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Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-11-07Sección Tercera (Subsección A)MARÍA ADRIANA MARÍNRad. 68001233300020250005301LEY 1437 REPETICION
¿El auto que rechaza la demanda es susceptible del recurso de apelación? Sí
El contratista no puede interponer una condena en costas en el proceso contencioso administrativo porque aún no se ha trabado la litis, lo que implica que no se ha generado un conflicto jurídico efectivo entre las partes. Además, el auto que rechaza la demanda es susceptible del recurso de apelación, conforme al artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, permitiendo así la revisión de decisiones interlocutorias. Sin embargo, la demanda de repetición presentada es extemporánea, ya que el plazo para su interposición se computa desde el vencimiento del plazo para proceder de conformidad, establecido en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y no puede ser ampliado por la Ley 2195 de 2022, debido a que esta norma solo aplica a las condenas ejecutoriadas posterior a su entrada en vigencia, manteniendo la obligatoriedad del cumplimiento de los términos procesales establecidos en el CPACA.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de repetición fue interpuesto dentro de los dos años siguientes contados a partir del día siguiente al del pago total efectuado por la entidad pública o, a más tardar…¿Debe aplicarse exclusivamente el régimen de caducidad de la Ley 1437 de 2011 al medio de control de repetición presentado…¿Es improcedente la condena en costas porque no se ha trabado la litis?
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
SENTENCIA DE UNIFICACIÓN,CONTRIBUCIÓN,ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO,CONTRATO OBJETO DE CONTRIBUCIÓN,HECHO GENERADOR – Contribución,Hecho generador,Tributos,Entidades estatales,Sociedades de economía mixta,Participación superior 50%,Tributo,Obra Pública,Exploración y Explotación,Diferente,Reglas jurisprudenciales – Mes: febrero – Año: 2020…
76001233300120150080501 de 20262026-07-18Rad. 76001233300120150080501
El contratista no puede obtener automáticamente del contratante el reconocimiento y pago de gastos incurridos debido a la prolongación del plazo de ejecución del contrato, sino que debe demostrar la existencia de una obligación del contratante para asumir dichos gastos, la cual puede derivarse de figuras como la responsabilidad patrimonial del Estado, el enriquecimiento sin causa, la teoría de los riesgos contractuales o el desequilibrio económico del contrato. En contratos sometidos al régimen privado, como los de prestación de servicios públicos domiciliarios, no son aplicables las normas sobre la ruptura del equilibrio económico de los contratos estatales, por lo que el análisis de las pretensiones de declaratoria de ruptura del equilibrio económico debe hacerse desde la óptica del derecho privado, en particular del artículo 868 del Código de Comercio, que permite la revisión de lo pactado ante circunstancias extraordinarias e imprevisibles que hagan el cumplimiento del contrato excesivamente oneroso para una de las partes. Esta regla matiza la aplicación de la teoría de la imprevisión en contratos estatales, enfatizando la continuidad en la ejecución del contrato y la finalidad de no comprometer la prestación de un servicio público o la satisfacción del interés general.síntesis automática
También resuelve:Equilibrio económico del contrato: fuente del reconocimiento y pago de gastos, responsabilidad del estado, enriquecimiento sin causa, teoría de los riesgos contractuales,Régimen del contrato: régimen privado, inaplicabilidad normas sobre ruptura del equilibrio económico del contrato estatal, Código de Comercio artículo 868, excesiva onerosidad sobrevenidaTeoría de la imprevisión en el derecho público: evitar la ejecución del contrato, dificultades del contratista, continuidad en la ejecución del contrato
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de los miembros de la fuerza aérea, al accionar negligente e imprudentemente sus armas de dotación oficial contra el vehículo que transportaba personal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca? Sí
En la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública, el uso de armas de dotación oficial contra un vehículo sin agotar las medidas eficaces disponibles constituye culpa grave. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el empleo de las armas es la última alternativa, de modo que el agente debe agotar previamente los medios menos lesivos para detener el vehículo. Segunda, la existencia de medidas eficaces, como dar una orden de pare, esperar que el vehículo reduzca su marcha o enviar personal de apoyo, excluye que el disparo sea una reacción justificada. En el caso, los servidores accionaron sus armas de manera voluntaria y negligente al percibir la llegada del vehículo, pese a contar con otras opciones. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la responsabilidad en repetición por culpa grave. En la práctica, la culpa grave en el uso de armas se acredita por la omisión de las alternativas previas, y no solo por el resultado del disparo.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer las acciones de repetición contra funcionarios públicos?¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de reparación directa?¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los agentes del Estado que causaron el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-10-31Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 05001233300020190223801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplió la carga en cabeza de la llamada en garantía para que la prueba fuera decretada, pues determinó en la solicitud probatoria los hechos sobre los cuales versaría el informe? No
