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ESTADOS FINANCIEROS,BALANCE DE ESTADOS FINANCIEROS,CERTIFICACIÓN DE ESTADO FINANCIERO – Estados financieros,El pliego de condiciones es ley para las partes,Capacidad económica de los oferentes,Certificados por contador Entidades estatales,Contratistas – Mes: julio – Año: 2021…
¿Cuáles son las facultades y responsabilidades de los supervisores de los contratos estatales?
El supervisor de contratos estatales debe solicitar informes y aclaraciones sobre la ejecución del contrato y mantener informada a la entidad contratante sobre posibles actos de corrupción o riesgos para el cumplimiento del contrato, respondiendo disciplinariamente por la inobservancia de sus funciones, lo que reitera y matiza la obligación de vigilancia de la entidad estatal y sus servidores públicos en la ejecución de contratos, conforme a las leyes 80, 1150 y 1474 de 1993, 2007 y 2011 respectivamente. Además, para contratos de prestación de servicios que no requieren liquidación obligatoria, las partes pueden acordar saldos o compensaciones, siempre que no comprometan los intereses públicos y se ajusten a los principios de la contratación estatal, permitiendo así una gestión directa de los aspectos económicos pendientes sin necesidad de declarar incumplimiento por parte de la entidad.síntesis automática
También resuelve:Vigilancia de los contratos estatales: marco jurídico, obligación de la entidad, objetivoSupervisión del contrato: facultades, obligacionesBalance económico: contrato de prestación de servicios, forma de hacerlo, liquidación del contrato
¿Prosperan las pretensiones económicas del demandante, por cuanto declaró a paz y salvo a la entidad contratante en relación con las obligaciones derivadas del contrato? No
Cuando las partes liquidan bilateralmente el contrato mediante un acuerdo en el que se declaran a paz y salvo por todo concepto, sin salvedades ni reservas, ese negocio es obligatorio y pone fin al cruce de cuentas, de modo que las reclamaciones económicas fundadas en obligaciones del contrato no prosperan si la nulidad del acuerdo no fue pretendida en la demanda. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la liquidación bilateral constituye el cruce final de cuentas entre las partes y es vinculante para ellas mientras no sea anulada. Segundo, la declaración de paz y salvo sin reservas comprende los aspectos que se reclaman, como el inicio tardío de las obras, la ampliación del plazo, los trabajos adicionales y los descuentos tributarios, por lo que la demanda que no impugna ese acuerdo no puede prosperar en sus pretensiones económicas. La providencia confirma la sentencia apelada; en la práctica, quien suscribe una liquidación bilateral con paz y salvo sin salvedades debe impugnarla expresamente en la demanda si pretende reclamar sumas derivadas del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidación bilateral suscrita por las partes es un acuerdo de voluntades con fuerza jurídica vinculante?¿La liquidación del contrato es la oportunidad para la creación de nuevas relaciones jurídicas o para novar las obligaciones contenidas en el contrato?¿Hay lugar a condenar en costas del proceso a la parte vencida?
¿La resolución expedida por el departamento, mediante la cual se adoptó el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, puede ser analizada como un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad? No
El contratista no puede demandar la nulidad de la resolución expedida por la entidad estatal que adopta el balance final de cuentas de un convenio interadministrativo, ya que este acto se considera un acto jurídico convencional y no un acto administrativo unilateral sujeto a nulidad, en virtud de que el convenio interadministrativo no incorpora las facultades unilaterales establecidas en la Ley 80 de 1993, y las partes no pactaron expresamente que una de ellas pudiera liquidar unilateralmente el convenio. Además, el juez no puede adoptar la liquidación del convenio y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio cuando no existen pruebas suficientes que permitan determinar con certeza el costo de dichas obras ni el balance final de cuentas. Esta decisión modifica la interpretación previa de la naturaleza del acto administrativo en convenios interadministrativos, limitando las posibilidades de declarar la nulidad de resoluciones similares y restringiendo la capacidad del juez para determinar el valor de las obras ejecutadas sin pruebas concluyentes.síntesis automática
También resuelve:¿El departamento estaba jurídicamente facultado para adoptar de manera unilateral la liquidación de un convenio interadministrativo?¿Puede el juez adoptar la liquidación de un convenio interadministrativo y reconocer el valor de las obras ejecutadas por el municipio…¿Es posible establecer el valor de las obras ejecutadas y el porcentaje de inversión de los recursos aportados por el departamento?
La controversia gira alrededor de la pretensión de declaratoria de rompimiento del equilibrio económico de un contrato de obra. El a quo declaró que operó la caducidad de la acción de controversias contractuales.
