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¿La contraprestación económica proveniente de los contratos que se suscriban con el objeto de explotación de recursos naturales no renovables, se gobierna por las normas vigentes sobre la materia, consideración que atañe a los contratos para la producción de hidrocarburos? Sí
El contratista no puede establecer mediante acuerdo contractual un sistema diferente para la liquidación y pago de las regalías en contratos para la explotación de recursos naturales no renovables, incluyendo hidrocarburos, ya que la Constitución en su artículo 360 establece que las condiciones para la explotación de estos recursos deben ser fijadas por la ley. Además, la modificación del régimen de regalías por la Ley 508 de 1999, que estableció un porcentaje entre el 5% y el 25% de la producción del campo, fue reconocida por las partes en un otrosí, lo que no constituye causa de nulidad y se ajusta a la normatividad vigente. Esta regla reitera y confirma la importancia de la reserva legal en la materia, impidiendo que las partes pacten condiciones que contravengan la ley, y garantiza que las regalías se liquiden conforme a la normativa aplicable en el momento de la explotación.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la declaratoria de nulidad de una cláusula contractual que acuerda ajustar las regalías del contrato a la normatividad vigente sobre la explotación de hidrocarburos?
¿Los actos administrativos demandados dieron por terminado unilateralmente el contrato, por lo que debe entenderse que la entidad estatal ejerció la facultad de terminación unilateral prevista en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993? No
El contratista no puede impugnar la terminación del contrato por vencimiento del plazo pactado, ya que los actos administrativos de Corpoguarjira indican que el contrato finalizó por el vencimiento del plazo de ejecución, no por una terminación unilateral, y el plazo inicial de 16 meses, prorrogado por nueve meses más, había expirado antes de la fecha de expedición de dichos actos. Además, el contrato celebrado entre Corpoguarjira y Acuavalle, a pesar de ser denominado convenio interadministrativo, es en realidad un contrato interadministrativo de obra sometido al estatuto general de contratación estatal, por lo que Corpoguarjira tiene competencia para declarar el incumplimiento del contrato y hacer efectiva la cláusula penal mediante actos administrativos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que permite a las entidades declarar el incumplimiento del contrato luego de su terminación y hacer efectiva la cláusula penal, siempre y cuando dicha facultad haya sido pactada en el contrato, como en este caso. Esto implica que la entidad estatal puede adoptar decisiones contractuales en conformidad con el régimen jurídico aplicable a los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato administrativo suscrito entre las partes, al ser un contrato cuyo régimen jurídico no era el derecho privado sino el contemplado en el estatuto general de la contratación estatal…
¿Los contratos celebrados por la entidad contratante, esto es, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? No
La entidad contratante –Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP– es una empresa de servicios públicos y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 los contratos celebrados por esta no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
También resuelve:¿Caducó el medio de control de controversias contractuales en el caso sub lite, considerando que, el contrato requería ser liquidado…¿En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, resulta procedente la condena en costas, considerando que ninguno de los recursos de apelación presentados prosperó?
¿El contrato de consultoría suscrito por FONADE se encuentra exceptuado de la aplicación del estatuto de contratación estatal, por corresponder al giro ordinario de su objeto social, y en consecuencia, no son aplicables al caso los artículos 5 y 27 de la Ley 80 de 1993 sobre el mantenimiento del equilibrio financiero del contrato ni los artículos 3, 4, 24, 25 y 28 de ese mismo ordenamiento invocado por la parte apelante en su recurso? Sí
El contratista no tiene derecho a reclamar sobrecostos ni a considerar que la entidad estatal incumplió el contrato cuando existen diferencias entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, dado que el contrato se pactó a precio global y abarcaba todos los costos directos e indirectos relacionados con la realización de los diseños. La entidad contaba con anteproyectos que estimaban una posible área a diseñar, pero el resultado preciso solo se determinaría con los diseños definitivos, por lo que no se acreditó que la parte contratante desconociera la extensión y alcance de lo pactado. Además, aunque se realizaron modificaciones en la acomodación de la población carcelaria dentro del grupo 1, la ocupación estimada de cada centro penitenciario se mantuvo inalterada, lo que implica que el contrato no se pactó a precios unitarios por metro cuadrado de diseño. Esta regla reitera la jurisprudencia sobre la interpretación de contratos a precio global en proyectos de infraestructura, limitando las reclamaciones de sobrecostos basadas en diferencias de área en diseños finales.síntesis automática
También resuelve:¿El solo hecho de existir diferencia entre las áreas estimadas y las finalmente diseñadas, otorga derecho al contratista a reclamar sobrecostos y constituye incumplimiento de la demandada…¿Procede el reconocimiento de sobrecostos derivados de la variación de la fuente hídrica para el Centro Carcelario y Penitenciario de Puerto Triunfo…¿Procede el reconocimiento al contratista de sobrecostos derivados de la supuesta exigencia de FONADE de ejecutar trabajos no previstos en el contrato?
