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¿Debe ordenarse la devolución de los valores descontados al contratista por con-cepto de descuentos? ¿Se acreditaron los elementos necesarios para que se entienda configurado el des-equilibrio económico del contrato? En caso de que se haya configurado el desequi-librio económico, ¿qué monto debe reconocerse al contratista? ¿Debe liquidarse judicialmente el contrato de obra No. 1-01-25400-1477 de 2019, celebrado entre las partes demandante y demandada? No
El contratista no obtiene la devolución de los valores descontados ni la liquidación judicial del contrato si no acredita que la cláusula de descuentos es ineficaz o que los descuentos fueron arbitrarios e injustificados, y si no demuestra la configuración del desequilibrio económico del contrato; en este caso, la entidad estatal probó que el contratista incumplió con 60 de los 61 hitos del contrato y que el cronograma incumplido fue elaborado por el contratista mismo. Además, la Sala declara probada la excepción de pleito pendiente, ya que un proceso de controversias contractuales en curso busca declarar el incumplimiento del contratista, condenarlo a reintegrar el anticipo y pagar descuentos e indemnizaciones, y liquidar judicialmente el contrato, lo que implica que la liquidación del contrato en cuestión se resolverá en ese proceso.síntesis automática
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2023-02-20Sección Tercera (Subsección B)ALBERTO MONTAÑA PLATARad. 11001032600020220016100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral proferido en virtud de la cláusula compromisoria pactada por las partes dentro del contrato? Sí
Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer del recurso extraordinario de anulación contra laudos arbitrales en los que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas. La regla se apoya en tres razones. Primera, el artículo 46 de la Ley 1563 de 2012 atribuye esa competencia a la Sección Tercera cuando interviene una entidad pública. Segunda, la empresa de servicios públicos domiciliarios, al ser una sociedad anónima constituida entre entidades públicas, tiene naturaleza de entidad pública conforme al artículo 68 de la Ley 489 de 1998. Tercera, el contrato contenía una cláusula compromisoria, cuyo pacto sujeta el asunto al arbitramento. Por lo tanto, la competencia para conocer del recurso de anulación corresponde al Consejo de Estado. Además, la Sala verifica que el recurso se presentó dentro de los treinta días siguientes a la notificación del laudo, como lo exige el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012. El auto admite el recurso en cuanto a la competencia, y el documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral cumplió los requisitos de oportunidad y sustentación para su admisibilidad?
¿Operó la excepción de cosa juzgada para impedir el análisis de los reparos del apelante sobre el incumplimiento contractual y la indebida vinculación al proceso, existiendo decisión judicial ejecutoriada y auto en firme sobre tales aspectos? Sí
La excepción de cosa juzgada opera e impide efectuar un nuevo análisis sobre los reparos del apelante relativos al incumplimiento contractual y a la indebida vinculación procesal cuando sobre tales aspectos existe una decisión judicial previa y un auto en firme debidamente ejecutoriados. En este caso, la providencia reitera los efectos de la sentencia ejecutoriada proferida en un proceso anterior entre las mismas partes respecto del contrato de obra pública para la construcción de la torre materno infantil, constatando el porcentaje de ejecución y el incumplimiento demostrado.síntesis automática
También resuelve:¿El juez debe abstenerse de considerar lo decidido en otro proceso judicial promovido por la garante del contrato, a pesar de la similitud de los cargos…¿Las decisiones mediante las cuales una empresa social del Estado declaró el incumplimiento y liquidó unilateralmente el contrato, no son actos administrativos por estar sometidas al derecho privado?¿El Hospital Universitario del Norte incurrió en una actuación antijurídica al ejercer la facultad de liquidación unilateral del contrato…
¿Los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliaros en el desarrollo de su actividad contractual son actos administrativos? No
El contratista no puede expedir actos administrativos en el marco de su actividad contractual como empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no emanan de prerrogativas públicas ni del régimen legal aplicable, sino que se rigen por el derecho privado salvo disposición constitucional o legal en contrario. La entidad prestadora de servicios, en este caso Emsersopó, carece de competencia para proferir actos administrativos, y un contrato de seguro entre particulares no puede conferirle tales facultades. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, por lo que deben ser analizados bajo las normas del derecho común y las condiciones estipuladas en el contrato, sin someterse a los controles de legalidad aplicables a los actos administrativos. Esto implica que las condiciones generales de la póliza de seguro deben interpretarse conforme a la intención de las partes y el régimen legal aplicable, sin restar efecto a lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:¿El pacto de facultades unilaterales por las partes del contrato estatal, en este caso, tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva la garantía…¿El seguro de cumplimiento es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que…¿Emsersopó siguió el procedimiento establecido en las condiciones generales de la póliza de cumplimiento, para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y…
