200 DE 2008 - ARTÍCULO 7, DECRETO 4548 DE 2009 - ARTÍCULO 1, DECRETO ORDENANZAL 180 DE 2008, LEY 80 DE 1993
ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / DERECHO PÚBLICO / DERECHO PRIVADO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Constituyen actos administrativos los proferidos por una empresa de servicios públicos domiciliarios cuando liquida unilateralmente un contrato regido por la Ley 80 de 1993?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e la lectura de los actos en comento se encuentra que se fundaron en la facultad de liquidar unilateralmente el contrato a que se refiere la Ley 80 de 1993, una vez agotada la posibilidad de hacer el cruce de cuentas de forma bilateral, por lo que, en consonancia con la conclusión a la que se arribó en párrafos anteriores, según la cual al contrato de obra No. SOP-A-202-2006 le aplicó esa normativa para todos los efectos, para la Sala se está ante auténticos actos administrativos, dado que están basados exclusivamente en la normativa de derecho público precitada y no en el derecho privado, (…). [E]sta Corporación unificó su jurisprudencia en cuanto a la naturaleza de los actos contractuales proferidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios, en el sentido de señalar que, con motivo de su actividad contractual: i) por regla general, son decisiones de derecho privado, pues están sometidos únicamente por la ley 142 de 1994 y el derecho común -civil y mercantil-, de ahí que para controvertirlos a través del medio de control de controversias contractuales, el demandante no tiene la carga de solicitar su anulación; y ii) en los asuntos en los que se hubiere solicitado su nulidad por considerarse que eran actos administrativos no podrá declararse la inepta demanda ni inhibirse los jueces para resolver la controversia de fondo
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la naturaleza jurídica de los actos de liquidación unilateral del contrato por parte de empresas de servicios públicos domiciliarios, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 9 de mayo de 2024. Radicado 76001233100020060332003 (53.962).
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994, LEY 80 DE 1993
DERECHO PRIVADO / DERECHO PÚBLICO / CONTRATO ESTATAL / CESIÓN DEL CONTRATO / DERECHO CIVIL / DERECHO COMERCIAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / RENDICIÓN DE CUENTAS / ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Puede considerarse que los actos liquidatorios proferidos por EPC en el marco del contrato de obra cedido están regidos por el derecho público cuando no se fundamentaron en la autonomía de la voluntad ni en el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os actos 218 del 6 de julio y 233 del 31 de agosto de 2011 no se fundaron en ningún sentido en el derecho privado, no solo porque las partes del contrato de obra No. SOP-A-202-2006 no dispusieron en virtud de la autonomía de la voluntad que la entidad contratante efectuaría el corte de cuentas en forma unilateral -o incluso bilateralmente-, sino porque EPC basó tales decisiones exclusivamente en el EGCAP y sus reformas, normativa que, una vez más, rigió el negocio jurídico hasta su culminación. Lo anterior no resulta incompatible con la jurisprudencia unificadora referenciada, en la medida en que allí se sostuvo que los actos de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, con motivo de su actividad contractual, son de derecho privado, dado que están fundados en la Ley 142 de 1994 y en el derecho civil y mercantil, sumado a lo cual, en lo relativo a la potestad de liquidar el contrato en forma unilateral, serán considerados como tal cuando estén originados en el convenio de las partes que habilita a una de ellas a hacer el cruce de cuentas de tal manera, nada de lo cual sucedió en el sub lite, ya que el acuerdo de voluntades estaba regido por el EGCAP y, además, las partes no autorizaron efectuar el balance de activos y pasivos por uno solo de ellos. Así, los actos liquidatorios fueron proferidos por EPC en el marco de una circunstancia excepcional, anómala y sui generis mediante la cual resultó cobijada bajo los efectos del EGCAP, dada la cesión del contrato de obra No. SOP-A-2022006 en su favor, sin que aquellos se hubieran fundado en el derecho común o en la autonomía de la voluntad de los sujetos negociales.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994, LEY 80 DE 1993
ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / JUEZ NATURAL / COMPETENCIA / NULIDAD / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CLÁUSULA EXCEPCIONAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROL JUDICIAL / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
Problema jurídico:
¿Puede el juez declarar la nulidad de un acto administrativo por falta de competencia que provenga de una facultad excepcional prevista en el EGCAP, siempre que la legalidad del acto haya sido cuestonada en la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]or el solo hecho de que las decisiones unilaterales se funden en el EGCAP o en la autonomía de la voluntad de forma exclusiva automáticamente sean acertados, pues lo concerniente a la fuente que habilita su expedición es relevante para determinar su naturaleza jurídica, mas no suficiente para establecer si se dictaron con el lleno de las exigencias legales, aspectos que corresponde analizar al juez, siempre que las declaraciones mencionadas hayan sido demandadas previamente, ya sea como un reproche de legalidad, cuando se esté ante actos administrativos, o en el marco del incumplimiento contractual, si son decisiones de derecho privado [L]a jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que la liquidación unilateral no es estrictamente una cláusula excepcional, sino una figura a través de la cual es posible efectuar el corte de cuentas del contrato sin la aquiescencia de la parte contratista, siempre que previamente se haya agotado la posibilidad de realizar tal labor de manera bilateral. Específicamente, aspectos tales como si los actos administrativos se dictaron sin competencia, verbi gratia por el hecho de que la autoridad no estaba investida de una potestad para proferirlos al margen del régimen aplicable, son circunstancias de nulidad de esas declaraciones, que no se verifican de oficio por el juez, sino que se estudian cuando hay cuestionamientos sobre ese aspecto, de modo que aunque se concluya que una decisión es un acto administrativo ello no lleva a validar ipso facto que aquel es válido, sino que, simplemente, permite afirmar que, prima facie, es una actuación proferida por una entidad pública con efectos jurídicos directos. [U]n uso indebido de una potestad excepcional en sede contractual cuando la autoridad que la ejerce no está investida para el efecto puede derivar en un vicio de la legalidad de las decisiones de la Administración, pero ello solo se revisará cuando la legalidad de la actuación haya sido cuestionada.
NOTA DE RELATORÍA:
sobre la naturaleza jurídica de la liquidación unilateral, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 19 de junio de 2020. Radicado 68001233100020060347901 (64471), acumulado con el expediente con radicado 68001233100020050091402. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de septiembre de 2020. Radicado 2500023-26-000-2009-00131-01 (42003).
Respecto del control de legalidad de los actos administrativos contractuales siempre que medie la impugnación expresa sobre la validez del acto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 25 de mayo de 2023. Radicado 25000-23-36-000-2014-00851-02 (60777).
CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MINISTERIO PÚBLICO / TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO / PROPONENTE / DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE / CESIÓN DEL CONTRATO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para debatir el incumplimiento o el desequilibrio económico de un contrato estatal celebrado y posteriormente cedido?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]i lo que se pretendía era la declaratoria de existencia o nulidad de un contrato suscrito por el Estado, o de su incumplimiento por una de las partes, con el propósito de condenarlo a asumir los perjuicios ocasionados, o, en general, obtener una decisión frente a cualquier controversia derivada de un negocio jurídico estatal, la acción procedente era la de controversias contractuales, en los términos del artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998 , que podía ser ejercida por cualquiera de los sujetos negociales, excepto en el evento de que se solicitara la nulidad absoluta del contrato, en cuyo caso también podía ser alegada por el Ministerio Público o por cualquier tercero interesado, como el proponente no adjudicatario de un procedimiento de selección. Comoquiera que la contienda formulada en el sub judice se refiere a la configuración de circunstancias de incumplimiento y de desequilibrio económico del contrato No. SOP-A-202-2006, suscrito inicialmente por el departamento de Cundinamarca, y cedido a EPC, la acción procedente es la de controversias contractuales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la acción de controversias contractuales para dirimir controversias derivadas de negocios jurídicos estatales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 4 de junio de 2021. Radicado 68001-23-31-000-2009-00303-01 (50114).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PLAZO LEGAL / RENDICIÓN DE CUENTAS
Problema jurídico:
¿Debe contarse el término de caducidad de la acción de controversias contractuales desde la ejecutoria del acto de liquidación unilateral?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 10 del artículo 132 del CCA, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 , estableció que, en las pretensiones relativas a contratos, el término de caducidad será de dos años, que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho y de derecho en que se funden y, en específico, el literal d) de la disposición en comento prescribió que, en los casos en que el contrato requiera ser liquidado y se efectúe de manera unilateral, tal plazo se contaría desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que, cuando los contratos que se demandan ante esta jurisdicción se liquidan después de vencido el término convencional y/o legalmente dispuesto para su liquidación -esto, en referencia a los asuntos que son pasibles de ser liquidados según el EGCAP, pero dentro de los 2 años posteriores a su vencimiento, la oportunidad para demandar se contará desde el día siguiente a la firma del acta o a la ejecutoria del acto de liquidación del contrato. En lo concerniente al término