¿El régimen jurídico de contratación de las Universidades Públicas, como otros de los denominados regímenes especiales, no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es “salvo las excepciones consagradas en la Ley"? Sí
El contratista no puede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral proferido por la entidad estatal, como las universidades públicas, cuando el contrato se rige por el derecho privado y no se allega prueba del estatuto interno que regula los actos administrativos de la universidad. La Sala confirmó que el régimen jurídico de contratación de las universidades públicas no es exclusivamente el derecho privado, sino que lo es salvo las excepciones consagradas en la Ley 30 de 1992, y que los reglamentos internos de estas instituciones pueden establecer cuáles de sus actos son administrativos. Sin embargo, en este caso, el contratista no cumplió con su deber probatorio de demostrar que el acto de liquidación era un acto administrativo, por lo que la Sala rechazó la pretensión de declarar la nulidad del acto y reconoció la regla general de que el régimen de los contratos es el derecho privado. Esto implica que el acto de liquidación no es un acto administrativo, sino un acto contractual unilateral sin naturaleza de acto administrativo, y que el contratista debe demostrar la naturaleza jurídica del acto para poder anularlo.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente declarar la nulidad de los actos de liquidación unilateral proferidos por la Universidad Tecnológica de Pereira y, en consecuencia…¿Resulta procedente declarar el incumplimiento del contrato de obra celebrado por la Universidad Tecnológica de Pereira, por el ejercicio indebido de la facultad de liquidar unilateralmente…¿A los contratos estatales especiales sometidos al derecho privado, como los celebrados por las Universidades Públicas, les resultan aplicables las normas relacionadas con el equilibrio económico del…
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento? Sí
El término de caducidad de la acción de nulidad absoluta de un contrato estatal celebrado bajo el régimen anterior es de dos años contados desde los motivos de hecho o de derecho que la fundan, y que el juez debe declararla de oficio cuando la demanda se presenta por fuera de ese término. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, para la suscripción y la inscripción del contrato en el registro minero, la norma aplicable era el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 23 del Decreto 2304 de 1989. Segunda, la nulidad absoluta se configura por la transgresión de disposiciones que regularon la formación del negocio o sus requisitos esenciales, de modo que el plazo corre desde esos motivos. Tercera, la demanda se radicó después de vencidos los dos años, lo que la hace extemporánea. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara de oficio la caducidad. La consecuencia práctica es que la pretensión de nulidad absoluta debe presentarse dentro de los dos años contados desde el vicio que la sustenta.síntesis automática
También resuelve:¿Es claro que en esta oportunidad la CAR ejerció el derecho de acción cuando ya se había vencido el plazo de la caducidad?¿Solo se vinculó a la litis a la sociedad minera a pesar de que los titulares del contrato minero eran varias personas?¿La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca puede demandar la nulidad de un contrato minero cuando este se superponga con áreas de especial protección ambiental de su jurisdicción?
¿El ICBF efectuó el cálculo de la remuneración del contratista con apego a la norma vigente y aplicó correctamente sus reglas sobre porcentajes escalonados? Sí
La remuneración del contratista se liquida conforme a la norma vigente al momento de celebrarse el pacto, y que la entidad que la paga con esa norma y aplica bien sus porcentajes escalonados no incumple el contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la norma aplicable al momento de celebración era el artículo 4 del Decreto 3421 de 1986 y no el artículo 107 del Decreto 2388 de 1979, invocado por la demandante. Segunda, el reconocimiento económico fue liquidado y efectivamente pagado con arreglo a esa norma, y las reglas sobre porcentajes escalonados se aplicaron correctamente. Tercera, al no constatarse incumplimiento de la entidad contratante, no procede la condena a perjuicios patrimoniales ni extrapatrimoniales ni la nulidad parcial del acto de liquidación. La providencia revoca la sentencia de primera instancia y desestima las pretensiones. La consecuencia práctica es que la liquidación de la remuneración debe verificarse con la norma vigente al celebrarse el contrato, y no con una posterior o anterior invocada por el contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a condenar al pago de la indemnización de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales pretendidos?¿La retribución convenida se supeditó a un porcentaje determinable a partir de la ley aplicable para el momento de la celebración del contrato?¿La responsabilidad contractual es el deber del agente dañador del pago de los perjuicios que haya sufrido su cocontratante por efecto de la desatención obligacional?
