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CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

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Consejo de Estado Providencia

No es susceptible de aprobación judicial un acuerdo denominado “acuerdo conciliatorio” suscrito directamente por las partes

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 85001233300020210026301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es susceptible de aprobación judicial un acuerdo denominado “acuerdo conciliatorio” suscrito directamente por las partes, sin la participación del agente del Ministerio Público? No
El contratista no puede obtener la aprobación judicial de un acuerdo conciliatorio suscrito directamente con la entidad estatal sin la intervención del agente del Ministerio Público en calidad de conciliador, ya que este tercero neutral es esencial para la estructuración de una fórmula de arreglo definitiva y para dar fe de la decisión adoptada por las partes, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2213 de 2022. La omisión de la participación del agente del Ministerio Público invalida el acuerdo conciliatorio, impidiendo su aprobación judicial, lo que reitera la necesidad de cumplir con todos los requisitos formales y sustanciales de la conciliación extrajudicial en materia de contratación estatal.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Debe rechazarse la demanda de controversias contractuales, por no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando la medida cautelar solicitada no tiene carácter patrimonial y ambas partes en conflicto son entidades públicas.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-10-24 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020240065801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe rechazarse la demanda de controversias contractuales, por no agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando la medida cautelar solicitada no tiene carácter patrimonial y ambas partes en conflicto son entidades públicas? Sí
El contratista debe agotar el trámite de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para presentar una demanda de controversias contractuales cuando ambas partes en conflicto son entidades públicas, incluso si la medida cautelar solicitada no tiene carácter patrimonial, ya que la suspensión provisional de actos administrativos no afecta directamente el patrimonio de las partes y no califica como medida cautelar patrimonial. En este caso, la entidad demandante no cumplió con el requisito de conciliación extrajudicial, lo que llevó a la confirmación del auto que rechazó la demanda por falta de agotamiento del procedimiento conciliatorio, reiterando la jurisprudencia existente sobre la obligatoriedad de la conciliación en casos entre entidades públicas y la naturaleza no patrimonial de las medidas cautelares de suspensión provisional.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad es obligatorio cuando ambas partes son entidades públicas.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 25000233600020240027201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad es obligatorio cuando ambas partes son entidades públicas? Sí
El operador judicial examina si el agotamiento de la conciliación extrajudicial constituye un requisito de procedibilidad indispensable dentro de los trámites judiciales cuando tanto el accionante como el demandado ostentan la calidad de entidades públicas. En este proceso de controversias contractuales, la Subsección del Consejo de Estado confirma el auto apelado que rechaza la demanda de la Secretaría Distrital de Ambiente debido a la falta de acreditación de dicho requisito ante el Ministerio Público, conforme a lo dispuesto expresamente en el artículo 72 de la Ley 2220 de 2022.síntesis automática
También resuelve: ¿La mediación sirve para tener por satisfecho el requisito de procedibilidad ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El artículo 197 CPACA prescribe que las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante la jurisdicción contencioso administrativa deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2022-03-29 Sección Tercera (Subsección C) GUILLERMO SANCHEZ LUQUE Rad. 25000233600020150056803 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuándo la parte demandante proporciona direcciones de correo electrónico que no corresponden al correo que la entidad pública demandada dispuso para recibir notificaciones electrónicas, ni acredita que la convocada hubiera sido citada por cualquier otro medio, no agota en debida forma el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial? Sí
El contratista no agota debidamente el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial cuando proporciona direcciones de correo electrónico que no corresponden al buzón de notificaciones electrónicas dispuesto por la entidad pública demandada, y no acredita que la convocada haya sido citada por cualquier otro medio. El artículo 197 del Código Procesal Contencioso Administrativo establece que las entidades públicas deben tener un buzón de correo electrónico exclusivo para recibir notificaciones judiciales, y el artículo 20 de la Ley 640 de 2001 y los artículos 6 y 7 del Decreto 1716 de 2009 regulan la notificación electrónica. Al no cumplir con estos requisitos, la parte demandante no cumple con el artículo 180.6 del Código Procesal Contencioso Administrativo, que permite dar por terminado el proceso en la audiencia inicial si se advierte el incumplimiento de requisitos de procedibilidad. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los procedimientos de notificación y conciliación previos a la presentación de una demanda en la jurisdicción contencioso administrativa.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

