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INTERPRETACIÓN JUDICIAL

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Interpretacion judicial del contrato

70001233100019980028901 de 2025 2025-07-31 Rad. 70001233100019980028901
1.- Que el contrato de concesión de alumbrado público fue suscrito entre el Municipio de Sincelejo y ELECTRO ATLANTICO LTDA. el día 28 de febrero de 1997. 2.- Que mediante acta firmada por las partes contratantes, se decidió de común acuerdo la suspensión del contrato de concesión, a efectos de que el Municipio adelantara las gestiones para el perfeccionamiento del convenio interadministrativo a suscribir con la Electri ficadora de Sucre, como parte de las obligaciones contraídas en el contrato de concesión suscrito.
También resuelve: Perfeccionamiento de los contratos estatales: Ley 80 de 1993, requisitos para el perfeccionamiento del contrato estatal, acuerdo de objeto y contra prestación, formalización por escrito Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera subsección c Temas: responsabilidad contractual del estado: elementos / perfeccionamiento del contrato estatal, sus requisitos, acuerdo entre las partes sobre el objeto y la contraprestación y que se eleve a escrito / ejecución del contrato -sus requisitos / contrato de c oncesión, forma y condiciones de la remuneración
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Debido proceso: del texto del contrato no se desprende que previo a hacer efectiva la garantía

44001234000020130013401 de 2026 2026-04-30 Rad. 44001234000020130013401
El contratista no puede ejercer facultades unilaterales para suspender o reanudar el plazo de ejecución de un contrato con una empresa de servicios públicos domiciliarios sin que estas estén expresamente pactadas en el acuerdo contractual, y una vez expirado el plazo pactado por una causa externa prevista por las partes, cualquier reanudación es improcedente. La entidad estatal tiene la facultad de hacer efectiva la cláusula penal o cobrar la garantía de cumplimiento mediante resolución motivada, previa declaración de incumplimiento y concreción del riesgo. La interpretación judicial de las cláusulas contractuales permite al juez determinar la aplicación de estas reglas, reiterando la aplicación preferente del derecho privado en los actos y contratos de empresas de servicios públicos domiciliarios, salvo disposición legal en contrario, lo que implica que las decisiones judiciales deben considerar tanto el derecho privado como los principios de la función administrativa y la gestión fiscal.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico de los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios: aplicación preferente del derecho privado, fundamento en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, derecho privado, aplicación de principios de la función administrativas Facultades unilaterales: régimen privado, acuerdo entre las partes de manera expresa, clara e inequívoca, causa externa, improcedencia de reanudación del plazo del contrato por expiración del convenio Facultad para hacer efectiva las garantías: cláusula penal, apropiación de saldos adeudados o cobro de garantías de cumplimiento, acuerdo expreso entre las partes, declaratoria de incumplimiento y concreción del riesgo
Consejo de Estado Providencia

Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos

Sentencia — Sentencia 2024-11-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020240001500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad? Sí
El contratista no puede basar un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad, ya que la causal analizada no implica la configuración de un error in procedendo que comprometa la ritualidad de las actuaciones o vulnere las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La Sala declara infundado el recurso, al considerar que la función del juez de anulación no es intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento, sino limitarse a examinar si se han cumplido los requisitos formales y procesales establecidos. Además, las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral deben ser consideradas como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley, sin que el juez de anulación pueda revisar la pertinencia de dicha interpretación.síntesis automática
También resuelve: ¿La función del juez de anulación no es operar como superior jerárquico, ni intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento? ¿Las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral se muestran como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley? ¿Se considera que la demanda fue presentada dentro del término establecido para ello y que el análisis realizado por el panel arbitral no fue irrazonable?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

No procede la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-09-01 Sección Tercera (Subsección A) MARÍA ADRIANA MARÍN Rad. 25000233600020230056901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Procede la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria, cuando la controversia gira en torno a la interpretación, alcance y naturaleza jurídica de dicha cláusula, siendo aspectos que constituyen el fondo del litigio y deben ser resueltos en la sentencia definitiva? No
No procede la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria cuando la controversia gira en torno a la interpretación, el alcance y la naturaleza jurídica de esa cláusula, pues tales aspectos constituyen el fondo del litigio y deben resolverse en la sentencia definitiva. La regla se apoya en los artículos 229, 230 y 231 del CPACA, que condicionan la medida cautelar a que proteja transitoriamente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, a que sea el único mecanismo para conjurar la situación y a que la solicitud esté debidamente fundada, con pruebas que permitan concluir la vulneración alegada. Un análisis anticipado de la validez de la cláusula implicaría prejuzgar el fondo. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la negativa de la medida cautelar se confirma cuando la discusión depende de la interpretación contractual, y la controversia debe resolverse en la sentencia.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente la medida cautelar de suspensión provisional frente a un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria… ¿Resulta procedente la suspensión provisional de un acto administrativo que aplica una cláusula penal pecuniaria, cuando la presunta vulneración del derecho al debido proceso alegada se fundamenta en… ¿Resulta procedente la condena en costas en contra de la parte a la que se le resuelve de forma desfavorable el recurso de apelación…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de repetición: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-06-20 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 11001032600020160016300 LEY 1437 REPETICION
¿Compete al Consejo de Estado conocer en única instancia de los procesos de repetición adelantados contra representantes legales de entidades del orden nacional, como es el caso del rector de la Universidad Popular del Cesar? Sí
Los procesos de repetición que el Estado promueve contra representantes legales de órganos y entidades del orden nacional se conocen en única instancia por la corporación que señala el numeral 13 del artículo 149 del CPACA. La regla se apoya en la enumeración expresa de los funcionarios cuya responsabilidad se somete a esa competencia, lo que delimita el factor de conocimiento por la calidad del demandado. Por ello, la competencia no depende de la naturaleza del asunto sino de la clase de cargo que ocupaba el servidor al momento de los hechos. En el asunto, la demanda de repetición se dirigió contra el rector de una universidad, quien por la época de los hechos ejercía esa función, y la subsección asumió la competencia para conocer del proceso. La Sala negó las pretensiones de la demanda en ese contexto. En la práctica, el factor de competencia de la repetición debe verificarse según el cargo del demandado al momento de los hechos antes de determinar el juez que la tramita.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó oportunamente la demanda de repetición frente a las 23 pretensiones instauradas contra el rector de la la Universidad Popular del Cesar? ¿Las hipótesis sobre la conducta del agente del Estado contenidas en los artículos 5º y 6º de la Ley 678 de 2001, constituyen presunciones legales que admiten prueba en contrario? ¿Debe condenarse patrimonialmente al rector de la Universidad Popular del Cesar por declarar insubsistentes, mediante actos administrativos no motivados…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra

Sentencia — Sentencia 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 05001233100020100215001 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra? No
El contratista no puede declarar el rompimiento del equilibrio económico del contrato por mayor permanencia en obra, ya que las partes acordaron modificaciones contractuales que regularon los costos adicionales y prorrogaron el plazo de ejecución, y el contratista no demostró los perjuicios reclamados ni cumplió con la carga probatoria que le correspondía. Además, la fuerza obligatoria del contrato se basa en la voluntad de las partes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, y en este caso el contratista no probó los costos administrativos adicionales. Por lo tanto, la Sala reitera que la acción contractual es el mecanismo adecuado para resolver controversias derivadas del contrato estatal, pero en este caso declina las pretensiones principales del contratista debido a la falta de prueba.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal? ¿Se presenta caducidad de la acción de controversias contractuales? ¿La entidad demandada incumplió el contrato al aplicar incorrectamente la fórmula de ajuste pactada y no efectuar el pago de la totalidad de los valores a que tenía derecho el contratista…
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-03-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020120050101 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia surgida en torno al contrato de obra y sus actos liquidatorios, suscritos entre entidades públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de controversias relacionadas con contratos de obra y sus actos liquidatorios entre entidades públicas, conforme al artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, y los artículos 129 y 132 del Decreto 01 de 1984, que establecen la doble instancia en casos donde la pretensión excede los 500 S.M.L.M.V. Además, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplica la ley vigente al momento de la celebración del contrato estatal, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y no puede modificar el régimen jurídico del contrato por cambios en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo normativa posterior, lo que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica de las obligaciones contractuales. Esta decisión reitera y matiza precedentes, reafirmando la importancia de la irretroactividad de la ley en el contexto de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aplicarse a los contratos estatales la ley vigente al momento de su celebración, sin que puedan afectarlos disposiciones posteriores? ¿Puede modificarse el régimen jurídico aplicable a un contrato estatal por el cambio en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo una… ¿Conlleva la cesión de un contrato estatal a una entidad regida por un régimen jurídico distinto la modificación del régimen aplicable al contrato originalmente suscrito?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La administración conserva competencia para liquidar el contrato respaldada por la presunción de legalidad del acto de caducidad vigente.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020000089701 ACCION CONTRACTUAL
¿Configura la declaratoria de nulidad del acto administrativo de caducidad del contrato una pérdida de competencia sobreviniente respecto de la liquidación unilateral? No
La administración pública se reputa competente para adoptar decisiones contractuales con base en la presunción de legalidad de los actos administrativos que se encuentren vigentes al momento de su expedición. En esta aclaración de voto se examinan los efectos de la declaratoria de nulidad de un acto de caducidad sobre la posterior liquidación unilateral del contrato, precisando que dicha anulación no genera una pérdida de competencia sobreviniente con efectos retroactivos capaces de invalidar la potestad ejercida por la entidad. Se destaca que al momento de adoptar la liquidación subsistía la presunción de legalidad del acto de caducidad, y se enfatiza en la aplicación del principio pro homine y la interpretación del artículo 136 del Decreto Ley 01 de 1984 en armonía con la jurisprudencia constitucional sobre la efectividad de los derechos de acceso a la administración de justicia.síntesis automática
También resuelve: ¿Garantiza la interpretación del artículo 136 del CCA acogida por la Sala la efectividad del principio pro homine y el acceso a la administración de justicia de la entidad contratante?
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: las reglas jurisprudenciales tienen fuerza vinculante para los jueces

Aclaración voto — Aclaración de voto 2022-03-02 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 11001032600020210012300 RECURSO DE ANULACION LAUDO ARBITRAL
¿Las reglas jurisprudenciales tienen fuerza vinculante para los jueces, incluyendo los árbitros? Sí
Conforme con las disposiciones legales del CPACA, el Consejo de Estado tiene competencia de adoptar providencias de unificación, las cuales tienen por objeto interpretar las disposiciones legales lo que implica también establecer la regla que permita resolver el caso concreto cuando existan lagunas normativas.… Y la aplicación de estas reglas jurisprudenciales no solo puede exigirse mediante el recurso de apelación sino mediante el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia el cual procede “cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.
También resuelve: ¿Los árbitros están obligados a aplicar las disposiciones legales y a respetar la fuerza vinculante de las reglas jurisprudenciales? ¿El tribunal de arbitramento podía apartarse de la regla jurisprudencial sentada por el Consejo de Estado respecto de la caducidad de las pretensiones en la reforma de la demanda?