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¿El incumplimiento contractual se origina en el desconocimiento del débito prestacional y de las obligaciones legalmente pactadas en el contrato? Sí
La parte contratante está obligada a satisfacer estrictamente el débito prestacional y las obligaciones legalmente pactadas en los negocios jurídicos estatales, cuja inejecución, tardanza o defecto genera responsabilidad patrimonial contractual y el deber de indemnizar perjuicios conforme al artículo 90 de la Constitución Política. En esta providencia de controversias contractuales sobre la instalación de redes de acueducto, la Sala precisa que el incumplimiento contractual y el desequilibrio económico del contrato son figuras jurídicas autónomas con distinto origen y consecuencias. En el caso examinado se estableció que la entidad demandada atendió las solicitudes de restablecimiento de la ecuación financiera y que las salvedades formuladas en el acta de liquidación bilateral no lograron demostrarse probatoriamente, confirmando así la decisión de instancia con base en la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿En lo que concierne a la pretensión de nulidad relativa del contrato, el término para demandar corrió de manera autónoma frente a cada contrato adicional suscrito entre las partes?¿El contratista no demostró que el desequilibrio económico alegado hubiera ocurrido efectivamente durante la ejecución del contrato y que hubiera generado un daño patrimonial real?¿La parte actora no demostró las circunstancias imprevistas y extraordinarias que hubieren afectado el alea normal de la ecuación contractual?
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción, considerando que, en casos de controversias contractuales, cuando se trata de contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría, se entiende que a la entidad estatal le es imponible o exigible como deber legal proceder con la liquidación, por lo que, el término de caducidad se debe computar desde de la terminación del plazo contractual, teniendo en cuenta sus respectivas adiciones? Sí
La entidad estatal es imponible como deber legal para proceder con la liquidación en contratos de ejecución sucesiva en el tiempo, como el de interventoría. Por lo tanto, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales debe computarse desde la terminación del plazo contractual, considerando sus respectivas adiciones. En el caso en estudio, el contrato terminó el 18 de septiembre de 2004, y el término de caducidad comenzó a contarse a partir del 19 de marzo de 2005, con una duración de 2 años, lo que significa que la demanda fue presentada fuera del plazo legal.síntesis automática
También resuelve:¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
¿Procede el reconocimiento al contratista de los costos por mayor permanencia en obra derivados de las prórrogas del contrato? No
El contratista no puede reclamar por mayor permanencia en obra derivada de las prórrogas del contrato cuando ha renunciado expresamente a presentar reclamaciones por este motivo, ya que tal renuncia es un acto propio que debe respetarse en virtud del principio de buena fe y lealtad contractual. Además, la jurisprudencia establece que las salvedades en el acta de liquidación del contrato no reviven la oportunidad de protestar las modificaciones, adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, por lo que el silencio del contratista sobre los efectos económicos de estas prórrogas impide que ahora reclame por ellos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los acuerdos y manifestaciones durante la ejecución del contrato y limita las posibilidades de reclamar aspectos no objeto de salvedades en la liquidación del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En virtud de la teoría del respeto por los actos propios, el contratista no puede desconocer la renuncia expresa a presentar reclamaciones por mayor permanencia en obra ante la Administración…¿Pueden reclamarse por vía judicial situaciones jurídicas o económicas que no fueron objeto de salvedades?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso de controversias contractuales en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista no acredita el incumplimiento del contrato estatal ni el derecho a cobrar los honorarios pactados, por lo que la entidad estatal no está obligada a pagarlos. El Consejo de Estado es competente para conocer del proceso de controversias contractuales en segunda instancia por su cuantía, y la demanda fue presentada oportunamente dentro del plazo de caducidad. Sin embargo, el contratista no cumplió con la carga probatoria necesaria para demostrar el recaudo efectivo y las gestiones realizadas para cobrar la cartera corriente, condiciones pactadas para el pago de los honorarios. Además, no se acredita el perjuicio derivado de la pérdida de oportunidad por no tramitar procesos de jurisdicción coactiva, ya que no se presentaron elementos que demuestren la utilidad proyectada para el contratista. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos contractuales y la carga probatoria en controversias contractuales, lo que implica que los contratistas deben presentar pruebas efectivas y completas para reclamar pagos adicionales.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda fue presentada dentro de los dos años siguientes a la terminación del contrato?¿Las facturas allegadas como prueba y que se pretenden cobrar acreditan la gestión realizada y el recaudo efectivo de los cuales se causaba el pago de honorarios pactado en el contrato?¿Se acreditó el perjuicio derivado de los honorarios que se debían pagar por el acompañamiento en los procesos de jurisdicción coactiva dejados de tramitar?
