Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-07-24Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 52001233300020220032601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra auto proferido en primera instancia que negó medida cautelar? Sí
Corresponde al Consejo de Estado resolver en segunda instancia la apelación contra el auto que un tribunal administrativo dicta en primera instancia y que niega una medida cautelar, cuando el proceso tiene vocación de doble instancia. Esta competencia se apoya en el artículo 150 del CPACA, que atribuye a la corporación los recursos contra los autos de los tribunales susceptibles de apelación, en concordancia con el artículo 125 del mismo código. Por ello el factor que determina la competencia es la naturaleza de la providencia y la doble instancia del proceso, y no el contenido de la medida solicitada. En el caso concreto la sala se declaró competente para resolver la apelación contra el auto que negó la medida cautelar en un proceso contractual, y la decisión fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la apelación contra la negativa de una medida cautelar en un proceso de doble instancia se tramita ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿Las medidas cautelares de suspensión en materia contractual están limitadas a los actos administrativos que se expidan o a procedimientos que se adelanten antes o durante su ejecución?¿No procede el decreto de la medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos del contrato por cuanto no se ha ejecutado dicho contrato…
¿La parte actora se encuentra legitimada en la causa por activa para reclamar la existencia del contrato de distribución, su prórroga y para reclamar la declaración de incumplimiento? No
Cuando el demandante comparece en nombre propio y como representante legal de una sociedad extinta, sin acreditar la existencia, la representación ni la conformación de la compañía, carece de legitimación en la causa por activa para reclamar la existencia y prórroga del contrato, y la declaración de incumplimiento. La regla se sostiene en tres razones: la legitimación por activa exige ser parte del contrato o actuar en nombre de quien lo es, y el demandante debe probarlo con documentos idóneos; la prueba de la representación de la sociedad no fue aportada en ninguna de las instancias, y las pruebas decretadas en primera instancia no se dirigieron a acreditarla; y la sociedad que se afirma extinta no puede ser representada sin probar su existencia y representación. En el caso, la sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el representante de una sociedad extinta debe acreditar la existencia, la representación y su calidad para comparecer.síntesis automática
También resuelve:¿La persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es quien se encuentra habilitada por la ley para actuar procesalmente?¿Salvo que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2024-07-29Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 50001233300020140013101LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se acreditó una relación jurídico sustancial entre la entidad contratante y las sociedades cuya vinculación se solicitó por el contratista, que de lugar a la configuración de un litisconsorcio necesario? No
El contratista no puede solicitar la integración de un litisconsorcio necesario que involucre a terceras sociedades en un contrato administrativo, ya que la relación jurídico-sustancial se circunscribe exclusivamente entre la entidad estatal y el contratista original, conforme al principio de relatividad de los contratos. La entidad contratante y el contratista son las únicas partes que celebraron el contrato y, por lo tanto, son las únicas titulares de los derechos y obligaciones derivados del mismo. La no vinculación de terceras sociedades al proceso no impide la resolución del fondo del asunto, ya que no existe una relación sustancial única e inescindible que deba resolverse de manera uniforme. Esta decisión reitera la importancia de la titularidad en la celebración de contratos administrativos y limita la posibilidad de que terceros no partes del contrato sean involucrados en controversias contractuales, protegiendo así la integridad del contrato y los derechos de las partes directamente involucradas.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación del auto que desestimó la excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario formulada por las…¿El recurso de apelación contra el auto que desestimó la integración del litisconsorcio necesario, fue presentado y sustentado oportunamente?¿El juez de oficio, o a petición de parte deberá citar a las partes del contrato para integrar el litisconsorcio necesario dentro del proceso y así garantizar sus derechos de contradicción y defensa?
