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EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-07-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020240056301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las medidas cautelares tienen por finalidad proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de lograr la efectividad del derecho sustancial? Sí
El contratista puede solicitar medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, con el fin de asegurar la tutela judicial efectiva y evitar el riesgo de inejecución del fallo. Estas medidas pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, siempre que tengan relación directa con las pretensiones formuladas en la demanda. La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo es un instrumento cautelar temporal y accesorio que busca evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico continúen surtiendo efectos mientras se decide sobre su constitucionalidad o legalidad, siempre que se advierta una clara vulneración a las normas superiores. Esta jurisprudencia reitera y confirma la importancia de estas medidas cautelares en la protección de los derechos sustanciales y en la efectividad del proceso contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Las medidas cautelares pueden ser de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o de suspensión y deberán tener relación directa con las pretensiones que hayan sido formuladas en la demanda? ¿La medida cautelar de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos, constituye un importante instrumento de naturaleza cautelar, temporal y accesoria… ¿Las causales de pérdida de fuerza ejecutoria son situaciones posteriores al nacimiento del acto administrativo que impiden su ejecutoriedad y, su ocurrencia no afecta la validez de este?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto administrativo contractual impide el estudio de legalidad del acto administrativo demandado en medio de control de controversias contractuales por falsa motivación y, por lo tanto, también impide la procedencia de la condena, especialmente la restitución económica.

Sentencia — Sentencia 2022-06-10 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020180108201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La pérdida de fuerza de ejecutoria de un acto administrativo contractual impide el estudio de legalidad del acto administrativo demandado en medio de control de controversias contractuales por falsa motivación y, por lo tanto, también impide la procedencia de la condena, especialmente la restitución económica? Sí
El contratista no puede obtener la restitución económica cuando se declara la nulidad del acto administrativo contractual que terminó unilateralmente el contrato, incluso si este acto ha perdido su fuerza ejecutoria, ya que la pérdida de fuerza ejecutoria no impide el análisis de su legalidad. En este caso, la entidad demandante solicitó la declaratoria de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato y el correspondiente restablecimiento de sus derechos. En otro proceso, el Consejo de Estado se pronunció sobre la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que terminó unilateralmente el contrato. A pesar de que se produjo la pérdida de fuerza ejecutoria del acto de liquidación unilateral, esto no impide el juicio de legalidad que se debe efectuar sobre los actos demandados, los cuales fueron falsamente motivados. Sin embargo, no procede la condena a la restitución económica en los términos en los que fue resuelta en la primera instancia, ya que el contratista no acreditó la utilidad dejada de percibir y no se puede ordenar el pago de costos que no se causaron.síntesis automática
También resuelve: ¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas cuando el recurso prospera parcialmente?
Consejo de Estado Providencia

El negocio jurídico se encuentra vigente a la presentación de la demanda cuando los aportes pactados no han sido satisfechos en su totalidad.

Sentencia — Sentencia 2026-01-30 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233300020150145802 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿A la fecha de la presentación de la demanda, el negocio jurídico se encontraba vigente? Sí
El negocio jurídico celebrado entre entidades públicas se considera jurídicamente vigente para efectos del cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes obligadas no ha transferido o ejecutado la totalidad de los aportes económicos pactados. En este proceso relativo a un convenio interadministrativo, la Sala verifica que el plazo comenzó a regir bajo la normatividad anterior y que la presentación oportuna de la demanda dentro del término legal permite desestimar los argumentos ministeriales de caducidad, imponiendo el pago de agencias en derecho a favor de la entidad demandante a cargo de las entidades recurrentes vencidas.síntesis automática
También resuelve: ¿Los convenios interadministrativos deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes? ¿El acuerdo de voluntades consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago del pasivo prestacional del sector salud? ¿Con la declaratoria de nulidad parcial del decreto, el fundamento normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba vigente al momento de la celebración de este último?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020100053401 ACCION CONTRACTUAL
¿Dentro del término de los tres años se imponía expedir y notificar el acto sancionatorio so pena de que operara la caducidad de la sanción administrativa? Sí
El contratista no puede ser sancionado si la entidad estatal no expide y notifica el acto sancionatorio dentro del término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, ya que la caducidad de la facultad sancionatoria opera si el acto no es notificado en tiempo y forma. La Sala reitera que el plazo de caducidad comienza a correr desde el día siguiente al cese del hecho que provocó la investigación, y si la notificación se realiza fuera de este término, la sanción administrativa caduca. Esto implica que la entidad no es competente para expedir el acto sancionatorio y que la resolución debe declararse nula, lo que confirma la sentencia de primera instancia que parcialmente prosperó la demanda del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Al encontrar acreditada la caducidad de la facultad sancionatoria la Sala se ve compelida a declarar la nulidad de las resoluciones demandadas? ¿Era necesario expedir y notificar el acto principal en el término de tres años contados a partir del hecho que generó la infracción, so pena de que operara la caducidad? ¿Desde la expedición de la sentencia de unificación se fijó una única regla de interpretación del término de caducidad de la facultad sancionatoria?
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Consejo de Estado Providencia