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve:¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado?¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa…¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
¿Son nulas las Resoluciones por medio de las cuales EPM declaró la ocurrencia del riesgo de incumplimiento del contrato e hizo efectiva la póliza expedida por Seguros del Estado S.A.? No
El contratista no puede declarar la ocurrencia del riesgo de incumplimiento del contrato y hacer efectiva la póliza de seguro, salvo que las partes hayan acordado explícitamente que tal facultad le corresponde, y que dicha acción no vulnere normas de orden público ni asuma competencias que no le corresponden. La Sala establece que en este caso, EPM, como empresa de servicios públicos domiciliarios, no defraudó normas de orden público ni asumió competencias que no le correspondían al declarar la ocurrencia del riesgo y hacer efectiva la póliza, ya que tal acción se ajusta al marco común de las obligaciones que a cualquier particular la aseguradora le impone al momento de tramitar el pago de un siniestro. Además, la Sala reitera que la demanda de reconvención presentada por EPM es extemporánea, ya que se presentó después del término de caducidad establecido por la ley. Por último, la Sala determina que las cláusulas del pliego de condiciones que dieron origen al contrato no son nulas ni exorbitantes, ya que fueron aceptadas por el contratista y no violan el ordenamiento jurídico.síntesis automática
También resuelve:¿Está Seguros del Estado S.A. legitimada en la causa para reclamar la nulidad e ineficacia de las cláusulas del pliego de condiciones que dieron origen al contrato suscrito entre EPM y ESGEM?¿Trajo EPM, en su calidad de demandante en reconvención, oportunamente a esta jurisdicción las pretensiones con las cuales busca que Seguros del Estado asuma los perjuicios derivados de la…¿La declaración del riesgo de incumplimiento contractual amparado mediante la póliza, provino de la inclusión de cláusulas exorbitantes en el pliego de condiciones que reguló la celebración del…
¿La EPM podía hacer efectivas las deducciones por incumplimiento (multas), que fueron pactadas por las partes en el contrato, ya que la naturaleza jurídica de los actos propios de la actividad contractual de los prestadores de servicios públicos domiciliarios es privada, es decir, no constituyen actos administrativos? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad de las comunicaciones de la entidad estatal que hacen efectivas las deducciones por incumplimiento pactadas en el contrato, ya que estos actos no constituyen actos administrativos sino decisiones regidas por el derecho privado, conforme a la naturaleza del contrato celebrado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios. En este caso, la entidad demandada, EPM, efectuó descuentos por incumplimiento al contratista, lo cual fue pactado en el contrato y no constituye un acto administrativo, sino un acto privado regido por el derecho contractual. La Sala revocó la decisión de primera instancia, reafirmando que los actos contractuales de las entidades que se rigen por el derecho privado no son susceptibles de control judicial por la vía de la nulidad, sino que deben ser estudiados en el marco del contrato. Esta decisión reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la naturaleza privada de los actos contractuales de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, lo que implica que las controversias deben ser resueltas a través del medio de control de controversias contractuales y no por la vía de la nulidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las “deducciones por incumplimiento”¿Debe negarse la pretensión sobre el incumplimiento del pago de facturas, ya que el recurrente pretendió variar el objeto del litigio con la inclusión de nuevas pretensiones en la apelación…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer de recursos de apelación contra sentencias proferidas por tribunales administrativos en controversias contractuales que involucran a empresas de servicios públicos domiciliarios, debido a que estos procesos se rigen por el derecho privado y no requieren liquidación administrativa, lo que implica que el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato, según establece el artículo 136.10 literal b) del Código Contencioso Administrativo. Además, el juez de segunda instancia tiene la facultad de pronunciarse oficiosamente sobre la caducidad del medio de control, lo que reitera la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera del Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Puede el juez de segunda instancia pronunciarse oficiosamente frente a la caducidad del medio de control?¿El acto de liquidación que hizo Empresas Públicas de Cundinamarca E.S.P. S.A está revestida de los atributos propios de un acto administrativo?¿El cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales en los asuntos que no requieren de liquidación, inicia a partir del día siguiente a la terminación del contrato?