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora?¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo?¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
¿Debe elevarse a escrito, como solemnidad ad substantiam actus, todo contrato estatal celebrado por una entidad regida por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
El contratista debe elevar a escrito todo contrato estatal celebrado por una entidad regida por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, que establecen la solemnidad ad substantiam actus para tales contratos. La falta de suscripción de documentos modificatorios impide su perfeccionamiento y, por ende, su validez jurídica, lo que puede llevar a la caducidad del medio de control judicial si no se cumplen los plazos establecidos. La Sala reitera la importancia de cumplir con las formalidades legales para el perfeccionamiento del contrato estatal y la consecuencia práctica es que la entidad demandante no puede revivir el contrato con la sola voluntad de las partes, lo que implica la caducidad del medio de control judicial. Además, si prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el juez se abstendrá de condenar en costas en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Impide la falta de suscripción de documentos modificatorios de un contrato estatal su perfeccionamiento y, en consecuencia, su validez jurídica?¿Puede el juez abstenerse de condenar en costas en segunda instancia cuando prospera el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada?
¿Cual (sic) es la diferencia entre contrato adicional y adición al contrato estatal?
Antes de la expedición de la Ley 80 de 1993 la jurisprudencia, al amparo de lo normado en el artículo 58 del Decreto- Ley 222 de 1983, consideró que el contrato adicional era requerido para todos los eventos que implicaran la modificación del objeto del negocio jurídico pactado, en tanto que la adición al contrato se empleaba para las demás situaciones que conllevaran cambios menores o de forma.
También resuelve:Adicional: noción / adición, limite
¿Se acreditó el incumplimiento de INVÍAS por el hecho de no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas por el contratista? Sí
El contratista puede acreditar el incumplimiento de la entidad estatal por no pagar en su totalidad las cantidades de obra ejecutadas, siempre que demuestre con pruebas detalladas que la obra fue realizada conforme al contrato y que la entidad no ha desvirtuado dichas pruebas. En este caso, el contratista presentó un informe detallado de la interventoría que evidenciaba la existencia de trabajos no remunerados, y la entidad no realizó ningún esfuerzo probatorio para desvirtuarlo. Además, las actas parciales de ejecución eran provisionales y no impedían otros reconocimientos, y la suscripción de documentos modificatorios al contrato no implicaba la renuncia del derecho a formular reclamaciones económicas. La Sala revocó la sentencia apelada y concedió las pretensiones principales de la demanda, lo que implica que las partes deben cumplir con el reconocimiento del valor de las cantidades de obra ejecutadas pero no remuneradas.síntesis automática
También resuelve:¿Las mayores cantidades de obra son las que no implican modificación del contrato y se presentan en aquellos contratos pactados a precios unitarios…¿La sentencia SU 214 de 2022, no constituye un precedente obligatorio en el presente caso de estudio, por falta de similitud fáctica y jurídica en relación con los conceptos de mayor cantidad de obra…¿Las fórmulas de acuerdo propuestas por las partes para fijar los valores del contrato, están sometidas a confidencialidad…
¿El demandante omitió probar cuándo adquirió los elementos utilizados en las obras y cuánto le costaron? Sí
El contratista que alega un desequilibrio económico por el alza de los insumos debe probar cuándo adquirió los elementos utilizados en la obra y cuánto le costaron, pues sin esos datos no puede acreditarse la afectación económica. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que el anticipo, que equivale a la mitad del valor del contrato, está destinado a brindar liquidez al contratista para adquirir precisamente esos insumos, de modo que su correcta inversión es un dato relevante para el reclamo. Otra razón es que los nuevos ítems creados durante la ejecución se fijaron a partir de los precios unitarios presentados por el contratista y con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión, según los testimonios, y la parte actora no logró desvirtuarlo. En el caso, las adiciones y prórrogas no se objetaron por falta de precios de mercado, y el demandante omitió probar los costos reales. La Sala confirmó la negación de las pretensiones. Su consecuencia práctica es que el reclamo por sobrecostos exige soportes de adquisición y precios, y no basta con afirmar el incremento de los insumos.síntesis automática
También resuelve:¿Al momento de la creación de los nuevos ítems se hizo con fundamento en los precios del mercado vigentes en cada ocasión?¿El contratista había presentado solicitud en relación con el reconocimiento del ajuste de los precios del contrato en dos ocasiones?¿Es suficiente con acreditar la mayor duración del contrato y las suspensiones o prórrogas para deducir la excesiva onerosidad supuestamente afrontada por el contratista?