Esta Subsección es competente para conocer del recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 25000233600020130666101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuáles son los parámetros para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales? Sí
La Subsección Competencia para la Resolución del Recurso de Apeal establece que el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en controversias contractuales, conforme al artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer el proceso en primera instancia en razón de la cuantía, según el numeral 5 del artículo 152 del mismo código.síntesis automática
También resuelve: ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda el acto administrativo contractual que impone una multa? ¿Al imponer la multa el acreedor puede continuar exigiendo la obligación principal, sin que el cumplimiento del contratista, generado como consecuencia de la conminación… ¿Cuando vence el plazo de ejecución del contrato y el acto administrativo que impone la multa que no ha quedado en firme, pierde el carácter conminatorio la multa?
Consejo de Estado Providencia

A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial

Sentencia — Sentencia 2024-05-22 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 68001233100020120035901 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las controversias sobre contratos celebrados por Metrolínea S.A., dada la naturaleza del asunto y en consideración a la cuantía del proceso? Sí
Cuando un contrato celebrado por una empresa de transporte masivo, entidad pública de las señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, es objeto de controversia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente y el Consejo de Estado conoce en segunda instancia si la cuantía de la pretensión mayor supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo atribuye a la jurisdicción las controversias en las que la entidad sea parte; el artículo 129 del mismo código asigna a la corporación la apelación de las sentencias de los tribunales; y el artículo 132, numeral 5, fija el umbral de la doble instancia, que se determina con la cuantía de la demanda al presentarse. En el caso, la demanda se presentó en 2012 y la pretensión mayor superó el umbral, por lo que la corporación asumió la competencia de la apelación. La excepción de falta de jurisdicción propuesta en los alegatos de conclusión no prosperó. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda define la competencia en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse la excepción de falta de jurisdicción alegada en los alegatos de conclusión de primera instancia, dada la existencia de cláusula compromisoria y la fecha en la que se presentó la… ¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para demandar los actos administrativos mediante los cuales se declaró el incumplimiento del contrato de concesión y se impuso una multa… ¿La legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato?
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Consejo de Estado Providencia

¿Las comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación dirigidas al PNUD, que dieron origen a que este organismo internacional anulara el proceso de selección que adelantaba, constituyen actos administrativos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo?

Sentencia — Sentencia 2023-03-31 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020080055902 ACCION CONTRACTUAL
¿Las comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación dirigidas al PNUD, que dieron origen a que este organismo internacional anulara el proceso de selección que adelantaba, constituyen actos administrativos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo? No
Cuando una comunicación de la administración no pone fin al procedimiento de selección ni impide que la actuación continúe, no constituye un acto administrativo demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad nacional no declaró desierto el proceso, porque no lo había iniciado ni tramitado, sino que solicitó al organismo internacional que adoptara esa decisión, y fue este quien anuló el proceso con fundamento en sus términos de referencia. Segunda, el oficio no contiene una manifestación de voluntad con aptitud de producir efectos jurídicos definitivos sobre el asunto, ni es un acto de trámite que imposibilite seguir la actuación. Tercera, la parte actora no agotó los recursos de la vía administrativa frente a lo que consideraba un acto particular y concreto. En el caso, la demanda adolecía de ineptitud sustantiva, por lo que la sentencia de primera instancia se modificó para declararse inhibida para un pronunciamiento de fondo. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130049701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato… ¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público… ¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?
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Consejo de Estado Providencia

La contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia

Sentencia — Sentencia 2024-06-17 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233100020110175201 ACCION CONTRACTUAL
¿La contabilización del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir de la suscripción del acta bilateral, la ejecutoria del acto administrativo de liquidación unilateral o, en defecto de las dos modalidades anteriores, desde el vencimiento del plazo para efectuarla? Sí
Cuando el contrato estatal debe liquidarse y no se ha liquidado, el término de caducidad de la acción de controversias contractuales se cuenta desde la suscripción del acta bilateral de liquidación, desde la ejecutoria del acto de liquidación unilateral o, a falta de ambas, desde el vencimiento del plazo legal para practicarla, según el literal d) del artículo 136 del CCA. Las razones que sostienen la regla son tres: el cómputo del plazo es de orden público y no puede alterarse por acuerdo, la Ley 446 de 1998 incorporó en el artículo 136 los eventos que fijan el conteo, y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 permite liquidar de forma extemporánea dentro del bienio siguiente, facultad cuyo ejercicio no puede convertirse en una restricción procesal. Si la facultad no se ejerció y el contrato no quedó liquidado, el plazo corre desde el vencimiento de la liquidación. La providencia reitera la jurisprudencia unificada sobre este punto, y el caso se resolvió confirmando la decisión de instancia. La consecuencia práctica es que el demandante debe verificar si el contrato fue liquidado dentro del plazo y, si no lo fue, contar la caducidad desde su vencimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿Erró el a quo al tomar como hito inicial del plazo para la incoación del medio de control de solución de controversias contractuales… ¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
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Consejo de Estado Providencia

La decisión administrativa demandada fue posterior a la liquidación del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-02-28 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020130202601 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el que se demanda la nulidad de una acto proferido después de la liquidación del contrato estatal, ante la falta de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto administrativo impugnado, puede tenerse en cuenta la fecha de ejecución del acto respectivo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio, por suponer, además de la presunción de legalidad, que el acto surtió la respectiva notificación o comunicación al afectado, y que quedó en firme en los términos del procedimiento administrativo correspondiente? Sí
El contratista puede utilizar la fecha de ejecución del acto administrativo registrada en el Certificado de Cámara y Comercio como punto de partida para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en ausencia de prueba que refleje la fecha de notificación o comunicación del acto impugnado, dado que la ejecutoria del acto supone su notificación y comunicación al afectado, y su firmeza en los términos del procedimiento administrativo correspondiente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y permite a los contratistas formular oportunamente la demanda en casos en que no se cuente con la fecha exacta de notificación del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿Cualquier posible situación que fuera conocida por el Consultor relativa a una inestabilidad en las redes de servicios públicos objeto del contrato de consultoría… ¿Hubo falsa motivación en las decisiones administrativas impugnadas, teniendo en cuenta que la administración declaró el siniestro de mala calidad de los productos entregados en virtud del contrato… ¿El IDU violó el debido proceso del Consorcio al incluir, en la resolución que resolvió el recurso por aquel interpuesto, un hecho nuevo…
Consejo de Estado Providencia

Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer impugnación judicial de actos administrativos de declaración de caducidad y liquidación unilateral de un contrato celebrado por un Distrito legalmente sometido al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Sentencia — Sentencia 2024-07-12 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 13001233300020150001501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer impugnación judicial de actos administrativos de declaración de caducidad y liquidación unilateral de un contrato celebrado por un Distrito legalmente sometido al régimen del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer impugnaciones judiciales de actos administrativos que declaren la caducidad y liquiden unilateralmente un contrato celebrado por un Distrito sometido al Estatuto General de Contratación, conforme a la competencia funcional de la Sección Tercera del Consejo de Estado en segunda instancia. La Sala confirma que el medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro del término legal de dos años desde la ejecutoria del acto administrativo que concluyó la liquidación unilateral del contrato. Asimismo, reitera que la sustentación del recurso de apelación debe incluir motivos concretos de disenso frente a la decisión de primer grado, y no puede limitarse a reiterar argumentos previos o modificar la causa petendi, en virtud del principio de congruencia y el derecho al debido proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años siguientes a la ejecutoria del acto administrativo que concluyó la liquidación unilateral del contrato de… ¿La sustentación del recurso apelación no se satisface con peticiones abstractas ni con la réplica de los argumentos de la demanda, de la contestación o de los alegatos de conclusión? ¿Si el recurso de apelación no fue adecuadamente sustentado debe confirmarse el fallo de primera instancia?
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Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2025-02-21 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130036201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo? Sí
Las apelaciones contra las sentencias de los tribunales administrativos en controversias contractuales corresponden en segunda instancia al Consejo de Estado, conforme a los artículos 104 y 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, cuando se pretende la nulidad de resoluciones de una entidad pública y la declaratoria del desequilibrio o incumplimiento de un contrato celebrado por ella. Con la cesión del contrato, el cesionario asume la posición contractual del cedente, de modo que el cedente que ya no es parte ni titular de los derechos crediticios carece de legitimación en la causa para reclamar el incumplimiento o el restablecimiento del equilibrio económico. Además, la cesión transfiere al cesionario el deber de concurrir al corte de cuentas. En el caso concreto, las sociedades demandantes habían cedido el contrato a otras entidades antes de formular las pretensiones de incumplimiento y de restablecimiento, y la sentencia fue modificada en ese sentido. Como consecuencia práctica, el contratista que ceda su posición contractual debe contar con que el cesionario asumirá las pretensiones y el corte de cuentas, y no podrá reclamar por sí mismo después de la cesión.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó la falta de legitimación en la causa por activa de las sociedades Médicos Asociados S.A. y Medical Pharmacy Ltda frente a las pretensiones de incumplimiento y restablecimiento del… ¿La cesión del contrato, conlleva la transferencia del deber de concurrir al corte de cuentas? ¿El medio de control de controversias contractuales para obtener la declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado, fue presentado dentro de la oportunidad legal?
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Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2026-07-15 Sección Tercera (Subsección B) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA Rad. 76001233300020200132701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista puede recurrir al Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, dado que la cuantía del asunto y su naturaleza le confieren competencia a la corporación para resolver el recurso de apelación. Además, el medio de control de controversias contractuales fue interpuesto oportunamente, considerando la suspensión de términos por la conciliación prejudicial y la pandemia del COVID-19, lo que implica que no ha operado la caducidad del mismo. Sin embargo, la liquidación judicial del contrato estatal no resulta viable debido a la insuficiencia probatoria, ya que el expediente no acredita el alcance real de la ejecución ni los soportes aportados fueron glosados en actos administrativos cuya legalidad no fue cuestionada, lo que implica la improcedencia de reconocer saldos al contratista en sede judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes al 15 de junio de 2018… ¿La liquidación del contrato tenía por finalidad establecer el estado económico final de las partes, determinar las acreencias y los saldos pendientes derivados de su ejecución y finiquitar el… ¿Puede el juez liquidar judicialmente un contrato estatal y reconocer saldos al contratista cuando el expediente no acredita el alcance real de la ejecución y los soportes aportados fueron glosados…
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Consejo de Estado Providencia

La suspensión de términos decretada por el Gobierno Nacional no implicó un aumento del término de caducidad

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-09-04 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 68001233300020220037101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Bajo cualquier escenario es evidente que el actor ejerció el derecho de acción cuando había operado el fenómeno de la caducidad? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, la suspensión de términos judiciales decretada por el Gobierno Nacional no aumenta el término de caducidad, que sigue siendo de dos años. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la suspensión solo paraliza el cómputo de los términos durante el periodo que la norma determina, y no modifica la duración del plazo previsto en la ley. Segunda, la solicitud de conciliación extrajudicial no revive un término que ya había vencido. En el caso, el término de caducidad culminó el 12 de enero de 2022, antes de la presentación de la demanda y antes de la solicitud de conciliación, por lo que la providencia confirma la caducidad declarada. Así, la suspensión no altera la duración del término, que sigue siendo de dos años. En la práctica, la parte que considere que la suspensión de términos extendió su plazo debe contar los días transcurridos antes de la suspensión, porque la suspensión no reinicia el plazo.síntesis automática
También resuelve: ¿Hay que valorar las disposiciones del decreto que suspendió los términos de caducidad en consideración a la pandemia del COVID-19? ¿Cómo el manual de contratación de la ESE estipulaba que los contratos de tracto sucesivo debían liquidarse, el contrato sí requería del trámite de la liquidación… ¿El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Fiduprevisora entregó los subsidios remanentes a Fonvivienda en diferentes fechas