¿La obligación que contrajo ASOSANJORGE en el contrato respecto de las transferencias para cubrir los subsidios del servicio público de aseo, era de medios y no de resultado, y siendo que la demandante no probó que la citada asociación no hubiera realizado las gestiones necesarias para que el Municipio de Planeta Rica efectuara los pagos, no es dable tener por acreditado el incumplimiento contractual alegado en la demanda? Sí
El contratista no incurre en incumplimiento contractual cuando su obligación es de medios y no de resultado, y la entidad demandante no aporta pruebas suficientes de que no haya realizado las gestiones necesarias para que el municipio efectuara los pagos correspondientes a los subsidios del servicio público de aseo. Además, la Sala rechaza la pretensión de desequilibrio económico del contrato, al no existir pruebas técnicas que demuestren la insuficiencia de las transferencias efectuadas por el municipio. Asimismo, se declara la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio, al no haber sido parte en el contrato y no haber contraído obligaciones convencionales con la entidad demandante, lo que implica que no puede ser condenado al pago de perjuicios derivados de un supuesto incumplimiento. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la obligación de cumplir con las condiciones pactadas en el contrato y la relatividad del mismo.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el desequilibrio económico del contrato derivado de la falta de transferencias para cubrir los subsidios del servicio público de aseo?¿Debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Planeta Rica, al evidenciarse que no hizo parte del contrato, y que…
¿La zona declarada mediante decreto expedido por la CAR como zona de reserva forestal se superpone con el área objeto del contrato de concesión minera para la explotación de carbón? Sí
El contratista no puede ser objeto de nulidad del contrato de concesión minera por la superposición de la zona objeto del contrato con una zona de reserva forestal declarada posteriormente por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ya que el título minero fue otorgado y perfeccionado antes de la declaración de la zona de reserva forestal, lo que confiere al contratista un derecho adquirido que no puede ser desconocido. La ley establece que las zonas de interés especial no pueden desconocer títulos mineros anteriores a su conformación, y la nulidad es una consecuencia legal que se presenta al momento de la celebración del contrato, no sobreviniente. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la protección de los derechos adquiridos en contratos mineros frente a declaraciones posteriores de áreas protegidas.síntesis automática
También resuelve:¿El título minero para la explotación de carbón otorgado a la Empresa Carbonera de los Andes era un derecho adquirido antes de la declaración y delimitación del terreno que comprendía la concesión…¿Los derechos y títulos adquiridos al celebrar y perfeccionar el contrato de concesión minera pueden ser revocados con la expedición de un acuerdo posterior que afecte el área por motivos de interés…¿Procede la declaratoria de nulidad del contrato de concesión minera por objeto ilícito por superposición de áreas?
¿La amigable composición puede ser utilizada por entes públicos? Sí
La Ley 1563 de 2012 permite que la amigable composición sea utilizada por entes públicos, incluyendo a las administraciones y entidades estatales, para resolver controversias contractuales mediante un mecanismo autónomo y vinculante. La decisión del amigable componedor tiene naturaleza contractual y no judicial, y no implica el ejercicio de funciones públicas. El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se aplica para debatir la decisión del amigable componedor, pero no está ligado al plazo para liquidar el contrato original.síntesis automática
También resuelve:¿Las actuaciones y decisiones de los amigables componedores comportan el ejercicio de función jurisdiccional?¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales se aplica en el evento en¿El término de caducidad de la acción para discutir la decisión de la amigable composición está ligado al plazo para liquidar el contrato en donde se suscitaron las controversias objeto de arreglo…
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia surgida en torno al contrato de obra y sus actos liquidatorios, suscritos entre entidades públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de controversias relacionadas con contratos de obra y sus actos liquidatorios entre entidades públicas, conforme al artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, y los artículos 129 y 132 del Decreto 01 de 1984, que establecen la doble instancia en casos donde la pretensión excede los 500 S.M.L.M.V. Además, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplica la ley vigente al momento de la celebración del contrato estatal, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y no puede modificar el régimen jurídico del contrato por cambios en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo normativa posterior, lo que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica de las obligaciones contractuales. Esta decisión reitera y matiza precedentes, reafirmando la importancia de la irretroactividad de la ley en el contexto de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Debe aplicarse a los contratos estatales la ley vigente al momento de su celebración, sin que puedan afectarlos disposiciones posteriores?¿Puede modificarse el régimen jurídico aplicable a un contrato estatal por el cambio en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo una…¿Conlleva la cesión de un contrato estatal a una entidad regida por un régimen jurídico distinto la modificación del régimen aplicable al contrato originalmente suscrito?