¿Cuál es la diferencia entre la adición a un contrato de obra pública y un contrato adicional de obra pública?
Solo hay lugar a la celebración de un contrato adicional y, por tanto, que se encuentre sometido al parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, cuando se trate de adicionar una obra u actividad que no estaba contemplada en el alcance inicial del contrato.
También resuelve:Adición: concepto, distintos supuestos, prohibición, adición en más del 50% / contrato adicional
¿Los acuerdos modificatorios son expresión de la autonomía de la voluntad, corresponde al juez examinar su contenido para establecer si las partes regularon, ajustaron o zanjaron la diferencia económica que luego se reclama? Sí
Los acuerdos modificatorios suscritos durante la ejecución del contrato son expresión de la autonomía de la voluntad, por lo que corresponde al juez examinar su contenido y contexto para establecer si las partes regularon, ajustaron o zanjaron la diferencia económica que luego se reclama. La regla se sostiene en tres razones: el juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito de procedencia o prosperidad de la reclamación posterior; solo cuando el examen no revela una voluntad negocial de regular la diferencia procede el estudio de fondo; y el principio de buena fe objetiva no habilita al juez para crear requisitos adicionales de reserva. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera. En consecuencia, la reclamación económica debe analizarse a partir de lo que las partes efectivamente pactaron en los acuerdos modificatorios, y no a partir de la falta de reservas en ellos. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solo a lo expresamente pactado, sino a todo lo que corresponde a su naturaleza.¿Si la prórroga es para permitir al contratista remediar atrasos que le son atribuibles, la buena fe le impone revelar al momento de solicitarla o convenirla…¿El acuerdo modificatorio se limitó a formalizar la prórroga, el incremento del anticipo y la incorporación de ajustes eléctricos, sin resolver la controversia patrimonial hoy planteada?
¿El cargo de la apelación resulta infundado pues la sentencia de primera instancia acertó en cuanto no encontró demostrada la ocurrencia de sobrecostos causados durante el lapso en el cual se amplió el plazo de ejecución contractual? Sí
Los sobrecostos derivados de la ampliación del plazo de ejecución de un contrato de obra pública deben acreditarse con una certificación contable que discrimine los conceptos y permita distinguir los gastos causados por la mayor permanencia en la obra de los gastos inherentes a la ejecución, así como con un análisis de ingresos y egresos que muestre si esos costos fueron cubiertos por el precio o por el rubro de imprevistos. Una razón es que la certificación contable presentada no permitía distinguir si los gastos eran consecuencia directa de la extensión del plazo o correspondían a los inherentes al contrato, y no discriminaba los conceptos que integraban las sumas. Otra razón es que el expediente no incluía documentos que verificaran el estado contable de la ejecución, ni un análisis comparativo entre el valor del contrato y los costos que superaban ese valor. En el caso, la Sala confirmó la decisión de primera instancia que no encontró demostrados los sobrecostos, y las razones por las cuales se apartó del dictamen pericial fueron compartidas. Su consecuencia práctica es que el reclamo por mayor permanencia en obra exige contabilidad discriminada del contrato y no basta con certificaciones generales.síntesis automática
También resuelve:¿Las razones por las cuales la primera instancia se apartó del dictamen pericial son compartidas por esta instancia?¿En los documentos de prórroga y suspensión del plazo contractual se introdujo el compromiso del contratista de mantener el índice de ajustes del programa de inversiones?¿En la demanda se pretendió la nulidad de las cláusulas de renuncia invocando como fundamento que se vulneraron normas de orden público?