En la solicitud de una prueba de informe, la parte debe exponer de manera concisa y clara los hechos que pretende probar, porque esos hechos son el objeto de la prueba y permiten juzgar su conducencia, pertinencia y utilidad. El artículo 275 del Código General del Proceso no exige expresamente esa precisión, pero el artículo 168 del mismo código, aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, exige que la prueba recaiga sobre hechos jurídicamente relevantes. Por ello no se trata de aportar el cuestionario del informe, sino de identificar los hechos. Cuando la solicitud omite esa indicación, lo procedente es negar la prueba. En el caso concreto la llamada en garantía apeló el auto que negó el informe solicitado a una empresa pública, y la decisión fue confirmada porque la solicitud no cumplió esa carga. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que quien pide un informe debe enunciar desde la solicitud los hechos a probar.síntesis automática
También resuelve:¿Es posible solicitar que el representante administrativo de la entidad rinda informe bajo gravedad de juramento sobre los hechos debatidos que le conciernan y que se determinen en la solicitud de la…¿Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso?
¿Es procedente declarar de oficio la ineptitud de la demanda dada la improcedencia de examinar los fundamentos de alzada y los propios de la causa petendi, al hallar acreditado que la parte actora omitió su deber de pedir el análisis de legalidad de los actos administrativos en los cuales la entidad efectuó la liquidación del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede demandar la revisión de los fundamentos de alzada y los propios de la causa petendi si omite solicitar el análisis de legalidad de los actos administrativos que liquidaron unilateralmente el contrato de concesión, ya que estos actos gozan de presunción de legalidad y deben ser cuestionados específicamente en juicio para derribar tal presunción. En este caso, la entidad concedente liquidó el contrato de concesión 012 de 1987, y el contratista no solicitó la nulidad de los actos administrativos que liquidaron el contrato, lo que impidió examinar los argumentos sobre el desequilibrio económico del contrato. La Sala revocó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y declaró de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda, reafirmando la necesidad de solicitar en juicio la nulidad del acto administrativo que liquide unilateralmente el contrato cuando se pretenda el reconocimiento de un derecho o prestación no reconocido en el balance definitivo. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la importancia de cuestionar específicamente la legalidad de los actos administrativos que liquidan unilateralmente un contrato de concesión.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas de ambas instancias a la parte demandante, por cuanto no prosperó su recurso y dado que será revocada totalmente la sentencia de primer grado?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes de las entidades del orden nacional? Sí
Las demandas de repetición interpuestas contra los representantes de las entidades del orden nacional se conocen en única instancia por el Consejo de Estado, y la caducidad de esa acción se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin aplicar el artículo 94 del Código General del Proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye esa competencia cuando se demanda a representantes de entidades nacionales. Segunda, la universidad en cuyo nombre actuó el demandado tiene el carácter de ente universitario del orden nacional por el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, la Ley 34 de 1976 y el acuerdo de su consejo superior. Tercera, el régimen de caducidad de la repetición está regulado de manera íntegra en el CPACA, por lo que no admite integración normativa en los términos del artículo 306. En consecuencia, la Subsección computa el término sin aplicar el artículo 94 del CGP. El documento reitera el criterio sobre la norma aplicable a la caducidad de la repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La regulación normativa de la caducidad del medio de control de repetición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de manera íntegra y expresa…¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe tenerse en cuenta la norma vigente al momento de los hechos…¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre quien expidió los actos administrativos que dieron lugar a la condena contra el Estado y que fueron declarados nulos en el proceso de nulidad y…
¿La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial implica un cambio en el régimen jurídico del contrato estatal inicialmente celebrado? No
La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial no altera el régimen jurídico del contrato estatal ni sus prerrogativas. La regla se apoya en el artículo 896 del Código de Comercio, que dispone que la cesión comprende las acciones, privilegios y beneficios propios de la naturaleza y condiciones del contrato, de modo que las prerrogativas pactadas y las propias de los contratos estatales se transfieren al cesionario. Además, las partes reconocieron ese efecto al momento de pactar la cesión, y el cesionario es una entidad pública descentralizada del orden departamental, por lo que el régimen sustancial del contrato no muta con la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido sigue sometido a las reglas que lo gobernaban antes de la cesión, y el cambio de titular no modifica las prerrogativas que tenía la administración.síntesis automática
También resuelve:¿La Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., puede ejercer válidamente las prerrogativas unilaterales del contrato estatal que le fueron cedidas?¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10 del CCA para determinar la caducidad de la acción en un contrato estatal de ejecución sucesiva liquidado unilateralmente por la administración?¿Puede un contrato de transacción tener efectos jurídicos respecto de pretensiones no incluidas expresamente en su contenido, como los perjuicios derivados del incumplimiento contractual…
