Titulación de la relatoría 22.134 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ORDENAMIENTO JURÍDICO / OBLIGACIONES / ACUERDO DE VOLUNTADES / PATRIMONIO / BIENES Y SERVICIOS / PRECIO / ENCARGO FIDUCIARIO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / HECHO PROBADO / CONTRATO / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / CONTRATO DE OBRA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO / ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / PRÓRROGA DEL PLAZO / INAPLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD TERRITORIAL / RECURSO DE APELACIÓN / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / COBRO DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA DEL CONTRATO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INAPLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿La entidad territorial debe devolver los aportes hechos por el Ministerio de Vivienda y pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio?
Respuesta al problema jurídico: No
Las partes celebraron el convenio en desarrollo de las competencias y funciones que les asigna el ordenamiento jurídico. […] Las obligaciones pactadas no conllevaron una contraprestación entre las partes. Si bien el acuerdo de voluntades contenía prestaciones económicas, estas no concretaron una remuneración o un intercambio mutuo patrimonial de bien o servicio alguno a cambio de un precio, sino que fueron aportes desembolsados por las partes a una subcuenta de un encargo fiduciario constituido por el Municipio, y encaminados a la ejecución coordinada de la fase del proyecto de mejoramiento integral del barrio “Las Delicias”, lo cual evidencia que el negocio celebrado constituyó un verdadero convenio interadministrativo. […] A partir de los hechos probados relatados en el acápite anterior, esta Sala encuentra que las obligaciones asumidas por el Municipio en razón del convenio sí incluían el deber de concluir los contratos dentro del plazo convencional, así como el débito de adelantar todas las actividades encaminadas a ese propósito: tramitar los procedimientos de selección de los contratistas de obra y de interventoría de obra hasta su adjudicación, celebrar los contratos de obra e interventoría, e iniciar la ejecución de los contratos. […] En ese contexto, aunque en ninguna de las obligaciones a cargo del Municipio se haya establecido expresamente la de terminar la ejecución de los contratos de obra e interventoría, ni se especificó que los plazos de tales negocios jurídicos debían tener inicio y finiquito mientras el convenio interadministrativo estuviera en vigor, fue de la naturaleza de la relación convencional que la entidad territorial garantizara que las obras fueran ejecutadas, cumpliendo así con el objeto del convenio, que no era otro al de culminar las construcciones establecidas en el proyecto. […] De esta manera, entiende esta Subsección que el Municipio sí se apartó formalmente del plazo del convenio, toda vez que, al margen de que adelantó, adjudicó y celebró los contratos de obra e interventoría dentro del periodo de ejecución, no concluyó, en esa oportunidad, la totalidad de los trabajos. Sin embargo, ello no comportó un incumplimiento convencional, por la actitud de la demandante. Justamente, la posición asumida por el Minvivienda durante la ejecución del convenio no fue consonante con el propósito que debió regir los intereses de ambas entidades en que las obras fueran concluidas dentro de la vigencia del acuerdo. Al margen de las justificaciones consagradas en la parte considerativa del convenio, el Ministerio aceptó que el plazo de ejecución del convenio 079 de 2013, destinado a la fase 2 de construcción, iniciara sin que hubiese concluido la fase 1 del proyecto de mejoramiento integral del barrio referida a los estudios y diseños definitivos, insumos indispensables para el comienzo de la ejecución. De esta forma, la demandante aceptó desde un principio que el término de la relación sostenida con el Municipio no estaría completamente destinado a la ejecución de los trabajos, denotando así la falta de planeación de las dos entidades involucradas. […] Además, como se desprende de las comunicaciones de la supervisión del convenio, la demandante conocía que no era posible ejecutar por completo los contratos de obra e interventoría durante el término del acuerdo suscrito con el Municipio, independientemente de que el plazo inicial de los negocios fuera el solicitado por la supervisión del Ministerio. En consecuencia, había razones valederas para acceder a la prórroga del convenio en aras de cumplir con lo pactado, por lo que, al negarse a esa petición de la entidad territorial, a través de la supervisión del convenio que no estaba facultada para rechazar esa posibilidad, la demandante desconoció la buena fe objetiva. […] Por todo lo anterior, aunque el Municipio sí se separó formalmente del plazo del convenio, los actos del Minvivienda impiden imputar responsabilidad patrimonial a la entidad territorial. […] En ese orden de ideas, no es procedente la devolución de los recursos que aportó la demandante, ni esta tiene motivos válidos para alegar, en los términos de su recurso de apelación, que el Municipio haya ejecutado las obras sin su control ni la cobertura de la póliza de cumplimiento de las obligaciones del convenio, porque su actuar contribuyó en que los trabajos se ejecutaran por fuera del marco temporal formalmente pactado en el convenio interadministrativo y sus prórrogas. […] Por todo lo anterior, no se configuró la responsabilidad por los incumplimientos alegados en la demanda y, en consecuencia, no hay lugar a imponer el reintegro de la totalidad de los recursos aportados por el Ministerio junto con sus rendimientos financieros, ni viene procedente condenar al Municipio por el valor de la cláusula penal pecuniaria pactada en el convenio como secuela de una infracción convencional de la demandada. […] La Sala destaca que, a la luz de la carga probatoria consagrada en el artículo 167 del CGP, la entidad demandante debía allegar los medios demostrativos para sustentar su pedimento, obligación que -conforme a lo ya explicado- no fue satisfecha, y que no es del caso asignar a la entidad accionada, como consecuencia de la igualdad de condiciones en que se hallan las partes. […] En suma, la Subsección revocará parcialmente el fallo apelado, en lo que concierne a la condena en costas en primera instancia, y lo confirmará en lo demás […].