Cuando el contratista renuncia a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra puede con posterioridad alegar el desequilibrio económico del contrato? Sí
El contratista no puede alegar desequilibrio económico del contrato después de renunciar a presentar reclamaciones por mayor permanencia de la obra, ya que las partes acordaron de buena fe que la prórroga no generaría sumas adicionales, y la caducidad de la acción impide que se cuestione la validez de las prórrogas contractuales. La Sala reitera que la renuncia a reclamaciones por extensión del plazo contractual es válida y que no hay prueba del desequilibrio financiero del contrato, lo que implica que las pretensiones económicas del contratista no prosperarán si no acredita la existencia de un desequilibrio financiero real y no pactado.síntesis automática
También resuelve:¿Las reclamaciones por mayor permanencia de la obra durante el plazo adicional acordado no pueden prosperar porque las partes las pactaron que el acuerdo no generaría sumas adicionales en favor del…¿Las pretensiones económicas alegadas por el contratista son improcedentes por acreditarse que renunció al pago de los costos generados por las tres primeras prórrogas del contrato y la cuarta fue…¿Se acreditó un desequilibrio en la ecuación financiera del contrato de obra pública que diera lugar al reconocimiento del pago solicitado por el contratista?
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato se realiza bilateralmente y el término para demandar es de dos años contados desde la firma del acta, suspendido por la conciliación extrajudicial y la suspensión de términos judiciales por la pandemia de COVID-19. En este caso, la entidad estatal y el contratista acordaron la liquidación del contrato el 29 de diciembre de 2017, y la solicitud de conciliación suspendió el término para demandar, que se reanudó el 18 de julio de 2020. La demanda se presentó el 21 de julio de 2020, dentro del plazo restante, evitando así la caducidad del medio de control. Además, el acta de liquidación bilateral debe incluir salvedades respecto a los aspectos no acordados, permitiendo al contratista reclamar en sede judicial sobre estos puntos, como lo hizo el consorcio en este caso, reflejando una salvedad válida que fundamenta su inconformidad.síntesis automática
También resuelve:¿En el acta de liquidación bilateral deben quedar reflejadas las salvedades respecto de aquellos asuntos en los que las partes no lograron llegar a arreglos?¿La salvedad incluida por el contratista corresponde a una expresión válida en relación con los aspectos sobre los que el consorcio fundó su inconformidad?¿El consorcio consintió la ampliación del plazo inicialmente previsto, con la expresa manifestación de que ello no suponía una variación del valor del contrato?
Sentencia — Sentencia2024-06-28Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020230013300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En el recurso de anulación se pueden revisar los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados? No
El contratista no puede revisar en el recurso de anulación los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para determinar si son errados, ya que este recurso no está instituido para calificar el análisis de fondo de la controversia ni para corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los árbitros. La Sala declara infundado el recurso de anulación cuando la recurrente cuestiona la valoración probatoria del tribunal, argumentando que dicha acción no se enmarca en la causal de anulación de fallo en conciencia y que no es competencia del Consejo de Estado revisar la interpretación y valoración de pruebas efectuadas por los árbitros, lo que implica que los reproches formulados por la parte recurrente no tienen vocación de prosperidad.síntesis automática
También resuelve:¿En el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral no es posible corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los tribunales de arbitraje?¿Al Consejo de Estado no le es posible calificar la valoración probatoria ni la interpretación expuesta en el laudo arbitral?¿En los argumentos de la recurrente se evidencia un cuestionamiento a la valoración probatoria y a la interpretación que los árbitros hicieron del clausulado del contrato?
