---
clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020120050101-67190-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-03-10"
radicado: "25000233600020120050101"
numero: "67190"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
url_canonica: "https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020120050101-67190-sentencia"
---

# Consejo de Estado: la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-03-10
- **Radicado:** 25000233600020120050101
- **Número interno:** 67190
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** ARMANDO CORTES TORRES, CONSTRUCTORA ARKGO LTDA.
- **Demandado:** GOBERNACION DE CUNDINAMARCA, EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020120050101-67190-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020120050101/0CE2694410069941F0CB02347F83D9A4BF8EB2C0FA6FFCF9854458F3DE0F4CF0/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201200501011100103

## Problema jurídico

¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia surgida en torno al contrato de obra y sus actos liquidatorios, suscritos entre entidades públicas?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Debe aplicarse a los contratos estatales la ley vigente al momento de su celebración, sin que puedan afectarlos disposiciones posteriores?
- ¿Puede modificarse el régimen jurídico aplicable a un contrato estatal por el cambio en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo una…
- ¿Conlleva la cesión de un contrato estatal a una entidad regida por un régimen jurídico distinto la modificación del régimen aplicable al contrato originalmente suscrito?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 129, 132 y 82
- Ley 1107 de 2006, art. 1

## Extracto

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, en atención al criterio orgánico dispuesto en el artículo 82 del Decreto 01 de 1984 -CCA-, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 200617, vigente a la fecha de presentación de la demanda -15 de marzo de 2012-, debido a que la controversia gira en torno al contrato de obra No. SOP-A-202-2006 y sus actos liquidatorios 218 del 6 de julio y 233 del 31 de agosto de 2011, suscrito y proferidos, respectivamente, por el departamento de Cundinamarca y EPC, en tanto entidades públicas, la primera, prevista como una entidad territorial y la segunda como una empresa de servicios públicos domiciliarios con capital 100% estatal. el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de los artículos 129 y 132 del CCA…

## Síntesis temática

El Consejo de Estado es competente para conocer de controversias relacionadas con contratos de obra y sus actos liquidatorios entre entidades públicas, conforme al artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, y los artículos 129 y 132 del Decreto 01 de 1984, que establecen la doble instancia en casos donde la pretensión excede los 500 S.M.L.M.V. Además, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplica la ley vigente al momento de la celebración del contrato estatal, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y no puede modificar el régimen jurídico del contrato por cambios en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo normativa posterior, lo que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica de las obligaciones contractuales. Esta decisión reitera y matiza precedentes, reafirmando la importancia de la irretroactividad de la ley en el contexto de los contratos estatales.

## Descriptores temáticos

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, COMPETENCIA, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ENTIDAD TERRITORIAL, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CONSEJO DE ESTADO, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, RECURSO DE APELACIÓN, DOBLE INSTANCIA, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY, PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, LEY APLICABLE AL CONTRATO, NORMA PROCESAL, NORMA SANCIONATORIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, EFECTOS DEL CONTRATO, EFECTOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONTRATO ADICIONAL, CONTRATO PRINCIPAL, NATURALEZA JURÍDICA DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO, CESIÓN DEL CONTRATO, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, NEGOCIO JURÍDICO, DERECHOS CONTRACTUALES, RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, ACUERDO DE VOLUNTADES, ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, OBRA PÚBLICA, ACTO ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, DERECHO PÚBLICO, DERECHO PRIVADO, MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, DERECHO CIVIL, DERECHO COMERCIAL, RENDICIÓN DE CUENTAS, JUEZ NATURAL, NULIDAD, CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, CLÁUSULA EXCEPCIONAL, CONTROL JUDICIAL, NULIDAD ABSOLUTA, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO, DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, MINISTERIO PÚBLICO, TERCERO CON INTERÉS LEGÍTIMO, PROPONENTE, DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE, CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PLAZO LEGAL, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, DEMANDA, EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, TÉRMINO LEGAL, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, DEMANDANTE, EXCEPCIÓN DE FONDO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, PROCEDENCIA DE LA INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD, BALANCE, PRETENSIÓN DE LA ACCIÓN PROCESAL, POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, VALOR DEL CONTRATO ESTATAL, INEPTITUD DE LA DEMANDA, IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONFIGURACIÓN DE LA INEPTITUD DE LA DEMANDA, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, CONCEPTO DE VIOLACIÓN DE LA NORMA, JUEZ ADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, NOTIFICACIÓN PERSONAL, FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CARGA PROCESAL, CONSORCIO, JUSTICIA ROGADA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD, INTERPRETACIÓN JUDICIAL, LITIGIO, ALCANCE DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO, DAÑO ANTIJURÍDICO, CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA, NULIDAD PROCESAL, SEGUNDA INSTANCIA, CARGO DE NULIDAD, PRETENSIONES DE LA DEMANDA