También resuelve:¿El término de caducidad es perentorio y preclusivo, pues corre sin prórrogas y sin interrupciones, y sólo se suspende con la presentación de solicitud de conciliación extrajudicial?¿Las partes pueden liquidar el contrato de común acuerdo, o la administración hacerlo de manera unilateral, hasta el vencimiento del término de caducidad de la respectiva acción contractual?¿La liquidación debe incluir no solo las generalidades del contrato, sino de manera especial, el balance técnico, económico, financiero, administrativo y jurídico del contrato, y los ajustes…
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando el contrato requiere liquidación, debe computarse a partir del vencimiento del plazo para liquidarlo? Sí
El contratista debe computar el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo para liquidar el contrato cuando este requiera liquidación, ya que la liquidación es la etapa en la que se realiza el balance final de la ejecución del contrato y se determina quién le debe a quién y cuánto, existiendo la posibilidad de que se transen o se reconozcan reclamaciones económicas que pudieren presentarse en sede judicial. La entidad estatal debe contar el término de caducidad de las pretensiones principales, como la nulidad del acto de terminación unilateral y el restablecimiento del derecho, de forma independiente al término aplicable a la pretensión subsidiaria de liquidación judicial del contrato, ya que la liquidación no es necesaria para resolver la nulidad del acto contractual. La administración debe proceder a la liquidación judicial del contrato solo una vez que haya vencido el plazo negocial y no haya sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral. Esta decisión modifica precedentes anteriores y establece que el cómputo del término de caducidad no debe adicionarse al plazo para la liquidación bilateral y unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿El término de caducidad de las pretensiones principales de nulidad del acto de terminación unilateral y de restablecimiento del derecho debe computarse de manera independiente al término aplicable a…¿La liquidación judicial del contrato procede cuando este no ha sido liquidado de mutuo acuerdo o de manera unilateral, y únicamente una vez fenecido el plazo negocial?¿En el impuesto sobre las ventas (IVA), el sujeto pasivo económico puede ser distinto del sujeto pasivo jurídico o responsable…
¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición? No
La liquidación unilateral de un convenio de asociación no constituye acto administrativo cuando la ley no confiere a la entidad estatal competencia expresa para liquidarlo unilateralmente, sino que es un acto contractual sin presunción de legalidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen de los convenios de asociación lo define el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, complementado por el Decreto 777 de 1992 y, en lo no previsto, por el derecho privado. Segunda, en ese régimen no existe el deber de liquidar el negocio ni la competencia expresa para hacerlo unilateralmente, de modo que la invocación de una habilitación legal para liquidar contratos estatales no suple esa falta. Tercera, la manifestación de la entidad carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio propios de los actos administrativos, y se limita a un corte de cuentas. La providencia revoca la decisión de primera instancia y resuelve el fondo del asunto sin que fuera necesario impugnar esa liquidación como acto. La consecuencia práctica es que la demanda no resulta inepta por omitir la pretensión de anulación de una liquidación que no es acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio…¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su cuantía , en los términos del artículo 150 del C.P.A.C.A.
También resuelve:¿Goza el juez de facultades para interpretar la demanda?¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer controversia derivada de contrato celebrado por empresa industrial y comercial del Estado?¿Se acreditó la legitimación en la causa de las partes?
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación, sin que estos hayan sido objeto de debate en la demanda o la contestación? No
El juez de segunda instancia no puede pronunciarse sobre hechos o pretensiones nuevos introducidos en el recurso de apelación si estos no han sido objeto de debate en la demanda o la contestación, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que exigen que el fallo se ajuste a los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación, evitando sorprender a las partes con decisiones sobre aspectos no debatidos. El contrato de prestación de servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa no está sometido al régimen de contratación pública, sino a las normas del Código Civil y del Comercio, y a disposiciones especiales en materia de prestación del servicio educativo, conforme a la Ley 1294 de 2009 y su reglamentación. En contratos estatales regidos por normas de derecho privado, los actos contractuales emitidos por la entidad pública no se consideran ejercicios de potestades administrativas, manteniendo la igualdad entre contratantes, aunque pueden convenir una etapa de liquidación del contrato para definir reajustes, revisiones o reconocimientos, siempre dentro de los límites del orden público y las buenas costumbres.síntesis automática
También resuelve:¿Está sometido al régimen de contratación pública un contrato de prestación del servicio educativo celebrado entre una entidad territorial y una iglesia o confesión religiosa?¿Pueden considerarse actos administrativos las manifestaciones contractuales realizadas por una entidad pública en contratos estatales regidos por normas de derecho privado?¿Constituyen actos administrativos las resoluciones expedidas por una entidad pública para liquidar unilateralmente un contrato estatal regido por normas de derecho privado?