¿En los contratos estatales que requieran de liquidación y ésta se lleva a cabo de común acuerdo, la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la fecha en que las partes liquidaron el contrato? Sí
El contratista no puede interponer un medio de control de controversias contractuales para reclamar sobre un desequilibrio económico en un contrato estatal terminado y liquidado, ya que la excesiva onerosidad sobrevenida solo aplica a prestaciones futuras y no a situaciones pasadas, y el principio de no ir contra los actos propios prohíbe que las partes reviertan acuerdos ya cumplidos. La Sala reitera que la caducidad del medio de control inicia el día siguiente a la firma del acta de liquidación bilateral, lo que permite que la demanda sea presentada oportunamente si se ajusta a este plazo. En contratos financiados por entidades internacionales, como el Banco Mundial, las disposiciones sobre equilibrio económico no son aplicables debido al régimen especial del contrato, por lo que reclamaciones basadas en desequilibrio financiero deben ser rechazadas.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta aplicable la figura del desequilibrio económico dado el régimen especial del contrato al haber sido celebrado por una empresa de servicios públicos y financiado por el Banco Mundial?¿La excesiva onerosidad sobrevenida pretende remover a futuro las dificultades que se le presenten a una de las partes de un contrato durante su ejecución…¿Si las partes acuerdan una suspensión o una prórroga del contrato y no plantean salvedades a su cumplimiento, con ello están determinando que ese negocio jurídico se hará en esas condiciones…
¿En una situación de apelante único la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso? Sí
En una situación de apelante único, la competencia del juez de segunda instancia se reduce al análisis de los puntos objeto del recurso, de modo que no puede revisar la providencia en la parte que no fue impugnada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, limita la competencia funcional del superior a los cargos esgrimidos en el recurso de alzada; la regla admite una excepción prevista en el inciso segundo del artículo 187 del CPACA, según la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que encuentre probada; y el silencio del inferior no impide que el superior se pronuncie sobre esos aspectos en los términos de la ley. Por ello, el examen de la segunda instancia se limita a lo impugnado, salvo esas excepciones legales. La providencia de primera instancia se confirma en lo que fue objeto del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿Con las pruebas del expediente se acredita la nulidad de los actos administrativos demandados por el supuesto hecho de haberse desconocido el acuerdo de creación del consorcio?¿Los negocios jurídicos celebrados por el representante, dentro de las facultades conferidas para tal caso, producen los mismos efectos que si la actuación la hubiera realizado el representado…¿El mandato de representación otorgado por los integrantes del consorcio, se tiene que se estipuló que la representación del consorcio la tendrían, pluralmente los dos facultados?
¿La actividad contractual de la Empresa Social del Estado demandada se rige por el derecho privado, pero puede utilizar de forma discrecional las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública? Sí
El contratista puede solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal cuando la entidad demandada ejerza la terminación unilateral sin justificar adecuadamente su decisión ni garantizar el derecho de defensa del contratista, ya que aunque la terminación unilateral por decisión autónoma no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), la entidad debe actuar de manera transparente y justa. La Sala reitera que el ejercicio de la terminación unilateral debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa, y que la falta de claridad en la terminación unilateral puede generar un escenario injusto para el contratista, lo que implica que la entidad debe exponer las razones que sustentan su decisión para permitir una discusión efectiva ante el juez del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Debe declararse el incumplimiento del contrato estatal por el ejercicio abusivo de la facultad de terminación unilateral por parte la Empresa Social del Estado demandada…¿Debe reconocerse el pago de la cláusula penal pecuniaria a favor del contratista, pero de forma proporcional en virtud del cumplimiento parcial de las prestaciones por parte de la administración?¿Deben reconocerse perjuicios adicionales al pago de la clausula penal pecuniaria, esto es, por encima de su valor, dado el incumplimiento parcial del contrato por la administración?