¿Se acreditó un incumplimiento del contrato por parte de la Administración Pública? No
El contratista no acredita un incumplimiento del contrato por parte de la entidad estatal cuando esta ha pagado el precio fijado en el contrato, incluyendo IVA y costos directos e indirectos, ya que no existe una obligación contractual incumplida. La Sala sostiene que la conducta del contratista es contraria a la buena fe y a la teoría del acto propio, dado que conocía los términos del contrato desde el procedimiento de selección y no puede solicitar judicialmente la modificación de los honorarios pactados. Además, la elección de la modalidad de pago debe estar en consonancia con la solemnidad del contrato estatal y el respeto a la autonomía de la voluntad, por lo que el juez no puede revisar los precios o modificar la cláusula de valor del contrato a menos que existan causales legales que lo justifiquen. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la prohibición de venir contra los actos propios y la necesidad de que la entidad haya dejado constancias o salvedades en las modificaciones del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El contratante cumplió con sus obligaciones al pagar el precio del contrato según lo estipulado en el mismo?¿La elección de la modalidad de pago en el contrato debe estar en consonancia con su solemnidad?¿En qué consiste la teoría de los actos propios?
¿La universidad demandante acreditó con otros medios de prueba legalmente admisibles el elemento conductual con el cual pudiera derivarse la responsabilidad personal del agente estatal? No
En el medio de control de repetición contra un servidor público, la entidad que pide el reembolso debe acreditar el elemento conductual de la responsabilidad personal del agente con medios de prueba legalmente admisibles. No basta aportar las sentencias de condena dictadas en el proceso de reparación contra el Estado, porque ellas no prueban la conducta personal del agente que expidió el acto anulado. Esta regla se apoya en el artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Por ello, cuando falta la prueba del elemento conductual, la pretensión de reembolso se despacha desfavorablemente. En el caso concreto la entidad demandante no aportó otros medios para acreditar la conducta del agente y la pretensión fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba de la conducta del agente.síntesis automática
También resuelve:¿Las piezas documentales resultan insuficientes para demostrar la presunción de dolo atribuida al ex servidor público, a la cual quedó circunscrita la litis?¿Se aplican las presunciones legales previstas en la ley, que califican de dolosa la conducta del ex agente estatal?¿El demandado se encuentra legitimado en la causa por pasiva, al demostrarse que para el momento de los hechos que dieron lugar al pago de la condena fungía como rector encargado de la Universidad…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud2025-12-09Sección Tercera (Subsección C)NICOLÁS YEPES CORRALESRad. 05001233300020240157501LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El despacho admite la exigencia del requisito previo de conciliación extrajudicial en la etapa de admisión de la demanda cuando la solicitud de medidas cautelares presentada por la sociedad demandante no demuestra un carácter patrimonial que permita acudir de manera directa a la jurisdicción contenciosa? No
El contratista no puede evadir el requisito previo de conciliación extrajudicial en la etapa de admisión de la demanda, incluso cuando solicite medidas cautelares, a menos que demuestre que su caso reviste un carácter patrimonial que le permita acceder directamente a la jurisdicción contenciosa. Este requisito se impone para promover la solución alternativa de conflictos y evitar la litigiosidad innecesaria, y su incumplimiento puede llevar a la inadmisión de la demanda. La Sala reitera la obligación de agotar la conciliación extrajudicial en casos contractuales y de reparación directa, salvo excepciones específicas, y subraya que la falta de agotamiento de este requisito en la etapa de admisión puede resultar en la terminación del proceso sin posibilidad de reinicio, a menos que se produzca la caducidad del derecho.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-05-07Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 08001233300020230048301LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles? Sí
El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles, conforme al artículo 168 del Código General del Proceso aplicado por remisión del CPACA. Para ello, debe examinar que los medios probatorios sean permitidos por el ordenamiento, estén relacionados con el caso y sean necesarios para acreditar hechos no suficientemente probados por otros medios. La conducencia de la prueba se refiere a su idoneidad para demostrar lo pretendido, la pertinencia a su relación directa con los hechos en controversia, y la utilidad a su ligazón necesaria con el hecho que se quiere probar. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios más claros sobre la admisibilidad de la prueba en procesos contractuales, lo que implica que los jueces deben ser más rigurosos en la evaluación de las pruebas solicitadas.síntesis automática
También resuelve:¿Hay lugar a denegar la prueba testimonial solicitada por falta de especificación de su objeto?¿Resulta procedente el decreto del interrogatorio de parte del representante legal de la entidad pública demandada?¿Las pruebas documentales solicitadas deben ser negadas por tratarse de pruebas susceptibles de ser obtenidas directamente a través de un derecho de petición?