para liquidar el contrato, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, aplicable al asunto de estudio debido a que todavía no había entrado a regir la Ley 1150 de 2007 para el momento del perfeccionamiento del contrato, estipuló que se haría bilateralmente, a falta de convenio sobre el plazo para ello, dentro de los 4 meses siguientes a la terminación del acuerdo de voluntades. Al punto, el literal d) del numeral 10) del artículo 44 de la Ley 446 de 1998 estipuló que, de no lograrse la liquidación bilateral, podría efectuarse unilateralmente en el término de 2 meses desde que se venció el plazo convenido por las partes o el de ley. A su vez, aunque para cuando dichas normas estaban vigentes no existía un criterio legal que previera la posibilidad de liquidar el contrato después de los 6 meses referidos anteriormente, lo cierto es que la jurisprudencia sí reconoció que era posible efectuar el cruce de cuentas dentro de los 2 años siguientes, inclusive, lo cual, posteriormente, fue reconocido por la propia ley.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo del término de caducidad en contratos estatales liquidados unilateralmente fuera del plazo convencional o legal., ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Auto de unificación del 1 de agosto de 2019. Radicado 05001-23-33-000-2018-00342-01 (62009).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 1150 DE 2007, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
ACTO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / CONTRATO ESTATAL / DEMANDA / EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / TÉRMINO LEGAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Debe considerarse presentada en tiempo la demanda relativa a un contrato estatal liquidado unilateralmente, si fue interpuesta dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria de los actos de liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el acuerdo de voluntades no se fijó un plazo específico para la liquidación bilateral o unilateral, por lo que era imperativo acudir a los criterios de la normativa referenciada con anterioridad, en virtud de la cual el plazo de esos dos supuestos feneció seis meses después de la finalización del acuerdo de voluntades, esto es, el 4 de agosto de 2009, por lo que los dos años para efectuar el corte de cuentas en cualquier tiempo finalizó el 4 de agosto de 2011. En ese contexto, como la liquidación unilateral se efectuó el 6 de julio de 2011, y se confirmó el 31 de agosto de la misma anualidad, el cómputo de la demanda se debe contabilizar a partir de la firmeza de tales decisiones, como se predica en la sentencia de unificación precitada en este acápite. Así pues, en el asunto que ocupa la atención de la Sala, los dos años para ejercer el derecho de acción comenzaron a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de los actos administrativos 218 del 6 de julio y 233 del 31 de agosto de 2011, esto es, septiembre de 2011 y el 9 de septiembre de 2013 y, como la demanda se radicó el 15 de marzo de 2012, no cabe duda de que fue presentada en tiempo, al margen del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial, que se llevó a cabo entre el 3 de febrero y el 26 de mayo de 2011.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
CONSEJO DE ESTADO / DEMANDANTE / EXCEPCIÓN DE FONDO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Es inepta la demanda en una controversia contractual cuando el demandante no solicita la nulidad del acto administrativo de liquidación unilateral previamente conocido?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n los procesos regidos por el CCA, e incluso en aquellos sometidos por las reglas del CPACA, la ineptitud de la demanda se configura en aquellos casos en los cuales el contratista solicita declarar el incumplimiento del contrato y reclama los consecuentes perjuicios sin incluir en el escrito inicial la pretensión de nulidad del acto administrativo de liquidación unilateral del negocio, cuando aquel ha sido conocido por dicho contratista con anterioridad a la interposición de la demanda o a la oportunidad procesal para reformarla. Lo anterior, con sustento en el numeral 7 del artículo 97 del Decreto 1400 de 1970 -CPC- , a cuyo tenor se estableció la excepción de ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales, como lo son indicar con total claridad “lo que se demanda” e individualizar las pretensiones, que podía ser resuelta a solicitud de parte o, incluso, de oficio, como reza el inciso 2 del artículo 164 del CCA.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la Ineptitud de la demanda por no incluir la nulidad del acto de liquidación unilateral previamente conocido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencias del 16 de agosto de 2018. Radicado 68001233300020130017101 (57649), del 14 de marzo de 2018. Radicado 13001233100020100041901 (5567) y del 5 de octubre de 2016. Radicado 68001233300020130003801 (49820); ii) Subsección B. Sentencia del 9 de octubre de 2014. Radicado 25000-23-26-000-2001-02508-01 (28881); iii) Subsección C. Sentencias del 25 de febrero de 2016. Radicado 25000-23-26-000-2005-02718-01 (41901) y del 16 de diciembre de 2022. Radicado 68001233100020120004601 (55904); y, (iv) Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2010. Radicado 76001232500019950188401 (16941).