La conciliación, en materia de lo contencioso administrativo, requiere de la asistencia de un agente del Ministerio Público.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-04-04 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020240010801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación, en materia de lo contencioso administrativo, requiere de la asistencia de un agente del Ministerio Público? Sí
El contratista debe cumplir con la conciliación como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, la cual requiere la asistencia de un agente del Ministerio Público para elaborar el acta y verificar que el acuerdo no resulte lesivo para el patrimonio público, debido a que la conciliación tiene características específicas como el mérito ejecutivo y la trascendencia a cosa juzgada, en contraste con la mediación que no es requisito de procedibilidad y no tiene estas características. La entidad estatal, en casos donde los extremos en la litis son entidades públicas, debe agotar la conciliación previa a interponer una demanda, conforme a la Ley 2220 de 2022 y el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que implica que la falta de cumplimiento de este requisito puede llevar al rechazo de la demanda. Además, la condena en costas no procede si no se ha trabado la litis, según el artículo 365 del Código General del Proceso.síntesis automática
También resuelve: ¿La mediación tiene el carácter de requisito de procedibilidad en la jurisdicción contenciosa administrativa? ¿Era necesario agotar la conciliación como requisito de procedibilidad porque los extremos en la litis son entidades públicas? ¿Es improcedente la condena en costas porque no se ha trabado la litis?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El procedimiento para el trámite de la conciliación judicial puede consistir en una audiencia con el objeto

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-07-18 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 05001233300020180198001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El procedimiento para el trámite de la conciliación judicial puede consistir en una audiencia con el objeto de escuchar a las partes y estructurar fórmulas de acercamiento entre ellas? Sí
El juez puede establecer un procedimiento para la conciliación judicial en ausencia de normas específicas, consistente en una audiencia para escuchar a las partes y estructurar fórmulas de acercamiento, siempre y cuando se respeten los principios de la Ley 2213 de 2022 y la intervención del Ministerio Público. Sin embargo, para que un acuerdo de conciliación judicial sea válido, debe contar con la participación de un tercero neutral y calificado, como el juez o el procurador, y no solo ser una manifestación de interés en conciliar, como lo fue el documento denominado “ACUERDO PRELIMINAR BASE DEL ACUERDO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL”. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para la aprobación de un acuerdo de conciliación judicial, lo que implica que la mera intención de conciliar no es suficiente para que el acuerdo sea válido y obligatorio para las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿Del documento suscrito se desprende que las partes únicamente consignaron una manifestación de interés en conciliar judicialmente las diferencias en el marco del proceso judicial de la referencia?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No existe inoperancia del termino de caducidad del medio de control de controversias contractuales

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 05001233300020230076502 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existe inoperancia del termino de caducidad del medio de control de controversias contractuales, en cuanto la Unidad Nacional de Protección decretó la suspensión de los plazos en relación con la liquidación de sus contratos, por lo cual, no puede rechazarse la demanda? No
Con ocasión de la pandemia originada por la propagación del Covid-19, se expidió el Decreto Legislativo 564 del 15 de abril de 2020, en el cual se dispuso que la contabilización de los términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal se suspendería de forma general para todos los casos desde el 16 de marzo de 2020, y se reanudaría a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cesara la suspensión de términos judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura -1° de julio de 2020.… Además, a raíz del aislamiento obligatorio preventivo ordenado por el Gobierno Nacional, se profirió el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, en cuyo artículo 6° se estableció que las autoridades podían suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa, suspensión que podría ser parcial o total…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En los convenios interadministrativos resulta necesario contar los 2 meses