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,LUCRO CESANTE,RECLAMACIÓN PECUNIARIA,OBRAS ADICIONALES,CONTRATO ADICIONAL,ANTICIPO,MULTAS – Controversias contractuales,Contratos objeto de liquidación,Oportunidad,Indemnización,Disponibilidad de la maquinaria,Sobrecostos,Remuneración de la actividad de excavación,Concepto,Reclamación posterior,Ammortización del anticipo – Mes: diciembre – Año: 2018…
También resuelve:Caducidad de la acción: controversias contractuales, contratos objeto de liquidaciónControversias contractuales: oportunidadLucro cesante: indemnización, disponibilidad de la maquinaria, sobrecostos
Naturaleza del Fondo Rotatorio de la Policía,Facultades oficiosas del juez,Carga probatoria,Cambio de planos y especificaciones,Concertación entre las partes,Acuerdo previo,Presunción de legalidad – Mes: abril – Año: 2018…
¿El consorcio omitió adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el cabal avance de la obra? Sí
El contratista omite adoptar las medidas de mitigación previstas en el pliego de condiciones e informar a la entidad sobre la incidencia de las lluvias en el avance de la obra, lo que implica un incumplimiento del contrato y justifica la liquidación del mismo, según establecen los artículos 4 de la Ley 1150 de 2007, 88 del Decreto 2474 de 2008 y 27 de la Ley 80 de 1993. En este caso, el consorcio no cumplió con estas obligaciones, lo que llevó a la entidad a declarar el incumplimiento y liquidar el contrato, sin que el contratista pudiera alegar que el fenómeno climático justificaba su abandono de la obra sin notificar a la administración. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales y las medidas de mitigación frente a eventos climáticos, evitando que el contratista pueda simplemente abandonar la obra sin consecuencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Las obras extras guardaban relación con los ítems que la entidad demandada echó de menos al declarar el incumplimiento del consorcio?¿Se cumplieron los supuestos legales y procedimentales que habilitaban a la entidad estatal para imponer la cláusula penal?¿Se configuró la situación de incumplimiento que la contratante declaró en los actos acusados y por tanto la causal de procedencia de la cláusula penal?
¿La ruptura del equilibrio económico del contrato por la fijación de nuevos impuestos o gravamenes en el curso del contrato estatal se da de manera automática? No
El rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal no se produce por el solo hecho de que el contratista deje de obtener utilidades o de que surjan mayores costos en la ejecución de sus obligaciones, pues para reconocerlo el hecho debe ser imprevisible y anormal y no haberse originado dentro del margen de riesgo propio del contrato. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 exige mantener el equilibrio respecto de las condiciones pactadas al celebrar el contrato, de modo que la alteración debe medirse frente a ese pacto. Segundo, las causas de ruptura, ya se encuadren en la teoría de la imprevisión, en el hecho del príncipe o en el ius variandi, comparten como denominador común la imprevisibilidad y la anormalidad del hecho. Tercero, las partes distribuyen los riesgos en las cláusulas o en los ajustes económicos durante la ejecución, por lo que los costos que no superan el álea normal o corresponden a esas contingencias asumidas no dan lugar a restablecimiento. En la práctica, el contratista que reclame el restablecimiento debe probar que el hecho superó el riesgo asumido en el contrato y excedió el álea normal.síntesis automática
También resuelve:¿El silencio del contratista frente a los acuerdos modificatorios y la eventual insuficiencia de los mismos para solventar situaciones que puedan alterrar la economía del contrato…¿Para octubre de 2006, cuando tuvo lugar la licitación que precedió al contrato de obra materia de controversia, era imprevisible la operabilidad de la contribución especial prevista en la Ley 1106…¿Se le debía reconocer a la sociedad A.I.A. S.A. el restablecimiento del equilibrio económico del contrato N° 18 de 2007 por mayor permanencia en la obra…
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También resuelve:Contrato de obra pública: objeto, trámiteSobrecostos: obras adicionales, obras complementarias, contratista, nulidadIneptitud de la demanda: nulidad, incumplimiento, inexistencia -– no opero