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las prestaciones de contenido económico que tienen lugar en los convenios interadministrativos, cita: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 26 de julio de 2016, rad. 2257, C. P. Álvaro Namén Vargas. Sobre la prioridad de la intención de las partes cuando es distinta de lo que expresaron los términos del contrato, cita. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 2020, rad. SC4527-2020, M. P. Francisco Ternera Barrios; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2024, rad. 48755, C. P. Wiliam Barrera Muñoz. Sobre los eventos en los que no se configura un incumplimiento del convenio interadministrativo por la actitud de las partes, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de febrero de 2024, rad. 62023, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre el deber de planeación compartido por las partes, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de junio de 2024, rad. 69775, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Sobre la vulneración del principio de buena fe contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de junio de 2011, rad. 18836, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre el principio de buena fe que rige a los convenios interadministrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2021, rad. 61655, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de septiembre de 2020, rad. SC3273-2020, M. P. Luis Armando Tolosa Villabona. Sobre el principio probatoria según el cual la parte no puede crearse a favor su propia prueba, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de febrero de 2024, rad. 57907, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre la inadmisión de las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de apelación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 12 de julio de 2024, rad. 70692, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de septiembre de 2020, rad. 44707, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la importancia de la voluntad de las partes para determinar la vocación de prosperidad de las pretensiones de liquidación judicial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2024, rad. 67395, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la pretensión de liquidación del contrato presentada en la demanda por una entidad pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de mayo de 2022, rad. 55868, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la improcedencia de liquidar judicialmente contratos por falta de pruebas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de abril de 2014, rad. 27877, C. P. Hernán Andrade Rincón; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de marzo de 2024, rad. 58666, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 3571 DE 2011 - ARTÍCULO 18, LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 3, LEY 1450 DE 2011 - ARTÍCULO 121, LEY 1551 DE 2012 - ARTÍCULO 6, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95 INCISO 1, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618
JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NEGOCIO JURÍDICO / NACIÓN / ENTIDAD TERRITORIAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos en los que se ventila una controversia derivada de un negocio jurídico celebrado por la Nación y una entidad territorial?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Jurisdicción de lo contencioso administrativo debe conocer del presente proceso judicial, por tratarse de una controversia derivada de un negocio jurídico celebrado por entre la Nación y una entidad territorial. Además, esta Sala de Subsección es competente porque decide el recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en el marco del medio de control de controversias contractuales, y en un asunto que deberá ser decidido por esta Corporación en segunda instancia en virtud de su cuantía.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 286, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104 INCISO 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150 INCISO 1, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 86
CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / OBLIGACIONES / LÍNEA JURISPRUDENCIAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACUERDO DE VOLUNTADES / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Es posible acudir automáticamente a lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para determinar las normas aplicables a los convenios interadministrativos?
Respuesta al problema jurídico: No
[P]ara la solución del presente conflicto, contabilizar el término de caducidad y analizar el alcance de las obligaciones pactadas, debe tenerse presente que, de acuerdo con la línea jurisprudencial reiterada de esta Subsección, no es posible acudir automáticamente a lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) para determinar las normas aplicables a los convenios interadministrativos previstos en el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. Esta premisa debe ser tenida en cuenta para efectos de determinar la oportunidad de la acción, en función de las facultades previstas en el acuerdo para su liquidación (de forma bilateral o unilateral), así como para estudiar la pretensión dirigida a que se ordene la realización de este ejercicio. Se ha dicho que estas relaciones, por tener un carácter cooperativo y asociativo, siguen primordialmente lo pactado por el acuerdo de voluntades suscrito entre las partes, como expresión de la regulación autónoma de las entidades que concurren a su celebración. De allí que, solo por manifestación expresa de las partes, se habrá de acudir al régimen general de contratación estatal, siempre que no se contraríe aquello que caracteriza a este tipo de convenciones: la finalidad de alcanzar mancomunadamente un determinado propósito común.