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Consejo de Estado
Providencia
La suspensión de términos decretada por el Gobierno Nacional no implicó un aumento del término de caducidad
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2023-09-04
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 68001233300020220037101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Bajo cualquier escenario es evidente que el actor ejerció el derecho de acción cuando había operado el fenómeno de la caducidad? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la suspensión de términos judiciales decretada por el Gobierno Nacional no aumenta el término de caducidad, que sigue siendo de dos años. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la suspensión solo paraliza el cómputo de los términos durante el periodo que la norma determina, y no modifica la duración del plazo previsto en la ley. Segunda, la solicitud de conciliación extrajudicial no revive un término que ya había vencido. En el caso, el término de caducidad culminó el 12 de enero de 2022, antes de la presentación de la demanda y antes de la solicitud de conciliación, por lo que la providencia confirma la caducidad declarada. Así, la suspensión no altera la duración del término, que sigue siendo de dos años. En la práctica, la parte que considere que la suspensión de términos extendió su plazo debe contar los días transcurridos antes de la suspensión, porque la suspensión no reinicia el plazo.síntesis automática
También resuelve:
¿Hay que valorar las disposiciones del decreto que suspendió los términos de caducidad en consideración a la pandemia del COVID-19?
¿Cómo el manual de contratación de la ESE estipulaba que los contratos de tracto sucesivo debían liquidarse, el contrato sí requería del trámite de la liquidación…
¿El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas
Sentencia — Sentencia
2021-12-14
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 08001233300020120020901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve:
¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado
Providencia
No corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2025-07-09
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 23001233300020150028501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo conocer de una controversia contractual originada en un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, cuando dicho contrato fue suscrito en desarrollo del giro ordinario de sus negocios? No
La jurisdicción de lo contencioso administrativo no conoce de las controversias contractuales originadas en contratos que una entidad pública con carácter de institución financiera celebra en desarrollo del giro ordinario de sus negocios. La regla se apoya en el numeral 1 del artículo 105 del CPACA, que excluye de esa jurisdicción esos asuntos, y en que la competencia se determina por la naturaleza del contrato y de la actividad que lo origina. Cuando el proceso ya está para sentencia de segunda instancia y se advierte esa falta de competencia, el juez la declara conforme al artículo 138 del Código General del Proceso. En el caso, la entidad demandada es una institución financiera pública y el contrato se celebró en desarrollo de su giro ordinario, por lo que el despacho declara falta de jurisdicción. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el juez de lo contencioso declara la falta de jurisdicción, invalida la sentencia de primera instancia y remite el expediente a la jurisdicción ordinaria.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede considerarse que el contrato celebrado por FONADE con Construcciones Diserq se encuentra excluido de la jurisdicción contencioso-administrativa…
¿Tiene la jurisdicción contencioso-administrativa competencia para conocer de la controversia sobre la nulidad de resoluciones expedidas por FONADE…
¿Las decisiones unilaterales adoptadas por FONADE en ejecución de un contrato celebrado bajo régimen de derecho privado, pueden ser calificadas como actos administrativos sometidos al control de la…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones en controversias contractuales de entidades públicas.
Sentencia — Sentencia
2026-06-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020190018401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de la actividad contractual de los establecimientos públicos del orden nacional conforme a las reglas de competencia funcional y de cuantía. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el contrato fue suscrito por el Invías en calidad de establecimiento público del orden nacional dentro de su actividad contractual. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con el artículo 150 y el numeral 4 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso y al superar la cuantía mínima exigida para la fecha de presentación de la demanda.síntesis automática
También resuelve:
¿Las entidades estatales como los establecimientos públicos, están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en cuanto a su gestión contractual?
