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¿Debe ordenarse la devolución de los valores descontados al contratista por con-cepto de descuentos? ¿Se acreditaron los elementos necesarios para que se entienda configurado el des-equilibrio económico del contrato? En caso de que se haya configurado el desequi-librio económico, ¿qué monto debe reconocerse al contratista? ¿Debe liquidarse judicialmente el contrato de obra No. 1-01-25400-1477 de 2019, celebrado entre las partes demandante y demandada? No
El contratista no obtiene la devolución de los valores descontados ni la liquidación judicial del contrato si no acredita que la cláusula de descuentos es ineficaz o que los descuentos fueron arbitrarios e injustificados, y si no demuestra la configuración del desequilibrio económico del contrato; en este caso, la entidad estatal probó que el contratista incumplió con 60 de los 61 hitos del contrato y que el cronograma incumplido fue elaborado por el contratista mismo. Además, la Sala declara probada la excepción de pleito pendiente, ya que un proceso de controversias contractuales en curso busca declarar el incumplimiento del contratista, condenarlo a reintegrar el anticipo y pagar descuentos e indemnizaciones, y liquidar judicialmente el contrato, lo que implica que la liquidación del contrato en cuestión se resolverá en ese proceso.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2023-02-20Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220016100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral proferido en virtud de la cláusula compromisoria pactada por las partes dentro del contrato? Sí
Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 atribuye esa competencia a la Sección Tercera cuando interviene una entidad pública. Segunda, la empresa de servicios públicos domiciliarios, al ser una sociedad anónima constituida entre entidades públicas, tiene naturaleza de entidad pública conforme al artículo 68 de la Ley 489 de 1998. Tercera, el contrato contenía una cláusula compromisoria, cuyo pacto sujeta el asunto al arbitramento. Por lo tanto, la competencia para conocer del recurso de anulación corresponde al Consejo de Estado. Además, la Sala verifica que el recurso se presentó dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo, como lo exige el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. El auto admite el recurso en cuanto a la competencia, y el documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral cumplió los requisitos de oportunidad y sustentación para su admisibilidad?
¿Los contratos celebrados por la entidad contratante, esto es, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? No
La entidad contratante –Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP– es una empresa de servicios públicos y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 los contratos celebrados por esta no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
También resuelve:¿Caducó el medio de control de controversias contractuales en el caso sub lite, considerando que, el contrato requería ser liquidado…¿En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, resulta procedente la condena en costas, considerando que ninguno de los recursos de apelación presentados prosperó?
44001233300020130013501 de 20262026-08-14Sección TerceraRad. 44001233300020130013501
El contratista no está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para los contratos celebrados con empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, salvo que la ley disponga lo contrario, y los actos que emite la entidad no son actos administrativos, sino de derecho privado, por lo que no gozan de los atributos propios de los actos administrativos como la presunción de legalidad. En el caso específico, la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia en mayo de 2024, confirmando que los actos contractuales emitidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios no implican el ejercicio de prerrogativas del poder público y no son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sino que deben ser examinados a través del medio de control de controversias contractuales. Esto implica que las controversias relacionadas con estos actos deben ser resueltas en función de las estipulaciones contractuales y no del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, a menos que las partes hayan acordado lo contrario en el contrato.síntesis automática
También resuelve:Régimen contractual aplicable a la empresa de servicios públicos domiciliarios: Ley 142 de 1994 artículo 31, inaplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –Ley 142 de 1994 artículo 32, actos de derecho privado, ausencia de prerrogativas del poder públicoLegitimación en la causa: concepto, legitimación material en la causa, participación real en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de la demanda, legitimación en la causa por activaNulidad de actos contractuales: no procede, aplicación principio iura novit curia
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias proferidas por tribunales administrativos en controversias contractuales que involucran a empresas de servicios públicos domiciliarios, debido a que estos procesos se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación administrativa, lo que implica que el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato, según establece el artículo 136.10 literal b) del Código Contencioso Administrativo. Además, el juez de segunda instancia tiene la facultad de pronunciarse oficiosamente sobre la caducidad del medio de control, lo que reitera la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse oficiosamente frente a la caducidad del medio de control?¿El acto de liquidación que hizo Empresas Públicas de Cundinamarca E.S.P. S.A está revestida de los atributos propios de un acto administrativo?¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los asuntos que no requieren de liquidación, inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato?