¿Se configuró la nulidad absoluta del contrato de obra pública por las conductas penales en las que incurrieron los ex gobernadores del departamento demandado, en la celebración de dicho negocio jurídico? Sí
Las sentencias condenatorias sirven de plena prueba de lo que en ellas se decidió, esto es, que tanto la señora… como el señor… al celebrar el contrato… y sus adicionales no se guiaron por los fines que se procuran satisfacer a través de la contratación estatal, defraudando el patrimonio público.
También resuelve:¿Tiene valor probatorio el preacuerdo suscrito entre el ex gobernador del departamento y la Fiscalía General de la Nación?¿Los preacuerdos suscritos por los ex gobernadores del departamento demandado y la Fiscalía, contaron con respaldo probatorio y gozan de validez al haber sido aprobados por el juez…¿El reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas dentro de un contrato que posteriormente es declarado nulo por objeto o causa ilícita…
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
¿Se acreditó la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato? No
El contratista no acredita la fuerza mayor o caso fortuito en el incumplimiento del contrato, ya que debe demostrar que las circunstancias que impidieron el cumplimiento eran imprevisibles e irresistibles, requisitos que no se cumplen en este caso. La Contraloría de Bogotá constató que las suspensiones del contrato no se debieron a causas legales o contractuales, sino a reiterados incumplimientos del contratista en la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos, así como en el mantenimiento de la red hídrica y la tramitación de los permisos ambientales. La Sala establece que la acreditación de la fuerza mayor o caso fortuito requiere pruebas sólidas que demuestren la imprevisibilidad e irresistibilidad de las circunstancias adversas, lo que no ocurrió en este caso, reiterando la importancia de cumplir con las obligaciones contractuales sin alegar causales que no se acreditan adecuadamente.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó el incumplimiento del contratista?¿Se configuró el rompimiento del equilibrio económico del contrato?¿Se acreditó el deber del contratista de asumir los costos derivados del contrato?
Sentencia — Sentencia2023-06-28Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 11001032600020220019600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles errores procesales? Sí
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral tiene por objeto únicamente el estudio de posibles errores procesales, de modo que no permite revisar los criterios, las valoraciones probatorias ni las interpretaciones que el tribunal arbitral hizo de la materia controvertida. La regla se apoya en el inciso final del artículo 42 de la Ley 1563 de 2012, que margina expresamente esos aspectos del alcance del recurso. Además, el cargo que reprocha la motivación con que el tribunal resolvió un punto de la controversia desnaturaliza la finalidad de la anulación y no puede prosperar por esa vía. En el asunto, el cargo planteaba un reproche a la motivación del tribunal, y la Sala lo despachó desfavorablemente y no encontró configurada la causal del numeral 2 del artículo 41. En la práctica, las críticas de fondo al laudo deben formularse por la vía que la ley ofrece para ellas y no por el recurso de anulación.síntesis automática
También resuelve:¿Como a juicio de la convocante, la demanda se presentó oportunamente, resulta claro que este punto no podrá ser objeto de análisis en sede del recurso de anulación por considerarse como un vicio in…¿La causal de anulación por la caducidad de la acción fue instituida con el fin de garantizar la seguridad jurídica en cabeza de las partes del litigio?¿En opinión del recurrente, la visita buscaba determinar si el contratista cumplió con la totalidad de las observaciones formuladas por el municipio de Garagoa frente a la entrega de la obra?
