Síntesis de la providencia
Consejo de Estado: es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio
Lo que dijo la Sala
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, cuyo incumplimiento se alega, fue suscrito por el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y diferentes municipios del departamento -entidades territoriales-, entre ellos por el municipio de Zapayán, que funge como demandado en este asunto. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, conforme lo previsto en los artículos 150 y 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en tanto la única pretensión económica de la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación.
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Síntesis síntesis automática
La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los litigios originados en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales, conforme al artículo 104 del CPACA, por tratarse de partes de naturaleza pública. La regla se apoya en que el convenio, cuyo incumplimiento se alega, fue celebrado por un departamento, un distrito y varios municipios, cuyas actuaciones son de naturaleza pública. Además, la apelación de la sentencia del tribunal corresponde al Consejo de Estado conforme a los artículos 150 y 152 del CPACA, por la vocación de doble instancia del proceso. En el caso, el municipio demandado integra el grupo de entidades territoriales que suscribieron el convenio, y el Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, los convenios de apoyo financiero entre entidades territoriales que den lugar a incumplimiento quedan sometidos a la jurisdicción contenciosa administrativa, y su conocimiento se distribuye por la instancia que corresponda.
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Problema jurídico
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales?
Respuesta: Si
Fundamentos
- Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152
También resuelve
- ¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para conocer una demanda presentada por una sociedad vinculada a un convenio interadministrativo mediante otrosí?
- ¿Conserva la naturaleza de convenio interadministrativo un acuerdo suscrito entre entidades públicas con contenido patrimonial, siempre que no exista conmutatividad ni remuneración entre las partes?
- ¿Se rigen los convenios interadministrativos por las estipulaciones acordadas entre las partes, en virtud de su autonomía de la voluntad?
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Titulación de la relatoría 15.111 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / ENTIDAD TERRITORIAL / DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / DISTRITO / DEMANDA CONTRA ENTIDAD PÚBLICA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer un litigio originado en un convenio de cooperación y apoyo financiero suscrito entre entidades territoriales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde conocer el presente asunto, dado que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006, cuyo incumplimiento se alega, fue suscrito por el departamento del Magdalena, el distrito de Santa Marta y diferentes municipios del departamento -entidades territoriales-, entre ellos por el municipio de Zapayán, que funge como demandado en este asunto. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, conforme lo previsto en los artículos 150 y 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, en tanto la única pretensión económica de la demanda excede los 500 SMLMV a la fecha de su presentación.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152
PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / CONTROVERSIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONVENIO DE COOPERACIÓN / OTROSÍ AL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para conocer una demanda presentada por una sociedad vinculada a un convenio interadministrativo mediante otrosí?
Respuesta al problema jurídico: Si
El medio de control procedente es el de controversias contractuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 141 del CPACA, dado que Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., sociedad que se incorporó formalmente al convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 con la suscripción del otrosí el 17 de mayo de 2007, pretende la declaratoria de incumplimiento de ese acuerdo de voluntades por parte del municipio de Zapayán, así como la respectiva condena.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO DE COOPERACIÓN / ENTIDAD TERRITORIAL / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
Problema jurídico:
¿Conserva la naturaleza de convenio interadministrativo un acuerdo suscrito entre entidades públicas con contenido patrimonial, siempre que no exista conmutatividad ni remuneración entre las partes?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala advierte, de entrada, que el acuerdo de voluntades en cuestión ostenta la naturaleza de un convenio interadministrativo, el cual encuentra fundamento en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, porque aquel fue suscrito por una pluralidad de entidades públicas con el fin de aunar esfuerzos con el objetivo común de asegurar el financiamiento y la ejecución del Plan. De acuerdo con las obligaciones pactadas en el convenio objeto de estudio, esta Sala de Subsección señala que, si bien estas tuvieron un contenido patrimonial, dado el compromiso de realizar aportes económicos por parte de los municipios y del departamento de Magdalena, lo cierto es que, hay que decirlo, no existió una relación de conmutatividad o de remuneración de alguna de las partes hacia otra. En este punto conviene advertir que en los convenios interadministrativos se excluye la contraposición de intereses entre las entidades públicas que lo suscriben, sin que ello signifique que los compromisos que se asuman con ocasión de ese tipo de acuerdos no puedan tener un componente de carácter patrimonial. Y es que la asociación de esfuerzos que se instrumentaliza a través de un convenio no solamente puede ser administrativa y/o técnica, también puede ser económica.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE / ANTICIPO DEL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR SERVICIO DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE / PLAN DE GASTOS E INVERSIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / MUNICIPIO / DEPARTAMENTO / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / CONVENIO DE COLABORACIÓN / PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA / OBJETO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN
Problema jurídico:
¿Se rigen los convenios interadministrativos por las estipulaciones acordadas entre las partes, en virtud de su autonomía de la voluntad?
Respuesta al problema jurídico: Si
[T]eniendo en cuenta los hechos probados, se destaca que la intención de las partes estuvo encaminada a conjugar esfuerzos para desarrollar el objeto pactado, destinado a satisfacer el propósito común de asegurar el financiamiento y la ejecución del “Plan de Agua Potable y Alcantarillado 2005-2015”, diseñado en beneficio del departamento del Magdalena y de los municipios de su jurisdicción. (…). Lo anterior ha generado inquietudes sobre el régimen jurídico aplicable a este tipo de acuerdos de voluntades; sin embargo, con el transcurso del tiempo la jurisprudencia se ha ido decantando en que las disposiciones de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) no aplican de forma automática a los convenios interadministrativos y que, en cambio, estos se rigen por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, dado que son acuerdos de tipo asociativo y de colaboración que siguen una lógica distinta a la prevista en la Ley 80 de 1993 para los contratos estatales. En consecuencia, este será el marco bajo el cual la Sala emprenderá el análisis del caso, esto es, a partir de las propias cláusulas del convenio, mediante las cuales las partes, con fundamento en su autonomía negocial, regularon los diferentes aspectos de su relación jurídica.