Sentencia — Sentencia 2022-11-23 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 52001233300020190023001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para la contabilización del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales en eventos en que el contrato requiere liquidación, debe tenerse en cuenta el plazo dispuesto para liquidar bilateral o unilateralmente el contrato? Sí
Cuando el contrato requiere liquidación y no se liquida, la caducidad de la acción de controversias contractuales opera dos meses después del vencimiento del plazo para liquidarlo bilateralmente o, a falta de este, cuatro meses después de la terminación del contrato, según el literal j del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. La regla se apoya en tres razones. Primera, la norma se aplica a todos los contratos de la jurisdicción, sin que importe su régimen jurídico. Segunda, en los convenios interadministrativos también deben contarse esos dos meses, pues la regla no distingue por la naturaleza del negocio. Tercera, en el caso, la solicitud de conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad, de modo que la demanda se presentó dentro del plazo. Por ello la Sala revoca la sentencia del tribunal que había declarado la caducidad. El documento reitera el criterio de la sentencia de 2022 que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve: ¿El juez de segunda instancia debe devolver el expediente al Tribunal de origen ante la improcedencia de la sentencia anticipada por inoperancia de la caducidad del medio de control de controversias… ¿Cuál es el criterio de procedencia de la condena en costas en asuntos regidos por el CPACA?
SIN DECISION
Consejo de Estado Providencia

Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer del control judicial de un acuerdo conciliatorio celebrado entre entidades públicas, cuando en la controversia subyacente interviene una entidad estatal de carácter financiero.

Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas 2025-10-14 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020210028701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocer del control judicial de un acuerdo conciliatorio celebrado entre entidades públicas, cuando en la controversia subyacente interviene una entidad estatal de carácter financiero? Sí
El juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debe conocer del control judicial de un acuerdo conciliatorio celebrado entre entidades públicas cuando en la controversia subyacente intervenga una entidad estatal de carácter financiero, como lo establece la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional. Este control implica verificar el cumplimiento de requisitos legales específicos, entre ellos que el acuerdo conciliatorio no sea violatorio de la ley ni lesivo para el patrimonio público, que las partes estén debidamente representadas y que cuente con las pruebas necesarias. Además, el juez puede valorar medios de prueba que no fueron aportados dentro de las oportunidades procesales previstas en la etapa de conciliación extrajudicial, siempre y cuando estas pruebas sean solicitadas por el agente del Ministerio Público y aportadas dentro del plazo de veinte días calendario. Esta decisión reitera y matiza la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa en casos de conciliación extrajudicial entre entidades públicas, incluyendo a entidades financieras, y establece los lineamientos para el control de legalidad de los acuerdos conciliatorios.síntesis automática
También resuelve: ¿El recurso de apelación interpuesto contra el auto que improbó el acuerdo conciliatorio fue presentado y sustentado oportunamente? ¿Debe el juez verificar el cumplimiento de requisitos legales específicos para aprobar una conciliación extrajudicial presentada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo? ¿Puede el juez valorar medios de prueba que no fueron aportados dentro de las oportunidades procesales previstas en la etapa de conciliación extrajudicial…
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