¿Deben analizarse las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios bajo las reglas del derecho privado, al no tener naturaleza de actos administrativos las actuaciones precontractuales adelantadas por entidades sometidas al régimen contractual previsto en la Ley 142 de 1994? Sí
Las controversias derivadas del proceso de selección y del contrato celebrado por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado, conforme a los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, y deben resolverse con fundamento en el artículo 90 de la Constitución y en las normas del Código de Comercio y del Código Civil. La regla se sostiene en tres razones: el objeto de la entidad contratante es la prestación de servicios públicos domiciliarios, lo que determina el régimen de sus procesos de selección; la ausencia de naturaleza de acto administrativo de las actuaciones precontractuales no impide que la jurisdicción conozca de la controversia, pues el medio de control de controversias contractuales se mantiene; y las pretensiones de incumplimiento y de liquidación judicial del contrato se deciden con las normas civiles y comerciales aplicables. Por ello, la controversia se analiza con esas normas y no con el Estatuto General de Contratación. La providencia modifica la decisión de primera instancia en los términos de esta regla.síntesis automática
También resuelve:¿Logró la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. demostrar que las dificultades presentadas durante la ejecución contractual obedecieron a circunstancias imprevisibles y ajenas a su…¿Procede el reconocimiento del desequilibrio económico del contrato solicitado con fundamento en las dificultades de ejecución derivadas de la falta de información sobre intervenciones de otras…¿Procede el reconocimiento y pago de los denominados intereses negativos solicitados por la EAAB E.S.P. respecto de los recursos administrados mediante patrimonio autónomo…
¿En los contratos regidos por el derecho privado son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato? No
En los contratos regidos por el derecho privado, no son aplicables las previsiones de la Ley 80 de 1993 que disponen el restablecimiento del equilibrio económico del contrato, y que la excesiva onerosidad sobreviniente solo puede reclamarse, conforme al artículo 868 del Código de Comercio, respecto de prestaciones de futuro cumplimiento. Una razón es que aunque en el contrato se pactaron cláusulas excepcionales, el desequilibrio alegado por el contratista no deriva del ejercicio de esas cláusulas, sino de supuestas fallas en la planeación contractual. Otra razón es que el régimen de derecho privado no admite la aplicación automática del estatuto de contratación estatal en este punto. En el caso, la sentencia de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda de reconvención, y la Sala confirmó esa decisión en cuanto a esas pretensiones. La providencia reitera el criterio de la Sala sobre el régimen exceptuado; su consecuencia práctica es que el contratista que alega desequilibrio en un contrato de derecho privado no puede invocar el restablecimiento previsto en la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:¿La aseguradora garantizó el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales razón por la cual hay lugar a declarar ocurrido el siniestro?¿Existía un porcentaje menor de materiales de obra que era entregado por EPM y que el contratista debía reintegrar mediante un procedimiento previamente establecido?¿Los acuerdos transaccionales corresponden a acreencias laborales derivadas del contrato materia de la litis que el contratista dejó de pagar?
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras?¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria?¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-08-26Sala Consulta y Servicio CivilEDGAR GONZÁLEZ LÓPEZRad. 11001030600020220006600CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿Es posible señalar que en los contratos de obra de derecho privado suscritos por una fiduciaria en calidad de vocera de un patrimonio autónomo se configura el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia"? No
En el caso de los contratos de obra y conexos, suscritos en desarrollo de un contrato de fiducia mercantil celebrado entre el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) y una sociedad fiduciaria, no se configura el hecho generador de la estampilla «Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia», pues: i) Dichos contratos de obra y conexos son celebrados por la sociedad fiduciaria, en calidad de vocera y administradora del correspondiente patrimonio autónomo; ii) El Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA) no es parte en dichos contratos, pues por el mandato legal, consagrado en el artículo 23 de la Ley 1469 de 2011, dicha entidad debe ejecutar la estructuración de planes de vivienda de interés social y otros, mediante la celebración de contratos de fiducia mercantil, con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, y iii) El patrimonio autónomo no tiene la calidad de entidad estatal…
También resuelve:¿Los patrimonios autónomos derivados de los contratos de fiducia mercantil celebrados por FONVIVIENDA pueden asimilarse a una entidad estatal del orden nacional de las establecidas en el artículo 2…¿Puede ser ampliado el hecho generador de la estampilla "Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia" vía decreto reglamentario pese a lo dispuesto en el artículo…
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve:¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales…¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera…¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
¿La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable que deben ostentar las partes para acudir al proceso contencioso administrativo? Sí
La legitimación en la causa es un presupuesto indispensable para acudir al proceso contencioso administrativo. Quien formula las pretensiones y quien las resiste debe tener un interés legítimo frente al derecho discutido, y esa legitimación surge de una relación jurídica sustancial derivada de la participación, por acción u omisión, en los hechos o en la situación jurídica que da origen a la controversia. Esta regla se apoya en que la legitimación activa y la pasiva se predican de quien tiene un vínculo funcional o material con los hechos. Por ello no basta que una persona esté vinculada formalmente al proceso si no tiene esa relación con el derecho debatido. En el caso concreto la sala confirmó la decisión de primera instancia porque las partes tenían la relación exigida con los hechos del litigio. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la falta de legitimación en la causa impide decidir de fondo las pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Los los actores están legitimados en la causa por activa en calidad de terceros para enjuiciar el acto administrativo que declaró la terminación de ese negocio jurídico e impuso la cláusula penal…¿Los demandantes como socios individualmente representados están legitimados en la causa por activa?¿Respecto a los socios de la promesa de sociedad que participen en un proceso de contratación estatal existe responsabilidad solidaria?