¿La propuesta de la demandante fue indebidamente rechazada y el Contrato debió adjudicársele a ella? Sí
La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. En este caso está demostrado que el Hospital no respetó las condiciones establecidas para celebrar el contrato porque (i) la oferta presentada por Tienken fue indebidamente rechazada en tanto sí estaba autorizada para ofrecer los productos de Piemca y sí cumplía los requisitos técnicos exigidos en los términos de referencia; y (ii) Tienken tenía derecho a la adjudicación del Contrato porque, conforme con lo previsto en los términos de referencia, presentó el ofrecimiento económico más beneficioso para la entidad. No obstante lo anterior, no está demostrado el perjuicio material reclamado, esto es, la utilidad que habría obtenido en caso de que el contrato le hubiera sido adjudicado.
También resuelve:¿Por tratarse de un proceso de selección de una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública…¿El medio de control de reparación directa fue interpuesto dentro del término establecido en la ley?¿El incumplimiento de la obligación por parte de la entidad estatal, al abrir la convocatoria pública y no respetar las condiciones obligatorias y vinculantes establecidas en los términos de…
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición, en única instancia, contra quien obró como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, representante legal de una persona jurídica pública del orden nacional y otro servidor de menor jerarquía? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001.
También resuelve:¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en este caso?¿Tiene legitimación en la causa por pasiva, en repetición, el servidor público que calificó y evaluó el desempeño de una empleada declarada insubsistente mediante resoluciones expedidas por la…¿El régimen jurídico aplicable a este caso de repetición contra servidor público, es la Ley 678 de 2001 debido a que los hechos que produjeron la condena al Estado ocurrieron en el 2007?
¿Se debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012? Sí
El contratista debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012, ya que estas disposiciones procesales regirán tanto la interposición de recursos como la práctica de pruebas, audiencias y notificaciones en curso. Además, el Código General del Proceso se integra al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para regular los procesos iniciados después de dicha fecha, aunque los procesos anteriores se rigen por el régimen jurídico vigente al momento de su inicio, según lo dispuesto en el artículo 308 del CPACA. Esto implica que la entidad pública cuenta con 18 meses para cumplir con la condena impuesta en un proceso de reparación directa, contados desde que la sentencia quede en firme, conforme al inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla reitera la aplicación de las normas procesales vigentes al momento de la interposición de la demanda, garantizando la seguridad jurídica y la eficiencia del tráfico procesal.síntesis automática
También resuelve:¿El llamamiento en garantía con fines de repetición dentro del proceso de reparación directa produce el efecto de cosa juzgada respecto de la conducta del agente llamado por la entidad pública?
¿Al momento de expedición del acto administrativo existía una postura uniforme en relación con el deber de motivar el acto administrativo de desvinculación de los empleados públicos nombrados de forma provisional que ocuparan cargos de carrera administrativa ? No
No se configura culpa grave ni dolo en el agente que expidió el acto de desvinculación de un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera cuando, al momento de expedirlo, no existía una postura uniforme sobre el deber de motivarlo, de modo que no hay violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la conducta del agente encontraba fundamento en un criterio jurisprudencial válido de la época. Segunda, aunque la Ley 909 de 2004 cambió sustancialmente el régimen de retiro de esos empleados, al volverlo motivado, la jurisprudencia contencioso administrativa no tenía un criterio definido y pacífico sobre la forma de retiro en la fecha del acto. Tercera, al no acreditarse el elemento subjetivo, el juez no puede condenar en repetición. La providencia niega las suplicas de la demanda. La consecuencia práctica es que la nulidad de un acto de insubsistencia por falta de motivación no basta para repetir contra el funcionario cuando la exigencia de motivación no era pacífica al momento de expedirlo.síntesis automática
También resuelve:¿El demandado argumentó sobre la aplicación de las normas que regulan lo referente a la desvinculación de los empleados provisionales y sus interpretaciones diversas?¿El demandado en repetición puede dirigir sus esfuerzos probatorios a desvirtuar el elemento presuntivo que se enfila en su contra?¿Corresponde verificar si el supuesto fáctico de la presunción invocada por la demandante se halla configurado?
