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Consejo de Estado
Providencia
No es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental
Sentencia — Sentencia
2022-08-16
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 50001233100020080009201
ACCION CONTRACTUAL
¿Es necesario una autorización previa de la Asamblea Departamental para que el gobernador pueda celebrar un contrato de transacción? No
El gobernador no requiere autorización previa de la Asamblea Departamental para celebrar un contrato de transacción, en línea con la interpretación del artículo 300, numeral 9, de la Constitución Política, que establece que dicha autorización es excepcional y solo se requiere cuando el legislador lo disponga expresamente. La Sala confirma que la ausencia de una ordenanza que autorice al gobernador a celebrar la transacción no comporta la nulidad del contrato, ya que no existe una norma especial que lo exija. Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado respalda que los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos sin necesidad de una autorización particular de las asambleas departamentales, siempre y cuando no haya una disposición legal que establezca lo contrario. Esta regla reitera y confirma la interpretación del artículo 300, numeral 9, y tiene implicaciones importantes para la autonomía de los gobernadores en la celebración de contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿De conformidad con la legislación, los gobernadores tienen la potestad de dirigir licitaciones y celebrar contratos, sin previa autorización de la Asamblea Departamental?
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-05-20
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 05001233300020120020602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La parte actora se encuentra legitimada en la causa por activa para reclamar la existencia del contrato de distribución, su prórroga y para reclamar la declaración de incumplimiento? No
Cuando el demandante comparece en nombre propio y como representante legal de una sociedad extinta, sin acreditar la existencia, la representación ni la conformación de la compañía, carece de legitimación en la causa por activa para reclamar la existencia y prórroga del contrato, y la declaración de incumplimiento. La regla se sostiene en tres razones: la legitimación por activa exige ser parte del contrato o actuar en nombre de quien lo es, y el demandante debe probarlo con documentos idóneos; la prueba de la representación de la sociedad no fue aportada en ninguna de las instancias, y las pruebas decretadas en primera instancia no se dirigieron a acreditarla; y la sociedad que se afirma extinta no puede ser representada sin probar su existencia y representación. En el caso, la sala revocó la sentencia de primera instancia y declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el representante de una sociedad extinta debe acreditar la existencia, la representación y su calidad para comparecer.síntesis automática
También resuelve:
¿La persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es quien se encuentra habilitada por la ley para actuar procesalmente?
¿Salvo que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020070292402
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
El contratista es competente para ceder su posición contractual en favor de una persona jurídica privada, como una distribuidora de licores, siempre y cuando se notifique y obtenga la aceptación del gobernador del departamento, tal como lo establece la normativa de contratación estatal. Esta regla se fundamenta en que la cesión del contrato no altera el régimen jurídico aplicable, y que la legitimación en la causa tanto por activa como por pasiva se mantiene en la entidad estatal y la cesionaria. La Sala modifica precedentes al establecer que la cesión de la posición contractual y los créditos y derechos litigiosos derivados del contrato son válidos cuando se cumplen los requisitos legales, lo que implica que las partes cesionarias deben cumplir con las formalidades establecidas para mantener la validez del contrato y la legitimación en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Ante la ausencia de un pacto para la liquidación del contrato, resulta procedente aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993, frente a la liquidación del contrato en el cómputo de la caducidad?
¿La unión temporal contratista cedió su posición contractual, así como los créditos y derechos litigiosos que se derivan del contrato, en favor de la distribuidora de licores cesionaria?
¿Al delimitar el alcance del recurso de apelación, en aras de la solución del mismo, corresponde mantener invariable la causa petendi?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Son auténticos contratos de comodato en los términos de los artículos 2200 y siguientes del Código Civil
Sentencia — Sentencia
2024-06-28
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233300020150245301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los contratos 70 del 30 de septiembre de 1991 y 54 del 20 de octubre de 1992, son auténticos contratos de comodato? Sí
El contratista no es parte de contratos administrativos cuando se trata de un contrato de comodato celebrado con una entidad estatal, ya que estos se rigen por el derecho privado y no por la legislación específica de contratos estatales, según el artículo 16 inciso segundo del Decreto Ley 222 de 1983. Esta regla se reitera al señalar que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no abarca todos los contratos estatales, sino solo aquellos específicamente regulados por la ley, lo que implica que controversias derivadas de contratos de comodato celebrados con entidades públicas deben ser resueltas por la jurisdicción ordinaria, a menos que la ley posteriormente cambie esta competencia. Con la entrada en vigor de la Ley 80 de 1993, la jurisdicción de lo contencioso administrativo asumió la competencia sobre todos los contratos estatales, incluyendo los de derecho privado, salvo que la controversia se presente con las leyes procesales vigentes al momento del reclamo, en este caso la Ley 1437 de 2011 o el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Esto implica que las partes deben conocer la vigencia de las leyes procesales al momento de presentar sus reclamos para determinar la competencia del juez.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo se extiende a todos los contratos estatales, al margen de que se trate de contratos regidos por el derecho privado?
¿Se entienden integradas a los contratos las leyes vigentes al momento de su surgimiento, salvo las que reglamentan la ritualidad del acceso a la administración de justicia…
¿La prescripción de la responsabilidad contractual aplica para las acciones de carácter civil, penal y disciplinario impetradas contra los intervinientes en la actividad contractual del Estado…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-06-01
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 85001233300020130018002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia proferida por un Tribunal Administrativo, siempre que la cuantía de la pretensión exceda los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 5 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal adecuado para resolver cualquier controversia derivada de un contrato estatal, permitiendo a las partes solicitar declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, la revisión del contrato, la declaración de incumplimiento o la rescisión por lesión enorme o ruptura del equilibrio económico. La Sala reitera que para acciones rescisorias por lesión enorme en contratos estatales no se aplica el término de cuatro años del Código Civil, sino el de caducidad de dos años previsto en el artículo 164 del Estatuto Procesal Administrativo, lo que implica que las acciones deben iniciarse dentro de este plazo para evitar la caducidad del medio de control.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del…
¿A efectos de acreditar la legitimación en la causa en las pretensiones de lesión enorme en el contrato de compraventa, es menester haber transferido el dominio del bien objeto del contrato?