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las normas aplicables a los convenios interadministrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de junio de 2024, rad. 69488, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de junio de 2019, rad. 2010-02552-01(AP), C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de noviembre de 2019, rad. 614429, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL DE EJECUCIÓN INSTANTÁNEA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NEGOCIO JURÍDICO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INAPLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿La demanda de controversias contractuales debe formularse dentro del término de dos (2) años contados a partir de los motivos de hecho o de derecho que soportan la reclamación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según el artículo 164, numeral 2, literal j del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la demanda de controversias contractuales debe formularse dentro del término de dos (2) años contados a partir de los motivos de hecho o de derecho que soportan la reclamación. Además, la norma plantea circunstancias especiales que el cómputo del término planteado por esta premisa general debe observar, y dependen de si el contrato es de ejecución instantánea, si está sometido o no a liquidación, y si dicha labor conclusiva del negocio jurídico fue efectuada (de mutuo acuerdo o de manera unilateral) o no. Ahora, como anteriormente se indicó, en los convenios interadministrativos es improcedente aplicar de forma automática el régimen del EGCAP, que establece el deber jurídico legal de liquidar los acuerdos estatales (en caso de que lo requieran) y suple el silencio de las partes cuando no se haya establecido un término para ello. En negocios jurídicos como el estudiado se debe contemplar expresamente la facultad de liquidar el convenio para que ésta pueda ser ejercida, dado que, de lo contrario, se entiende que las entidades no quisieron estipular ese trámite. […] En este contexto, conforme a la normativa procesal, el cómputo del término para hacer ejercicio oportuno del derecho de acción, sin que se haya producido la liquidación del convenio, debía considerar tanto el lapso de 4 meses pactado por las entidades para adelantar dicha labor, como el tiempo de 2 meses que confiere el CPACA a la liquidación unilateral en vista de que esa facultad fue estipulada expresamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad de las partes de liquidar el convenio interadministrativo, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de diciembre de 2023, rad. 58442, C. P. María Adriana Marín. Sobre el cómputo del término de caducidad en casos relacionado a los convenios interadministrativos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de mayo de 2024, rad. 70086, C. P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
PRINCIPIO DE PLANEACIÓN / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / BUENA FE / OBLIGACIONES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACREEDOR / DEUDOR / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONDUCTA DE LAS PARTES / NEGOCIO JURÍDICO
Problema jurídico:
¿El desconocimiento del principio de planeación tiene por consecuencia la configuración de un evento de incumplimiento negocial en virtud del mandato de la buena fe objetiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l principio de planeación incorpora un contenido obligacional encaminado al logro de los objetivos previstos con la ejecución del contrato estatal en cuestión, y su desconocimiento tiene por consecuencia la configuración de un evento de incumplimiento negocial en virtud del mandato de la buena fe objetiva […]. […] Adicionalmente, el incumplimiento sancionable de las obligaciones pactadas en un convenio interadministrativo no es aquel que frustre los móviles exclusivos de una de las partes, vista en ese evento como acreedora frente a su contraparte deudora, sino el que afecte de manera significativa a los propósitos coincidentes de las entidades en la celebración del convenio, como ocurre cuando, por ejemplo, la conducta infractora imposibilite la consecución del proyecto o la obligación sea determinante y esencial para su plena satisfacción. Como lo ha desarrollado la jurisprudencia de esta Sección, el estudio del incumplimiento contractual debe realizarse en función de los elementos probatorios que den cuenta del alejamiento que, según aduce el libelista, haya existido entre la conducta del contratante reprochado y el contenido obligacional al cual se sujetó con la suscripción del negocio jurídico en cuestión[.]
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los deberes de la Administración en cumplimiento del principio de planeación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, rad. 15469, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de junio de 2008, rad. 8031, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de diciembre de 2015, rad. 51489, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2024, rad. 58641, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre las características del incumplimiento de las obligaciones pactadas en los contratos, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 18 de diciembre de 2019, rad. SC5569-2019, M. P. Luis Armando Tolosa Villabona. Sobre el deber de quien pretende que la jurisdicción declare el incumplimiento de la obligación a cargo de la otra parte en el contrato, de probar la prestación, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre de 2019, rad. 43036, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1627
CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / INTERÉS PÚBLICO / TESORO NACIONAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / FINALIDAD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE RELACIÓN CONMUTATIVA / CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿La Sala se abstendrá de condenar en costas dado a que en este proceso se ventiló un interés público?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Ministerio cuestionó la condena en costas en primera instancia, porque en la actuación judicial que promovió se está ventilando un interés público, conforme al inciso primero del artículo 188 del CPACA. Siguiendo lo dispuesto en la norma mencionada por el apelante, en este proceso se ventiló un interés público, concretamente el del Minvivienda que pretendió la devolución de recursos al Tesoro Nacional de los aportes realizados en el convenio 079 de 2013, que se suscribió con el objetivo de aunar esfuerzos con el municipio de Ibagué para para la fase II del proyecto de mejoramiento de barrios, sin que hubiera existido una relación de conmutatividad en la que una de las partes pretendiera obtener una remuneración como beneficio económico de la ejecución del acuerdo. […] Por lo tanto, la Sala encuentra plausible el argumento del Ministerio en contra de la condena en costas proferida en primera instancia […]. […] Por ese mismo motivo, esta Subsección se abstendrá de condenar en costas por la alzada que aquí se resuelve.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la ventilación de un interés netamente público cuando se pretende la protección del patrimonio público, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2021, rad. 65978, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2024, rad. 70405, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 INCISO 1