¿La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial implica un cambio en el régimen jurídico del contrato estatal inicialmente celebrado? No
La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial no altera el régimen jurídico del contrato estatal ni sus prerrogativas. La regla se apoya en el artículo 896 del Código de Comercio, que dispone que la cesión comprende las acciones, privilegios y beneficios propios de la naturaleza y condiciones del contrato, de modo que las prerrogativas pactadas y las propias de los contratos estatales se transfieren al cesionario. Además, las partes reconocieron ese efecto al momento de pactar la cesión, y el cesionario es una entidad pública descentralizada del orden departamental, por lo que el régimen sustancial del contrato no muta con la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido sigue sometido a las reglas que lo gobernaban antes de la cesión, y el cambio de titular no modifica las prerrogativas que tenía la administración.síntesis automática
También resuelve:¿La Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., puede ejercer válidamente las prerrogativas unilaterales del contrato estatal que le fueron cedidas?¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10 del CCA para determinar la caducidad de la acción en un contrato estatal de ejecución sucesiva liquidado unilateralmente por la administración?¿Puede un contrato de transacción tener efectos jurídicos respecto de pretensiones no incluidas expresamente en su contenido, como los perjuicios derivados del incumplimiento contractual…
¿Cuál es el régimen aplicable a los contratos de consultoría relacionados con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA? Sí
El contratista debe cumplir con todas las obligaciones pactadas en un contrato de consultoría relacionado con los Planes Departamentales de Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), y su incumplimiento puede dar lugar a la negativa del pago de porcentajes pendientes, como el 15% por viabilización de proyectos, si estos no cumplen con los requisitos establecidos. La Sala reitera que el contrato de consultoría se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, y que la autonomía de la voluntad permite a las partes modificar el contrato, renunciando a reclamaciones económicas por ampliación de plazos, sin generar desequilibrio financiero que justifique indemnizaciones adicionales. Esto implica que las partes deben cumplir con las modificaciones acordadas y que el juez del contrato debe respetar estas decisiones transaccionales.síntesis automática
También resuelve:¿Existió incumplimiento de la parte demandada en la ejecución del contrato de consultoría 429 de 2009?¿se generó desequilibrio económico del contrato?, y de ser así, ¿habría lugar al reconocimiento indemnizatorio pretendido por la parte demandante?¿Es procedente la condena en costas?
¿Con la expedición de los actos 11900-2014-6884 del 29 de diciembre de 2014, 10200-2014-1137 del 30 de diciembre de ese año y 11900-2015-0454 del 4 de febrero de 2015, la demandada desconoció el principio de buena fe y, por consiguiente, incurrió en responsabilidad precontractual? Sí
El contratista no puede reclamar responsabilidad precontractual por la terminación de una invitación pública, ya que la entidad estatal actuó conforme a los términos inicialmente establecidos y conocidos por el contratista, cumpliendo así con el principio de buena fe. La Sala reitera que la responsabilidad precontractual no se activa cuando la entidad cumple con los deberes inherentes a la buena fe contractual. Además, el Consejo de Estado determina que los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, salvo excepciones legales, por lo que la terminación de la invitación pública no constituye un acto administrativo susceptible de nulidad. En consecuencia, el medio de control adecuado es la reparación directa, conforme al artículo 140 de la Ley 1437 de 2011, al no tratarse de un acto administrativo sino de actuaciones negociales precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas a quien resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
¿Operó la excepción de cosa juzgada para impedir el análisis de los reparos del apelante sobre el incumplimiento contractual y la indebida vinculación al proceso, existiendo decisión judicial ejecutoriada y auto en firme sobre tales aspectos? Sí
La excepción de cosa juzgada opera e impide efectuar un nuevo análisis sobre los reparos del apelante relativos al incumplimiento contractual y a la indebida vinculación procesal cuando sobre tales aspectos existe una decisión judicial previa y un auto en firme debidamente ejecutoriados. En este caso, la providencia reitera los efectos de la sentencia ejecutoriada proferida en un proceso anterior entre las mismas partes respecto del contrato de obra pública para la construcción de la torre materno infantil, constatando el porcentaje de ejecución y el incumplimiento demostrado.síntesis automática
También resuelve:¿El juez debe abstenerse de considerar lo decidido en otro proceso judicial promovido por la garante del contrato, a pesar de la similitud de los cargos…¿Las decisiones mediante las cuales una empresa social del Estado declaró el incumplimiento y liquidó unilateralmente el contrato, no son actos administrativos por estar sometidas al derecho privado?¿El Hospital Universitario del Norte incurrió en una actuación antijurídica al ejercer la facultad de liquidación unilateral del contrato…
¿Con ocasión de la ejecución del contrato, se acreditó que EPM incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones por el hecho de no haber reconocido y pagado la totalidad de las obras y servicios efectivamente ejecutados, lo cual condujo a unos mayores costos y debió asumir la contratista? No
Los reconocimientos por mayor obra aparentemente ejecutada por la contratista se basan en los anexos documentales aportados por la parte actora, que corresponden a cuadros elaborados por ella misma que condensan los valores definidos en el acápite correspondiente a la cuantía de la demanda y que en modo alguno cuentan con verificación de ejecución real, aceptación de tales cantidades y valores por parte de la interventoría y verificación de ausencia de pago, documentos estos que a pesar de no ser objetados o controvertidos por la entidad demandada, no proporcionan elementos de juicio para apreciar lo realmente ejecutado.… En ese sentido, extraña la Sala en la verificación de tales items, cantidades y valores, el procedimiento de reconocimiento por parte de la entidad y su correspondiente pago o denegación de pago…
También resuelve:¿Es procedente revocar la decisión objeto de apelación que declaró la nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato, así como también el reconocimiento y pago de unas obras…¿El numeral 4.5.6 del pliego de condiciones es nulo por objeto ilícito, por cuanto expresamente señaló que no se pagarían las visitas perdidas por ningún concepto?¿El régimen contractual aplicable a la empresa de servicios públicos domiciliarios es el de derecho privado?