¿Los contratos celebrados por la entidad contratante, esto es, Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? No
La entidad contratante –Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP– es una empresa de servicios públicos y de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 los contratos celebrados por esta no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
También resuelve:¿Caducó el medio de control de controversias contractuales en el caso sub lite, considerando que, el contrato requería ser liquidado…¿En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, resulta procedente la condena en costas, considerando que ninguno de los recursos de apelación presentados prosperó?
¿Los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos solo tienen naturaleza de acto administrativo cuando existe habilitación legal expresa? Sí
El contratista no puede promover el medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos precontractuales de una empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no tienen la naturaleza de acto administrativo salvo que exista habilitación legal expresa, como establece la Ley 142 de 1994. La jurisprudencia unificada de la corporación sostiene que los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado y no por el EGCAP, por lo que el medio adecuado para analizar cualquier controversia derivada de estos actos es el de reparación directa. Esto implica que el contratista debe utilizar el medio de control de reparación directa para reclamar responsabilidad precontractual y no el de controversias contractuales, ya que este último es inaplicable a los actos privados y a las etapas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales promovido por la parte actora, considerando que los cuestionamientos formulados se circunscriben a la etapa precontractual y que el…¿Puede configurarse responsabilidad precontractual por parte de una entidad estatal sometida a un régimen exceptuado de contratación cuando defrauda las expectativas legítimas de un proponente…¿Puede una invitación a presentar propuestas ser considerada jurídicamente como una oferta mercantil irrevocable, en los términos del artículo 846 del Código de Comercio…
68001233300020180092301 de 20252025-09-29Rad. 68001233300020180092301
Bogotá D.C., once (11) de agosto dos mil veinticinco (2025) Primero.- Que se declare la nulidad de la Resolución No. 52 del 24 de mayo de 2018 proferida p or la doctora Mónica Paola Monsalve Monroy e n su condición de Gerente de la empresa de servicios públicos de Santander ESANT SA ESP a través de la cual declara el siniest ro de inestabilidad de la obra por incumplimiento de obligaciones post contractuales del contrato de obra pública No. 2003 de 2011, cuyo objeto fuere la optimización del acueducto urbano y rural del municipio de Vélez, departamento de Santander y se ordena el pago de unos recursos. Radicado: 68001-23-33-000-2018-00923-01 (71554) Demandante: JOSÉ FERNANDO SUÁREZ DUQUE Sexto.- Que se condene a los demandados a pagar, los valores a que fueren condenados dentro de los términos previstos en los artículos 192 de la ley 1437 de 2011. En el contrato se estipuló que el contratista debería construir la represa La Batanera.
También resuelve:Empresas de servicios públicos domiciliarios: cesión del contrato, cesión de la posición contractual, régimen de contractual, competencia para proferir actos administrativos como cesionarioConsejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera subsección cConsejero ponente: nicolás yepes corrales
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-04-04Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020240010801LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación, en materia de lo contencioso administrativo, requiere de la asistencia de un agente del Ministerio Público? Sí
El contratista debe cumplir con la conciliación como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, la cual requiere la asistencia de un agente del Ministerio Público para elaborar el acta y verificar que el acuerdo no resulte lesivo para el patrimonio público, debido a que la conciliación tiene características específicas como el mérito ejecutivo y la trascendencia a cosa juzgada, en contraste con la mediación que no es requisito de procedibilidad y no tiene estas características. La entidad estatal, en casos donde los extremos en la litis son entidades públicas, debe agotar la conciliación previa a interponer una demanda, conforme a la Ley 2220 de 2022 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que la falta de cumplimiento de este requisito puede llevar al rechazo de la demanda. Además, la condena en costas no procede si no se ha trabado la litis, según el artículo 365 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve:¿La mediación tiene el carácter de requisito de procedibilidad en la jurisdicción contenciosa administrativa?¿Era necesario agotar la conciliación como requisito de procedibilidad porque los extremos en la litis son entidades públicas?¿Es improcedente la condena en costas porque no se ha trabado la litis?