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
¿La demandante se encuentra legitimada en la causa por activa para pedir la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación al ser uno de los proponentes que participaron en el proceso de selección, y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado por pasiva al ser la entidad que adoptó dicha decisión? Sí
El contratista está legitimado en la causa por activa para demandar la nulidad de la declaratoria de desierta de una licitación cuando acredita que el acto administrativo le ha lesionado sus derechos, como ocurre con los proponentes que participaron en el proceso de selección. A su vez, la entidad estatal que adoptó la decisión de declarar desierta la licitación está legitimada por pasiva. Sin embargo, la entidad no está legitimada por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por los oferentes, ya que estas no las formuló. La Sala reitera que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es procedente contra el acto de declaratoria de desierta, y que las copias simples de documentos aportadas en la demanda cuentan con valor probatorio, según la jurisprudencia de la Sección Tercera.síntesis automática
También resuelve:¿El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla está legitimado en la causa por pasiva frente a la pretensión de nulidad de las propuestas presentadas por varios oferentes?¿La demandante está legitimada en la causa por activa para demandar la nulidad del acto que adjudicó por contratación directa el contrato de prestación del servicio de vigilancia?¿Procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar el acto que declara desierta una licitación pública?
¿El IDU debe compensar al contratista si la ocurrencia del riesgo determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato? Sí
El contratista no tiene derecho a la compensación por riesgos excepcionales si la ocurrencia del riesgo no determina una situación deficitaria en el balance financiero del contrato, tal como lo establece el artículo 5.1 de la Ley 80 de 1993. La entidad estatal no debe compensar al contratista si las causas de la prórroga del contrato de interventoría son atribuibles al interventor, y no se demuestra que dichas causas hayan generado un déficit financiero que justifique la compensación. Además, si el contrato estipula que el interventor asume el riesgo de mayor permanencia del personal, los costos adicionales deben ser soportados por el interventor, sin que la entidad estatal tenga responsabilidad por hechos atribuibles a terceros. Esta decisión reitera la importancia de la distribución de riesgos acordada en el contrato y la necesidad de demostrar un déficit financiero para reclamar la compensación por riesgos excepcionales.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de interventoría estipuló expresamente que si las causas de la prórroga eran imputables al interventor, el IDU no reconocería valor alguno por el tiempo adicional?¿En el contrato de interventoría no se estipuló que el IDU asumiría responsabilidad frente al interventor por hechos atribuibles a terceros, como algunas secretarías del Distrito?¿La pretensión de la sociedad interventora pone de manifiesto la ausencia de un pacto expreso sobre quién debía asumir los efectos económicos de la mayor permanencia?
¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse sobre hechos o pretensiones introducidos extemporáneamente por la parte demandante en el recurso de apelación? No
El juez delimita su competencia en segunda instancia al examen riguroso de los reparos específicos presentados en contra de la sentencia de primer grado, en estricta sujeción al artículo 328 del Código General del Proceso. La Sala precisa además que no resulta viable pronunciarse sobre modificaciones sustanciales a la causa petendi introducidas de forma extemporánea con posterioridad a la presentación de la demanda y a su oportunidad legal de reforma, en estricta salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso y del principio cardinal de congruencia procesal.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia determinar de oficio el régimen jurídico aplicable al contrato, incluso si ello no fue cuestionado en el recurso de apelación?¿Está sometido al régimen de derecho público el contrato de concesión suscrito en 1998 entre un municipio y un particular para la prestación del servicio de alumbrado público?¿Tiene naturaleza jurídica de impuesto el cobro que realizan los municipios por el servicio de alumbrado público?