Respecto de la facultad del juez para decidir excepciones de fondo (art. 164 CCA) incluso de oficio, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 20 de mayo de 2013. Radicado 25000-23-26-000-2000-01771-02(27278) y ii) Subsección B. Sentencia del 29 de julio de 2013. Radicado 25000-23-26-000-2000-01481-01 (27088) y iii) Subsección C. Auto del 22 de noviembre de 2021. Radicado 52001-23-33-000-2018-00549-01 (65501).
Frente a las excepciones de fondo previstas en el artículo 164 del CPACA y sobre cualquier otra, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 18 de agosto de 2020. Radicado 08001233100020000034401 (66093).].
ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD / BALANCE / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRETENSIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL
Problema jurídico:
¿Puede un contratista reclamar perjuicios por incumplimiento o desequilibrio contractual sin impugnar el acto de liquidación unilateral del contrato que recoge el balance final de la ejecución?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala ha considerado desacertado que el contratista demandante pretenda escindir la realidad negocial cuando reclama perjuicios por la inobservancia del contenido obligacional del contrato por parte de la entidad estatal o derivados de la fractura del equilibrio prestacional, sin llevar a debate procesal el acto de liquidación unilateral del contrato, postura usualmente advertida como mecanismo del contratista para evitar que se apliquen las compensaciones realizadas en dicho acto y eludir el efecto financiero de su propio incumplimiento. A lo anterior se suma que el acto de liquidación unilateral contiene el balance final que compendia las cifras de ejecución del contrato y que determina, en los asuntos sometidos al EGCAP, con la fuerza y vigor propios del acto administrativo, quién debe a quién, cuánto se debe y los conceptos que originan y componen la obligación resultante, de lo cual se puede concluir que en el caso del incumplimiento o de desequilibrio económico, al término del convenio, el contenido del acto de liquidación unilateral de la relación contractual se constituye en soporte idóneo para la definición del monto exigible recíprocamente entre las partes por cualquiera de los conceptos allí señalados. En ese contexto, cuando el acto de liquidación unilateral del contrato no es objeto de demanda de nulidad, su contenido resulta amparado por la presunción de legalidad y, por ende, la decisión que allí consta no puede modificarse a través de un proceso judicial en el que el demandante haya omitido impugnarlo, (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la improcedencia de reclamar perjuicios contractuales sin debatir el acto de liquidación unilateral, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2012. Radicado 44001233100020000029301 (25915).