## Guías prácticas relacionadas

- [Liquidación del contrato](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/liquidacion.md): Qué hacer para cerrar un contrato y cuándo la liquidación queda firme.
- [Caducidad de la acción contractual](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/caducidad.md): Desde cuándo corren los dos años para demandar, según cómo terminó y se liquidó el contrato.
- [Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/incumplimiento-sancionatorio.md): El trámite del artículo 86 de la Ley 1474 para imponer multas, hacer efectiva la cláusula penal o declarar la caducidad.
- [Nulidad del contrato estatal](https://adjudicalo.com.co/nomogramas/nulidad-contrato.md): Cuándo el contrato es nulo, quién puede pedirlo y qué pasa con lo ya ejecutado.

## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:47001233300020190076601-71566-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020090093302-65636-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la demandante](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:05001233100020090016901-68355-sentencia.md)
- [Consejo de Estado — Medio de control de controversias contractuales: Sentencia](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:23001233300020140043301-64855-sentencia.md)

## Texto del documento

JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD TERRITORIAL / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONSEJO DE ESTADO / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA / RECURSO DE APELACIÓN / DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia surgida en torno al contrato de obra y sus actos liquidatorios, suscritos entre entidades públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, en atención al criterio orgánico dispuesto en el artículo 82 del Decreto 01 de 1984 -CCA-, modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 200617, vigente a la fecha de presentación de la demanda -15 de marzo de 2012-, debido a que la controversia gira en torno al contrato de obra No. SOP-A-202-2006 y sus actos liquidatorios 218 del 6 de julio y 233 del 31 de agosto de 2011, suscrito y proferidos, respectivamente, por el departamento de Cundinamarca y EPC, en tanto entidades públicas, la primera, prevista como una entidad territorial y la segunda como una empresa de servicios públicos domiciliarios con capital 100% estatal. el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en virtud de los artículos 129 y 132 del CCA, dada la vocación de doble instancia del proceso, ya que la pretensión mayor para la fecha de presentación de la demanda, 26 de marzo de 2012, excedió 500 S.M.L.M.V.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / LEY APLICABLE AL CONTRATO / NORMA PROCESAL / NORMA SANCIONATORIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EFECTOS DEL CONTRATO / EFECTOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LEGALIDAD / PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Debe aplicarse a los contratos estatales la ley vigente al momento de su celebración, sin que puedan afectarlos disposiciones posteriores?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 38 de la Ley 153 de 1887 establece que en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al momento de su celebración, excepto la normativa referida al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del acuerdo de voluntades -de naturaleza procesal- y las que señalen penas para el caso de la infracción de lo estipulado, en cuyo caso se juzgaran con arreglo a la ley bajo la cual se cometió. El anterior mandato tiene como fin dotar al acuerdo de voluntades de estabilidad normativa, de ahí que, pese a la promulgación de nuevas leyes propia del tráfico jurídico del país, las condiciones en virtud de las cuales se suscribió el negocio jurídico no se ven alteradas intempestivamente por ello, otorgando seguridad jurídica y una expectativa legítima de que el objeto negocial será efectivo y se materializará según lo convenido. en tratándose de contratos estatales impugnados ante esta Jurisdicción, que se rigen por la normativa que se encuentre vigente al momento de su suscripción, por lo que, pese a que existan normas posteriores sobre la materia, aquellas no pueden entrar a regular la relación negocial anterior, pues el querer del legislador fue que, precisamente, se sometiera a la normativa del momento en que fue perfeccionado. los contratos deben gozar de estabilidad y seguridad, pues así se