¿El contrato para la introducción y comercialización de licores, celebrado entre el departamento de Valle del Cauca y la sociedad demandante, estaba regido por la Ley 80 de 1993 y debió haber estado precedido de un procedimiento licitatorio para la selección del contratista? Sí
Cuando el departamento celebra contratos para la introducción y comercialización de licores en desarrollo del monopolio de arbitrio rentístico, esos contratos están regidos por la Ley 80 de 1993 y la selección del contratista debe hacerse por un procedimiento competitivo, como la licitación pública. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 63 de la Ley 14 de 1983 y el artículo 123 del Decreto 1222 de 1986 permiten celebrar esos negocios dentro de las normas de contratación vigentes. Segunda, el Consejo de Estado ha concluido que, desde la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, el departamento debe ceñirse a esa ley, al no existir un régimen especial para la selección de los contratistas. Tercera, a falta de una regla específica, la modalidad de selección de contratistas particulares por parte del departamento era la licitación. En consecuencia, la providencia revoca la decisión que había considerado el contrato regido por el derecho privado. El documento reitera esa línea sobre el régimen de estos contratos.síntesis automática
También resuelve:¿Los actos administrativos demandados mediante los cuales se declaró la terminación unilateral del contrato, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional por la pretermisión…¿Debe declararse la nulidad absoluta del contrato para la introducción y¿En vigencia del C.P.A.C.A. y del Código General del Proceso, resulta procedente condenar en costas en segunda instancia a la parte a quien se le resuelve parcialmente favorable el recurso de…
¿La Unión Temporal, obligada a reexportar los equipos, demostró el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación? No
El contratista no demuestra el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación cuando está obligado a reexportar los equipos importados temporalmente, lo que implica que no cumple con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en la normativa que rige la importación temporal de corto plazo. En este caso, la Unión Temporal, como contratista, no cumplió con el deber de no venir en contra de sus propios actos, ya que en el otrosí N° 1 del contrato se pactó la obligación de mantener indemne a la entidad contratante respecto de las responsabilidades derivadas de las obligaciones de reexportación. Además, la entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales y la Unión Temporal no realizó las gestiones necesarias para la reexportación de los equipos, lo que llevó a la aprehensión de los camiones compactadores de basura por parte de la DIAN. La regla reitera la importancia de cumplir con los requisitos de la reexportación y las obligaciones contractuales para evitar incumplimientos y responsabilidades adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿Durante el lapso entre la entrega y la aprehensión de los camiones la arrendadora tampoco realizó las gestiones para la reexportación de los equipos?¿La arrendataria estuvo presta a cumplir la restitución de la cosa arrendada, pero la unión temporal se rehusó a recibir los equipos?¿El representante legal de la UT se rehusó a recibir los 21 camiones conforme a lo estipulado en el contrato de arrendamiento?
¿El régimen jurídico del contrato en este caso, es el régimen jurídico de los contratos que celebran las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, el derecho privado y, el asunto debe analizarse bajo la óptica del incumplimiento contractual y no sobre el desbalance económico? Sí
Los contratos que celebran las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por regla general por el derecho privado, de modo que su análisis debe hacerse bajo la óptica del incumplimiento contractual y con las reglas civiles y comerciales. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 establece que el régimen de estos contratos es, por regla general, de derecho privado. Segunda, en controversias sobre el quebranto de la ecuación económica de contratos regidos por el derecho común, el marco lo determinan el artículo 868 del Código de Comercio y la buena fe contractual del artículo 1603 del Código Civil, y no el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Tercera, el asunto versaba sobre el supuesto incumplimiento y no sobre el desbalance económico, por lo que el error en la fundamentación normativa de la primera instancia no tiene una gravedad insuperable. La providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la discusión sobre el incumplimiento de un contrato de empresa de servicios públicos se resuelve con normas de derecho privado y no con la figura del desequilibrio económico del estatuto contractual.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato 299901-26731 suscrito por una Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios para la construcción de redes de gas se produjo un incumplimiento contractual…
¿Resulta procedente declarar la coligación negocial entre el contrato de empréstito suscrito entre el Departamento de Antioquia y el BID, el convenio del Departamento de Antioquia con IDEA para la participación departamental en la sociedad ECA SA, el contrato de constitución de ECA SA y, los contratos para la construcción o diseño de siete STCA? No
Tal como lo determinó el tribunal a quo, cada uno de los contratos suscritos entre el Departamento de Antioquia y ECA SA para el diseño y/o construcción de STCA (números 2007-CO-20-8395 de 12 de octubre de 2007, 2007-CO-20-8433 del 27 de noviembre de 2007 y 2007-CC-20-8460 del 26 de diciembre de 2007) son independientes -a pesar de haberse suscrito por las mismas partes-, porque no guardan entre sí relación de dependencia ni estructuran un objeto global inescindible que imponga analizar en forma conjunta las incidencias de cada uno de ellos; por el contrario, es perfectamente posible determinar las responsabilidades surgidas de cada uno de ellos en forma separada y juzgar, en la misma manera…
También resuelve:¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales en relación con las pretensiones relativas al contrato número 2007-CC-20 8460 para el diseño de los STCA de los municipios de Urrao…¿La caducidad del medio de control de controversias contractuales en relación con las pretensiones relativas al contrato número 2007-CC-20 8460 para el diseño de los STCA de los municipios de Urrao…¿Cuenta con legitimación en la causa por pasiva eel Departamento de Antioquia en lo referente a las pretensiones derivadas del contrato de constitución de la sociedad ECA SA, del cual no fue parte?
