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Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Providencia
No hay lugar a revocar el auto de 11 de marzo de 2026
Auto interlocutorio con estado — Auto que confirma el auto recurrido
2026-06-25
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)
BEATRIZ TERESA GALVIS BUSTOS
Rad. 11001333603720250041101
ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a revocar el auto de 11 de marzo de 2026, proferido por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo de Bogotá que negó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte actora, respecto de la suspensión provisional de la Resolución No. 328 del 14 de febrero de 2025, por medio de la cual se declaró el incumplimiento del Contrato IDU-1682-2023 y la Resolución No. 1331 del 27 de junio de 2025, mediante la cual confirmó la anterior decisión? No
La suspensión provisional de un acto administrativo no procede cuando la demanda no señala las normas superiores que se consideran violadas ni explica la forma en que ocurre la vulneración, porque el demandante debe cumplir la carga argumentativa que le impone el primer inciso del artículo 231 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones: el análisis de la medida cautelar exige que el actor identifique la violación en el escrito de solicitud, sin que el juez deba suplir esa carga; y la afirmación de que la inscripción de una multa en el registro de proponentes afectaría la participación en procesos de contratación no reemplaza la confrontación del acto con las normas invocadas. Por ello, la negativa de la medida es suficiente para desestimar la suspensión, sin necesidad de examinar otros requisitos. Esta regla aplica a las solicitudes de suspensión provisional de actos contractuales sancionatorios que carezcan de argumentación normativa.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo debe ser negada
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-09-11
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020220059001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo debe ser negada, dado que el recurrente incumplió con la carga argumentativa respecto de las normas superiores que consideró violadas? Sí
En el recurso de apelación contra el auto que niega la suspensión provisional de un acto administrativo, el recurrente debe controvertir el requisito de procedencia de la medida, que consiste en confrontar el acto con las normas superiores que estima violadas. Esta regla se apoya en el artículo 231 del CPACA, que exige que la violación surja de la confrontación del acto con esas normas, y no basta con probar los perjuicios que la decisión causó. Por ello, los argumentos que solo se dirigen a acreditar perjuicios con las pruebas aportadas no cumplen la carga argumentativa de la impugnación. Cuando la mera confrontación del acto con las normas no muestra su contrariedad a derecho, la medida se niega. En el caso concreto la sala confirmó el auto que negó la suspensión provisional, porque los argumentos del recurso no versaban sobre ese requisito. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la apelación contra la negativa de la suspensión debe demostrar la violación normativa del acto.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuando se pretende la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, es requisito señalar en la solicitud las disposiciones violadas por el acto acusado luego de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No existió un error inexcusable en la determinación de la competencia
Sentencia — Sentencia
2024-08-30
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020180019500
LEY 1437 REPETICION
¿El alegado error inexcusable en la determinación de la competencia de la Comisión Nacional Electoral para pronunciarse sobre la elección del alcalde municipal de Aguachica, no se configuró debido a que la Comisión Escrutadora Departamental, quien en principio debía declararla, al ser un cuerpo colegiado transitorio, ya se encontraba disuelto al momento en que el CNE tomó la decisión correspondiente? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional, como el Consejo Nacional Electoral, debido a que estos órganos tienen autonomía administrativa y su presidente actúa en representación legal. Además, si el demandado es miembro de la Corte Constitucional en el momento de la demanda, el Consejo de Estado también tiene competencia para conocer del asunto, lo que asegura unidad de criterio en la responsabilidad de los funcionarios que actuaron como órgano colegiado. La regla reitera la competencia del Consejo de Estado en única instancia para estos casos, lo que implica que no se requiere un trámite adicional en otras instancias.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en única instancia de los procesos de repetición iniciados contra los representantes legales de los órganos y entidades del orden nacional?
¿El término de caducidad del medio de control de repetición inicia su cómputo a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago cuyo reintegro se pretende?