promueve la confianza y se facilitan las relaciones jurídicas , por lo que debe aplicárseles la ley vigente en el momento de su celebración y, por ello, las normas posteriores no pueden alterar las relaciones contractuales. Entonces, las obligaciones -así como su validez, existencia y efectos- quedan sometidas solo bajo el imperio de la ley que estuviese en vigor en el momento en que surgieron y, por ende, no puede aplicarse una nueva disposición jurídica a las nacidas antes de ella. Este mandato legal es la concreción de la regla de la irretroactividad de la ley, pues la nueva no puede regular o afectar las situaciones jurídicas consolidadas. (…) [N]o cabe duda de que, en virtud de lo previsto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, los contratos se rigen por la ley vigente al momento de su expedición, incluso si posteriormente surgen nuevas normas sobre la materia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los principio de estabilidad normativa e irretroactividad de la ley aplicable a los contratos estatales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de septiembre de 2021. Radicado 25000-23-26-000-1996-11802-01 (25.231).
Respecto de la aplicación exclusiva de la normativa vigente al tiempo de celebración de los contratos y la prohibición de que disposiciones posteriores alteren las obligaciones consolidadas, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala Plena. Providencia de 9 de mayo de 1938, XLVI, 488]
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38
CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO PRINCIPAL / NATURALEZA JURÍDICA DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / NORMA PROCESAL / VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY
Problema jurídico:
¿Puede modificarse el régimen jurídico aplicable a un contrato estatal por el cambio en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo una normativa posterior?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]un cuando a partir del 25 de noviembre de 2008 el extremo contratante de la relación negocial pasó a ser EPC, cuya naturaleza es la de una empresa de servicios públicos domiciliarios, la sustitución de la entidad contratante no implicó que ipso facto el régimen del contrato variara, ya que, como se explicó, el legislador prescribió en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 citado en distintas oportunidades que los actos jurídicos se someten a la normativa vigente para el momento en que fueron suscritos, lo que, según la jurisprudencia de esta Corporación, también es aplicable al negocio jurídico pese a que haya sido objeto de ajustes y adiciones. Efectivamente, el Consejo de Estado ha sostenido que, aun si los contratos adicionales a los principales se suscriben cuando ha entrado en vigencia una norma sustancial posterior, lo cierto es que, en la medida en que se encuentran coligados al negocio jurídico original, el régimen que les aplica es el de ese primer negocio jurídico “con mayor razón si se tiene en cuenta que por regla general el contrato adicional se sigue por las estipulaciones del contrato principal en aquellas cláusulas en las cuales no se adicionó” . Igualmente, esta Subsección ha resaltado que, aunque una entidad pública modifique su naturaleza jurídica de un establecimiento público a una empresa industrial y comercial del Estado estructurada como una prestadora de servicios públicos domiciliarios, dicha novedad en sí misma no es configurativa de un cambio de régimen de los acuerdos de voluntades suscritos cuando la persona jurídica tenía la primera configuración, pues la aplicación de normativa posterior solo será posible en la medida en que se esté dentro de las excepciones del artículo 38 de la Ley 153 de 1887 , a saber: “1. Las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato, y 2. Las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido”.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicación al contrato adicional del régimen jurídico del contrato principal pese a la vigencia de normas posteriores, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 30 de octubre de 2003. Radicado 85001-2331-000-1999-2909-01 (17213).
Sobre la inalterabilidad del régimen contractual tras cambio de naturaleza jurídica de la entidad contratante, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de septiembre de 2021. Número interno 25.231.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38