¿Con ocasión de la ejecución del contrato, se acreditó que EPM incurrió en el incumplimiento de sus obligaciones por el hecho de no haber reconocido y pagado la totalidad de las obras y servicios efectivamente ejecutados, lo cual condujo a unos mayores costos y debió asumir la contratista? No
Los reconocimientos por mayor obra aparentemente ejecutada por la contratista se basan en los anexos documentales aportados por la parte actora, que corresponden a cuadros elaborados por ella misma que condensan los valores definidos en el acápite correspondiente a la cuantía de la demanda y que en modo alguno cuentan con verificación de ejecución real, aceptación de tales cantidades y valores por parte de la interventoría y verificación de ausencia de pago, documentos estos que a pesar de no ser objetados o controvertidos por la entidad demandada, no proporcionan elementos de juicio para apreciar lo realmente ejecutado.… En ese sentido, extraña la Sala en la verificación de tales items, cantidades y valores, el procedimiento de reconocimiento por parte de la entidad y su correspondiente pago o denegación de pago…
También resuelve:¿Es procedente revocar la decisión objeto de apelación que declaró la nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato, así como también el reconocimiento y pago de unas obras…¿El numeral 4.5.6 del pliego de condiciones es nulo por objeto ilícito, por cuanto expresamente señaló que no se pagarían las visitas perdidas por ningún concepto?¿El régimen contractual aplicable a la empresa de servicios públicos domiciliarios es el de derecho privado?
¿Es competente para conocer del proceso de controversias contractuales el Consejo de Estado en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
En las controversias contractuales, la segunda instancia corresponde al Consejo de Estado cuando la cuantía de la pretensión mayor supera el monto fijado por la ley, y la acción de controversias contractuales es el medio idóneo para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por desequilibrio económico o incumplimiento del contrato. La regla se apoya en tres razones. Primera, la jurisdicción conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA modificado por la Ley 1107 de 2006. Segunda, el artículo 129 del CCA atribuye al Consejo de Estado los recursos de apelación contra las sentencias de primera instancia de los tribunales administrativos. Tercera, la pretensión mayor supera el monto previsto en el numeral 5 del artículo 132 del CCA, lo que determina la competencia por cuantía. En consecuencia, la providencia confirma la sentencia apelada. El documento reitera la línea sobre la acción de controversias contractuales como medio idóneo.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de controversias contractuales es procedente cuando la fuente del daño es un contrato?¿El término para formular las pretensiones relativas a los contratos que requieren liquidación, caduca en dos años contados desde la firma del acta de liquidación?¿Los documentos en copia simple y los documentos públicos tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista puede interponer una acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal sin acreditar un interés directo, siempre y cuando la demanda se presente durante el período comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993 y la Ley 446 de 1998, momento en que la titularidad de la acción contractual se amplió a cualquier persona. Esta regla se sostiene en la interpretación de que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la exigencia de interés directo para demandar la nulidad absoluta del contrato, permitiendo que cualquier interesado pueda hacerlo sin necesidad de acreditar un interés jurídico directo. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente, permitiendo que las demandas interpuestas en ese período específico sean consideradas válidas sin la necesidad de demostrar un interés directo, lo que facilita el acceso a la justicia en casos de nulidad absoluta de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿La acción procedente para controvertir la validez del contrato de concesión es la acción contractual, aun cuando la demanda se interponga como acción de nulidad simple?¿Las demandas interpuestas para solicitar la nulidad absoluta de un contrato estatal podían presentarse sin acreditar un interés directo…¿Las partes del contrato cuya nulidad se pretende se encuentran legitimados en la causa por pasiva?
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas…¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer del presente caso, en observancia del factor objetivo de atribución de competencia por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía? Sí
Cuando la controversia tiene origen en la actividad negocial de una entidad pública, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce del asunto, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia por el factor objetivo de la cuantía, según el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del mismo código, modificado por la Ley 1107 de 2006, atribuye a la jurisdicción las controversias derivadas de la actividad negocial de las entidades públicas; el factor objetivo de atribución determina la doble instancia a partir del valor de las pretensiones; y la acción de controversias contractuales resulta idónea para pretender la nulidad de los actos contractuales, la declaratoria de incumplimiento y la indemnización de perjuicios. En el caso, la entidad demandada era una empresa de telecomunicaciones que celebró el contrato bajo el régimen de derecho privado, y la controversia se tramitó en doble instancia ante la corporación. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que la competencia en segunda instancia depende del valor de la pretensión y no del régimen jurídico del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la acción de controversias contractuales para pretender la declaratoria de nulidad de los actos administrativos contractuales…¿El contrato objeto de debate, se rige por el derecho privado, por haber sido celebrado por una empresa prestadora de los servicios telefónicos, radiotelefónicos y radiotelegráficos?¿La decisión de terminación unilateral cuya declaratoria se pretende, es un acto administrativo fundado en la potestad de terminación unilateral concebida en la Ley 80 de 1993?