¿La legitimación en la causa por activa recae sobre el Consejo Nacional Electoral al ser la entidad en cuyo patrimonio recayó la condena patrimonial en virtud de la cual se formulan las pretensiones…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 68001233300020230074401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la procedencia de la medida cautelar de suspensión provisional, debe solicitarse por el demandante, existir un análisis de confrontación del acto y las normas y estar acreditados sumariamente los perjuicios cuando se trate de nulidad y restablecimiento del derecho? Sí
La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo solo procede a petición de parte debidamente sustentada, conforme al artículo 229 del CPACA, y exige un análisis de confrontación entre el acto demandado y las normas que se alegan vulneradas. Cuando se trata de una pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, además deben estar acreditados sumariamente los perjuicios que la medida pretende evitar. La procedencia de la medida depende de que la violación surja del confronte entre el acto y las normas invocadas, y no de la sola afirmación del demandante. En el caso concreto, el material probatorio no permitió concluir que procediera suspender los actos acusados, de modo que la providencia que negó la medida fue confirmada. Como consecuencia práctica, quien solicite la suspensión provisional de un acto debe presentar el análisis de confrontación y las pruebas sumarias de los perjuicios desde la solicitud, pues sin ellas la medida no prospera.síntesis automática
También resuelve:
¿De acuerdo con las normas vulneradas y las pruebas allegadas es dable considerar la procedencia de la suspensión de los actos acusados?
¿Se acreditó una vulneración del derecho al debido proceso, por indebida valoración y práctica de las pruebas allegadas al procedimiento administrativo sancionatorio…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020240006601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma? Sí
El contratista puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos cuando se advierta una contradicción o discordancia entre el acto demandado y el ordenamiento jurídico superior, y se cumpla con la carga argumentativa necesaria para justificar la violación de la norma, sin que sea suficiente la mera argumentación de la demanda. La Sala de Decisión del Consejo de Estado modificó su criterio anterior, estableciendo que la entidad estatal pierde competencia para declarar el incumplimiento y liquidar unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, siempre que las pretensiones o hechos sometidos al conocimiento judicial coincidan con los asuntos objeto del procedimiento administrativo correspondiente, lo que garantiza la seguridad jurídica de la comunidad.síntesis automática
También resuelve:
¿La entidad estatal pierde competencia para expedir actos administrativos mediante los cuales declara el incumplimiento y liquida unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del…
¿Resulta procedente decretar la suspensión provisional de los actos administrativos mediante los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano declaró el incumplimiento del contrato…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Contra el auto que rechaza la demanda procede el recurso de apelación.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-06-16
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 05001233300020240121001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Contra el auto que rechaza la demanda procede el recurso de apelación? Sí
El juez contencioso administrativo tramita en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechaza la demanda cuando este cumple con los requisitos legales de oportunidad previstos en el ordenamiento jurídico. En este caso específico, el Consejo de Estado confirma la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia al constatar plenamente que el recurso interpuesto contra el auto de rechazo es procedente conforme al numeral 1 del artículo 243 del CPACA y se presentó de manera oportuna dentro del término legal consagrado en el numeral 3 del artículo 244 ibídem.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para resolver el recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda?
¿Puede rechazarse una demanda por falta de claridad en la redacción de los hechos y pretensiones cuando el demandante ha realizado una subsanación que permite comprender el fundamento de su…
¿Se cumple en la demanda con el requisito de identificar las normas vulneradas y el concepto de violación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001232600019950118501
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo, conforme al artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, que establece la competencia del Consejo para resolver recursos de apelación. Esta competencia se extiende a casos en que la cuantía de la pretensión supera la suma prevista en el artículo 132 numeral 8 del mismo decreto, según el artículo 20 numeral 2 del Código Contencioso Administrativo. La modificación de este precedente facilita el acceso a la justicia en controversias contractuales de alto valor, permitiendo una revisión más amplia de las decisiones judiciales en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se solicita el incumplimiento del contrato y la nulidad de los…
¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
¿La acción de controversias contractuales frente a las pretensiones relativas a la nulidad del acto que liquidó unilateralmente el contrato se presentó dentro de los dos años establecidos en la ley?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Puede solicitar su suspensión, para que sea el juez natural quien bajo su autonomía e independencia.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2022-06-03
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 41001233300020200076301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las pretensiones del medio de control de controversias contractuales están dirigidas a que se declare la nulidad del contrato? Sí
El contratista no puede solicitar la suspensión del proceso de restitución de bienes arrendados como medida cautelar cuando las pretensiones del medio de control de controversias contractuales están dirigidas a declarar la nulidad del contrato, ya que la continuación del proceso no causaría un perjuicio irremediable, dado que la entidad ya está dispuesta a devolver los bienes y a buscar alternativas para cumplir sus funciones. Además, la Sala considera que la demanda está razonablemente fundada en derecho, sin prejuzgar el fondo del asunto, y que la terminación del contrato y la restitución de los bienes son las únicas acciones que el juez puede ordenar en la sentencia que concluye el proceso de restitución. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la admisibilidad de medidas cautelares en procesos de control de controversias contractuales, limitando la posibilidad de suspender el proceso de restitución de bienes arrendados cuando la nulidad del contrato es la pretensión principal.síntesis automática
También resuelve:
¿Es admisible que la demandante alegue que la restitución de los bienes arrendados implica un perjuicio para ella?