Respecto del valor vinculante del acto de liquidación unilateral como balance final de la relación contractual, ver: Consejo de Estado: i) Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 28 de junio de 2016. Radicado 11001-03-06-000-2015-00067-00 (2253) y ii) Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 9 de octubre de 2014. Radicado 25000-23-26-000-2001-02508-01 (28881)
ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Tiene fuerza obligatoria el acto de liquidación unilateral emitido por la Administración en contratos sometidos al EGCAP?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]esde la perspectiva de la obligatoriedad que impone la naturaleza del acto administrativo con fundamento en las facultades que se pueden desplegar en dicho acto de liquidación, en los asuntos sometidos al EGCAP, ya sea de manera directa, o por remisión de la Ley 142 de 1994, la Administración puede ejercer las potestades para establecer unilateralmente las partidas de la liquidación, lo cual comporta la definición de su valor, se reitera, con las prerrogativas propias del acto administrativo. Por consiguiente, el acto de liquidación unilateral del contrato comprende la postura de la Administración –con la fuerza legal de esa decisión unilateral- acerca del valor de aquellos asuntos en los cuales existieron las diferencias que impidieron un acuerdo de liquidación bilateral.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994, LEY 80 DE 1993
CONTRATO ESTATAL / INEPTITUD DE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es procedente estudiar el incumplimiento contractual alegado por el contratista si no se impugna el acto de liquidación unilateral, cuando este contiene los fundamentos de ese incumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a posición jurisprudencial trazada en relación con la ineptitud de la demanda en los casos en los cuales el contratista solicita declarar el incumplimiento de la entidad contratante sin incluir -en la demanda ni en la oportunidad para proceder a reformarla- la pretensión de nulidad del acto de liquidación unilateral, indispensablemente debe atemperarse al hecho de que los cargos de incumplimiento en los que se estructuran las pretensiones guarden directa relación con la decisión liquidatoria respecto de los conceptos reclamados y las partidas adeudadas, con independencia de que el referido acto no hubiera contenido una referencia expresa a la materia de incumplimiento, pero la misma corresponda a una circunstancia cuyo fundamento fáctico le sirve de sustento. En conclusión, en aquellos eventos en que se pretende la declaratoria de incumplimiento de un contrato estatal y aquel fue objeto de liquidación unilateral, la decisión mediante la cual se hizo el corte de cuentas debe ser debidamente impugnada, so pena de que no se desvirtúe su legalidad y se configure una ineptitud de la demanda que impida estudiar la desatención obligacional.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la configuración de la ineptitud de la demanda si el contratista no impugna el acto de liquidación unilateral que sustenta los cargos de incumplimiento de la contratante, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de octubre de 2019. Radicado 25000233600020140063401 (60851).
INEPTITUD DE LA DEMANDA / CONFIGURACIÓN DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA / JUEZ ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La omisión de cuestionar la legalidad de los actos administrativos de liquidación final del contrato estatal en la demanda configura su ineptitud sustantiva al impedir al juez ejercer un control de legalidad dentro de los límites fijados por la causa petendi?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]os demandantes incurrieron en una ineptitud de la demanda por haber solicitado el incumplimiento del contrato de obra No. SOP-A-202-2006 sin haber cuestionado la legalidad de los actos de liquidación 218 del 6 de julio y 233 del 31 de agosto de 2011, mediante los cuales se efectuó el cruce final de cuentas del acuerdo de voluntades, (…). De la lectura de las pretensiones de la parte demandante, no se encuentra ninguna dirigida a cuestionar la validez de los actos administrativos 218 del 6 de julio y 233 del 31 de agosto de 2011, mediante los cuales EPC hizo el cruce de cuentas final de la ejecución del contrato No. SOP-A-202-2006, (…) [L]a Sala no encuentra que hubieran sido expuestos cargos o reproches encaminados a atacar la validez de las decisiones tantas veces citadas, aspecto que no puede ser suplido por el operador judicial, a quien, en los casos en que se pretende que se declare su nulidad, le corresponde resolver sobre la validez del acto demandado dentro de los precisos límites establecidos en la demanda, con fundamento en los motivos de violación alegados por la parte actora en el escrito introductorio y las normas que hayan sido invocadas como vulneradas, dado que el control de legalidad que aquel realiza no es general sino particular y concreto, de modo que su análisis sólo puede circunscribirse a los motivos de violación que sean alegados por el extremo activo, los cuales constituyen la causa petendi en el proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
El juez administrativo no está obligado a buscar de oficio posibles causales de nulidad de actos administrativos; dicha carga corresponde al demandante, quien debe identificar claramente los motivos y normas infringidas. Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia C-197 del 7 de abril de 1999, Referencia: Expediente D-2172. Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
Sobre la ineptitud de la demanda por no impugnar actos administrativos liquidatorios al reclamar incumplimiento contractual., ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de diciembre de 2011. Radicado 11001-03-26-000-2001-00030-01 (20410).