La Sala revocará la decisión de declarar la caducidad

Sentencia — Sentencia 2022-07-13 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 50001233100020060084501 ACCION CONTRACTUAL
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de controversias contractuales, considerando que el término fue suspendido por la solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, y que, a pesar de que el requisito de procedibilidad no fuera obligatorio, en lo que respecta a la suspensión del término, la ley no distingue entre los procesos en los que el trámite de conciliación sea requisito de procedibilidad y aquellos en que no? No
El contratista no puede alegar la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando el término de caducidad fue suspendido por la presentación de una solicitud de conciliación ante el agente del Ministerio Público, independientemente de que el trámite de conciliación no sea un requisito de procedibilidad, ya que la ley no distingue entre procesos en los que la conciliación es obligatoria y aquellos en que no lo es. La suspensión del término de caducidad opera hasta que se expida la constancia de no conciliación o hasta que se venza el plazo de tres meses, reanudándose el término una vez finalizado este periodo. En la práctica, esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la suspensión del término de caducidad, permitiendo que los contratistas puedan interponer acciones de controversias contractuales sin temor a la caducidad cuando han solicitado conciliación, incluso en casos en los que la conciliación no es un requisito de procedibilidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La existencia de inconsistencias en los estudios, diseños y planos entregados por el INVÍAS para construir la vía, afectaron la ejecución de la obra de forma tal que ocasionara que el contratista… ¿Para reconocer el desequilibrio a favor del contratista se requiere la existencia de hechos imprevistos no imputables al contratista… ¿Resulta procedente el restablecimiento de la ecuación financiera a favor del contratista, del contrato de obra pública pactado a precios unitarios…
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado conoce en segunda instancia de la apelación de autos proferidos por tribunales que imprueben conciliaciones extrajudiciales entre entidades públicas.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020210028701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de las apelaciones de los autos proferidos por los Tribunales Administrativos que imprueben conciliaciones extrajudiciales celebrada entre dos entidades de naturaleza pública? Sí
El juez contencioso administrativo conoce de las controversias relativas al incumplimiento y liquidación de contratos interadministrativos celebrados entre entidades públicas. En este asunto, ante el acuerdo conciliatorio entre FONADE hoy ENTERRITORIO e IPSE, la aprobación judicial y el control de legalidad corresponden a esta jurisdicción. Asimismo, conforme al artículo 150 y el artículo 243 numeral 3 du CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de la apelación del auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que imprueba la conciliación extrajudicial celebrada entre las entidades públicas involucradas.síntesis automática
También resuelve: ¿Son requisitos para aprobar una conciliación extrajudicial que no haya operado el fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción… ¿El negocio jurídico celebrado entre el FONADE y el IPSE fue nominado como un “Contrato Interadministrativo”, la realidad es que este corresponde a un Convenio Interadministrativo… ¿Las pretensiones contenidas en la solicitud de conciliación extrajudicial, fueron presentadas dentro del plazo fijado en la ley para promover el respectivo proceso de controversias contractuales?
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio.