¿El juez, en la sentencia que concluye el proceso de restitución de bienes dados en arrendamiento solo puede declarar la terminación del contrato y ordenar la restitución de los bienes objeto de este?
¿La demanda se encuentra razonablemente fundada en derecho, sin que tal consideración implique prejuzgamiento?
Consejo de Estado
Providencia
La Sala no tiene sustrato jurídico que pueda ser objeto de estudio en esta instancia, la confirmará
Sentencia — Sentencia
2022-06-08
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150245501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consorcio formuló alguna razón de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia? No
Cuando el recurso de apelación no formula razones de inconformidad contra los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia de primera instancia, la Sala no tiene sustrato jurídico para estudiar y debe confirmar la decisión. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el apelante, en este caso un consorcio, aceptó la razón del juez de primera instancia, pues después de la postura unificada de la Sección Tercera ya no se exige notificar individualmente a sus integrantes sobre el inicio del procedimiento administrativo, y se acogió a la posición del tribunal. La segunda es que el consorcio no logró desvirtuar la presunción de legalidad de las resoluciones demandadas, porque el procedimiento sancionatorio se adelantó con las garantías del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y los consorcios son unidades de hecho y de derecho que deben responder por su incumplimiento. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia apelada. La nota de relatoría remite a la unificación de 25 de septiembre de 2013 sobre la capacidad de los consorcios, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consorcio logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones demandadas?
¿El Consorcio varió la causa petendi al introducir en el recurso de apelación un argumento nuevo que no fue debatido en la primera instancia?
¿La parte demandante incurrió en falta de técnica de la demanda?
Consejo de Estado
Providencia
Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción.
Sentencia — Sentencia
2024-08-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 15001233300020190035201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?
¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?
¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera
Sentencia — Sentencia
2022-11-23
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000232600020080015801
ACCION CONTRACTUAL
¿Se configuró la causal de impedimento frente a uno de los consejeros de la Sección Tercera, de haber intervenido como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores? Sí
El contratista no puede solicitar la prórroga automática del contrato de concesión porque esta fue pactada como una alternativa subordinada al cumplimiento de requisitos específicos establecidos en el Acuerdo 41 de 1993, que no fue aportado al expediente. Además, la entidad estatal no incurrió en falta de jurisdicción al conocer del caso, ya que la renuncia tácita a la cláusula compromisoria se produjo antes de la jurisprudencia que exige una renuncia expresa. Por último, se acepta el impedimento del consejero de la Sección Tercera por haber actuado como apoderado de la contraparte en procesos judiciales anteriores, lo que configura la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso. Estas decisiones reafirman las reglas sobre la interpretación de cláusulas contractuales, la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y las causales de impedimento de los funcionarios judiciales.síntesis automática
También resuelve:
¿Ante la procedencia de la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo guarda competencia para conocer de la presente acción contractual ejercida…
¿La prórroga automática fue pactada en el contrato como una alternativa sometida a la voluntad de las partes y al cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 41 de 1993?