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la acción de controversias contractuales, aunque a pesar de la existencia de una cláusula compromisoria las partes no alegaron la falta de jurisdicción y, al momento de presentar la demanda, la jurisprudencia aceptaba la renuncia tácita al pacto arbitral? Sí
El contratista puede presentar una demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para controversias contractuales, incluso cuando exista una cláusula compromisoria en el contrato, siempre y cuando las partes no aleguen la falta de jurisdicción y la jurisprudencia vigente al momento de presentar la demanda permita la renuncia tácita a la cláusula compromisoria. La Sala modificó su posición respecto a la renuncia tácita, exigiendo ahora una renuncia expresa y por escrito, pero decidió aplicar la regla anterior en este caso para no afectar el derecho de acceso a la justicia del demandante.síntesis automática
También resuelve:¿Al contrato n°. 140 para la operación y explotación del canal nacional de operación privada N1 celebrado por la Comisión Nacional de Televisión, le era aplicable la Ley 182 de 1995 y…¿La legalidad de las sanciones de la Comisión Nacional de Televisión debe analizarse a partir de lo establecido en el artículo 38 del CCA?¿La facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones, caduca a los tres años de producido el acto que puede ocasionarlas?
¿Aunque se estableció en el pliego de condiciones y en el contrato de interventoría que la normativa que regía el negocio jurídico era la contenida en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus reformas, al contrato le aplicaba la Ley 142 de 1994 y el derecho privado por tratarse de un negocio jurídico celebrado por una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, por lo que, en consecuencia, en el sub lite no se puede emplear la teoría del desequilibrio económico del contrato? Sí
En el contrato de interventoría que regía servicios públicos, la normativa aplicable es la Ley 142 de 1994 y el derecho privado, aunque en el pliego y en el contrato se haya pactado el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, somete los contratos de las empresas de servicios públicos al derecho privado, salvo las excepciones que la propia norma establece. Segunda, la cláusula de sujeción al estatuto general de contratación no altera el régimen legal que la ley impone a este tipo de contratos. En el caso, la providencia confirma que el contrato se rige por el régimen de servicios públicos y el derecho privado. En la práctica, la entidad que contrate un servicio público debe verificar el régimen legal aplicable antes de invocar el estatuto general de contratación para resolver las controversias.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contrato de interventoría por parte de la sociedad Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.…¿Se acreditaron sobrecostos no cubiertos por la extensión del contrato de interventoría, que deban ser reconocidos a favor del contratista?¿En vigencia del CPACA y del Código General del Proceso, hay lugar a condenar en costas a quien se le resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación?