Sentencia — Sentencia 2024-12-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150161701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El incumplimiento de presupuestos procesales no es un aspecto que pueda sanearse, por lo que el juez lo puede constatar permanentemente y, de encontrarse acreditado, llevará a un fallo inhibitorio? Sí
El contratista no puede omitir el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad antes de radicar la demanda, ya que el juez puede constatar permanentemente el incumplimiento de este presupuesto procesal y declarar la inhibición del proceso si no se ha cumplido adecuadamente, sin que pueda sanearse en etapas posteriores del trámite. Además, la medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial, por lo que debía cumplirse el requisito de procedibilidad estudiado, lo que releva al juez de poder resolver la controversia y obliga a inhibirse para analizar de fondo la litis. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia, en virtud de la competencia funcional del juez de segunda instancia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.síntesis automática
También resuelve: ¿La medida cautelar solicitada no versaba sobre un aspecto patrimonial y, por lo tanto, se debía agotar el requisito de procedibilidad estudiado, sin que se haya procedido de esa manera? ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia? ¿El medio de control procedente es el de controversias contractuales, ya que se pretende el retiro del ordenamiento jurídico de actos administrativos contractuales?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2024-06-04 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000232600020090030301 ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales interpuesta por la Fiduprevisora S.A. contra una aseguradora, para reclamar el pago de unas indemnizaciones pactadas en unos contratos de seguro de responsabilidad? Sí
Cuando una entidad estatal de naturaleza industrial y comercial reclama el pago de indemnizaciones pactadas en contratos de seguro de responsabilidad, la controversia es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, y el Consejo de Estado conoce de la segunda instancia cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006, atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas, entre ellas las empresas industriales y comerciales del Estado; el valor del amparo que se aduce afectado por otra demanda determina la cuantía, según el numeral 5 del artículo 132 de ese código; y la vocación de doble instancia depende de esa cuantía. En el caso, el monto del amparo de indemnización profesional de las pólizas superaba el umbral legal, por lo que la sala asumió la competencia en segunda instancia y modificó la sentencia. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que el valor del amparo afectado, y no solo el de la póliza, determina la cuantía de la controversia.síntesis automática
También resuelve: ¿La institución jurídica de la prescripción extintiva es la consecuencia que trae para el titular de un derecho o para quien lo persigue… ¿La prescripción de los derechos derivados del contrato de seguro opera mediante un término ordinario y otro extraordinario… ¿Operó el fenómeno jurídico de la prescripción ordinaria de los derechos derivados de los contratos de seguro de responsabilidad celebrados por Fiduprevisora S.A.…
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La conciliación extrajudicial es un requisito previo que se debe cumplir para la interposición de la presente demanda.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 17001233300020220025001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación extrajudicial es un requisito previo que se debe cumplir para la interposición de la presente demanda? Sí
La conciliación extrajudicial en derecho es un requisito de procedibilidad que debe agotarse antes de presentar la demanda contencioso administrativa, conforme al numeral 1 del artículo 161 del CPACA, y que el rechazo de la demanda procede cuando el demandante no subsana los defectos advertidos en el auto inadmisorio, en los casos previstos por los artículos 169 y 170 del mismo código. Estas causales de rechazo son taxativas. Las razones son dos. Una razón es que la constancia de no conciliación no aparece en el expediente, pues el documento aportado con la subsanación contenía únicamente correos electrónicos internos y no la constancia expedida por el agente del Ministerio Público. Otra razón es que la parte demandante no corrigió los defectos que el magistrado advirtió en el auto de inadmisión, por lo que la omisión de las cargas mínimas de admisión justificó el rechazo. En el caso, el tribunal había otorgado un plazo para subsanar, y la decisión se confirmó. La providencia no señala que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la constancia de agotamiento de la conciliación debe estar en el expediente y aportarse dentro del término de subsanación.síntesis automática
También resuelve: ¿La sociedad actora cumplió con el deber de subsanar los defectos advertidos en el auto inadmisorio? ¿Los requisitos para la admisión de la demanda son normas procesales que son de orden público y de obligatorio cumplimiento? ¿Los requisitos que la demanda debe observar para que proceda su admisión están relacionados con el cumplimiento de los presupuestos encaminados a que la litis pueda resolverse de fondo?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores?

Sentencia — Sentencia 2023-10-04 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020140083502 LEY 1437 REPETICION
PRINCIPAL / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / ERROR INEXCUSABLE / DAÑO CAUSADO POR OMISIÓN / EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DEBER DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ACTO DE RELIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / PAGO DEL AUXILIO DE CESANTÍAS / RECLAMACIÓN DE LAS CESANTÍAS / ABONO A CRÉDITO HIPOTECARIO / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿La reliquidación del auxilio de cesantías objeto del acuerdo conciliatorio extrajudicial que sustenta la pretensión de reembolso es atribuible a los demandados, a título de culpa grave, por el incumplimiento de la función de notificación de los actos administrativos de reconocimiento y liquidación del auxilio de cesantías, que presuntamente tenían a su cargo como directores, jefes y asesores de las áreas de recursos humanos y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores? No
En la acción de repetición, la culpa grave no se configura cuando la entidad no demuestra la omisión inexcusable de la función imputada al agente ni una relación causal clara entre esa omisión y el hecho que motivó la conciliación extrajudicial. La regla se apoya en dos razones. Primera, la omisión de expedir y notificar el acto de liquidación de cesantías no quedó probada como inexcusable para cada uno de los demandados, pues la entidad no acreditó el supuesto de hecho de la culpa grave imputada. Segunda, la convocante, como afiliada, tuvo conocimiento de las consignaciones anuales del auxilio en su cuenta individual, lo que impide atribuir a los agentes el pago reconocido en la conciliación. La providencia confirma la negativa de las pretensiones y no altera el régimen probatorio de la culpa grave. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe probar individualmente la conducta de cada demandado y su relación causal con el pago, sin trasladar al agente el costo de un acuerdo conciliatorio cuando falta esa prueba. Esa carga resulta especialmente exigente cuando el daño se atribuye a una omisión de notificación que la propia administración debía cumplir.síntesis automática
También resuelve: ¿En los documentos allegados consta a cuál de los servidores o exservidor demandados le correspondía la función de reconocer el auxilio de cesantías y notificar el acto de reconocimiento? ¿El pago asumido por el ente accionante con motivo de la reliquidación del auxilio de cesantías de la servidora devino por la aplicación de la sentencia de la Corte Constitucional? ¿La legitimación en la causa se clasifica en procesal o de hecho, y material?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Debe recordarse que “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.