¿Se probó la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra? Sí
El contratista no puede demostrar la ruptura del equilibrio económico del contrato estatal por el pago de la estampilla por el impuesto de guerra, ya que la entidad estatal estableció en el contrato que el contratista estaba a cargo de todos los impuestos, tasas o contribuciones que se deban pagar con ocasión del contrato. Además, el impuesto de guerra fue creado antes de la firma del contrato y no se demostró el impacto negativo del aumento del porcentaje de descuento por la contribución de prodeporte en la ecuación financiera del contrato. La Sala determina que para que proceda el reconocimiento del desequilibrio económico, es necesario que la parte actora acredite claramente las circunstancias anteriores a la suscripción del contrato, incluyendo el pliego de condiciones y la oferta económica presentada, para establecer con precisión los impuestos, tasas y contribuciones que se pusieron en conocimiento de los oferentes. Esta sentencia reitera la importancia de la cláusula contractual que establece la obligación del contratista de asumir ciertos impuestos y tasas, y subraya la necesidad de acreditar con claridad y precisión los hechos que dan lugar a la reclamación de un desequilibrio económico en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a los contratos celebrados por las empresas de servicios públicos?¿Cuál es la consecuencia jurídica de las salvedades que se dejan en acto de liquidación del contrato o en los actos modificatorios en la ejecución del contrato estatal?¿Puede la unión temporal contratista alegar su inconformidad en sede sobre un asunto en el que expresamente renunció a reclamar a lo largo de toda la ejecución del contrato?
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las “deducciones por incumplimiento”¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
¿Los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios en desarrollo de contratos sometidos al régimen de derecho privado, tienen naturaleza de actos administrativos? No
El contratista no puede ejercer unilateralmente la facultad de declarar el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado basándose en disposiciones de la Ley 1474 de 2011, si las partes no incorporaron expresamente dicha ley en el acuerdo de voluntades. En este caso, la entidad estatal pretendió aplicar la Ley 1474 de 2011 para declarar el incumplimiento del contratista, sin que las partes hubieran acordado su inclusión en el contrato. La Sala estableció que la atribución de potestades unilaterales en contratos de derecho privado requiere un pacto claro y expreso, y no basta con la vigencia formal de una disposición legal que forme parte del EGCAP. La regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal, matizando que la incorporación de normas del EGCAP debe ser explícita y no puede ser asumida por la mera vigencia de la ley. Esto implica que las partes deben ser cuidadosas al definir las facultades y procedimientos que regirán el contrato, evitando asumir que las disposiciones del EGCAP se aplican automáticamente.síntesis automática
También resuelve:¿La facultad de la contratante para declarar unilateralmente el incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal en un contrato regido por el derecho privado podía ejercerse con fundamento en las…¿La Empresa conculcó el debido proceso del Consorcio por variar los señalamientos de incumplimiento contractual al agregar, con posterioridad a la citación…¿Le era exigible al actor formular la respectiva censura por incongruencia en el recurso de reposición que interpuso en contra de la Resolución 87 del 20 de diciembre de 2013?