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-07-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 17001233300020180029101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La imposibilidad de ejecución de los convenios sobrevino por la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos pactados en ellos? Sí
El contratista no puede interponer una demanda contra la entidad estatal por la terminación de los convenios de asociación para la construcción de urbanizaciones, ya que la imposibilidad de ejecución de los convenios se debió a la restitución a Fonvivienda de los subsidios que financiarían los proyectos, lo que implicó la terminación de los contratos y el inicio del término de caducidad del medio de control. La liquidación bilateral del contrato debía efectuarse a más tardar dos meses después de la restitución de los subsidios, y en defecto de esta, la liquidación unilateral debía tener lugar dos meses después de la liquidación bilateral. El término de caducidad de dos años para presentar la demanda expiró antes de que el contratista la interpusiera, lo que conduce a la caducidad del medio de control. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos para la liquidación de contratos y la presentación de demandas, evitando así la pérdida del derecho a la acción por caducidad.síntesis automática
También resuelve: ¿En lo que respecta a la vinculación de Fonade como parte pasiva, la demanda también fue extemporánea? ¿Frente a las pretensiones correspondientes a la nulidad y restablecimiento del derecho, también operó la caducidad? ¿El término de caducidad transcurrió de forma completa desde que se tuvo la certeza sobre la imposibilidad de que los contratos continuaran?
Consejo de Estado Providencia

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-02-19 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 25000232600020090094301 ACCION CONTRACTUAL
¿La acción de nulidad y restablecimiento del derecho mediante el cual se controvierte la legalidad de la Resolución proferida por la DIMAR que otorgó el derecho de uso y goce de bienes de uso público a la sociedad demandante, se presentó por fuera del término de caducidad establecido por la ley? Sí
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo particular que otorga el derecho de uso y goce de un bien de uso público se rige por el término de caducidad del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que se cuenta desde la notificación del acto. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución es una manifestación unilateral de voluntad en ejercicio de función administrativa y no constituye ni contiene un contrato de concesión, por lo que la acción procedente se determina por la fuente del daño. Segunda, el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el Decreto 2304 de 1989, permite pedir la nulidad del acto y el restablecimiento del derecho, y el término de cuatro meses corre desde la notificación. Tercera, la demanda se presentó años después del vencimiento de ese término, de modo que la caducidad está configurada. La providencia modifica la sentencia de primera instancia y declara probada la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento. La consecuencia práctica es que el acto particular que concede el uso de un bien de uso público debe impugnarse dentro de los cuatro meses desde su notificación.síntesis automática
También resuelve: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de las controversias originadas de la actividad de una entidad adscrita al Ministerio de Defensa… ¿La distinción entre "contrato" y la "licencia, permiso o autorización" adoptada mediante actos administrativos, radica en la voluntad (o voluntades) requeridas para la formación… ¿En materia marítima y portuaria, si la concesión se otorga bajo la vigencia de la Ley 1 de 1991, esta configura un contrato administrativo entre el Estado y la sociedad portuaria…
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Consejo de Estado Providencia