¿En el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten los argumentos y las decisiones adoptadas en la sentencia recurrida? Sí
El contratista debe exponer en el recurso de apelación las razones o fundamentos de disenso específicos contra los argumentos y decisiones de la sentencia recurrida, cumpliendo así con la carga de sustentación que le corresponde, de lo contrario, el recurso será rechazado por falta de sustento. La Sala reitera que el juez de segunda instancia debe confrontar el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad presentados por la parte recurrente, y que la mera manifestación de desacuerdo o la petición de modificación no es suficiente. En otro aspecto, la entidad estatal que es un ente universitario autónomo del orden departamental, al celebrar contratos de obra, debe regirse por las normas del derecho privado, excluyéndose la aplicación del estatuto general de contratación de la administración pública, conforme a la Ley 1150 de 2007 y el artículo 93 de la Ley 30 de 1992. Esto implica que las controversias deben resolverse según el régimen jurídico privado aplicable al negocio, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de las normas contractuales y en la resolución de conflictos en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿Se rigen por el derecho privado los contratos de obra que celebran los entes universitarios autónomos del orden departamental?¿La ausencia de salvedades en los acuerdos modificatorios suscritos durante la relación negocial no impide analizar de fondo las reclamaciones de la parte demandante?¿El dictamen pericial debe ser claro, preciso, exhaustivo, sólido y de calidad; analizado con lo acontecido durante el interrogatorio del perito y la explicación de los exámenes…
¿El régimen aplicable al contrato de concesión suscrito para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque dicho servicio no se encuentra incorporado dentro del régimen de la Ley 142 de 1994 ateniente a los servicios públicos domiciliarios, sino también porque fue suscrito por una entidad estatal territorial? Sí
El contratista y la entidad estatal territorial celebran un contrato de concesión para el mantenimiento de la infraestructura del alumbrado público, cuyo régimen jurídico es el contenido en la Ley 80 de 1993 y sus reformas, no solo porque el servicio no está incorporado en el régimen de la Ley 142 de 1994, sino también porque la celebración del contrato se ajusta a la competencia de la entidad territorial conforme a los artículos 2 y 32 de la Ley 80 de 1993. La Sala confirma que el contrato se perfeccionó a pesar de las irregularidades en las pólizas de garantía, al diferenciar el perfeccionamiento del contrato de su ejecución, reiterando la jurisprudencia sobre la valoración de copias simples de documentos y la procedencia de la acción de controversias contractuales en casos de incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales resulta procedente para solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato de concesión objeto de estudio?¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra en cabeza de las partes del contrato de concesión…¿Cuentan con valor probatorio los documentos allegados al proceso en copia simple?
¿Se presentó de forma oportuna la acción de controversias contractuales para demandar el incumplimiento de la Dirección Nacional de Estupefacientes de la promesa de compraventa? Sí
El contratista presenta oportunamente la acción de controversias contractuales para demandar el incumplimiento de la promesa de compraventa, siempre que la demanda se interponga dentro del término de dos años desde la ocurrencia del hecho que le sirve de fundamento, y se hayan cumplido los requisitos de conciliación prejudicial. En este caso, la demanda se presentó el 26 de julio de 2010, dentro del plazo que venció el 29 de septiembre de 2010, luego de la suspensión del término por la solicitud de conciliación prejudicial. La Sala confirma que la acción fue presentada a tiempo, reiterando la jurisprudencia sobre el cómputo del término de caducidad en la acción de controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuentan con valor probatorio las copias simples allegadas al proceso?¿Al contrato de promesa de compraventa celebrado para enajenar un inmueble de propiedad del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado…¿La naturaleza jurídica de un contrato se determina por su contenido, derechos y obligaciones, y no por la nominación manifestada por los contratantes?
¿El soporte sobre el que se estructura el régimen contractual, incluida la contratación pública, es el mutuo consentimiento de las partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados? Sí
Las partes quedan obligadas por lo que acordaron libremente, de modo que el contratista que solicita y firma una adición responde por sus implicaciones económicas, aun cuando la entidad haya incumplido su deber de planeación. La regla se apoya en tres razones. Primera, el régimen contractual, incluida la contratación pública, se sustenta en el mutuo consentimiento, que genera obligaciones recíprocas por la autonomía de la voluntad y el principio pacta sunt servanda. Segunda, la falencia de los diseños es imputable a la indebida planeación de la entidad, pero el contratista también tenía la carga de estructurar sus precios con diligencia, incluida la ubicación de las fuentes de materiales. Tercera, previa solicitud del contratista, las partes acordaron la adición con conocimiento de sus causas, y era al contratista a quien correspondía estimar las implicaciones económicas de las mayores distancias de acarreo que solicitó. En consecuencia, se confirma la sentencia que negó las pretensiones. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista acreditó los sobrecostos en los que aduce haber incurrido por la inactividad de equipos, maquinaria y personal técnico, administrativo y operativo…¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima?¿El medio de control de controversias contractuales es adecuado para dirimir el conflicto presentado por la parte actora en el que pretende que se declare el rompimiento del equilibrio económico del…