CONTRATO ESTATAL / CESIÓN DEL CONTRATO / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY / PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD / NORMA PROCESAL / NORMA SANCIONATORIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿Conlleva la cesión de un contrato estatal a una entidad regida por un régimen jurídico distinto la modificación del régimen aplicable al contrato originalmente suscrito?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]unque el contrato No. SOP-A-202-2006 inicialmente suscrito con el departamento de Cundinamarca, fue cedido el 25 de noviembre de 2008 a la empresa de servicios públicos domiciliarios EPC, dicha situación en sí misma no llevaba a concluir que el EGCAP, aplicable al acuerdo de voluntades, dejó de regirlo para ser reemplazado por la Ley 142 de 1994, ya que esa situación no se enmarca en alguna de las excepciones previstas por el artículo 38 de la Ley 143 de 1887 a la regla de que los acuerdos de voluntades se rigen por las disposiciones jurídicas vigentes al momento en que fueron perfeccionados. Ciertamente, en el asunto de análisis no se está frente a leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren del contrato o aquellas que señalen penas para el caso de la infracción de lo estipulado. Así, en virtud de tal mandato es claro que, de forma paralela al cambio de la parte contratante, el contrato de obra No. SOP-A-202-2006 continuó estando regido por el EGCAP, que fue la normativa que fundó el acuerdo negocial desde su suscripción.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994, LEY 154 DE 1887 - ARTÍCULO 38
CESIÓN DEL CONTRATO / CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ESTATAL / NEGOCIO JURÍDICO
Problema jurídico:
¿Conlleva la cesión de un contrato estatal un cambio en el régimen jurídico conforme al artículo 887 del Código de Comercio?
Respuesta al problema jurídico: No
[T]ampoco se vislumbra que la cesión del contrato en sí misma configure un cambio de régimen, en especial porque el artículo 887 del Código de Comercio avaló la posibilidad de que una de las partes se hiciera sustituir por un tercero, pero no prescribió que dicha situación representaba un cambio del régimen normativo en virtud del cual se sometió el negocio jurídico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 887
CESIÓN DEL CONTRATO / DERECHOS CONTRACTUALES / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / ACUERDO DE VOLUNTADES / ACTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES
Problema jurídico:
¿Implica la cesión de un contrato estatal la continuidad del régimen jurídico aplicable desde la suscripción inicial del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Así las cosas, es claro que la cesión del contrato implica que el cesionario adquiere los derechos y obligaciones del contrato cedido, en concordancia con la jurisprudencia de esta Corporación, según la cual “asume la calidad de parte que correspondía al cedente [por lo que] la cesión de un contrato implica la de las acciones, privilegios y beneficios legales inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato” , en concordancia con el artículo 895 del Código de Comercio , de ahí que tal figura implica la continuidad de la normativa aplicable al negocio jurídico y todas las obligaciones derivadas de aquella, pues se trata del régimen normativo que cimentó el acuerdo de voluntades desde un comienzo.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto de la continuidad del régimen normativo y transmisión de derechos y obligaciones al cesionario en la cesión de contratos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de septiembre de 2021. Radicado130012333000201200162 01 (50130).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 895
FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / OBRA PÚBLICA
Problema jurídico:
¿Debe someterse EPC al régimen de la Ley 80 de 1993 por ejercer funciones administrativas como gestor del plan departamental para el manejo de servicios públicos en Cundinamarca?
Respuesta al problema jurídico: Si
[D]e conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental No. 0180 de 2008, EPC fue designada como gestor del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento en el departamento de Cundinamarca, labor que, en virtud de los artículos 7º del Decreto 3200 de 200840 y 1º del Decreto 4548 de 2009, implica, por un lado, el ejercicio de función administrativa y, por el otro, el sometimiento de su gestión contractual a las previsiones contenidas e