¿Ante la dificultad para determinar el monto de los perjuicios materiales sufridos por la parte actora por cuenta de la inhabilidad sobreviniente consecuencia de la declaratoria de caducidad del…
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
No está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 41001233300020160033801
LEY 1437 REPETICION
¿Se demostró en que los exagentes demandados desconocieron normas de derecho en el proceso de reestructuración administrativa? No
La presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 no se configura cuando no se demuestra que el agente desconoció normas de derecho en el proceso que precedió al acto, de modo que la entidad que promueve la repetición debe probar la infracción normativa que imputa al agente. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la falta de un documento en los archivos de la entidad no basta por sí sola para demostrar la omisión de un informe técnico cuando la prueba testimonial y documental acredita que existió y que fue socializado entre directivos de varias dependencias. Segundo, si no se demuestra la infracción del artículo 41 de la Ley 443 de 1998, norma de carrera vigente al momento de los hechos, no se establece la conducta que da origen a la presunción. La providencia confirma la sentencia de primera instancia; en la práctica, la acción de repetición fundada en culpa grave exige acreditar la norma de derecho desconocida y el momento en que se incurrió en ella.síntesis automática
También resuelve:
¿El departamento del Huila adelantó un proceso de reestructuración de la planta de personal de la entidad?
¿A los empleados de carrera de los cargos suprimidos se les planteó las opciones de reubicación e indemnización?
¿El demandado tiene el deber de atacar la presunción y le corresponde aportar la prueba que desvirtúe el supuesto que la configura?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La decisión de traslado de la funcionaria no fue ostensiblemente arbitraria sino que obedeció a las necesidades del servicio
Sentencia — Sentencia
2024-02-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020150000300
LEY 1437 REPETICION
¿La decisión de traslado de la funcionaria no fue ostensiblemente arbitraria sino que obedeció a las necesidades del servicio? Sí
El traslado de un servidor de carrera por necesidades del servicio, que no es ostensiblemente arbitrario ni vulnera de manera manifiesta normas de derecho, no configura culpa grave del agente que lo dispuso, de modo que no procede la repetición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, las acciones constitucionales previas desestimaron las vulneraciones alegadas, al constatar que el traslado obedeció a las necesidades del servicio y que las condiciones laborales y el escalafón de la servidora no se alteraron. Segunda, aunque la reubicación no se ajustó a un criterio interpretativo de otra sección, no se advierte una violación manifiesta e inexcusable de las normas en que debía fundarse el acto. Tercera, al no existir culpa, decae el elemento subjetivo que permite la repetición contra el agente. La providencia niega las pretensiones de la demanda. La consecuencia práctica es que la discrepancia interpretativa sobre la reubicación de un servidor no basta para atribuir culpa grave al agente que la expidió.síntesis automática
También resuelve:
¿Existía la posibilidad de ubicar a los empleados de la corporación en las dependencias en que fueran requeridos sus servicios?
¿El empleo ocupado pertenecía a la planta de personal global por lo que la empleada podía ser ubicada en cualquiera de las oficinas de la entidad?
¿El legislador previó ciertos eventos en los que se presume la culpa grave pero requieren de la demostración del supuesto de hecho en que se fundan?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas
Sentencia — Sentencia
2025-02-03
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 76001233300020150156201
LEY 1437 REPETICION
¿Es competente la jurisdicción contencioso administrativa para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa es competente para conocer demandas de repetición interpuestas por entidades públicas contra servidores, exservidores o particulares que hayan causado un perjuicio por actuación dolosa o gravemente culposa, con el fin de obtener el reembolso de los dineros pagados. Esta competencia se fundamenta en el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Además, la Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante cuando la cuantía supera los 500 SMLMV, según lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. La caducidad del medio de control de repetición se calcula según el régimen jurídico vigente al momento de iniciación del proceso, conforme al artículo 308 del CPACA, y no al momento de la ejecutoria de la sentencia. En este caso, la entidad pública presentó la demanda dentro del plazo de dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado, cumpliendo así con el requisito temporal.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el medio de control de repetición contra un servidor, exservidor o particular investido de función pública cuando se verifica que su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a una…
¿Debe aplicarse el régimen procesal vigente al momento de iniciación del proceso para efectos del cumplimiento de la sentencia, conforme al artículo 308 del CPACA?