No le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores

Sentencia — Sentencia 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 15001233300020150073101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Le era exigible al demandado la obligación postcontractual de mantener la vigencia de los amparos posteriores a la terminación del contrato? No
La obligación de mantener vigentes los amparos posteriores a la terminación del contrato no es exigible al contratista cuando la cobertura se extingue por la toma de posesión y liquidación de la aseguradora, si no obra constancia de que el contratista fue informado por los medios legalmente establecidos de la terminación del contrato de seguro. En ese supuesto, la insatisfacción del interés de la entidad estatal en mantener el riesgo de estabilidad y calidad de la obra no constituye un incumplimiento imputable al contratista, porque se trata de un acontecimiento extraño que impide atribuirle el desamparo a su hecho o culpa. El régimen de los contratos de seguro terminados por la toma de posesión de la aseguradora prevé la devolución al tomador del porcentaje no devengado de la prima. En el caso concreto, no obra constancia de que el consorcio constructor hubiera sido informado de la terminación del seguro y no se probó que se le devolviera la prima no devengada, de modo que la sentencia fue confirmada. Como consecuencia práctica, la entidad que pretenda imputar al contratista el desamparo de la garantía postcontractual debe acreditar que este conoció la terminación del amparo o que recibió la prima no devengada.síntesis automática
También resuelve: ¿Atendiendo que no se configuró el incumplimiento contractual reprochado al consorcio constructor, es improcedente pronunciarse sobre la indemnización de perjuicios solicitada en la demanda? ¿El esquema general del proceso de contratación estatal se desarrolla a través de las fases precontractual, contractual y postcontractual? ¿Una de las obligaciones a cargo del contratista, es el amparo de la calidad y estabilidad cuya cobertura inicia desde la entrega a satisfacción de las obras, hasta el término acordado ex post?
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Consejo de Estado Providencia

Se confirma el auto proferido por el Tribunal mediante el cual declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-10-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 13001233300020160072101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se confirma el auto proferido por el Tribunal mediante el cual declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control? Sí
En el medio de control de controversias contractuales, el término de caducidad de la acción sobre un contrato que requiere liquidación comienza a correr al día siguiente de la firma del acta de liquidación bilateral, y que la solicitud de conciliación extrajudicial suspende ese término hasta la constancia de no conciliación, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001. Una razón es que la causa del daño, consistente en la mayor permanencia en obra y los sobrecostos, se produjo como salvedad a la liquidación bilateral, de modo que el término se cuenta desde la firma de esa acta y no desde la ocurrencia del daño. Otra razón es que la conciliación extrajudicial que se presentó dentro del término suspendió su curso, y la constancia de no conciliación se expidió con posterioridad, de manera que la demanda presentada el día siguiente a esa constancia fue oportuna. En el caso, el Consejo de Estado confirmó el auto del tribunal que declaró no probada la excepción de caducidad. Su consecuencia práctica es que la salvedad incluida en el acta de liquidación bilateral no alarga el plazo, y que la conciliación prejudicial solo suspende la caducidad mientras se tramita.síntesis automática
También resuelve: ¿Desde la suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato fue que el demandante tuvo conocimiento del daño por el cual reclama en la demanda? ¿Tratándose de contratos que se rigen por el derecho privado las partes no pueden atribuirse la facultad de efectuar la liquidación unilateral del negocio jurídico? ¿Los contratantes pactaron cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato así como en los documentos del proceso de selección?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato

Sentencia — Sentencia 2022-05-11 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020020205501 ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve: ¿Se acreditó el incumplimiento del contratista? ¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato? ¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
Consejo de Estado Providencia

No puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación.

Sentencia — Sentencia 2026-07-29 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 54001233100020110057302 Controversias contractuales
¿Puede la entidad estatal declarar la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación? No
El contratista no puede ser objeto de la declaratoria de caducidad del contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual y durante la etapa de liquidación, ya que la caducidad es una sanción excepcional que se activa ante un grave incumplimiento que puede paralizar la ejecución del contrato y afectar el interés público, pero solo procede durante el término de ejecución del contrato y no en la etapa de liquidación, donde resultaría ineficaz para garantizar el cumplimiento del contrato. La interpretación literal del artículo 18 de la Ley 80 de 1993 confirma que la declaratoria de caducidad se extiende mientras perviva el plazo de ejecución estipulado, y no más allá. La Sala modifica la jurisprudencia anterior que admitía la caducidad hasta la etapa de liquidación, y establece que la nueva interpretación se aplica de manera retroactiva, salvaguardando el principio de favorabilidad en materia sancionatoria y protegiendo los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aplicarse de manera prospectiva el criterio jurisprudencial vigente al momento de expedición del acto administrativo que declaró la caducidad contractual… ¿Debe aplicarse el principio de favorabilidad cuando existen dos interpretaciones jurisprudenciales posibles sobre la competencia temporal para declarar la caducidad contractual y una de ellas… ¿Son nulos los actos administrativos que declaran la caducidad de un contrato estatal después de vencido el plazo de ejecución contractual por falta de competencia ratione temporis de la entidad que…
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