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

SOP-A-202-2006, (…) [L]a Sala no encuentra que hubieran sido expuestos cargos o reproches encaminados a atacar la validez de las decisiones tantas veces citadas, aspecto que no puede ser suplido por el operador judicial, a quien, en los casos en que se pretende que se declare su nulidad, le corresponde resolver sobre la validez del acto demandado dentro de los precisos límites establecidos en la demanda, con fundamento en los motivos de violación alegados por la parte actora en el escrito introductorio y las normas que hayan sido invocadas como vulneradas, dado que el control de legalidad que aquel realiza no es general sino particular y concreto, de modo que su análisis sólo puede circunscribirse a los motivos de violación que sean alegados por el extremo activo, los cuales constituyen la causa petendi en el proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
El juez administrativo no está obligado a buscar de oficio posibles causales de nulidad de actos administrativos; dicha carga corresponde al demandante, quien debe identificar claramente los motivos y normas infringidas. Al respecto, ver: Corte Constitucional, sentencia C-197 del 7 de abril de 1999, Referencia: Expediente D-2172. Ponente: Antonio Barrera Carbonell.
Sobre la ineptitud de la demanda por no impugnar actos administrativos liquidatorios al reclamar incumplimiento contractual., ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de diciembre de 2011. Radicado 11001-03-26-000-2001-00030-01 (20410).
Respecto de los límites del juez para decidir sobre la validez de actos administrativos únicamente dentro del marco preciso de los cargos alegados en la demanda, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de octubre de 2012. Radicado 05001232400019960068001 (20738).
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137 NUMERAL 4, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 164
INEPTITUD DE LA DEMANDA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NOTIFICACIÓN PERSONAL / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / CARGA PROCESAL / CONSORCIO / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Problema jurídico:
¿Constituye una causal de ineptitud sustantiva de la demanda que se omita el cuestionamiento de los actos administrativos de liquidación final del contrato, cuando se pretende el reconocimiento de prestaciones económicas sujetas a los saldos allí definidos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La circunstancia descrita se encuadra en la excepción de ineptitud de la demanda descrita con antelación, por el hecho de que, indubitablemente, a la parte actora le asistía la carga de cuestionar los actos de liquidación del acuerdo de voluntades frente a los cuales se alegó un incumplimiento negocial, pues precisamente allí se estipularon, de manera definitiva, los saldos finales a favor y en contra de los sujetos del negocio jurídico y ello quedó en firme con la notificación personal que se hizo al consorcio Acueplan, de ahí que, sin cuestionar judicialmente esa determinación, es imposible para la Subsección pasar a estudiar los demás cargos presentados, que estaban sujetos a controvertir las actuaciones en comento. (…) [N]o le es posible a la Sala estudiar una pretensión de pago adicional por una mayor permanencia de obra si no se efectuó ningún reproche contra la liquidación efectuada por EPC, (…).
JUSTICIA ROGADA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN JUDICIAL / LITIGIO / ALCANCE DE LA FIJACIÓN DEL LITIGIO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Puede el juez contencioso administrativo suplir la omisión del demandante de incluir las pretensiones encaminadas a cuestionar los actos liquidatorios del contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o corresponde al juez contencioso administrativo solicitarle al demandante que incluya en su escrito inicial pretensiones que no incorporó, ya que ello implicaría asumir un rol de parte y contravenir su deber de imparcialidad, considerando que el proceso contencioso administrativo está supeditado a lo que los sujetos procesales persigan en virtud del ejercicio del derecho de acción -principio de justicia rogada-, de ahí que no era posible que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien conoció el asunto en primera instancia, le indicara a los demandantes que debían adicionar sus pretensiones en orden a cuestionar los actos liquidatorios. Sobre tal aspecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la labor de interpretación de la demanda por el juez se debe ejercer con la precaución de no tergiversar la litis y suplantar al demandante, pues su voluntad debe ser el marco de referencia para establecer el daño que se pide indemnizar y el hecho que lo habría generado, lo que no puede ser sustituido por el juez, dado que la invocación del supuesto correcto tiene efectos determinantes en el sentido de la sentencia, de ahí que se trate de una obligación radicada en quien acude a esta jurisdicción.
NOTA DE RELATORÍA:
El juez contencioso administrativo no puede sugerir al demandante incluir pretensiones no incorporadas en la demanda original, bajo el principio de justicia rogada y el deber judicial de imparcialidad. Ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 8 de octubre de 2021. Radicado 76001-23-31-000-2010-01998-01 (50570).
Respecto del límites del juez en la interpretación de la demanda para no tergiversar la litis ni sustituir la voluntad del demandante, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 24 de septiembre de 2020. Radicado 23001-23-31-000-2010-00048-01 (61.280).
NULIDAD PROCESAL / SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / CARGO DE NULIDAD / PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Constituye una nulidad procesal la omisión de advertir a los demandantes desde el inicio del proceso sobre la falta de pretensiones contra los actos de liquidación, cuando esta circunstancia no se invocó oportunamente en primera instancia ni se subsumió en alguna causal del artículo 140 del CPC?
Respuesta al problema jurídico: No
Finalmente, tampoco se avizora que el hecho de que no se le hubiera indicado a los demandantes desde los primeros estadios procesales que omitieron efectuar una pretensión contra la validez de los actos de liquidación hubiera constituido una nulidad procesal, no solo porque el artículo 242-A del CCA dispuso que en segunda instancia no se podrán advertir hechos constitutivos de nulidad que debieron ser alegados en primera instancia, sino porque la parte apelante no argumentó en cuál de las circunstancias previstas en el artículo 140 del CPC se encausó el supuesto actuar indebido del a quo, sin que en esta instancia se evidencie que haya operado alguna de aquellas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 242 LITERAL A, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 140

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-03-10. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 25000233600020120050101. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020120050101-67190-sentencia).