NOTA DE RELATORÍA:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2019, rad. 25000-23-37-000-2010-02552-01(AP), C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 21 de mayo de 2021, rad. 57822, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 20 de noviembre de 2019, rad. 61429, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 23 de junio de 2010, rad. 17860, C. P. Mauricio Fajardo Gómez(E); sentencia del 13 de agosto de 2024, rad. 70405, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez; sentencia del 3 de febrero de 2025, rad. 66572, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO DE COOPERACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / OMISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / CLÁUSULAS DEL CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIÓN CONDICIONAL EN EL CONTRATO ESTATAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / DURACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PAGO DEL CRÉDITO / CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Opera la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la demanda es presentada después de vencido el término de dos años contados desde el plazo pactado para la liquidación bilateral del convenio?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 requería de liquidación, a pesar de no estar sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -Ley 80 de 1993-, porque las partes, en ejercicio de su autonomía negocial, así lo pactaron en la cláusula décima séptima del otrosí, en la que, en efecto, acordaron que aquel sería liquidado de mutuo acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a su terminación. (…) Bajo este contexto, hay que señalar que el convenio de cooperación y apoyo financiero de 2006 no fue liquidado, de modo que, siguiendo las prescripciones de la norma citada y en línea con la jurisprudencia de esta Corporación, los 2 años dispuestos para presentar la demanda deben computarse a partir del vencimiento del plazo acordado para hacerlo bilateralmente, término este último que, según lo estipulado en la cláusula décima séptima del otrosí, era de 4 meses siguientes a la terminación. (…) De acuerdo con lo pactado en la cláusula décima del otrosí, que modificó la cláusula quinta del convenio, este acuerdo de voluntades tenía una duración igual (i) al pago de la totalidad del crédito externo adquirido por parte de Aguas del Magdalena S.A. E.S.P. con la Corporación Andina de Fomento (CAF), o (ii) hasta que las partes cumplieran en su totalidad con los compromisos establecidos en el convenio. (…) [H]a de advertirse que se encuentra acreditado que la condición que primero se cumplió fue el pago total del crédito externo otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) a Aguas del Magdalena S.A. E.S.P., lo cual aconteció el 7 de junio de 2016, entendiéndose, entonces, que en esa fecha culminó el citado convenio. De ahí que los 4 meses pactados para la liquidación de común acuerdo -cláusula décima séptima del otrosí- corrieron hasta el 8 de octubre de 2016. En tal sentido, de conformidad con el numeral v del literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el término de 2 años para interponer la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales finalizó el 9 de octubre de 2018. (…) Así las cosas, como la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 28 de marzo de 2019 y la demanda el 11 de diciembre de 2019, la Sala concluye que operó el fenómeno de la caducidad en este asunto.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los plazos de ejecución y liquidación de los convenios administrativos conforme a los acuerdo llegados por las partes, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de junio de 2013, rad. 25712, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia del 20 de mayo de 2024, rad. 70086, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia del 11 de septiembre de 2024, rad. 71034, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; auto del 30 de septiembre de 2020, rad. 65358, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 65978, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993
NORMA DE ORDEN PÚBLICO / MEDIDAS PARA LA PRESERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / OBLIGATORIEDAD DE LA LEY PROCESAL / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / NORMATIVA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Es procedente declarar la caducidad del medio de control cuando la demanda es presentada fuera del término legal, sin que ello constituya una actuación arbitraria o contraria al principio de prevalencia del derecho sustancial?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]egún lo previsto en el artículo 13 del CGP, “[l]as normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”. De este modo, contrario a lo alegado por la recurrente, no puede afirmarse que en este caso se aplicaron las reglas de la caducidad de manera caprichosa o arbitraria, desconociéndose el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal -artículo 228 de la Constitución Política-, dado que, precisamente, la ocurrencia del fenómeno procesal obedeció a la inacción de la parte demandante, en tanto interpuso la demanda más de un año después -11 de diciembre de 2019- de haber vencido el respectivo plazo -9 de octubre de 2018.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 13
CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas en segunda instancia contra la parte demandante, al no haber prosperado el recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 361 del CGP prevé que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. A su turno, los artículos 365 y 366 ejusdem, aplicables a los procesos contencioso administrativos por remisión del artículo 188 del CPACA, establecen que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de alzada, siempre que se demuestre en el expediente su causación; y su liquidación se realizará, de manera concentrada, por la Secretaría del a quo, correspondiéndole a este juzgador la fijación de las agencias en derecho de segunda instancia, de acuerdo con las tarifas señaladas por el Consejo Superior de la Judicatura, y atendiendo a la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también la actuación desplegada por la parte vencedora. Bajo este entendido, la Sala condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, dado que se resolvió su recuso de manera desfavorable; sin embargo, en esta instancia no hay lugar a fijar agencias en derecho en su contra porque no se causaron, en tanto la parte demandada no intervino en el trámite de la segunda instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366