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve:¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante?¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos?¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo?¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión?¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
¿Aunque se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de interventoría que la normativa que regía el negocio jurídico era la contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado por tratarse de un negocio jurídico celebrado por una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, por lo que, en consecuencia, en el sub lite no se puede emplear la teoría del desequilibrio económico del contrato? Sí
En el contrato de interventoría que regía servicios públicos, la normativa aplicable es la Ley 142 de 1994 y el derecho privado, aunque en el pliego y en el contrato se haya pactado el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, somete los contratos de las empresas de servicios públicos al derecho privado, salvo las excepciones que la propia norma establece. Segunda, la cláusula de sujeción al estatuto general de contratación no altera el régimen legal que la ley impone a este tipo de contratos. En el caso, la providencia confirma que el contrato se rige por el régimen de servicios públicos y el derecho privado. En la práctica, la entidad que contrate un servicio público debe verificar el régimen legal aplicable antes de invocar el estatuto general de contratación para resolver las controversias.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato de interventoría por parte de la sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.…¿Se acreditaron sobrecostos no cubiertos por la extensión del contrato de interventoría, que deban ser reconocidos a favor del contratista?¿En vigencia del CPACA y del Código General del Proceso, hay lugar a condenar en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía y en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante conta la sentencia de primer grado? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos corresponde al Consejo de Estado, según el artículo 150 del CPACA, y que la doble instancia ante esa corporación procede también por razón de la cuantía de la pretensión mayor, cuando supera el monto exigido para el medio de control respectivo. Una razón es que el artículo 150 expresamente atribuye a la corporación la segunda instancia de las apelaciones de sentencias y de autos apelables, sin que la naturaleza del medio de control impida esa competencia. Otra razón es que en el asunto la pretensión mayor, correspondiente a la administración dejada de percibir, superaba el umbral de doble instancia fijado para el medio de control aplicable, de modo que el recurso del demandante era conocido por la Sala. En el caso, el demandante apeló la negación de sus pretensiones, y la Sala confirmó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la cuantía de la pretensión mayor, determinada al momento de la demanda, fija la competencia para la segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente cuando el daño se deriva del acto precontractual, en un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios…¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad del medio de control de reparación directa?¿El acto de adjudicación en un contrato regido por el derecho privado, tiene la naturaleza de acto administrativo?
¿Se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios, de los sobrecostos, de las mayores inversiones y cantidades de obra como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato, considerando que todas las suspensiones del contrato de obra se suscribieron por las partes de mutuo acuerdo y sin que la contratista hubiera consignado su inconformidad sobre tales decisiones en dichos documentos? No
Las suspensiones de un contrato de obra pactadas de mutuo acuerdo, sin que el contratista deje constancia de su inconformidad en los documentos, no permiten atribuir a la entidad un incumplimiento que genere sobrecostos o el rompimiento del equilibrio económico. La regla se apoya en tres razones. Primera, las suspensiones se firmaron de común acuerdo y el contratista no dejó consignada su inconformidad en esos documentos, aunque las dos primeras se dieron por causa de la entidad. Segunda, el listado de obligaciones del contrato no incluye sobrecostos, perjuicios ni mayores inversiones, y el valor a pagar se fijó con la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida por la interventoría. Tercera, no existe fundamento que permita acreditar que la entidad incumplió las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato. En consecuencia, la petición de reconocimiento de sobrecostos, perjuicios y mayores inversiones no tiene vocación de prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente arribar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de desequilibrio económico del contrato estatal, fundadas en la ejecución de actividades ya ocurridas…¿Resulta errada la posición asumida por el tribunal de primera instancia en torno a establecer que, sin existir observación sobre los contratos adicionales ni actas de suspensión y reinicio…¿La sentencia apelada resulta incongruente y debe revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión alguna en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados…
¿El acto administrativo que confirmó los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria, debió ser objeto de recursos en la vía gubernativa, para que el juez de lo contencioso administrativo pudiera estudiar de fondo las pretensiones de nulidad? Sí
El contratista debe presentar los actos acusados de incumplimiento del contrato, liquidación y cobro de la cláusula penal pecuniaria en la vía gubernativa antes de demandarlos, para que el juez de lo contencioso administrativo pueda estudiar de fondo las pretensiones de nulidad, ya que omitir este paso genera ineptitud sustantiva de la demanda y obliga al juez a inhibirse de pronunciarse sobre ellas. Además, el juez puede declarar oficiosamente la nulidad de algunas cláusulas del pliego de condiciones si estas forman parte integrante del contrato de suministro pactado por las partes, siempre y cuando no se haya perfeccionado un nuevo documento que las sustituya. Estas reglas implican que el accionante debe cumplir con los principios de congruencia y justicia rogada, precisando con claridad los cargos de anulación y las causales de nulidad del acto administrativo, evitando así la ineptitud de la demanda y permitiendo al juez emitir un pronunciamiento fundado sobre los hechos y pretensiones presentados.síntesis automática
También resuelve:¿La declaratoria oficiosa de nulidad por parte del juez de algunas de las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones era procedente por ser parte integrante del contrato de suministro a…¿El principio de justicia rogada y el deber de precisar con toda claridad los cargos de anulación y el concepto de violación…¿El régimen prevalente que informa la celebración y ejecución de los contratos de las prestadoras de servicios públicos es el derecho privado y no permiten la inclusión de cláusulas que habiliten a…
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…