¿El acuerdo de voluntades sería liquidado en un término de seis meses, de los cuales 4 meses se destinarían a procurar efectuarla de mutuo acuerdo y 2 meses se reservarían para realizarla…
¿El informe pericial describió erróneamente el proyecto y el alcance del contrato, indicando que el objeto negocial se restringió a la elaboración de diseños y al mantenimiento y rehabilitación de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 52001233100020080026701
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia por controversias contractuales cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido en el artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo. En este caso, la entidad estatal negó las pretensiones del contratista, pero el Consejo de Estado confirmó su competencia para conocer del asunto en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 20.2 del Código de Procedimiento Civil. La Sala estableció que la jurisdicción administrativa es competente para resolver controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para casos de controversias contractuales de gran cuantía, lo que implica que los contratistas pueden recurrir a esta instancia para resolver disputas de alto valor económico.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?
¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos liquidados de común acuerdo caduca en dos años contados desde la firma del acta?
¿Se configuró la excepción de inepta demanda?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se acreditó que las partes intervinientes en dicho contrato fueron vinculadas al presente proceso
Sentencia — Sentencia
2023-03-31
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020060328401
ACCION CONTRACTUAL
¿Al encontrarse configurada la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional o legal se produce la nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
Cuando un contrato estatal se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, se configura la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 1519 del Código Civil considera que toda violación de un mandato imperativo o de una prohibición de la ley produce nulidad absoluta, salvo que la norma consagre otra sanción. Segunda, la causal de objeto ilícito del Código Civil es amplia y no se confunde con la causal 2 del estatuto, que se reserva para desconocer el régimen de prohibiciones de rango constitucional y legal. Tercera, la causal exige dos presupuestos: la violación del régimen de prohibiciones en normas constitucionales, legales o con fuerza de ley, y que la prohibición sea expresa y explícita, pues no toda irregularidad la configura. En el caso, ambos presupuestos quedaron acreditados y la decisión se confirmó. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Las administradoras cooperativas hacen parte de las sociedades de economía solidaria?
¿Las empresas de administración pública cooperativa están sometidas al régimen contractual del Estatuto General de la Contratación Estatal?
¿Los convenios interadministrativos gozan de características que los diferencian de los contratos estatales?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2025-03-10
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020120050101
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia surgida en torno al contrato de obra y sus actos liquidatorios, suscritos entre entidades públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de controversias relacionadas con contratos de obra y sus actos liquidatorios entre entidades públicas, conforme al artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, y los artículos 129 y 132 del Decreto 01 de 1984, que establecen la doble instancia en casos donde la pretensión excede los 500 S.M.L.M.V. Además, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplica la ley vigente al momento de la celebración del contrato estatal, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y no puede modificar el régimen jurídico del contrato por cambios en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo normativa posterior, lo que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica de las obligaciones contractuales. Esta decisión reitera y matiza precedentes, reafirmando la importancia de la irretroactividad de la ley en el contexto de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe aplicarse a los contratos estatales la ley vigente al momento de su celebración, sin que puedan afectarlos disposiciones posteriores?
¿Puede modificarse el régimen jurídico aplicable a un contrato estatal por el cambio en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo una…
¿Conlleva la cesión de un contrato estatal a una entidad regida por un régimen jurídico distinto la modificación del régimen aplicable al contrato originalmente suscrito?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección
Sentencia — Sentencia
2023-06-20
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233300020130029501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico? Sí
La elaboración de los estudios previos es una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluida la contratación directa, y su omisión sustenta la nulidad absoluta del negocio jurídico. La regla se apoya en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que imponen esos estudios como condición previa a la celebración de los contratos estatales, y en que la necesidad y la conveniencia de enajenar el bien deben quedar determinadas en ellos. Además, la identificación errónea de la norma violada no altera la causa de la pretensión, de modo que el análisis no vulnera el debido proceso ni el principio de congruencia. En el asunto, la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de un predio se fundó en la ausencia de esos estudios, y la Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, la entidad que contrata sin estudios previos expone el negocio a la nulidad absoluta, aun si la parte demandante invoca mal la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve:
¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación?
¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal?
¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada?
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