¿La Sala es competente, en aplicación del fuero de atracción, para decidir la controversia respecto de todas las demandadas, cuando se observa que se trata de entidades tanto públicas como privadas? Sí
Por el fuero de atracción, la jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce en un mismo proceso de la controversia contra particulares o entidades privadas demandadas de forma concurrente con una entidad pública, siempre que la imputación a esta última sea seria y razonada. La regla se apoya en tres razones. Primera, la competencia se funda en el factor de conexión y no es provisional ni condicionada, de modo que se conserva aun si la entidad pública resulta no responsable. Segunda, en el caso la demanda imputó de forma seria y razonada omisiones a la entidad pública, como no informar la existencia de un contrato de prenda y no pedir autorización para enajenar el bien, y al particular, lo que justifica el fuero. Tercera, la demanda fue dirigida de forma concurrente contra ambos, por lo que la Sala es competente para decidir la controversia respecto de los dos. En consecuencia, la sentencia se confirma. El documento reitera la línea sobre imputación seria y razonada que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de una omisión imputable a una…¿Cuentan con valor probatorio los documentos privados emanados de terceros, cuando las partes no lo tachan de falso?¿El Departamento de Caldas cuenta con legitimación en la causa por pasiva respecto de la omisión de información durante la formación del contrato de cesión de derechos económicos…
¿Compete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y en segunda instancia el Consejo de Estado, el conocimiento de un proceso relativo al convenio de apoyo financiero, en razón de la naturaleza de las entidades contratantes y la cuantía del litigio? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los litigios derivados de convenios de apoyo financiero suscritos por municipios, ministerios y entidades públicas para la ejecución de proyectos de infraestructura, con fundamento en el artículo 104 del CPACA. En este asunto, la Sala determinó que el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, de conformidad con los artículos 150 y 152 del CPACA, al tratarse de un proceso de doble instancia donde la cuantía de la demanda excedió los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de interposición.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa recae sobre las entidades públicas y la entidad territorial que celebraron el convenio de apoyo financiero…¿Debe entenderse que, tratándose de contratos que requieren liquidación, el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales se computa a partir del vencimiento del plazo…¿Los convenios interadministrativos se diferencian de los contratos administrativos en cuanto a su finalidad cooperativa y ausencia de retribución patrimonial…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo en las controversias contractuales cuya cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponde a la corporación de cierre de la jurisdicción, en segunda instancia. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del CCA, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del CCA atribuye a la Corporación la resolución de los recursos de apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 132, numeral 5, del CCA fija el umbral de cuantía, que en el caso se supera con la cuantía estimada en la demanda. Por ello, la competencia en razón de la cuantía determina que la alzada sea conocida por el Consejo de Estado. La providencia confirma esa competencia y resuelve el recurso en los términos de esa regla.síntesis automática
También resuelve:¿La legitimación en la causa por pasiva corresponde a quien es parte material de la relación jurídica sustancial controvertida?¿Puede una autoridad administrativa transferir válidamente el ejercicio de sus funciones a colaboradores u otras autoridades con funciones afines o complementarias mediante acto de delegación…¿Puede el representante legal de una entidad estatal delegar integralmente la competencia para adelantar procesos de selección y celebrar contratos…