¿El resultado lesivo consistente en la muerte de la víctima fue consecuencia de un actuar doloso de parte del conscripto demandado en repetición? Sí
La presunción de dolo que la Ley 678 de 2001 asocia a la condena penal del agente se mantiene cuando el demandado no la desvirtúa, y el elemento subjetivo de la acción de repetición se acredita con esa presunción. La regla se sostiene en que el hecho que da base a la presunción debe estar debidamente acreditado y en que la condena penal por dolo, como coautor del delito que causó la muerte de la víctima, dio lugar a la presunción. Por ello, el agente debe demostrar lo contrario para desvirtuarla. En el asunto, el demandado fue condenado penalmente a título de dolo, participó en la comisión del delito y nunca negó su participación, por lo que la Sala concluyó que el resultado lesivo fue consecuencia de su actuar doloso y revocó la sentencia de primera instancia para acceder a las pretensiones. En la práctica, la condena penal por dolo fija el elemento subjetivo en la repetición si el agente no lo desvirtúa.síntesis automática
También resuelve:¿Para cuantificar la condena de repetición, se debe atender el grado de participación del agente en la producción del daño?¿El servidor o exservidor público fue declarado penal o disciplinariamente responsable a título de dolo, por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del…¿Se ordenará que a cargo del demandado estará la obligación de atender el reembolso del treinta por ciento (30%) del valor total que debió pagar la entidad demandante?
El reconocimiento de mayores cantidades de obra en un contrato a precios unitarios exige prueba que dé certeza de la reclamación, de su efectiva realización y de su cuantificación. La ausencia de salvedades en el acta de prórroga no equivale por sí sola a una renuncia tácita, según la nota de relatoría que cita la providencia, pues esa tesis se considera superada. Lo determinante es si la prórroga incluyó expresamente las obras reclamadas, y cuando el documento no lo aclara y no hay medios que permitan confirmarlo o negarlo, la reclamación no prospera. Esta falta de prueba se extiende a la ejecución y a la cuantificación de las obras, lo que impide acceder a la pretensión. En el caso concreto, el reclamo sobre la modificación de unos baños no fue probado y el rechazo fue confirmado. El documento describe la renuncia tácita como posición superada, de modo que la regla matiza el criterio anterior sin alterar la carga probatoria del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se contó con el concepto favorable del Comité de Contratación, dando cumplimiento con el procedimiento señalado en el manual de contratación?¿No puede afirmarse que los problemas de los estudios fueran los determinantes del incumplimiento que se le imputó al contratista?¿El tiempo adicional otorgado no supuso una ampliación del plazo sino solamente que las obras debían cumplirse aun cuando fuera de manera extemporánea?
¿Se configuró la causal de anulación prevista en el numeral 9.° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 de decisión infra petita? No
El contratista no puede configurar la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 por decisión infra petita, ya que el Tribunal de Arbitraje resolvió las pretensiones expresamente solicitadas en la demanda y no omitió pronunciarse sobre ellas. El laudo arbitral, basado en la valoración de las pruebas y la aplicación de las normas pertinentes, resolvió adecuadamente las pretensiones de la demanda, sin variar la causa petendi ni realizar una nueva valoración de las pretensiones. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que el Tribunal de Arbitraje debe pronunciarse sobre lo solicitado en la demanda para evitar la configuración de la causal de anulación por decisión infra petita.síntesis automática
También resuelve:¿El Tribunal de Arbitramento se pronunció acerca de lo expresamente solicitado en las pretensiones?¿El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC violó el derecho al debido proceso de la empresa certificadora, comoquiera que no motivó su decisión?¿El Panel Arbitral desde un primer momento estimó que a título indemnizatorio, únicamente habría lugar a reconocer el lucro cesante?