Sentencia — Sentencia 2022-08-16 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 08001233100020110050601 ACCION CONTRACTUAL
¿Se cumplieron los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente al fallo de primera instancia en la que se condenó a la entidad territorial por incumplimiento del contrato interadministrativo? Sí
El contratista cumple con los requisitos para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta frente a una condena por incumplimiento de contrato interadministrativo, siempre que el proceso tenga vocación de doble instancia, la cuantía de la condena supere los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el fallo no haya sido apelado. En este caso, la demanda se presentó en 2011, por lo que se rige por el Código Contencioso Administrativo de 1984, y la Sala es competente para conocer del asunto debido a la procedencia del grado jurisdiccional de consulta. La entidad territorial fue condenada por incumplimiento del convenio interadministrativo, y dado que el fallo no fue apelado y cumplía con los requisitos de cuantía y doble instancia, la Sala confirmó la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, lo que implica que el proceso puede continuar en esta instancia sin necesidad de un recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional está legitimada en la causa por activa y el Municipio por pasiva… ¿El convenio interadministrativo celebrado entre las partes tuvo por objeto la ejecución de obras viales con recursos aportados por Acción Social… ¿Para el cómputo del término de caducidad de la acción contractual es necesario determinar en qué momento se realizó la liquidación unilateral del convenio interadministrativo y si previamente…
Consejo de Estado Providencia

El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los puntos de inconformidad manifestados en el recurso de apelación que deben estar debidamente sustentados y dirigidos a controvertir lo decidido en primera instancia.

Sentencia — Sentencia 2022-10-10 Sección Tercera (Subsección A) MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO Rad. 25000233600020190035401 LEY 1437 EJECUTIVO
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por los puntos de inconformidad manifestados en el recurso de apelación que deben estar debidamente sustentados y dirigidos a controvertir lo decidido en primera instancia? Sí
El juez de segunda instancia está limitado a resolver sobre los puntos de inconformidad debidamente sustentados y dirigidos a controvertir la decisión de primera instancia, no bastando con la simple interposición del recurso de apelación ni con afirmaciones genéricas de desacuerdo. La parte recurrente debe señalar específicamente los yerros o desaciertos del juez a quo y confrontar los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la decisión impugnada. En caso de ausencia de sustentación suficiente y adecuada, el juez de segunda instancia no puede pronunciarse de fondo y debe confirmar la sentencia apelada, lo que implica que la parte que interponga el recurso debe cumplir rigurosamente con los requisitos de sustentación para evitar la improcedencia del mismo.síntesis automática
También resuelve: ¿Se evidenció una falta de sustentación del recurso de apelación por parte del ejecutado al omitir impugnar la sentencia en relación con la decisión del juez de primera instancia de negar los efectos… ¿El recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia que ordenó seguir adelante con la ejecución, es improcedente para controvertir el monto de las agencias en derecho… ¿La discusión relativa a la regulación o pérdida de intereses fue resuelta en primera instancia junto con las excepciones formuladas, a pesar de no ser una excepción…
Consejo de Estado Providencia