¿La sociedad demandante y el litisconsorte necesario, en calidad de integrantes del consorcio, ejecutaron mayores cantidades de obra para el cumplimiento del contrato de obra? Sí
En los contratos de obra, las mayores cantidades ejecutadas por los integrantes del consorcio son exigibles cuando fueron ejecutadas con el conocimiento y el aval de la entidad contratante, aunque su valor no haya sido pagado. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad que conoce y avala la ejecución de cantidades adicionales asume la obligación de pagarlas, y su omisión configura responsabilidad contractual. Segunda, el silencio de la entidad frente a esas cantidades, habiendo tenido conocimiento de ellas, no la exime del pago. En el caso, la sociedad demandante y el litisconsorte necesario ejecutaron mayores cantidades sin que su valor fuera pagado, y la providencia confirma la declaración de responsabilidad contractual, aunque modifica la decisión impugnada en la forma de señalar la condena. En la práctica, el contratista que ejecute cantidades adicionales debe dejar constancia del conocimiento y aval de la entidad, porque esa prueba sustenta el reconocimiento del pago.síntesis automática
También resuelve:¿La condena por concepto de pago de mayores cantidades de obra debe efectuarse por la empresa demandada?¿La interventoría y Emserpa SA ESP autorizaron al contratista expresamente la realización de mayores cantidades de obra?¿El contrato de obra fue suscrito única y exclusivamente entre Emserpa SA ESP y el consorcio contratista?
¿El régimen jurídico al cual estuvo sometido el concurso de méritos No. CM-PDA-009-2017, determina la naturaleza jurídica del acto precontractual objeto de reproche, el medio de control procedente en el caso, la oportunidad para el ejercicio del medio de control, y la forma en que habrá de resolverse el asunto sometido a consideración de la Sala? Sí
El contratista debe determinar la naturaleza jurídica del acto precontractual y el medio de control procedente en función del régimen jurídico que rige la entidad estatal, lo cual incluye considerar si la entidad actúa en su condición de empresa de servicios públicos domiciliarios o en calidad de gestora de un programa específico, como el Programa de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PAP – PDA). Si la entidad actúa en calidad de gestora del PAP – PDA, el procedimiento de selección se rige por el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, independientemente de que la entidad sea una empresa de servicios públicos domiciliarios que generalmente opera bajo el derecho privado. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y establece que la naturaleza del acto administrativo y el régimen jurídico aplicable dependen del contexto específico en que se desarrolla la contratación, lo que implica que los procedimientos y medios de control deben ajustarse a las normas aplicables en cada caso.síntesis automática
También resuelve:¿La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de enero de 2021…¿En el presente caso se cumplen los presupuestos necesarios para la acumulación de pretensiones, previstos en el artículo 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos…¿Conforme al artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo, los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho…
¿Se encuentra probado el incumplimiento de la entidad contratante en el reconocimiento de los perjuicios, de los sobrecostos, de las mayores inversiones y cantidades de obra como fuente del rompimiento del equilibrio económico del contrato, considerando que todas las suspensiones del contrato de obra se suscribieron por las partes de mutuo acuerdo y sin que la contratista hubiera consignado su inconformidad sobre tales decisiones en dichos documentos? No
Las suspensiones de un contrato de obra pactadas de mutuo acuerdo, sin que el contratista deje constancia de su inconformidad en los documentos, no permiten atribuir a la entidad un incumplimiento que genere sobrecostos o el rompimiento del equilibrio económico. La regla se apoya en tres razones. Primera, las suspensiones se firmaron de común acuerdo y el contratista no dejó consignada su inconformidad en esos documentos, aunque las dos primeras se dieron por causa de la entidad. Segunda, el listado de obligaciones del contrato no incluye sobrecostos, perjuicios ni mayores inversiones, y el valor a pagar se fijó con la cantidad de obra ejecutada, entregada y recibida por la interventoría. Tercera, no existe fundamento que permita acreditar que la entidad incumplió las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato. En consecuencia, la petición de reconocimiento de sobrecostos, perjuicios y mayores inversiones no tiene vocación de prosperar. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Resulta procedente arribar un pronunciamiento en relación con las pretensiones de desequilibrio económico del contrato estatal, fundadas en la ejecución de actividades ya ocurridas…¿Resulta errada la posición asumida por el tribunal de primera instancia en torno a establecer que, sin existir observación sobre los contratos adicionales ni actas de suspensión y reinicio…¿La sentencia apelada resulta incongruente y debe revocarse, por cuanto la demanda no incluyó pretensión alguna en torno a la declaratoria y devolución de los supuestos mayores valores descontados…