¿Se ejerció en tiempo el medio de control de repetición cuando la demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes al pago de la condena impuesta al Estado?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2025-03-10
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020120050101
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia surgida en torno al contrato de obra y sus actos liquidatorios, suscritos entre entidades públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de controversias relacionadas con contratos de obra y sus actos liquidatorios entre entidades públicas, conforme al artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, y los artículos 129 y 132 del Decreto 01 de 1984, que establecen la doble instancia en casos donde la pretensión excede los 500 S.M.L.M.V. Además, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplica la ley vigente al momento de la celebración del contrato estatal, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y no puede modificar el régimen jurídico del contrato por cambios en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo normativa posterior, lo que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica de las obligaciones contractuales. Esta decisión reitera y matiza precedentes, reafirmando la importancia de la irretroactividad de la ley en el contexto de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe aplicarse a los contratos estatales la ley vigente al momento de su celebración, sin que puedan afectarlos disposiciones posteriores?
¿Puede modificarse el régimen jurídico aplicable a un contrato estatal por el cambio en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo una…
¿Conlleva la cesión de un contrato estatal a una entidad regida por un régimen jurídico distinto la modificación del régimen aplicable al contrato originalmente suscrito?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda.
Sentencia — Sentencia
2025-11-07
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020040078002
ACCION CONTRACTUAL
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre aspectos no incluidos en el recurso de apelación o en los cargos de nulidad formulados en la demanda, conforme al principio de congruencia y al artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, que limita la competencia del juez superior a los problemas jurídicos derivados de los motivos de inconformidad presentados. Además, el artículo 137.4 del Código Contencioso Administrativo establece que el demandante debe señalar las normas presuntamente violadas y su concepto de violación, determinando así los problemas jurídicos a resolver en la sentencia. La Sala reitera que el juez no puede declarar la nulidad de actos administrativos con base en normas no señaladas en la demanda, salvo en casos de vulneración de derechos fundamentales de aplicación inmediata, lo que implica que las partes deben presentar sus cargos de nulidad con precisión y exhaustividad para evitar decisiones judiciales que excedan los límites establecidos por la congruencia.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre un cargo de nulidad fundado en hechos o argumentos no planteados en la demanda ni en su reforma?
¿Puede la parte demandante solicitar la declaratoria de la cosa juzgada como excepción de fondo en un proceso de lo contencioso administrativo?
¿Puede un contrato estatal estar sometido simultáneamente a normas nacionales y extranjeras por acuerdo de las partes?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El demandante debe indicar las normas violadas y explicar el concepto de su violación en la demanda conforme al artículo 162 del CPACA.
Salvamento voto — Salvamento de voto
2025-07-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020210061701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La demanda carece de sustento jurídico y normativo respecto al concepto de violación? Sí
El demandante invoca cargos de nulidad utilizando calificativos genéricos y subtemas abstractos referidos a la ejecución contractual sin precisar un adecuado sustento normativo ni desarrollar debidamente la supuesta violación del principio de buena fe. El actor no cumplió con el presupuesto de la demanda en forma y, por tanto, no era posible examinar la pretensión de nulidad, apoyándose en el artículo 162 del CPACA, numeral 4, que exige indicar las normas violadas y explicar el concepto de su violación, recordando además que el juez no puede construir un cargo que el demandante no propuso oportunamente en su libelo introductorio.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe el juez incorporar y valorar pruebas relevantes, como un informe de la Contraloría que guarda relación directa con la controversia contractual…
Consejo de Estado
Providencia
Quien demanda la nulidad de un acto administrativo debe precisar las normas vulneradas y sustentar el respectivo concepto de violación.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020190005503
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Quien demande la nulidad de un acto administrativo debe precisar las normas vulneradas y el concepto de violación, determinando con precisión las disposiciones normativas violadas y sustentando por qué fueron vulnerados con el acto administrativo atacado? Sí
El accionante cumple con la carga procesal de indicar las disposiciones normativas infringidas y explicar las razones de su vulneración al formular una demanda de nulidad. En esta aclaración de voto, el magistrado sostiene que la demanda carecía de cargos de nulidad aptos contra los actos administrativos cuestionados, por lo que correspondía declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en aplicación del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011. Asimismo, señala que la Sala no debió acudir a la remisión normativa del Código Civil en virtud del artículo 822 del Código de Comercio, dado que la legislación mercantil permitía resolver directamente la controversia suscitada.síntesis automática
También resuelve:
¿El presente caso se regía por la normativa comercial porque el objeto del contrato constituye un acto de comercio?
¿Es claro que no eran aplicables las disposiciones civiles al presente asunto porque existe una norma en el Código de Comercio que era aplicable al caso?