¿Debe emitirse pronunciamiento de fondo sobre los reparos efectuados contra de la sentencia de primera instancia, cuando se cumplen los presupuestos procesales del medio de control y no se configura ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado? Sí
El contratista puede presentar reparos contra la sentencia de primera instancia y el juez de segunda instancia debe emitir pronunciamiento de fondo siempre que se cumplan los presupuestos procesales del medio de control y no se configure ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, lo que implica que el juez debe analizar los argumentos específicos presentados en el recurso de apelación. En otro caso, el contrato celebrado entre Emcali y el concesionario puede ser modificado durante su vigencia siempre que se acuerde sobre su objeto y contraprestación y sea firmado por las partes, considerándose perfeccionado cuando se alcance este acuerdo. La Sala reitera que la modificación del contrato debe ajustarse a las cláusulas pactadas y a la regulación del derecho privado, y no confundir mayor cantidad de obra con obras adicionales distintas a las acordadas contractualmente, lo que tiene implicaciones en la determinación del pago correspondiente.síntesis automática
También resuelve:¿El negocio jurídico que celebró el consorcio y Emcali correspondió a un contrato de obra encaminado al correcto funcionamiento de las plantas y sedes de esa empresa de servicios públicos…¿El contrato de obra celebrado entre Emcali y el concesionario podía ser modificado durante su vigencia y se consideraba perfeccionado cuando se acordara sobre su objeto y contraprestación y fuera…¿El acta de recibo final ofrece, por sí sola, la convicción necesaria para determinar que el contratista efectivamente ejecutó las actividades por las cuales reclamó el pago por mayores cantidades de…
¿Demostró la parte actora la excepcional onerosidad que abra paso a las pretensiones condenatorias contra el CSJ? No
El contratista que reclama el restablecimiento del equilibrio económico por suspensiones y mayor permanencia en la obra debe acreditar los costos adicionales en que incurrió y la utilidad dejada de percibir, pues sin esa prueba la pretensión de condena no prospera. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la carga de la prueba corresponde a quien alega el supuesto de hecho, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Segunda, en el caso no se demostraron los costos adicionales derivados de las suspensiones, de modo que el perjuicio material no quedó acreditado. Tercera, el consorcio tampoco acreditó la utilidad dejada de percibir por la mayor permanencia en la obra, por lo que no existen elementos para establecer la utilidad proyectada. La providencia confirma la sentencia que negó las pretensiones y no introduce cambio de criterio. La consecuencia práctica es que la reclamación por mayor permanencia debe respaldarse con prueba específica de costos y de utilidad, y no puede fundarse solo en la existencia de las suspensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Aportó el demandante las pruebas que permitan acreditar los costos administrativos en que incurrió y la utilidad dejada de percibir que reclama?¿La liquidación bilateral requiere que el necesario acuerdo de voluntades de las partes revista la formalidad del escrito?¿El pago de las actas mensuales de obra no quedó supeditado a un término o plazo específico sino al cumplimiento por parte del contratista de una serie de condiciones?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a la vocación de doble instancia del proceso y la cuantía de la demanda que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La caducidad del medio de control de controversias contractuales es un mecanismo irrenunciable que limita el ejercicio del derecho de acción, operando como sanción por falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, y no admite suspensión salvo en casos de solicitud de conciliación extrajudicial. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, garantizando así el derecho de impugnación contra una decisión judicial. Esta sentencia reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y establece límites claros para el ejercicio del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?¿Lo que se está cuestionando es el acto de liquidación del contrato y no propiamente el cumplimiento obligacional de parte del contratista?
¿La pérdida de oportunidad puede ser considerada un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado? Sí
La pérdida de oportunidad es un daño autónomo indemnizable dentro del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, pues consiste en la frustración definitiva de la expectativa de obtener un beneficio o de evitar un menoscabo. Esta figura combina un componente de certeza, que es la existencia de una posibilidad real y seria de alcanzar el resultado favorable, con un componente de incertidumbre, derivado de la imposibilidad de determinar con exactitud si la expectativa se habría concretado sin la conducta atribuible a un tercero. Que incorpore incertidumbre no la convierte en un daño eventual o hipotético, porque lo jurídicamente relevante es que desaparece de manera definitiva la posibilidad de obtener el provecho o de evitar el detrimento, situación que merece tutela jurídica. Su explicación puede darse como mecanismo probatorio del nexo causal, como daño autónomo con perjuicio particular o como daño reparable mediante las categorías tradicionales de perjuicios, y algunos instrumentos de armonización del derecho contractual la reconocen en proporción a la probabilidad de que la expectativa se hubiera materializado. Como consecuencia práctica, la reclamación por pérdida de oportunidad debe acreditar la posibilidad real y seria que se perdió, y no solo el resultado final que no se obtuvo.síntesis automática
También resuelve:¿La pérdida de oportunidad constituye un daño cierto y resarcible, pese a incorporar un componente de incertidumbre?¿Constituye un daño contractual indemnizable la pérdida de oportunidad procesal derivada del incumplimiento del deber profesional del abogado frente a su cliente?¿Requiere la procedencia de la acción de repetición que se demuestre la existencia de una condena, el pago efectivo, la calidad del agente y la calificación dolosa o gravemente culposa de su conducta?