Estaban facultadas las administradoras cooperativas

Sentencia — Sentencia 2025-05-05 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 76001233100020090103701 ACCION CONTRACTUAL
¿Estaban facultadas las administradoras cooperativas para celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001? Sí
El contratista puede celebrar convenios interadministrativos bajo la legislación vigente al momento de la suscripción del Convenio 005 de 2001, ya que las administradoras cooperativas se consideraban entidades estatales independientemente del porcentaje de participación pública y del régimen jurídico, conforme al parágrafo del artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Este precedente modifica la interpretación previa que limitaba la celebración de estos convenios a entidades con participación pública mayoritaria, lo que implica que las administradoras cooperativas estaban habilitadas para celebrar contratos y convenios interadministrativos en los términos del numeral 1° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: ¿Constituyen los convenios interadministrativos una figura distinta de los contratos estatales por no tener finalidad remuneratoria y fundarse en el principio de colaboración entre entidades públicas? ¿Debe calificarse como contrato interadministrativo un negocio jurídico entre entidades públicas que contiene obligaciones recíprocas con carácter conmutativo y ánimo remuneratorio? ¿Se encuentra sometido al Estatuto General de Contratación el contrato interadministrativo celebrado entre un municipio y otra entidad, a efectos de su liquidación y del cómputo de la caducidad?
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Consejo de Estado Providencia

Nulidad insaneable: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2026-05-28 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 88001233300020230001102 Controversias contractuales
¿La participación y voto de la magistrada que manifestó impedimento no aceptado configura una nulidad insaneable conforme al artículo 136 del CGP? No
En el recurso de apelación, el Contratista alegó la que, a su juicio, es una nulidad insaneable debido a que la magistrada ponente de la sentencia de primera instancia manifestó un impedimento, por cuanto su cónyuge habría formado parte de la interventoría del contrato objeto del litigio y, pese a ello, continuó conociendo del proceso y votó la sentencia impugnada. La Sala considera que esta situación no configura una nulidad insaneable, en la medida en que no se subsume en ninguna de las causales previstas de manera taxativa en el parágrafo del artículo 136 del CGP. Además, una vez manifestado el impedimento, la sala dual del Tribunal decidió no aceptarlo, por no encontrar configurada la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del CGP, decisión que quedó ejecutoriada y que la Sala no tiene competencia para revisar en esta instancia…
También resuelve: ¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para admitir y resolver el recurso de la aseguradora coadyuvante respecto de pretensiones declarativas de nulidad de actos de terminación del contrato… ¿Tiene competencia el juez de segunda instancia para pronunciarse de fondo frente a las pretensiones de nulidad de las Resoluciones 827 de 2022 y 253 de 2023 cuando faltan conciliación extrajudicial… ¿Debía el contratista acreditar el cumplimiento de las obligaciones de gestión social para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo que declaró el incumplimiento?
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Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-03-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020120050101 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia surgida en torno al contrato de obra y sus actos liquidatorios, suscritos entre entidades públicas? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de controversias relacionadas con contratos de obra y sus actos liquidatorios entre entidades públicas, conforme al artículo 82 del Decreto 01 de 1984, modificado por la Ley 1107 de 2006, y los artículos 129 y 132 del Decreto 01 de 1984, que establecen la doble instancia en casos donde la pretensión excede los 500 S.M.L.M.V. Además, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo aplica la ley vigente al momento de la celebración del contrato estatal, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, y no puede modificar el régimen jurídico del contrato por cambios en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo normativa posterior, lo que garantiza la estabilidad y seguridad jurídica de las obligaciones contractuales. Esta decisión reitera y matiza precedentes, reafirmando la importancia de la irretroactividad de la ley en el contexto de los contratos estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe aplicarse a los contratos estatales la ley vigente al momento de su celebración, sin que puedan afectarlos disposiciones posteriores? ¿Puede modificarse el régimen jurídico aplicable a un contrato estatal por el cambio en la naturaleza jurídica de la entidad contratante o por la suscripción de contratos adicionales bajo una… ¿Conlleva la cesión de un contrato estatal a una entidad regida por un régimen jurídico distinto la modificación del régimen aplicable al contrato originalmente suscrito?
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