¿Para el ejercicio de la acción rescisoria por lesión enorme en contratos estatales no se aplica el término de cuatro (4) años establecido en el artículo 1954 del Código Civil…
Consejo de Estado
Providencia
Debe la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de los procesos contractuales en los que interviene una entidad pública, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato.
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2025-09-03
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 68001233300020180031401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo asumir el conocimiento de los procesos contractuales en los que interviene una entidad pública, independientemente del régimen jurídico aplicable al contrato? Sí
El contratista no se convierte automáticamente en parte del contrato de seguro de cumplimiento cuando actúa por cuenta ajena, manteniendo la entidad beneficiaria su calidad de tercero, salvo que el tomador actúe en su nombre y sea ratificado. Según el artículo 1037 del Código de Comercio, el tomador puede actuar por cuenta propia o ajena sin que el beneficiario se convierta en parte del contrato, a menos que ratifique las condiciones pactadas. En el caso de la entidad pública, si no participó en la celebración del contrato ni ratificó las condiciones pactadas por el contratista con la aseguradora, no puede considerarse parte tomadora del contrato de seguro de cumplimiento. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la determinación de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y la naturaleza jurídica del contrato, estableciendo que la entidad pública no entra a ser parte del contrato de seguro de cumplimiento si no actúa en su celebración ni ratifica las condiciones pactadas.síntesis automática
También resuelve:
¿El tomador de un contrato de seguro que actúa por cuenta ajena conserva su calidad de parte en el contrato, sin que el tercero beneficiario se convierta automáticamente en parte de la relación…
¿Puede considerarse parte tomadora del contrato de seguro de cumplimiento a la entidad pública beneficiaria del seguro, cuando no actuó en su celebración ni ratificó las condiciones pactadas por el…
¿Conserva su autonomía el contrato de seguro de cumplimiento frente al contrato estatal que garantiza, incluso cuando la entidad pública aprueba la póliza para verificar el cumplimiento de…
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2025-03-10
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020120050101
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia surgida en torno al contrato de obra y sus actos liquidatorios, suscritos entre entidades públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de controversias relacionadas con contratos de obra y sus actos liquidatorios entre entidades públicas, conforme al artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, y los artículos 129 y 132 del Decreto 01 de 1984, que establecen la doble instancia en casos donde la pretensión excede los 500 S.M.L.M.V. Además, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplica la ley vigente al momento de la celebración del contrato estatal, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y no puede modificar el régimen jurídico del contrato por cambios en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo normativa posterior, lo que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica de las obligaciones contractuales. Esta decisión reitera y matiza precedentes, reafirmando la importancia de la irretroactividad de la ley en el contexto de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe aplicarse a los contratos estatales la ley vigente al momento de su celebración, sin que puedan afectarlos disposiciones posteriores?
¿Puede modificarse el régimen jurídico aplicable a un contrato estatal por el cambio en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo una…
¿Conlleva la cesión de un contrato estatal a una entidad regida por un régimen jurídico distinto la modificación del régimen aplicable al contrato originalmente suscrito?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El fiador carece de legitimación para iniciar acciones judiciales orientadas a declarar el cumplimiento del contrato principal.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-05-19
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 52001233300020160025201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El fiador está legitimado para iniciar una acción judicial destinada a que se declare el cumplimiento del contrato principal? No
El fiador carece de legitimación para demandar judicialmente el cumplimiento del contrato principal al no ser parte activa de la relación jurídica contractual subyacente. En esta aclaración de voto, el magistrado fundamenta que la fianza constituye una garantía personal accesoria y subsidiaria regulada por los artículos 2361 y 2380 de la Ley 57 de 1887, limitando el rol del fiador a responder por el incumplimiento del deudor principal sin otorgarle derechos directos sobre la ejecución o el desarrollo del negocio jurídico celebrado entre el acreedor y el contratista.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: la determinación de otorgar capacidad para ser parte y para comparecer a un proceso es una materia reservada al legislador
Salvamento voto — Salvamento de voto
2022-08-16
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 50001233100020080009201
ACCION CONTRACTUAL
¿La unión temporal tiene capacidad para comparecer por sí misma al proceso judicial? No
No estoy de acuerdo con la decisión adoptada en la sentencia en el sentido de negar la pretensión de nulidad del contrato de transacción celebrado entre el Departamento de Guainía y la Unión Temporal Guainía. Considero que debió precisarse que la unión temporal no tenía capacidad para comparecer por sí misma al proceso, y debía integrarse el contradictorio con sus miembros. El artículo 7 de la Ley 80 de 1993 establece la capacidad contractual de los consorcios y las uniones temporales, sin que determine que la misma se extiende a la posibilidad de ser parte dentro de un proceso judicial. Esta última capacidad ha sido creada por la jurisprudencia en la sentencia unificación proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 20131.
También resuelve:
¿La Sala debió pronunciarse sobre la nulidad proveniente del hecho de que las partes ya habían liquidado bilateralmente el contrato de obra sin incluir las reclamaciones del contratista…