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer de la controversia derivada de un contrato de obra celebrado por un patrimonio autónomo constituido con recursos públicos, aunque ese contrato se rija por el derecho privado? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia derivada del Contrato de Obra celebrado por el Patrimonio Autónomo Findeter, constituido con recursos públicos, aunque este contrato se rija por el derecho privado. Esto se debe a que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, los contratos celebrados por patrimonios autónomos constituidos mayoritariamente con recursos públicos son considerados contratos celebrados por entidades públicas para los efectos de la competencia prevista en el numeral 2 y el parágrafo del artículo 104 del CPACA. En este caso, el Contrato de Obra se origina en un Contrato Interadministrativo celebrado entre FINDETER y ICBF, y fue ejecutado por el PA Findeter, administrado por la Fiduprevisora, lo que lo convierte en un contrato celebrado por una entidad pública.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando las partes estipularon la liquidación de un contrato que legalmente no la requería y lo liquidaron bilateralmente…¿Incurre en incumplimiento contractual el contratante que entrega estudios y diseños con vacíos o defectos sustanciales, cuando el objeto del contrato de obra incluía precisamente su revisión…¿Procede declarar el incumplimiento del contratante por la entrega tardía o defectuosa de los estudios y diseños, cuando las partes afrontaron y superaron esas falencias de mutuo acuerdo mediante…
¿Una vez celebrado el contrato adjudicado ya no sería posible su demanda independiente por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho sino solo mediante la interposición de la acción de controversias contractuales, por lo que en este caso la demanda, en ejercicio de ésta última, se presentó de forma oportuna? Sí
El contratista no puede demandar el contrato estatal por nulidad y restablecimiento del derecho una vez que éste ha sido celebrado, sino que debe hacerlo mediante la acción de controversias contractuales, la cual fue presentada oportunamente en este caso. La acción de controversias contractuales permite impugnar la legalidad del acto de adjudicación y la nulidad absoluta del contrato, pero solo dentro del plazo de dos años desde la celebración del contrato. Si bien la demanda fue presentada dentro del plazo establecido, las pretensiones de restablecimiento del derecho no pueden ser estudiadas por haberse presentado fuera del término de 30 días hábiles para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos precontractuales. Además, el juez de segunda instancia no puede analizar argumentos nuevos que no fueron presentados en la demanda original, lo que implica que el recurso de apelación debe limitarse a los cargos y hechos discutidos en primera instancia.síntesis automática
También resuelve:¿Puede al ad quem analizar un argumento de ilegalidad del acto administrativo de adjudicación demandado, que el apelante no incluyó en la demanda?¿El fundamento jurídico que fue decisivo del fallo de primera instancia -normas -[ley 80 de 1993] resultaba aplicable al caso…¿El fundamento jurídico del fallo de primera instancia referente a la jurisprudencia sobre caducidad de la acción respecto del acto administrativo de adjudicación del contrato estatal…
¿El sometimiento de los contratos de Ecopetrol S.A. al derecho privado altera su naturaleza de contratos estatales, y por ende, exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal? No
El sometimiento de los contratos de una entidad de economía mixta a un régimen exceptuado de derecho privado no altera su naturaleza de contratos estatales ni exime a las partes del cumplimiento de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. Cuando el objeto del contrato se encuentra dentro del objeto social de la entidad, su formación, ejecución, terminación y liquidación se rigen por el Código Civil, el Código de Comercio y lo pactado, incluido el manual de contratación, y no por el Estatuto General de Contratación. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 104 del CPACA asigna la controversia a esta jurisdicción con independencia del régimen sustancial del negocio, sin perjuicio del artículo 105; las instituciones que estructuran el litigio, como la interpretación del contrato, la transacción, la cláusula penal y los intereses, se resuelven con normas civiles y mercantiles; y la sujeción al derecho privado no sustrae a las partes de los principios previstos en los artículos 209 y 267 de la Constitución, aplicables por el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007. En consecuencia, los plazos de liquidación se determinan por lo pactado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿En un contrato que requiere liquidación y no fue liquidado bilateral ni unilateralmente, el término de caducidad de las controversias derivadas de su ejecución se cuenta conforme a la regla general…¿Procede la liquidación judicial de un contrato estatal sometido al derecho privado, que no está obligado legalmente a liquidarse…¿Produce efectos de liquidación bilateral, con autoridad de cosa juzgada transaccional, el acta de liquidación final de mutuo acuerdo de un contrato de Ecopetrol que…