Respecto de los límites del juez para decidir sobre la validez de actos administrativos únicamente dentro del marco preciso de los cargos alegados en la demanda, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de octubre de 2012. Radicado 05001232400019960068001 (20738).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137 NUMERAL 4, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164
INEPTITUD DE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NOTIFICACIÓN PERSONAL / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CARGA PROCESAL / CONSORCIO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Constituye una causal de ineptitud sustantiva de la demanda que se omita el cuestionamiento de los actos administrativos de liquidación final del contrato, cuando se pretende el reconocimiento de prestaciones económicas sujetas a los saldos allí definidos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La circunstancia descrita se encuadra en la excepción de ineptitud de la demanda descrita con antelación, por el hecho de que, indubitablemente, a la parte actora le asistía la carga de cuestionar los actos de liquidación del acuerdo de voluntades frente a los cuales se alegó un incumplimiento negocial, pues precisamente allí se estipularon, de manera definitiva, los saldos finales a favor y en contra de los sujetos del negocio jurídico y ello quedó en firme con la notificación personal que se hizo al consorcio Acueplan, de ahí que, sin cuestionar judicialmente esa determinación, es imposible para la Subsección pasar a estudiar los demás cargos presentados, que estaban sujetos a controvertir las actuaciones en comento. (…) [N]o le es posible a la Sala estudiar una pretensión de pago adicional por una mayor permanencia de obra si no se efectuó ningún reproche contra la liquidación efectuada por EPC, (…).
JUSTICIA ROGADA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN JUDICIAL / LITIGIO / ALCANCE DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Puede el juez contencioso administrativo suplir la omisión del demandante de incluir las pretensiones encaminadas a cuestionar los actos liquidatorios del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o corresponde al juez contencioso administrativo solicitarle al demandante que incluya en su escrito inicial pretensiones que no incorporó, ya que ello implicaría asumir un rol de parte y contravenir su deber de imparcialidad, considerando que el proceso contencioso administrativo está supeditado a lo que los sujetos procesales persigan en virtud del ejercicio del derecho de acción -principio de justicia rogada-, de ahí que no era posible que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien conoció el asunto en primera instancia, le indicara a los demandantes que debían adicionar sus pretensiones en orden a cuestionar los actos liquidatorios. Sobre tal aspecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la labor de interpretación de la demanda por el juez se debe ejercer con la precaución de no tergiversar la litis y suplantar al demandante, pues su voluntad debe ser el marco de referencia para establecer el daño que se pide indemnizar y el hecho que lo habría generado, lo que no puede ser sustituido por el juez, dado que la invocación del supuesto correcto tiene efectos determinantes en el sentido de la sentencia, de ahí que se trate de una obligación radicada en quien acude a esta jurisdicción.
NOTA DE RELATORÍA:
El juez contencioso administrativo no puede sugerir al demandante incluir pretensiones no incorporadas en la demanda original, bajo el principio de justicia rogada y el deber judicial de imparcialidad. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de octubre de 2021. Radicado 76001-23-31-000-2010-01998-01 (50570).
Respecto del límites del juez en la interpretación de la demanda para no tergiversar la litis ni sustituir la voluntad del demandante, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de septiembre de 2020. Radicado 23001-23-31-000-2010-00048-01 (61.280).
NULIDAD PROCESAL / SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / CARGO DE NULIDAD / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Constituye una nulidad procesal la omisión de advertir a los demandantes desde el inicio del proceso sobre la falta de pretensiones contra los actos de liquidación, cuando esta circunstancia no se invocó oportunamente en primera instancia ni se subsumió en alguna causal del artículo 140 del CPC?
Respuesta al problema jurídico: No
Finalmente, tampoco se avizora que el hecho de que no se le hubiera indicado a los demandantes desde los primeros estadios procesales que omitieron efectuar una pretensión contra la validez de los actos de liquidación hubiera constituido una nulidad procesal, no solo porque el artículo 242-A del CCA dispuso que en segunda instancia no se podrán advertir hechos constitutivos de nulidad que debieron ser alegados en primera instancia, sino porque la parte apelante no argumentó en cuál de las circunstancias previstas en el artículo 140 del CPC se encausó el supuesto actuar indebido del a quo, sin que en esta instancia se evidencie que haya operado alguna de aquellas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 242 LITERAL A, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 140